Acuerdos comerciales
Lo que se esconde tras el precio de la luz

En las últimas semanas el precio diario de la electricidad no ha hecho más que batir récords y ser protagonista, una y otra vez, de las portadas de los medios de comunicación. Nunca se habló con tanto detalle del mercado eléctrico y de sus innumerables derivadas desde la supuesta liberalización del sector en 1998.

Hemos leído análisis sobre el funcionamiento del mercado marginalista de la energía, el precio del gas y las emisiones de CO₂. Incluso sobre el precio exorbitado al que las grandes hidráulicas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) han ofertado la energía, valiéndose del coste de oportunidad, y sobre el largo camino por recorrer en la generación renovable.

De lo que se habla menos, más bien poco, es de que Endesa, Iberdrola y Naturgy controlan aproximadamente el 95% de la potencia hidráulica instalada, el 100% de la nuclear y más del 50% del gas natural del Estado. En realidad, tan importante es saber cómo funciona el mercado eléctrico como quién lo controla.

El exorbitado precio de la luz, sumado a la complejidad de las tarifas y al boom mediático, ha tenido un efecto terrible en las familias en situación de vulnerabilidad. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha denunciado un aumento de la ansiedad, preocupación y angustia de familias que no se atreven a consumir la electricidad que necesitan para vivir dignamente a las puertas del invierno.

El Gobierno central ha impulsado una serie de cambios normativos para amortiguar los impactos de la escalada de precios. Por primera vez, con el Real Decreto Ley (RDL) 17/2021 y su aparente minoración temporal de los llamados «beneficios caídos del cielo» de algunas empresas, hizo un tímido intento de cuestionar dichos beneficios. Esta «osadía» no ha quedado sin respuesta por parte del oligopolio eléctrico, y un mes más tarde un nuevo RDL ha suavizado considerablemente el “recorte a las eléctricas”.

Tal vez la falta de ambición de las medidas aprobadas y el retroceso del Gobierno se deban, entre otras cosas, a la existencia de un gran escollo que funciona entre bastidores: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

El TCE es un acuerdo internacional para el sector energético con origen en los años noventa. Los derechos que otorga a los inversores son aplicables en cincuenta y tres países, mayoritariamente de Europa, Asia central, Japón y la Unión Europea (UE) en su conjunto. El tratado protege las inversiones en todas las fuentes de energía, sobre todo en combustibles fósiles. Gracias al mecanismo ISDS, permite que inversores extranjeros puedan demandar a los Gobiernos signatarios ante tribunales privados por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias presentes o futuras.

Esto se traduce en que los Gobiernos decididos a legislar a favor de las personas y el clima pueden ser objeto de demandas millonarias, que se asumen con dinero de las arcas públicas. Es lo que sucedió en Bulgaria y Hungría cuando sus Ejecutivos intentaron reducir el precio de la luz para asegurar el acceso a la energía de toda la ciudadanía.

Además, la simple amenaza de una demanda millonaria puede tener un efecto disuasorio en los Gobiernos y evitar que tomen medidas valientes. ¿Será este el caso de España a la hora de legislar para tratar de frenar el impacto del precio de la electricidad sobre las facturas de la ciudadanía?

Queda todavía mucho camino por recorrer para lograr un modelo energético democrático y social y ambientalmente justo. Un paso indispensable es, sin duda, lograr la salida del TCE cuanto antes.