8 de marzo
Así ha sido la jornada del 8 de marzo este 2020

 A lo largo del sábado, diferentes acciones han servido para calentar motores para el día de hoy. 

En Bilbao calentó motores la performance El feminismo no está en venta reivindicaba un feminismo antirracista. Le siguió una manifestación nocturna.

También hubo manifestaciones nocturnas en varias ciudades de Andalucía, entre ellas Granada, donde un millar de mujeres recorrieron las calles al grito de “¡Sola y borracha quiero llegar a casa!”.

En Madrid, las caceroladas inundaron las plazas de varios barros y municipios, incluida la céntrica Puerta del Sol.

Los nombres de Vera, Gloria y Dara no han abierto ningún telediario. Sus historias son solo unos apuntes en los márgenes de la crisis. Historias de desahucios, de ocupación y de batallas contra las cajas rescatadas o contra ese trampolín de ejecutivos llamado Banco Malo, historias de darse contra el muro de la Administración. Son también relatos de apoyo mutuo, de las relaciones establecidas en uno de los nodos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Historias que hemos publicado en junio en el blog de este proyecto, Saltamos.net.

Vera, Gloria, Dara son tres nombres entre los más de 34.000 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, a los que hay que sumar quienes fueron desahuciadas años antes y se reagruparon en otros pisos, decidieron emigrar u ocupar una casa. Sus casos no se incluyen en el argumentario del Gobierno, el que dice que ya no hay crisis. Desahucios que han provocado, entre enero y marzo de este año, el repunte de los lanzamientos registrados: un 2,2% más respecto al primer trimestre de 2016.

La “recuperación” fue el tema implícito de la moción de censura en el Congreso. Recuperación que deja atrás a cientos de miles y que se cimienta en los vientos favorables llegados del BCE. Es un mensaje que ha calado y que distingue entre quienes han sobrevivido al naufragio de las clases medias de la primera fase de la crisis y unas clases populares sin expectativas de mejora. Es un mensaje que recupera el concepto de Estado de bienestar en su versión más clasista. Bienestar para los trabajadores-consumidores, malestar para los trabajadores pobres, las madres solas, las personas dependientes.

Es posible que el próximo curso la economía siga siendo un asunto secundario. Que la crisis se dé por superada. Nadie quiere ser la Cassandra de un presente continuo desolador, con incertidumbres de largo aliento: cambio climático y desigualdad galopante. Pero no sirve esconder la cabeza en la arena.

Desde El Salto nos proponemos no olvidar tampoco el próximo curso nuestro compromiso con Vera, Gloria, Dara y los más de dos millones y medio de personas que viven en situación de extrema pobreza. Ese es el sentido de frases como “la información que importa” o “un medio para los de abajo”.

Las periodistas de El Salto Hemos hecho una playlist de canciones que gritan rabia y sororidad.

Activistas convocadas por el Bloque Bollero han desplegado una pancarta gigante en Madrid para pedir “barrios libres de transfobia”. Tras desplegar la pancarta, el grupo se ha desplazado a la rotonda de Marqués de Vadillo donde el Ayuntamiento colocó recientemente una bandera gigante para leer un manifiesto.

Algunos sindicatos han convocado huelga para este 8 de marzo pese a caer en domingo. En Murcia, la convocatoria se extiende también al lunes.

En Bilbao, la Policía ha identificado a varias mujeres que habían acudido a la Plaza del Corazón de María. También ha sido identificado un fotógrafo de El Correo. Las mujeres han podido continuar después con normalidad.

El #8M, la @Bilbao_Polizia identificando a compañeras porque les ha caído colorante alimenticio morado en un coche patrulla. Han identificado también a un periodista por hacer fotos mientras piden el DNI pic.twitter.com/fSIs5y4PQB

— Andrea Momoitio (@andreamomoitio) March 8, 2020

Comienzan la movilizaciones en el País Valencià. En la Plaza de Algeps, docenas de mujeres protagonizan una concentración convocada por la Plataforma Feminista de Elche.

Las Kellys Barcelona han secundado la huelga laboral convocada para hoy en Catalunya. Esta mañana, varias de ellas han acudido al piquete del Hotel Grand Central.

[Barcelona] #aramateix piquete de huelga en el #HotelGrandCentral de @LasKellysBCN con todo el orgullo desde #PanyRosas apoyando a las trabajadoras ! Ellas SÍ hacen huelga este #8marzo2020 💪🏼💪🏼 #8Mpic.twitter.com/g1BvprFLyj

— Pan y Rosas (@PanyRosasEE) March 8, 2020

Las mujeres de Villena se preparan para su marcha con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. En Alicante, La manifestació feminista avanzaba hace unos minutos por la avenida Maissonave. Informa El Salto País Valencià.

Políticos y empresarios, cómo no. Pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares. En la llamada operación Lezo, la investigación judicial que salió a la luz a mediados de abril con el registro de las oficinas del Canal de Isabel II y la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña. Un caso de libro (hasta la fecha, posiblemente sea el que mejor ilustra cómo se han dispuesto los recursos del Estado a disposición de los intereses de las élites) para mostrar cómo funciona el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo que ha sido el modus operandi habitual para la expansión del capitalismo español desde sus inicios.

Grandes accionistas, directivos empresariales y políticos giratorios. Si se trata de analizar quiénes son los máximos beneficiarios del actual modelo económico (caracterizado por el papel central que juegan las corporaciones transnacionales en el capitalismo global), no hay duda de que estas tres minorías son las que, por mucha diferencia, más han salido ganando.

Hablamos, sin ir más lejos, de accionistas como Amancio Ortega, que solo en este año se embolsará 1.256 millones de euros en dividendos por sus títulos en la multinacional propietaria de marcas como Zara y Bershka, o de gigantes inversores como BlackRock, que acumula participaciones en cinco de las siete entidades financieras del Ibex-35, así como en otras catorce grandes empresas españolas que cotizan en ese índice bursátil. También de directivos como Rafael del Pino y Pablo Isla, presidentes de Ferrovial e Inditex, que encabezaron el ranking de los ejecutivos mejor pagados en España en 2016 con unos salarios respectivos de 15,2 y 10,3 millones. Y, por supuesto, de todos esos políticos y empresarios especializados en dar vueltas a las “puertas giratorias”, con un listado interminable de miembros del gobierno español y de la Comisión Europea que vienen de estar a sueldo de las grandes corporaciones o que, cuando abandonan el coche oficial, pasan a trabajar para esas mismas compañías.

Pero el concepto de “puertas giratorias”, convertido en mainstream tras el 15M por su gran simbolismo para denunciar la connivencia entre los gobiernos y los grandes agentes económicos, se queda pequeño para explicar en toda su dimensión casos como el del Canal de Isabel II. Por decirlo rápido: en los negocios más boyantes del capitalismo español, en realidad, nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado, sino que ambos espacios siempre han estado interconectados, con unos protagonistas que han ido colocándose diferentes sombreros dentro de ese mismo marco. Los integrantes de esas élites, de hecho, forman una clase político-empresarial con intereses cruzados (a la que podríamos denominar “trama” o “casta”, usando conceptos popularizados recientemente, o también “oligarquía” e incluso “burguesía”, en términos más clásicos) que es la que ha venido gobernando nuestras vidas desde hace demasiado tiempo.

En los negocios más boyantes del capitalismo español nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado

En este terreno de juego, que los exgobernantes se busquen un retiro millonario al fichar como consejeros de grandes compañías del Ibex-35 es apenas la parte más visible del entramado de relaciones político-jurídicoeconómico-mediático-familiares que preside el capitalismo español. Porque este tiene unas ramificaciones que alcanzan lo más variado de las altas instituciones del Estado: como vamos viendo a medida que se van conociendo nuevos datos de la operación Lezo, por seguir con el caso del Canal, se trata de un saqueo organizado y sistemático de lo público en el que están prácticamente todos los que son (o han sido) algo dentro de las élites madrileñas.

A la manera del Colectivo Todoazen, que hace una década publicó El año que tampoco hicimos la revolución, un libro construido íntegramente a partir de frases de las noticias de las páginas de las secciones de economía y trabajo de los principales diarios, basta con poner seguidos unos cuantos titulares de prensa aparecidos en las últimas semanas para contar un relato que contiene buena parte de los ingredientes básicos de la novela negra.

I. La trama política.
Ignacio González, detenido por la Guardia Civil por el desvío de fondos en el Canal de Isabel II. Además de González, han sido detenidos su hermano y su cuñado, y su esposa está siendo investigada. El expresidente de Madrid, acusado de enriquecerse con el Canal de Isabel II. El juez manda a prisión a González por el desvío de fondos públicos. El expresidente dejó un agujero de 23,3 millones por una sola operación de compraventa en el Canal de Isabel II. González exigió dinero a varias empresas para financiar al PP. Sociedades del hermano de Ignacio González ingresaron comisiones multimillonarias.

II . La trama económica.
La Guardia Civil registra las sedes de OHL, Indra, PriceWaterHouseCoopers, Cuatrecasas y Saerco. Detienen a López Madrid, CEO del Grupo Villar Mir, por presunto pago de comisiones. Registran la sede de OHL por el presunto pago de 1,4 millones a Ignacio González. El juez deja en libertad bajo fianza al empresario López Madrid. Villar Mir mantiene a su yerno en sus cargos directivos. Los negocios de González: tarifa del cinco por ciento, testaferros y pelotazos informáticos. El auto judicial acredita el desvío de 25 millones a cuentas en paraísos fiscales. Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití.

III . La trama empresarial.
La mayor empresa pública madrileña se enfrenta a sus peores momentos debido a las polémicas inversiones en Latinoamérica. El director del Canal admite que las filiales de Sudamérica forman “una maraña”. Anticorrupción señala a Gallardón en el primer desvío de fondos de la trama Lezo. El Canal de Isabel II pagó por una firma colombiana diez veces su valor. Rodríguez Sobrino, el protegido de González en el Canal que dirigió la compra de Emissao. La brasileña Emissao, en el centro de la trama del Canal de Isabel II. El Canal compró la empresa brasileña sin tasación externa para inflar su precio. Sobrino aparecía en “los papeles de Panamá”.

IV . La trama mediática.
El director de La Razón y su presidente, citados por el juez como imputados. González se sirvió del presidente de La Razón para obtener bajo cuerda “información judicial sensible”. El juez investiga al presidente y al director de La Razón por coacciones a Cifuentes. El Canal de Isabel II repartió 1,88 millones a La Razón en publicidad institucional en diez años. El Canal de Edmundo Rodríguez Sobrino pagaba un millón al año a La Razón de Edmundo Rodríguez Sobrino. Prisión incondicional para Rodríguez Sobrino, el consejero delegado de La Razón.

V. La trama judicial.
El fiscal jefe de Anticorrupción intentó frenar un registro de la Operación Lezo y los fiscales lo impidieron. La gestión del caso Lezo achicharra a los ministerios de Justicia e Interior. El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave. Ignacio González, en las escuchas: “A ver si podemos poner a Moix en Anticorrupción, es un tío serio”. El hermano de Ignacio González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad tras saber que le investigaban. Rafael Catalá, ministro de Justicia, mandó un sms de apoyo a Ignacio González: “Ojalá se cierren pronto los líos”.

La historia del Canal de Isabel II, que no es otra cosa que la versión madrileña de una historia más extensa, la del capitalismo español, que se remonta a los comienzos del desarrollismo franquista y más tarde se hace transnacional con la aplicación de las contrarreformas neoliberales en la Unión Europea y América Latina, es uno de los mejores ejemplos para mostrar cómo los máximos defensores del libre mercado y la autorregulación empresarial, lejos de su supuesta pretensión de acabar con el Estado e instaurar “la mano invisible” como forma de gobierno, han estado utilizando las instituciones públicas y se han servido de ellas para ir añadiendo ceros a sus cuentas en Suiza. El Canal, una empresa pública rentable que da un servicio esencial en régimen de monopolio (el sueño de cualquier privatizador y por supuesto de todos los neocon del PP), cuya historia también puede contarse echando la vista unos años atrás e incorporando al relato más personajes.

Había dos grandes empresas en la Comunidad de Madrid: Caja Madrid (luego Bankia) y el Canal de Isabel II. Ignacio González, con el apoyo de Esperanza Aguirre, quería presidir Bankia. Pero el PP, con Rajoy a la cabeza, prefirió a Rodrigo Rato. A González le dejaron, entonces, el Canal. Y utilizó la mayor empresa pública de Madrid para una espiral de negocios turbios, pago de comisiones, envío de bolsas con dinero negro a empresarios amigos, enchufes a familiares, espionaje a rivales del mismo partido, etc. Hoy, ambas empresas han sido saqueadas y sus máximos dirigentes (no olvidemos: el expresidente de la Comunidad de Madrid y el ex vicepresidente del Gobierno español) están acusados en diferentes procesos judiciales.

Una historia, la del Canal, que es el símbolo (primero) del auge de la internacionalización del capitalismo español desde finales de los noventa y (más tarde) de su declive tras el crash de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliario-financiera. Y es que la empresa pública responsable del abastecimiento de agua y el saneamiento en la Comunidad de Madrid se convirtió en toda una corporación transnacional (aunque a diferencia de otras grandes empresas nunca le dio mucha publicidad a eso), con filiales privadas en otras ciudades de España y en diversos países de América Latina. Con una red empresarial tan grande que hasta se llegó a perder la pista de su internacionalización; como afirma el periodista Pere Rusiñol, se trata de “un entramado societario que en la práctica escapa al control de los órganos fiscalizadores públicos en España, ya sea la Asamblea de Madrid o la Cámara de Cuentas”.

De manera análoga al resto de multinacionales españolas, su andadura internacional empezó en 2001, cuando creó una sociedad mercantil (llamada Canal Extensia) como vehículo para luego ir comprando empresas en países como Colombia, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Y terminó en 2013, con el caso que definitivamente hizo saltar todas las alarmas: como acredita la investigación judicial que finalmente ha llevado a prisión a Ignacio González, la compra de la compañía brasileña Emissao se hizo desviando fondos públicos mediante una sociedad instrumental en Uruguay y con pagos a través de cuentas en Suiza; en apenas un año, la empresa que fue comprada por 21 millones de euros se estimaba que ya valía solo 5. Una andadura internacional a la que habría que sumar, además de los delitos económicos y el enriquecimiento ilícito de sus máximos dirigentes, toda una serie de impactos socioambientales sobre las comunidades y los territorios en los que ha operado la compañía durante este tiempo. Como decíamos, un botón de muestra de lo que ha significado la expansión internacional del capitalismo español en las dos últimas décadas.

Están tratando de garantizarse por todos los medios los privilegios y las fortunas que sus propietarios han venido acumulando durante tanto tiempo

Este es el marco, generalizable aunque aquí haya sido explicado a partir de un caso particular, en el que ahora “nuestras empresas”, asediadas por la lógica global de concentración y reconfiguración del poder empresarial (con un continuado proceso de fusiones y adquisiciones que nunca tiene fin), por un lado, y por la oleada del ciclo de movilizaciones que a nivel estatal comenzó hace seis años con el 15M, por otro (contestación que en América Latina se remonta todavía más atrás, con el fin de “la larga noche neoliberal” y el auge de los gobiernos progresistas en diferentes países de la región en la primera década de este siglo), están tratando de garantizarse por todos los medios los privilegios y las fortunas que sus propietarios han venido acumulando durante tanto tiempo.

Pero, nos preguntamos, ¿será que le queda mucho tiempo de vida a las multinacionales españolas? ¿Qué futuro le espera, en estas condiciones, al capitalismo español? Más allá del storytelling del “nuevo modelo productivo” como vía para “salir de la crisis”, ¿sobre qué pilares se pretende sostener el modelo de crecimiento y acumulación en los años venideros? Y, sobre todo, ¿podrán las organizaciones políticas y los movimientos sociales construir contrapoderes y alternativas efectivas para enfrentar los dictados de la clase político-empresarial que nos gobierna? Seguiremos informando.

Feministas valencianas convierten la Plaza de la Virgen en la Plaza de las Piqueteras. Un pequeño grupo de personas ha increpado al grupo, que ha continuado sin incidentes su ruta. Informa El Salto Paìs Valencià.

Un viernes por la tarde en una sala de la antigua fábrica de tabacos de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Yolanda se dirige al grupo y explica que a principios del siglo XIX, cuando las empresas dejaron de elaborar rapé —tabaco para esnifar— y se centraron en los cigarros y el tabaco de pipa, empezaron a contratar mujeres. Y pregunta: “¿Por qué creéis que de repente las mujeres pueden ser interesantes para una fábrica, un sector de la población que era impensable que, en principio, entrara en el terreno laboral?”. A los pocos segundos una mujer responde: “¿Mano de obra barata?”. “¡Ahí le has dado! Eso es fundamental”, dice Yolanda, quien añade que se suele argumentar que las mujeres son más habilidosas con las manos.

La reflexión forma parte del recorrido guiado que las mediadoras culturales Yolanda Riquelme y Beatriz Martins organizan periódicamente para rescatar la memoria de las cigarreras madrileñas y la huella urbana que dejaron en el barrio en el siglo XIX y principios del XX. Es uno de los proyectos que desarrollan como colectivo La Liminal . “Nos interesa pensar en las historias invisibilizadas. Y una de ellas, muy importante, es la memoria obrera. Al ir sumergiéndonos en esto, que también hemos trabajado en Carabanchel y en Pacífico, te das cuenta de que, si Madrid va creciendo como ciudad, es gracias a la industria y a esta gente que va llegando y se va integrando en este sector de trabajo. Y que eso, que por una parte es una identidad potentísima de la ciudad, está muy poco señalado”, comenta Yolanda a El Salto.“Desde el punto de vista histórico, en el espacio público se van privilegiando unos discursos por encima de otros”, indica Beatriz. “En España, y en Madrid, los reyes son ‘los reyes’, precisamente. La monarquía, el ejército, la Iglesia… una serie de discursos que te hablan de unos valores que pertenecen a una determinada élite que siempre ha tenido el poder económico y político”. En sus paseos proponen “una perspectiva de género amplia” que vaya más allá de contar historias de mujeres. En palabras de Yolanda, “la perspectiva de género lo que en definitiva aporta son unas estrategias de análisis crítico que al final abren espacio a la diversidad: distintas personas, sexualidades, entornos humanos… todo lo que se pueda escapar a dictados patriarcales normativos”.El recorrido comienza en el edificio de la antigua fábrica, hoy parcialmente utilizado por el CSA La Tabacalera y el Ministerio de Cultura. 3.500 personas, la inmensa mayoría mujeres, trabajaban en la que en 1900 era la fábrica con la plantilla más numerosa de Madrid, que entonces contaba con medio millón de habitantes. En sus talleres, las cigarreras desempeñaban largas jornadas laborales, hacinadas, en ocasiones a temperaturas de frío y calor extremas, y bajo la presión de los ritmos de producción. 

Los ojos negros y brillantes característicos del romantizado personaje de la cigarrera son en realidad propios de una enfermedad característica de este colectivo

Además, el polvo del tabaco y la nicotina afectaban a sus embarazos y les causaban enfermedades respiratorias y oculares. Entre ellas, una especie de oftalmia que dilataba mucho sus pupilas. Según explica Yolanda, “la figura de la cigarrera, que es un personaje tipo madrileño muy romantizado, esa mujer de ‘rompe y rasga’, que siempre se dice de ella que es una mujer llamativa, que tiene los ojos negros y brillantes, pues en realidad era una enfermedad bastante característica de este colectivo”.

La incorporación masiva de mujeres a la fábrica obligó a la dirección a permitir un espacio laboral flexible en el que, además de trabajar, las cigarreras daban de mamar a sus bebés o cuidaban a sus hijos. Para conciliar estas tareas y las del hogar, se intercambiaban turnos o se cubrían horas de trabajo entre ellas. “El hecho de que tantas mujeres se junten en un mismo espacio y empiecen a reconocerse supuso darse cuenta de que todas tenían las mismas problemáticas y que esto está marcado porque son mujeres”, expone Yolanda. Esta flexibilidad cambió a partir de 1887 con la progresiva mecanización del proceso productivo y la racionalización de los espacios y horarios, que sacaron fuera de la Tabacalera las actividades de cuidados que hasta entonces se desarrollaban allí.

El recorrido sale de la fábrica para hablar de cómo el traslado de esas tareas al exterior y el hecho de que la mayoría de las cigarreras vivieran en el barrio marcaron el paisaje. Una marca de la que hoy no se conserva prácticamente nada. En la misma manzana de la Tabacalera todavía se encuentra el colegio San Alfonso, levantado en 1841 para escolarizar a los hijos de estas trabajadoras. Pero casi nadie sabe que el salón de juegos que hay en el local de la calle Tribulete esquina con Embajadores fue en su día La perla de las cigarreras, una tienda en la que compraban desde ropa hasta comida. Ni que en el parque Casino de la Reina hubo dos edificios que albergaron la guardería y casa de cunas y el asilo de cigarreras ancianas, a los que acudían a diario trabajadoras lactantes, madres de niños pequeños y las empleadas más mayores.

Algo que impactó bastante entre las cigarreras fue la idea de cuidarse entre ellas: son pioneras en la creación de asociaciones de socorro y hermandades

“Si observamos un poco el carácter del entorno de la fábrica podemos ver cómo hay un sector de la población que es muy potente, visible e influyente en el barrio que son mujeres. Y que sus circunstancias, marcadas por las cuestiones de género, impactan en el espacio público”, comenta Yolanda. Beatriz añade: “En el impacto que puede tener en el paisaje pensamos en cuestiones de crianza, pero algo que impactó bastante fue la idea de cuidarse entre ellas. Tienen mucho esta identidad de colectivo y de protegerse las unas a las otras. De hecho, son bastante pioneras en establecer asociaciones de socorro y hermandades”. El recorrido continúa por la plaza de Arturo Barea, ubicada en el solar que dejó el derribo de la última inclusa de Madrid. La institución, a la que las madres sin recursos podían entregar a sus bebés, se trasladó a este barrio en 1807 por considerarlo uno de los más deprimidos de la ciudad. De aquí, el grupo se traslada a una plaza contigua, donde la inusual vista de una corrala ‘seccionada’ por la mitad ayuda a imaginar los lazos que se establecieron entre las cigarreras vecinas.

Beatriz comenta que eran viviendas pequeñas, ocupadas habitualmente por más de una familia, y que el hacinamiento llevaba al vecindario a hacer vida en los corredores y los patios. Esto facilitaba el apoyo mutuo. “La inmensa mayoría de las cigarreras vivía en edificios de corrala. O aquí o en la zona que conocemos como el barrio de Embajadores. ¿Qué sucede? En ese periodo en el que se trabaja a destajo [cada una cobra según cuánto produce], cuando te puedes permitir decir ‘hoy no voy a trabajar, mañana sí’, una vecina puede quedarse, por ejemplo, cuidando de todos los niños, porque están en el patio bajo la mirada de una de ellas. ‘Mañana te quedas tú, otro día otra…’. Eso realmente hacía que se sintieran como una verdadera familia y que pudieran tejer esta red tan densa que les permitía de alguna forma sobrevivir”. La última parada, frente al café Barbieri, sirve para hablar de la lucha política de las cigarreras, que planificaron en reuniones celebradas en locales y teatros de la zona. Las cigarreras madrileñas protagonizaron en 1830 uno de los primeros levantamientos organizados de la ciudad. Durante el siglo XIX, realizaron protestas, huelgas y paros para reclamar mejores salarios y condiciones laborales o la readmisión de compañeras despedidas. Y se opusieron con violencia a las máquinas. La lucha se extendió a otras provincias y las cigarreras se situaron en la vanguardia del movimiento obrero español.Una intensa actividad que recogió la prensa de la época. Esto escribía Emilia Pardo Bazán en la revista La España moderna en agosto de 1890: “Hoy que van desapareciendo en España los clásicos ‘pronunciamientos’, menudean en cambio los motines de cigarreras, y el cargo de Jefe de las fábricas de Sevilla y Madrid no puede ser ejercido por quien carezca de gran serenidad, aplomo y energía. ‘Estas mujeres —me decía el Jefe de la de Madrid no ha mucho— son en el fondo unas infelices; tienen un corazón de oro, y por bien se las lleva adonde se quiere. Pero existe en ellas tan desarrollado y vigoroso el sentimiento de la justicia, que pobre de aquel administrador a quien acusen de injusto. Son capaces, en un momento de alboroto, de hacerle pedazos’”.

En el siglo XX, las cigarreras comenzaron a organizarse política y sindicalmente. El Teatro Barbieri, conocido como el ‘Coliseo de Lavapiés’ y hoy desaparecido, fue el escenario de la asamblea en la que constituyeron la sección madrileña de la Unión Tabacalera —de carácter estatal—. También crearon una hermandad obrera que puso en marcha una escuela donde sus representantes se formaban políticamente. “Otra cosa que nos gustaría destacar de la gran actividad de las cigarreras en la comunidad del barrio es cómo empiezan a manifestarse públicamente como colectivo ante ciertas cuestiones públicas”, comenta Yolanda. Y pone como ejemplo su declaración en solidaridad con las víctimas del incendio del Teatro Novedades en 1928.

El paseo finaliza en las escaleras del Teatro Valle-Inclán, donde los participantes se sientan y comparten sus impresiones sobre lo que han visto y escuchado. La actividad de hoy es un poco especial porque entre el público se encuentra la socióloga Paloma Candela, quien dedicó su tesis doctoral al trabajo y la vida de las cigarreras madrileñas entre 1888 y 1927. Un trabajo que se publicó después en forma de libro y sirvió de base a La Liminal para su proyecto. Tras algunos turnos de palabra, Candela interviene. 

“He entrevistado a muchas mujeres y nunca me he encontrado una libertad sexual en mujeres de 80 y 90 años como la de las cigarreras”, dice la investigadora Paloma Candela

“Lo que yo quise investigar fue la desmitificación, que detrás del mito [de la cigarrera] había trabajadoras. Y había mujeres de armas tomar, más que de ‘rompe y rasga’”, explica al grupo. “Dice la historia que eran viudas, pero cuando yo me voy al padrón, ellas se ponen como jefas de hogar. Lo que hacían es que los largaban. Jornaleros, albañiles... ¿Cuándo trabajaban los albañiles? ¡Si no había obras! ¿Quién llevaba el jornal? Al holgazán que tenían al lado, a la semana lo largaban. Como me decían ellas: ‘Nosotras teníamos hoy uno y mañana otro, y venían a la puerta de la fábrica a esperarnos’. Esa libertad hace mucho”. Candela destaca la ausencia de prejuicios que le mostraron las cigarreras en sus conversaciones. “Yo he entrevistado a muchas mujeres a lo largo de 30 años que llevo en investigación. Nunca me he encontrado una libertad sexual —y las entrevisté en los años 80— en mujeres de 80 y 90 años como la de los testimonios que oí”, recuerda.

Mujeres con empleo, empoderadas, intentando ser libres en el Madrid de principios del siglo pasado... ¿El argumento de la serie Las chicas del cable? No, la historia olvidada de las cigarreras.

SOS Racismo ha presentado este martes una denuncia en la que piden que se investigue la presunta agresión policial a un interno del CIE de Aluche en la noche del lunes. Según el escrito presentado al juzgado de guardia, el interno, tras negarse a cenar pescado, recibió una patada en la pierna y diversos puñetazos en la oreja y en la espalda. Después de esto, prosigue la denuncia, fue aislado en un pasillo.

Esta agresión provocó que un grupo de 86 internos se organizaran en defensa de su compañero. Fuentes policiales relatan que el grupo se amotinó, reventado puertas y provocado daños en el mobiliario, pero reconocen que, cuando llegó la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción, los internos se sentaron en el suelo, evitando así una situación de violencia. A las 22:30h de ayer, las fuerzas de seguridad daban la situación “por controlada” y los internos volvieron a sus celdas. Todos se negaron a cenar, en solidaridad con su compañero. La Unión Federal de Policía (UFP) ya había alertado de que, en los últimos meses, el centro de detención estaba masificado.

Fuentes policiales apuntan que el grupo habría intentado huir de las instalaciones –donde se retiene a personas sin papeles que no han cometido ningún delito– antes de ser deportadas a sus países de origen, utilizando el soporte de una canasta a modo de ariete para tratar de forzar una puerta que daba al aparcamiento, sin conseguirlo. 

Clara García, de SOS Racismo, explica a El Salto que la organización ha solicitado un informe médico de las agresiones, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro.

“Presentamos esta denuncia porque tenemos miedo de que los internos sufran represalias y queremos evitar deportaciones, ya que hay varios del Magreb a los cuáles pueden expulsar muy fácilmente”, explica García. Por ello piden que se suspenda el proceso de deportación del interno agredido, así como los de todas aquellas personas que hayan sido testigos, de cara a garantizar que se puedan practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. 

Motín en el tejado

No es la primera vez que el CIE de Aluche deja entrever los abusos que se cometen entre sus paredes. El pasado mes de octubre, medio centenar de internos se amotinó en el tejado de estas dependencias. Allí permanecieron toda la noche mostrando pancartas con el lema “Libertad” y desde donde se pudieron escuchar gritos de “ayuda” y “aquí hay mucha injusticia”.

Varios concejales de Ahora Madrid y algunos diputados autonómicos y estatales de Podemos apoyaron entonces las protestas de los internos desde el exterior del centro. En esta ocasión, las concejalas Rommy Arce y Esther Gómez han manifestado su apoyo a la protesta: “Seguimos apostando por una ciudad sin instituciones opacas, seguimos exigiendo #CIEsNo”, apuntaba esta última. Ahora Madrid también ha recordado en su cuenta de Twitter el “imperativo” de exigir el cierre de los CIE.

El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado estos últimos meses a la petición del cierre definitivo del centro. En julio, la mesa sectorial de trabajo del Consistorio sobre estas instituciones declaró que los CIE debían ser “abolidos” al asegurar que encerrar a personas que no habían cometido ningún delito para asegurar que no acatasen su orden de expulsión es “desproporcionada y discriminatoria”. El Ayuntamiento planteó en julio la posibilidad de alojar a los internos en viviendas públicas mientras se resuelva su expediente de Extranjería.

La Administración local recoge así las denuncias que numerosas organizaciones e instituciones sociales llevan años realizando y que afirman que en el centro se producen violaciones de los derechos básicos de los internos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo señalaron ya que, además, hay indicios de que los internos sufren torturas.

Las mujeres de A Coruña se han manifestado esta mañana con el lema “sin cuidados no hay vida. Cientos de mujeres han recorrido las calles en una manifestación que ha terminado sin incidentes en la Praza das cigarreras.

Comunicadoras 8M, un grupo de periodistas y profesionales de la comunicación, ha leído su manifiesto a mediodía en la Plaza del Reina Sofía, en Madrid. Las mujeres piden más feminismo en las redacciones de los medios y han denunciado conductas sexistas en los medios de comunicación. Informa El Salto Madrid.

Las compañeras de @comunicadoras8m leyendo su manifiesto #8M2020 este mediodía, en la Plaza del Museo Reina Sofía. ¡¡Bravas, compañeras!! pic.twitter.com/c4nWijgbRE

— El Salto Madrid (@ElSaltoMadrid) March 8, 2020

Las diferentes columnas han confluido en Bilbao antes de llegar untas hasta el Ayuntamiento, donde han reclamado “políticas y feminismos reales”. Las feministas de Bilbao han recordado que “el feminismo anticapitalista es el eje vertebrador del movimiento feministas vasco y hoy ha vuelto a convocar a miles de mujeres en Bilbao”. Informa Hordago El Salto.

En el Ayuntamiento: “Queremos políticas y feminismos reales y llevamos meses trabajando en asambleas”. El feminismo anticapitalista es el eje vertebrador del movimiento feministas vasco y hoy ha vuelto a convocar a miles de mujeres en Bilbao. #8M2020#AuzozAuzopic.twitter.com/YRSVaCa6iI

— Hordago | El Salto (@HORDAGO_ElSalto) March 8, 2020

La marea violenta ha llegado también a Extremadura. En Badajoz, se han visto consignas como “No estamos todas, faltan las asesinadas” o “De camino a casa quiero ser libre y no valiente”, que comenzó frente a la Delegación del Gobierno. En Cáceres, la manifestación de esta mañana ha reunido a cientos de personas en la Plaza de América, desde donde ha partido la manifestación ha llegado hasta la Plaza Mayor.

En Algeciras, bajo el lema “Andaluzas levantaos”, un millar de personas han recorrido el centro de la ciudad. A las 18:00 continúan las manifestaciones en La Línea, Los Barrios y San Roque.

Hoy ha sido el día escogido para visibilizar la recuperación de un piso del fondo buitre Divarian en la calle Tapioles del barrio de Poble Sec. A partir de hoy será el hogar de una militante del Sindicat de Barri y de su hija.

Asimismo, el Grup d'Hatbitage de Sants ha anunciado que seis familias han recuperado otro edificio en ese distrito con la ayuda de las mujeres del barrio.

El 8 de marzo en el país andino se preveía multitudinario, y no ha defraudado. Las imágenes que llegan de la plaza Baquedano, en el centro de la capital chilena, muestran masivas manifestaciones en un país que está lejos de cerrar el ciclo de lucha social contra las políticas neoliberales de los últimos años, hoy personificadas en el gobierno de Sebastián Piñera.

Informa Redacción Nortes desde Oviedo. En la capital asturiana, desde las 17h, se están dando tres marchas que confluirán en el final de la manifestación en la plaza de la Catedral. Son “por las que cuidan”, “por las que faltan” y “por las que vienen”. A la llegada a la Plaza de la Escandalera se anuncia una acción sorpresa.

Dos años después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponía una reforma del modelo de estiba en los puertos, el Gobierno despertó de su letargo. Con una multa acumulada superior a los 20 millones de euros, el ministro de Fomento apeló a la “responsabilidad” sindical para evitar perjuicios en el erario público y cumplir con Bruselas. Pero la ofensiva legislativa ha ido más allá de lo exigido. Según Vidal Aragonés, asesor del Consejo Internacional de Estibadores, “la sentencia ha sido la excusa para hacer una contrarreforma legislativa”.

Una de las bases del modelo español de la estiba y desestiba ha sido la centralidad de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), que tienen en su plantilla a los estibadores y los ceden a las empresas que los necesitan. Para acceder a los servicios de estos trabajadores, las empresas deben entrar en el accionariado de las SAGEP. Y este es el principal punto de la sentencia del TJUE. “Para cumplir la sentencia, bastaba con redactar un decreto donde se indicase que las empresas estibadoras no pueden ser obligadas a formar parte de las SAGEP. Y que las empresas pudiesen desvincularse si lo creían conveniente”, afirma Aragonés. Jaime Rodrigo de Larrucea, abogado y profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), también cree que la sentencia se basa en ese aspecto, pero recuerda que “esta exigencia del TJUE tiene unas implicaciones que, en el fondo, acaban cambiando el modelo”.

“Nada impide que se mantengan registros de trabajadores de la estiba bajo otra forma”, señala Paloma López

Quizá por ello, Paloma López, europarlamentaria por la lista Izquierda Plural, defiende la creación de estructuras alternativas a las SAGEP que preserven al máximo el modelo previo: “Nada impide que se mantengan registros de trabajadores de la estiba bajo otra forma”. Como afirma Tania González, europarlamentaria de Podemos, “la libertad de establecimiento empresarial no implica una desregulación total, como pretende el Gobierno, siguiendo su política de buscar la competitividad —y beneficios para sus amigos— en la degradación de las condiciones laborales”. “Imagínate si hay poca limitación al establecimiento empresarial que la principal empresa en el puerto de Barcelona es de capital chino. En Tarragona es una sociedad de Dubái, y en el puerto de Valencia, una compañía danesa”, añade Aragonés.

INSTRUMENTALIZACIÓN

“Los decretos del Gobierno se extralimitan. La sentencia no es el problema, sino la oleada neoliberal”, afirma Aragonés. El coco europeo, siempre ávido de liberalizaciones, se convierte así en una excusa para legislar y propiciar recortes de salarios llamados, de manera eufemística, devaluación competitiva. Aragonés habla de un proceso judicial convertido casi en una escenificación de divergencia: “El Estado hizo una defensa de mínimos para que una sentencia condenatoria justificase el cambio de sistema”.

Para la europarlamentaria de Izquierda Plural, “el Gobierno debería haber defendido el modelo ante el TJUE, pero optó por dinamitar el actual sistema e ignoró el preacuerdo entre Anesco —la patronal de los estibadores— y los sindicatos para imponer una reforma mucho más agresiva para los trabajadores”. Rodrigo de Larrucea también cree posible que el Estado descuidase su defensa: “Ha funcionado un lobby, donde figura la empresa Noatum, vinculada con José María Michavila, exministro de Justicia con José María Aznar, y otros personajes del PP. Puede ser que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se haya producido una defensa de unos ciertos intereses”.

Según Aragonés, la naturaleza de la patronal Anesco dificulta hacer análisis sencillos —“incluye a empresas con intereses contrapuestos”, afirma, y de hecho la organización se está rompiendo por las diferentes maneras con las que se pretende superar el actual conflicto—, pero la solución estaba clara: “El Gobierno debería haber buscado una mayor complicidad, el modelo de la estiba solo podía cambiarse desde la estiba. Se trataba además de un modelo perfectamente defendible desde la eficiencia, y aquí añado un recado a los trabajadores”. Para Rodrigo de Larrucea, podía haber mejoras pendientes, pero discrepa en uno de los puntos del relato mediático oficial: “¿Los costes de manipulación de la carga en España eran desmadrados, desmedidos, en comparación con el resto de Europa? No”.

Defensas que no se hicieron

Más allá del gusto de la UE por la liberalización y la regulación de mínimos, los expertos coinciden en que había margen de maniobra si la voluntad política del Gobierno hubiese sido preservar el modelo. Rodrigo de Larrucea destaca que “todos los Estados pueden definir lo que es un sector público. El decreto de 1986, que da lugar al modelo actual de la estiba, la definía como un servicio esencial de titularidad estatal. Eso se ha eliminado”. Para González, nada evitaba que se protegiese esa categorización: “La forma en que las empresas acceden a la prestación de servicios no debe implicar el desistimiento de las autoridades. Se deben garantizar unos servicios seguros y de calidad, así como un nivel adecuado de protección social”.

Académico y europarlamentaria coinciden en recordar el modelo belga como un ejemplo que se podría haber seguido. Según explica la representante de Podemos, “Bélgica recibió un dictamen previo a la apertura de un procedimiento de infracción y puso en marcha un proceso negociador con la patronal y los trabajadores. Se detuvo el proceso sancionador con un acuerdo. En España, sin embargo, la dejadez del Gobierno nos ha costado una multa millonaria y se ha llevado la situación al límite para imponer una modificación legislativa unilateral”. En opinión de Rodrigo de Larrucea, “el modelo belga evidencia que se podía evitar una liberalización total del sector, haciendo hincapié en la cualificación profesional de los estibadores”.

Aragonés advierte que los decretos impulsados por el Gobierno han querido dejar a los trabajadores como la parte débil en la negociación “y las empresas ven su oportunidad”. Rodrigo de Larrucea, de nuevo, habla de intereses diversos: “Muchas grandes compañías quieren que se arregle el tema, pero creo que en Noatum sí hay un planteamiento de pelotazo, de alterar el reparto económico de la estiba tras haber prorrogado sus concesiones en los puertos”. El mecanismo de maximalización de beneficios empresariales pasaría por las rebajas salariales. “Creo que habrá recortes y los estibadores también conseguirán una buena parte de lo que pretenden. Están siendo muy inteligentes, no quieren paralizar al país pero sí presionar a las empresas, y creo que se llevarán el gato al agua en gran medida”, pronostica el profesor de la UPC. Rodrigo de Larrucea añade: “Quizá se plantee un escenario kafkiano a la española, en el cual el Gobierno pueda decir que ha cumplido, pero la realidad fáctica sea muy parecida a la previa”. En este último aspecto, un actor podría ganar importancia en el conflicto: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que fiscalizaría los pactos con los estibadores a los que están llegando algunas empresas. Estos acuerdos cumplirían formalmente con la sentencia europea, pero protegerían parcialmente a los trabajadores de la desregulación agresiva planteada por el Gobierno en sus decretos.

Para Aragonés, el responsable máximo del conflicto es el Gobierno actual, pero añade una consideración: “No podemos perder de vista que la Unión Europea no se creó como un espacio de derecho y libertad, sino como un espacio en que el oeste del continente unificaba mercados. Y este proceso del TJUE ilustra el carácter antidemocrático de la Unión: a día de hoy no sabemos quién ha denunciado el modelo español de la estiba, hay absoluta opacidad en el procedimiento. Los afectados, tanto los trabajadores como las empresas, no hemos podido participar en él”.

¿Pudo hacerse más para prevenir el conflicto de la estiba? Según Aragonés, puede haber fisuras jurídicas pero hay poco margen con los instrumentos que da la Unión Europea: “Lo fundamental no será lo que se consiga a través de juristas, sino a través de movilizaciones. Una sentencia europea y una normativa contraria no deben limitarnos. Estas políticas deben empezar a romperse con luchas concretas que pongan encima de la mesa la necesidad de atacar de raíz las limitaciones que se nos imponen”. Desde la calle, según el abogado, se puede conseguir algo también en los tribunales. “Si se visualizan conflictos sociales de gran dimensión, pueden acabar influyendo en el TJUE o en la normativa interna de la Unión. ¿O es que alguien piensa que las sentencias europeas sobre la ley hipotecaria española no tienen relación con lo que hacen la PAH y otros movimientos sociales?”, se pregunta.

Aragonés reivindica la movilización ciudadana como motor principal de cambios posibles. En el ámbito parlamentario, la correlación de fuerzas limita las posibilidades de acción. Aun así, González defiende que los partidos como Podemos empiezan a ir más allá de las reacciones defensivas: “No solo tratamos de frenar ese deterioro y proponer soluciones, sino que intentamos anticiparnos a los problemas que genera la subordinación política al poder económico”. Su homóloga de Izquierda Unida ya apunta problemas futuros en otro sector: se ha abierto la puerta a la privatización del sector del tren de pasajeros en los Estados. “Esto ha sucedido con apenas escrutinio, pese a la notable oposición pública a que se repita el caos de los ferrocarriles británicos privatizados. Probablemente no encontraremos resistencia hasta que la legislación empiece a aplicarse”, afirma. 

De frontera en frontera, solo intenta que la gente no muera. Rescata a personas que huyen de la guerra a través de las aguas del Mediterráneo. Personas que no son ni asesinos ni violadores ni ladrones. Esto le motiva para montarse en un bote de salvamento y navegar por el sureste de la isla griega de Lesbos a la espera de encontrar las embarcaciones que les transportan.

Solo son víctimas y ella les socorre como puede. Les sube en su bote y les proporciona ayuda de primeros auxilios, mantas, comida o lo que sea, o bien les acompaña hasta tomar tierra y serán entonces otros quienes les asistan.

Otras veces, cambia la entrada del este de Europa por la sur. Viaja en un coche con el maletero repleto de alimentos, botas y guantes, y recorre la carretera que atraviesa los bosques de Marruecos próximos a la ruta con España. Encuentra personas que están en pobreza extrema y que se disponen a saltar una valla que muchos ni lograrán cruzar porque morirán antes o en su intento.

Esta es la vida de María López Fernández desde hace un año. Tiene 28 años, era la editora jefe de la sección Internacional de un medio español hasta que lo abandonó todo. ¿Por qué? “Una mañana me desperté cabreada”, contesta.

López Fernández se levantó una mañana del mes de noviembre hastiada de escuchar una vez más la pasividad de la comunidad internacional ante los bombardeos en Alepo. “Así nacieron mis ataques de ansiedad”, asegura.

Y reaccionó. Llamó a su mejor amiga por teléfono, discutieron el tema y juntas acordaron convocar una manifestación por el “No a la guerra en Siria. #NoEstamosCiegos” que debía integrar en sus comienzos a su círculo de amistades y que finalmente se convertiría en el 12D de diciembre, una protesta presente en 35 ciudades españolas.

Miles de personas anónimas salieron a las calles a la misma hora, las 18:30, bajo el mismo lema y con el mismo tipo de concentración. Aquel 12 de diciembre de 2016 la paz se reivindicó a través de la cultura con ciudadanos que cubrieron sus ojos con vendas negras como seña de la misma indiferencia internacional, simulaciones de bombardeos, testimonios de sirios contados por sirios, música, poesía y mucho más arte. El 12D continuó vivo en la formación del movimiento Coordinadora 12D En Pie de Paz y María hizo las maletas rumbo a Grecia.

“La gente se suicida en los campamentos de refugiados”

Aterrizó como periodista y acabó convirtiéndose en coordinadora de los equipos de rescate de la ONG PROEMAID tras coger la experiencia suficiente montada en un bote de salvamento y realizando desembarcos. Solicitó una excedencia en su medio de comunicación. Apostó por ser voluntaria en una organización de bomberos voluntarios en el rescate. “Y aquí nadie cobra nada”, subraya.

Los días con PROEMAID transcurren en el agua, al acecho de barcos que ven en el horizonte o en busca de las coordenadas que les facilitan. Se aproximan a ellos y si el barco se está hundiendo, rescatan a las personas directamente, o acompañan a las barcas hasta la costa.

En suelo firme, les ofrecerán comida, les cambiarán la ropa— “porque todos llegan mojados”—, les cubrirán con matas y a los enfermos les atenderán los sanitarios. “Muchas de las personas llegan con hipotermia, frío o muertos de miedo”, confiesa. Nadie se ha muerto en los brazos de María, pero la gente se suicida en los campamentos. Los equipos de PROEMAID han rescatado a más de 50.000 personas desde que se asentaron en sureste de la isla griega de Lesbos. Aparecieron cuando “la gente se ahogaba y no había nadie para evitarlo”.

María López Fernández estuvo colaborando desde los 16 años en actividades de voluntariado con personas sin hogar y mujeres maltratadas en España, y pasó tres meses como voluntaria en la ciudad argentina de Tres Isletas, provincia de Chaco.

“Había estado rodeada de situaciones duras pero esto es diferente. Es la consecuencia más directa de una guerra. Estas personas no han cometido ningún crimen y nosotros les tratamos como les tratamos. Les dejamos morir”, una situación que siente que la “mata” por dentro. “Estamos viviendo la segunda crisis migratoria más importante desde la II Guerra Mundial. Nunca se ha vivido así. El Mediterráneo se ha convertido en la fosa común más grande del mundo. Era el momento de actuar, de ir Grecia a sacarles del mar”. Así lo hizo.

La empresa que fabrica los alambres con cuchillas de las fronteras de toda Europa es malagueña

Hay tres vías de entrada de refugiados a Europa: Grecia-Turquía, Italia-Libia y España-Marruecos. María conoce la ruta este de Europa y ahora quiere saber cómo funciona la sur, investigar desde el terreno qué necesitan antes y después de cruzar, cuáles son las historias y de dónde vienen. Ya ha comenzado.

La diferencia principal entre ambas fronteras, según comenta, es el motivo del viaje. La gente que llega a Grecia huye de la guerra y los que cruzan a España lo hacen del hambre. Pero además, en España, tropiezan con una valla de 12 kilómetros de concertinas, alambres y cuchillas que separan los dos continentes.

“Es la frontera más desigual del planeta. Y no lo digo yo. Es así”, interrumpe. “Si la atraviesas en coche y a pie son dos escenarios distintos”, afirma tras haberla cruzado. “En transporte no puedes apreciarlo bien, pero andando te das cuenta de que cada día pasan 30.000 personas de lado a lado. Por una parte, ves a las mujeres porteadoras—que cargan los fardos de entre 60 y 90 kilos con ropa, zapatos mantas, comida o chatarra— y por otra, en la zona marroquí, están los niños del pegamento. Una imagen desgarradora”, asegura.

Niños que esnifan pegamento disolvente todos los días y a cada hora. Ella los ve y los reconoce por sus caras y miradas perdidas. “Están en el norte de Marruecos y parece que no tienen nada mejor que hacer ni nada que perder ni nada de nada”, observa.

Y vuelve a repetir: “Es la frontera más desigual del planeta, por eso me río cuando Mariano Rajoy pone el grito en el cielo por el muro de Trump y es que nosotros tenemos concertinas que cortan a los seres humanos. ¡Made in Spain! La empresa que fabrica los alambres con cuchillas de las fronteras de todo Europa es malagueña, la European Security Fencing (ESF)”, se exaspera.

La gente en los bosques muere de hambre

María López Fernández vive junto a una compañera entre Ceuta y en un apartamento próximo a la ciudad marroquí de Castillejos, región de Tánger, que otro compañero les ha prestado. Está ahí, según cita textualmente, “en calidad de individuo autónomo y no como periodista”.

Lo que significa que vive y ayuda de sus ahorros. Por las mañanas se despierta, va al supermercado y compra comida, agua, ropa de abrigo, zapatillas y guantes. “Nadie puede saltar la valla sin guantes, es una locura”, añade.

Llena el maletero y directa a la carretera a la espera de encontrar a algún refugiado. Atraviesa la zona que limita los bosques marroquíes con la frontera de Ceuta. Cuando ve a los subsaharianos, realiza las entregas tan rápido como puede. Si la Policía les pilla, están en problemas ellas y ellos —el padre jesuita Esteban Velázquez fue expulsado de Marruecos en enero de 2016 por realizar esta misma labor—. “El último chico que encontramos en la carretera no estaba en condiciones de saltar la valla. Estaba a punto de morir de hambre. ¡La gente en los bosques muere de hambre!”.

Sònia Parella Rubio, investigadora y coordinadora del Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME), conoce bien cómo se estructuran los asentamientos de subsaharianos que intentan saltar la valla y habitan en los bosques del monte Gurugú, próximos a Melilla.

Según describe, son campamentos móviles y clandestinos. La gente, unos 2000 según nombra, se dividen por guetos según la lengua y país de origen. Así, tenemos el gueto camerunés, senegalés, maliense… Cada uno está compuesto por cerca de 60 personas y tiene su propio jefe o chairman. Esta figura la representa quien más tiempo lleve en los bosques o quien más veces haya saltado la valla. En el caso del chairman camerunés, al que Parella Rubio tuvo acceso durante su estancia en Gurugú, lo había logrado 20 veces. Es decir, 20 veces cruzó y fue expulsado de Melilla.

“Viven jóvenes, mujeres, niños y hasta personas que físicamente no podrían saltar la valla y que están ahí, esperando a que aparezcan las mafias para salir por barco. Muchos de ellos llevan varios años esperando. Inclusive hay niños que han nacido y cumplido en los campos sus cinco años”.

Los niños, aclara, son producto del camino, de violaciones y del ejercicio de la prostitución sin control. No están escolarizados, no tienen juguetes y ven pasar el día. “La gente vive como en una especie de limbo y en una alerta continua. La Policía de Marruecos quema sus bosques, les persigue y cuando les atrapa les expulsa a la frontera con Argelia. Lo único que tienen organizado es el lugar donde se bañan, un agujero apartado que es el váter y los medicamentos. La precariedad es total. Y solo comen una vez al día. Este tipo de campamentos no tiene nada en común con ningún otro. A la mínima, estas personas echan a correr, abandonan las tiendas, esconden los medicamentos y todo”. Y la fiesta llega cuando reciben la notificación por móvil de que algún “paisano” logra pisar suelo español.

¿La Policía marroquí quema los bosques aun conociendo que hay personas que habitan allí? Y responde Parella Rubio: “Al final lo que la comunidad internacional le pide a Marruecos es que controle la valla. Que haga el trabajo sucio que los demás no quieren. Además, Marruecos en teoría ni siquiera reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Digo en teoría, porque hace un año y medio que comenzó a levantar otra valla, junto a la española, pagada por la Unión Europa. Pero Marruecos no es el poli malo en esta situación”.

La ONG Médicos Sin fronteras trabajó hasta 2013 en Marruecos ofreciendo asistencia sanitaria y seguimiento médico a inmigrantes heridos por los saltos a la valla. Abandonó su actividad humanitaria porque no se respetaban los Derechos Humanos.

El padre jesuita Esteban Velázquez tomó el relevo de la actividad de Médicos Sin Fronteras hasta que fue expulsado del país bajo el argumento de proselitismo religioso. Amnistía Internacional ha detectado hasta ocho tipos de violaciones de derechos en la frontera Marruecos- España.

El gobierno español realiza “las devoluciones en caliente” que significa dar pie a devoluciones colectivas en el acto y sin mediar identificación. Varias ONG denuncian las palizas que sufren las personas que intentan saltar la valla cuando son interceptados.

Y a pesar de ello, de que los subsaharianos arriesgan su vida y viven en condiciones miserables, López Fernández y Parella Rubio entiende por qué lo hacen. “Es su único camino”, dicen desde el sur y nordeste de España.

Informa La Directa desde Barcelona: comienza la manifestación unitaria de Barcelona, encabezada por las batucadas Somsò y Batukalla y el bloque no mixto. Cientos de personas se han reunido en la plaza Universitat, donde se ha convocado el inicio de la marcha a las 17h.

El movimiento feminista de la capital vasca escogió la mañana para celebrar su manifestación unitaria. Las estimaciones de la Policía Municipal hablan de 52.000 asistentes a unas columnas que han culminado en la Plaza del Ayuntamiento. Por la tarde, los actos continuaban en diversos puntos de la ciudad, como esta batucada en El Arenal. Informa Hordago El Salto.

La manifestación unitaria convocada en Madrid ha arrancado a las 17 horas en una plaza de Carlos V ya abarrotada. A ritmo de batucada, la multitudinaria protesta ha llegado a la plaza de Cibeles con rumbo a la plaza de España, donde está previsto que finalice el recorrido.

¿Cuánto sabes sobre España? ¿De verdad controlas el idioma? Probablemente, desde que estabas en el instituto nunca te has hecho estas preguntas ni tienes necesidad de darles respuesta ahora.

A menos, claro, que seas extranjero y quieras obtener la nacionalidad. Porque, en ese caso, además de cumplir con unos cuantos requisitos legales, hacer un buen puñado de trámites y ejercitar la paciencia, te tocará estudiar y aprobar un examen. O dos, según cuál sea tu país de nacimiento.

—Esto empieza a las 18:00, ¿verdad?
—Sí.
—¿Y son 45 minutos?
—Sí.
—¿Es como un test?
—Tranquilos, no os preocupéis, que ahora os explican cómo es la prueba. Tenéis tiempo de sobra.

La cola es larga y está salpicada de dudas. Alrededor de cincuenta personas de distintas nacionalidades esperan para entrar en la sala donde tendrá lugar la evaluación. Falta media hora para comenzar y ya hay cierto nerviosismo flotando en el ambiente de este Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) gestionado por la asociación La Rueca. La estampa no es excepcional. Desde hace casi dos años, la misma escena se repite el último jueves de cada mes en varias ciudades del mundo. Este centro es uno de los cerca de 930 en los que se puede realizar el examen. En Madrid hay más de una veintena.

“Yo vine por mi hijo. Es médico y lleva más de siete años viviendo en Madrid”, dice Cándida, una mujer dominicana ya jubilada que llegó a España hace dos años y medio. “Mi hijo quería tenerme más cerca, pero es tan… recto, tan legalista, que no le alcanzaba con reagruparme. Insistió mucho en que debía obtener la nacionalidad. Por eso estoy acá”.
—¿Está nerviosa?
—No. He pasado todo el mes preparándolo y mi hijo se ha pasado todo el mes llamándome para saber si estaba estudiando. ¡Estoy deseando hacer la prueba de una vez!

La prueba a la que se refiere Cándida es la de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), una evaluación obligatoria desde 2015. Como procede de un país de habla hispana, es el único examen al que debe presentarse. Si hubiera nacido en un país no hispanohablante, tendría que aprobar también uno de Lengua.

El examen cuesta 85 euros. El importe da acceso al material de estudio —un manual con 300 preguntas— y la posibilidad de presentarse dos veces. Las 25 preguntas que lo conforman se extraen de ese manual y van desde qué tipo de plato es una tarta de almendras o cuál es la profesión de Penélope Cruz hasta quiénes aprueban los proyectos de ley o a quién compete la enseñanza de las lenguas cooficiales.

La mayoría de las personas la definen como una prueba “bastante sencilla”, una apreciación que coincide con los datos. Según el Instituto Cervantes, que se encarga de su diseño y gestión, la media de candidatos aprobados es del 96%. Desde la primera convocatoria, en octubre de 2015, se han inscrito 124.874 extranjeros que han desembolsado más de diez millones y medio de euros por este trámite.

El examen es tipo múltiple opción y verdadero o falso. “Más allá de que algunas preguntas puedan ser un poco raras o estar planteadas de un modo confuso, la prueba sirve para unificar criterios y evitar que la valoración siga siendo tan subjetiva como era antes, cuando el ‘veredicto’ dependía de una entrevista personal y, en consecuencia, del entrevistador”, señala una de las personas que supervisa el desarrollo del examen.

“A mí me pasó justo eso —interviene Gloria—. Hice la entrevista en Parla, en 2013. Contesté a todo y me fue bien, pero me denegaron la nacionalidad. El entrevistador dijo que no estaba suficientemente arraigada, que no me había integrado en la sociedad y que solo había venido a España para trabajar una temporada y marcharme”. Gloria lleva diez años en Madrid. Es boliviana.

—Soy de Potosí.
—Nunca había conocido a alguien de Potosí.
—Hay muchas mujeres potosinas en España. Lo que pasa es que vienen aquí, se tintan el pelo y dicen que son de Santa Cruz. Piensan que así son mejores. Yo pienso que es muy triste avergonzarse de los orígenes.

En la ciudad de Gloria, alrededor del 65% de la población es indígena. Ella emigró cuando tenía 47 años, animada por su propia hija, y trabaja desde que llegó en la misma casa. “Tuve suerte porque me tocó gente muy buena —dice—. Cuando llevaba dos años en Madrid, tuvieron que operarme de la vesícula. La señora me dio quince días de baja y no me descontó nada del sueldo. También me hizo los papeles y tengo vacaciones para ir a Bolivia con mi hija y mis nietos… Estoy muy contenta aquí, por eso quiero la nacionalidad. Como me la denegaron, estoy recurriendo esa decisión. El abogado me aconsejó que hiciera esta prueba para demostrar arraigo”.

A diferencia de otros centros examinadores, este ofrece ayuda a quienes van a presentarse a la prueba. Durante dos sesiones de cuatro horas, repasan las preguntas, despejan las dudas y explican a las personas cómo es el mecanismo del examen.

Y es que “muchas de las personas que vienen aquí no han hecho un examen en su vida, no han tenido la oportunidad de estudiar”, indica la directora del centro, Laura Comes Cerezo. “También hemos incorporado clases de castellano para quienes tienen que hacer el examen de lengua. Ese examen no se hace aquí, pero pueden prepararlo con nosotros”, añade la trabajadora social.

Una de las personas que ha hecho hace poco la prueba de idiomas es Anetta, que emigró de Rumanía hace quince años y trabaja desde hace más de una década como guardia jurado en Madrid.

—¿Por qué se ha embarcado en esto si Rumanía forma parte de la Unión Europea? Usted puede vivir y trabajar aquí sin problemas.
—Sí, sí, soy de un país miembro de la Unión Europea, pero nunca se sabe. Mira todo lo que está pasando, el Brexit, cómo está Europa. Las cosas pueden cambiar y yo me quiero quedar. No tengo nada en Rumanía. Soy feliz en España.
—¿Ha estudiado para esta prueba?
—No. Es muy fácil. La difícil es la del idioma. Esa sí es complicada y muy larga, son como tres horas.

Tres horas, cuatro bloques, examen oral y escrito, y 124 euros. Así podría resumirse la prueba de Lengua, que exige a los candidatos aprobar un nivel A2. También podría decirse que es el punto donde empiezan los problemas. A diferencia de la otra, que está diseñada específicamente para una población extranjera con perfiles educativos diversos, la prueba de Lengua es la misma que utiliza el Instituto Cervantes con todas aquellas personas que están aprendiendo español, desde altos ejecutivos e hijos de embajadores hasta estudiantes de otras partes del mundo que tienen inquietudes académicas.

“Hemos presenciado muchas situaciones de impotencia. Hay gente que lleva muchos años viviendo y trabajando en España, que habla y entiende el idioma, pero no puede aprobar el examen porque no sabe escribir. Hay personas sin alfabetizar en su propia lengua”, explica Comes. “Aquí hemos tenido personas mayores, personas humildes de países como Bangladesh, que se han puesto a llorar, impotentes, diciendo que este filtro es injusto”, agrega.

En opinión de Comes, el dominio del idioma es fundamental para la integración social, “es una herramienta indispensable”. Sin embargo, al ver este tipo de escenas, se pregunta si no debería modificarse de algún modo la prueba. “No hace falta ir al extremo de quien no sabe escribir. Mira el examen —dice, sosteniéndolo en las manos—. El instrumento, en sí, es exigente y complejo. Hay que entender las premisas, pillar la correlación de datos… La complejidad va más allá de la lengua. No todo el mundo tiene la experiencia formal”.

“A mí, por suerte, solo me toca hacer el de conocimientos generales. Es duro ponerse a estudiar a mi edad. La cabeza no funciona como antes”, dice Cenaida, una mujer colombiana que trabaja en el sector de la limpieza. Lleva un par de muletas y la pierna escayolada.

—¿Qué le ha pasado en la pierna?
—Me caí, tengo una fractura. Ahora estoy de baja y aprovecho para hacer los trámites de la nacionalidad, estudiar y hacer el examen. No he podido hacerlo antes. Los trámites llevan mucho tiempo y nunca encontré un buen momento. Siempre los iba postergando porque hay que pedir días libres y eso no le hace mucha gracia a la señora.
—¿Trabaja en una casa de familia?
—Sí, estoy como interna.
—¿Y cuánto hace que vive en España?
—Diez años. Bueno… diez años en la casa. No salgo mucho, la verdad.
—¿Cree que esta prueba es difícil?
—No… Hay cosas que las sé porque veo mucha televisión. La televisión me hace compañía.

Se presentaron 52 personas en el turno de las 18:00, aunque no todas pudieron entrar. Una tenía el pasaporte caducado. “Me di cuenta esta mañana, cuando lo cogí. Como no lo uso para nada…”, explicaba con cierta amargura en la recepción, antes de preguntar si podía hacer la prueba de todos modos. La respuesta fue un no. El pasaporte y el NIE —número de identificación de extranjeros— deben estar en vigor. Como en un juego de mesa: casilla de salida y vuelta a empezar.

Hasta mediados de los 2000, Hungría fue en general considerado como un caso ejemplar de la transformación neoliberal en Europa del Este. Sin embargo, una década después, el país se ha convertido en un modelo de los “regímenes iliberales”, donde los controles y equilibrios constitucionales ya no existen más, los medios de comunicación independientes, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil son constantemente atacados por las autoridades, la intolerancia contra las minorías y los refugiados es generalizada, y donde el partido gobernante Fidesz, liderado por el inescrupuloso y despiadado Viktor Orbán, controla toda las instituciones públicas y cada vez más la economía del país. Si añadimos a esto el hecho de que el partido fascista Jobbik ha consolidado su posición como el tercer partido más grande en el parlamento húngaro, o que organizaciones paramilitares están patrullando la frontera contra Serbia, en caza de migrantes “ilegales”, el panorama ya alarmante se vuelve aún más inquietante.

Entonces, ¿que explica este cambio colosal hacia la derecha en Hungría? La rápida implosión de la democracia liberal en el país ha justamente confundido los académicos, periodistas y políticos mainstream, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, la mayoría de las descripciones tienden a describir el giro a la derecha en Hungría aislado de los desarrollos más amplios en la economía capitalista mundial. En cambio, este artículo argumenta que la ascendencia de una derecha autoritaria y xenófoba en Hungría, si bien tiene sus particularidades internas, es sintomático de un giro reaccionario más amplio en todo el mundo.

El cambio de régimen y el retorno de la derecha húngara

Desde la caída del “socialismo de Estado” en 1989, la derecha húngara ha adaptado diferentes formas institucionales – desde los partidos “moderados” que formaron parte de la coalición que gobernó el país entre 1990-94, a través del partido “neoconservador” Fidesz (originalmente establecido en 1988 como un partido anticomunista, liberal, el partido se desplazó a la derecha después de la implosión de la derecha en 1994), hasta diversos partidos de extrema derecha, como MÍEP o Jobbik. Dicho esto, uno de los rasgos más consistentes de la derecha húngara ha sido su exaltación explícita o implícita del régimen de Miklós Horthy, la autocracia proto-fascista que gobernó el país durante los años de entreguerras. (Recientemente, el primer ministro Orbán describió al almirante como “un estadista excepcional”, provocando la indignación de la comunidad judía húngara.) Los objetivos principales del régimen de Horthy eran dos: 1) la restauración del orden económico y político tras “el caos revolucionario” que siguió al final de la Primera Guerra Mundial; 2) la abolición del tratado injusto de Trianon y la restauración de las fronteras históricas de Hungría.

Durante los años de entreguerras estos objetivos se unieron en una ideología nacional-conservadora caracterizada por un rabioso anticomunismo y antiliberalismo, un nacionalismo irredentista, y políticas económicas autárquicas encaminadas para incrementar el crecimiento económico y promover el desarrollo de una clase dominante autóctona (no judía). Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de un gobierno socialista, las ideas y movimientos de derecha fueron oficialmente prohibidos en la sociedad húngara. Sin embargo, las penalizaciones contra los colaboradores del antiguo régimen fueron muy selectivas durante el socialismo de Estado (por ejemplo, Horthy nunca fue acusado de crímenes de guerra), y cuando que el régimen de János Kádár se hundió en la crisis económica a partir de mediados de los años setenta, intentó a cooptar ideas nacionalistas para mantenerse en el poder (con poco éxito).

Desde 1989, la derecha húngara ha perseguido un prolongado Kulturkampf contra el liberalismo y socialismo “impío” y “antipatriótico”. Un intento temprano por reintegrar las ideas del régimen de Horthy en los años noventa fue promovido por István Csurka, un reconocido autor y miembro fundador del Foro Democrático Húngaro (MDF), el principal partido del gobierno derechista. En 1993 Csurka fue expulsado del partido por profesar ideas antisemitas, pero en el mismo año estableció el Partido Húngaro de la Vida y Justicia (MIÉP). El partido promovió ideas anticomunistas y nacionalistas y logró a ganar 5.5 por ciento de los votos en las elecciones nacionales de 1998 (con lo cual obtuvieron 14 miembros en el parlamento). Pero el liderazgo autoritario de Csurka en el partido, sus teorías conspiratorias simplistas y las formas anticuadas de organización política no pudieron apelar a capas más amplias del electorado y el partido no pudo alcanzar el umbral parlamentario en 2002. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que ideas ultra-conservadoras pudieran recibir una audiencia masiva en Hungría.

Como ha explicado el filósofo marxista húngaro G.M. Tamás en numerosos artículos (ver por ejemplo acá o acá), los desastrosos resultados de la reestructuración neoliberal han creado un terreno fértil para la ascendencia de la extrema derecha en Europa del Este. Después del cambio de régimen, la “nueva” élite económica y política húngara (que muchas veces era sorprendentemente parecida a la vieja) adoptó políticas económicas neoliberales, con la expectativa que estas iban a contribuir al crecimiento económico, a niveles de vida más parecidos a los de Europa occidental, y al desarrollo de una nueva burguesía nacional.

La desindustrialización condujo al desempleo masivo, a la disminución del nivel de vida y la aparición de la pobreza masiva, con casi un tercio de los húngaros viviendo bajo el nivel de pobreza a principios de los años 2000

Pero, más que un cuento de hadas, la transformación neoliberal resultó ser una pesadilla para la gran mayoría de la población. Mientras que la reestructuración económica produjo algunas historias de éxito individuales, frecuentemente involucrando exmiembros de la nomenklatura quienes hicieron fortunas en las privatizaciones de empresas estatales, se profundizaron las desigualdades de clase, raciales y regionales. La llegada de inversiones y tecnología extranjeras y la transición hacia una economía postfordista, basada en el sector financiero y empleos de bajo costo en el sector de servicios, dejó obsoletas las competencias e infraestructuras existentes. La desindustrialización condujo al desempleo masivo, a la disminución del nivel de vida y la aparición de la pobreza masiva, con casi un tercio de los húngaros viviendo bajo el nivel de pobreza a principios de los años 2000. Junto con la retirada del Estado de la provisión de programas de asistencia social, ha habido un creciente ataque ideológico contra los pobres, quienes son estigmatizados como “perezosos” e “inmerecidos” en el discurso público. La nueva cosmovisión de la clase dominante húngara fue resumida por János Lázár, un político de alto rango dentro del partido gobernante Fidesz, según el cual, “el que no posee nada, no vale nada”. Por supuesto, la reestructuración neoliberal produjo resultados similares en Europa occidental, pero en Europa oriental estos acontecimientos ocurrieron en muy pocos años, intensificando así el shock psicológico de la gente común.

A medida que los problemas de Hungría se agudizaron a partir de mediados de los años 2000, el malestar económico se transformó rápidamente en una crisis política. El apoyo público a las instituciones democráticas liberales, que en realidad nunca tuvieron mucha aprobación en la población, se marchitó casi de una noche a la otra tras las revelaciones del infame “discurso mentiroso” del primer ministro socialista Ferenc Gyurcsány en septiembre de 2006. El discurso provocó protestas masivas contra el gobierno que fueron reprimidas por la policía. Mientras que Gyurcsány fue finalmente expulsado del poder en 2009 (después de una lucha interna en el partido socialista, MSZP), la coalición socialista-liberal permaneció fiel a la lógica thatcherista según la cual “no hay alternativa” a la austeridad neoliberal. El resultado a largo plazo fue un giro radical en la opinión pública a la derecha. En las elecciones generales de 2010, Fidesz, que por entonces se había transformado en un partido neoconservador de estilo estadounidense (en parte gracias al apoyo intelectual de Arthur Finkelstein, el reconocido consultor del Partido Republicano en EEUU), obtuvo una victoria aplastante, ganando el 52,7 por ciento de los votos y una “super-mayoría” de dos tercios de los asientos en el parlamento, mientras que el partido fascista Jobbik llegó tercero con el 16,7 por ciento de los votos. Mientras tanto, el apoyo a los partidos socialistas-liberales se derrumbó, con el MSZP perdiendo más de la mitad de sus votos (de 43,2 a 19,3 por ciento), mientras que su socio menor de coalición, la neoliberal Alianza de Demócratas Libres (SZDSZ) ni siquiera logró entrar en el parlamento.

Tanto Fidesz como Jobbik representan reacciones autoritarias contra las dislocaciones causadas por el neoliberalismo. Mientras que los dos partidos son oficialmente enemigos amargos dentro el parlamento, su relación es, en realidad, altamente simbiótica. Por ejemplo, muchos de los principales miembros de Jobbik, incluido el líder del partido Gábor Vona, simpatizaron inicialmente con Fidesz, cuando el partido gobernó el país la primera vez (1998-2002), y con Fidesz moviéndose a la extrema derecha en los últimos años, en parte para ganar los votos de partidarios de Jobbik que están insatisfechos con el intento del partido de renovarse como un partido democrático cristiano, “moderado”, la diferencia política entre los dos partidos se ha vuelto cada vez más indiscernible. Haciéndose eco de la ideología del régimen de Horthy, ambos partidos promueven un etno-nacionalismo virulento, que promete proteger al pueblo húngaro y asegurar el rejuvenecimiento nacional, mientras que lucha contra todos los enemigos internos y externos. Dependiendo de la coyuntura política, éstos enemigos van desde “los políticos corruptos” y “antipatrióticos” (socialistas y liberales), los pobres “perezosos” e “inmerecidos” (los gitanos), y los “desviados” sexuales (no heterosexuales), hasta las corporaciones transnacionales “explotadoras” (como si los capitalistas húngaros no estuvieran explotando a sus trabajadores?!), los burócratas “interferentes” de la UE, y los refugiados “ilegales” del norte de África y del Medio Oriente quienes, según el primer ministro Orbán, representan una amenaza no sólo contra la soberanía de Hungría, sino también contra “la identidad cristiana de Europa”.

También en términos de política económica, hay importantes superposiciones entre Fidesz y Jobbik. Oficialmente, ambos partidos promueven políticas económicas que tratan de romper con las ortodoxias neoliberales. El gobierno de Orbán ha introducido “impuestos de crisis” sobre empresas transnacionales, “nacionalizado” el sector energético y está buscando de reorientar la economía húngara, desde los países centrales del capitalismo liberal (EEUU y Europa occidental) hacia regímenes autoritarios como China, Rusia y Turquía (quienes, según Orbán, son “las estrellas” en la economía global contemporánea). Pero a pesar de la retórica belicosa, estos no son políticas anticapitalistas. Las represalias contra las empresas transnacionales son selectivas (Mercedes y Coca Cola son bienvenidos en el país, pero Heineken no, porque tiene una estrella roja como logo), mientras que la burguesía nacional está beneficiada con subsidios estatales y reducciones de impuestos. De hecho, la diferencia más importante entre los dos partidos es quiénes deberían ser los beneficiarios de estos subsidios, con Jobbik criticando sin tregua a Fidesz por desviar los fondos de desarrollo de la UE a sus oligarcas preferidos.

¿Qué se puede hacer?

La crisis del neoliberalismo y de la democracia liberal (incluidos los partidos de la coalición socialista-liberal, quienes eran sus partidarios inquebrantables en el país) permitió la ascendencia de una derecha autoritaria y etno-nacionalista para presentarse como una fuerza política “innovadora” en Hungría. Por lo tanto, cuando Fidesz regresó al poder en 2010, Orbán prometió “derrocar el viejo sistema de oligarcas corruptos” (o sea los capitalistas asociados con la coalición socialista-liberal) y reemplazarlo por un “sistema de cooperación nacional” que iba a reestablecer el crecimiento económico y crear un millón de puestos de trabajo para 2020. Pero, siete años después, los logros del supuesto “milagro económico” húngaro han sido modestos en el mejor de los casos. Aunque las políticas económicas del régimen de Orbán han logrado devolver el país a la senda del crecimiento económico, así como reducir la deuda pública (del 80,8 por ciento del PIB en 2011 al 75,3 por ciento en 2015), bajar la inflación al cero por ciento y mantener el déficit presupuestario por debajo del 3 por ciento del PIB (¡haciendo al país un modelo de estado neoliberal!), los recursos del régimen de Orbán están disminuyendo. Los sistemas de salud pública y educación están al borde del colapso, mientras que decenas de miles de húngaros abandonan el país cada año en busca de una vida mejor en Europa occidental.

Al mismo tiempo, Fidesz está enfrentándose con una creciente crítica en la sociedad por la centralización y oligarquización del Estado. Tal como lo describe el sociólogo y ex político liberal Bálint Magyar, en el The Post-communist Mafia State, el régimen de Orbán ha sistemáticamente utilizado su poder político para enriquecerse y promover el desarrollo de una nueva y leal burguesía nacional. Si bien la corrupción no es, por supuesto, un fenómeno nuevo en Hungría, el nivel de corrupción ha alcanzado niveles sin precedentes durante el actual gobierno. La personificación de la corrupción patrocinada por el Estado bajo el régimen de Orbán es Lőrincz Mészáros, ex instalador de gas en Felcsút, pueblo natal de Orbán, que desde 2010 se ha transformado en uno de los hombres más ricos de Hungría, ganando “milagrosamente” un elevado número de licitaciones públicas para proyectos de infraestructura estatal. Cuando la revista Heti Válasz, de derecha, preguntó acerca de su rápido enriquecimiento, Mészáros afirmó que su ascenso fue principalmente el resultado de su “trabajo duro” y “astucia,” así como “la bendición de Dios, la buena fortuna y Viktor Orbán”. La modestia no parece ser una cualidad fuerte entre los nuevos ricos en Hungría.

Orbán ha intentado rechazar cualquier crítica de su gestión a través de campañas publicitarias masivas y, cuando éstas no han funcionado, culpando a los “extranjeros”

El régimen de Orbán ha intentado rechazar cualquier crítica de su gestión a través de campañas publicitarias masivas (financiadas con dinero público), recordando al electorado día y noche que “las reformas húngaras funcionan”. Cuando éstas no han funcionado, el régimen ha intentado fomentar la xenofobia y el racismo, culpando a los “extranjeros” (tal como la UE, los inmigrantes “ilegales”, o George Soros, el multimillonario estadounidense de origen húngaro), por los problemas del país. Sin embargo, las limitaciones de esta estrategia se demostraron en el referéndum antiinmigración del pasado mes de octubre, que no alcanzó el quórum (a pesar de los increíbles niveles de propaganda racista financiada por el Estado), así como en las masivas protestas contra el gobierno que estallaron a principios de este año después de que el régimen intentó a cerrar la Universidad Central Europea (una de las instituciones de ciencias sociales más prestigiosas de Europa – originalmente creada por Soros).

Entonces, ¿qué se puede hacer para detener el predominio del régimen de Orbán y la extrema derecha en Hungría? Frente a lo que, según las palabras del marxista italiano Antonio Gramsci, se puede describir como una implacable “guerra de posición” de la derecha, los partidos fragmentados de la “oposición democrática” no han podido resistir. Por el contrario, parece que se están adoptando al nuevo modus vivendi bajo el régimen de Orbán, con líderes de la oposición e intelectuales socialistas-liberales hablando de la necesidad de prestar más atención a los problemas de seguridad pública en las regiones rurales (un sinónimo respetable del “crimen gitano”), la necesidad de tomar en serio el “torrente de inmigrantes” que llegan a Europa y de que las fronteras deben permanecer valladas hasta que los húngaros se sientan seguros.

Ante la ausencia de una oposición antifascista genuina en el país, muchos han mirado a la UE, con la esperanza de que imponga sanciones al régimen de Orbán. Sin embargo, aunque Bruselas ha criticado el régimen de Orbán por su desmantelamiento de las instituciones democráticas y la retórica xenófoba en numerosas ocasiones, sigue prestando ayuda financiera a Budapest (en forma de los Fondos de Cohesión) y ha seguido impotente frente a la decisión unilateral del régimen de Orbán de erigir una valla de alambre de púas a lo largo de las fronteras de Hungría con Croacia y Serbia. De la misma manera, se ha especulado mucho en los medios acerca de que la canciller alemana Ángela Merkel está perdiendo la paciencia con las políticas autoritarias de Orbán, pero hasta ahora el CDU-CSU ha seguido apoyando a Fidesz en el Parlamento Europeo (donde están sentados juntos el Partido Popular Europeo, EPP).

Por ahora, parece obvio que para que se produzca un cambio progresivo en Hungría, se necesitará el crecimiento de fuerzas internacionalistas y solidarias dentro el país. Hasta entonces, la sombra de Horthy cubrirá cada vez más a la mayor parte de la sociedad húngara.

La vicealcaldesa de Madrid y líder de Ciudadanos en la capital ha sido abucheada en la manifestación del 8 de marzo. Villacís y el cortejo del partido naranja han optado por salir de la manifestación para rebajar la tensión.

Unas jóvenes se han sentado frente a la pancarta de la formación conservadora y se han negado a levantarse mientras se escuchaban gritos como “Begoña Villacís a trabajar al Burguer King” y “fuera”. Villacís gobierna con el PP en el Ayuntamiento gracias al voto de Vox.

Como en los últimos 8 de marzo, el ingenio y la reivindicación toman forma de pancartas en trozos de cartón hechos en casa o sobre la marcha. Incluimos aquí una pequeña selección de las que nuestras redactoras han fotografiado este #8M.

Mientras A Coruña ha marchado esta mañana, las manifestaciones de otras ciudades galegas como Santiago de Compostela y Vigo estaban programadas para la tarde. Informa O Salto Galiza. 

La multitudinaria protesta de Barcelona ha sido secundada por decenas de miles de personas. En la capital catalana se han hecho públicas tres okupaciones por parte del movimiento feminista durante las protesta. Girona, Lleida, y Tarragona también han salido a la calle este 8 de marzo.

“Feminismo para cambiar el mundo” es el lema bajo el que se ha manifestado el movimiento feminista valenciano, que ha comenzado su manifestación a las 18 horas en la plaza de San Agustín. En Alicante, la organización cifra en 50.000 personas la asistencia a la protesta. En Castelló, el lema elegido ha sido  “Vives, lliures i visibles. Juntes ocupem espais”. Informa El Salto País Valencià.

“Aqui está o feminismo galego en pé!”, suena en la concurrida manifestación del 8 de marzo en Vigo. 

En Sevilla han sido dos las marchas programadas para este 8 de marzo. La convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla junto a otros colectivos ha contado con 15.000 personas, según la organización, y ha finalizado frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autonómico, donde decenas de activistas han cantado Un violador en tu camino. La otra protesta, menos numerosa, ha sido convocado por la  Plataforma 8 de Marzo y ha contado con la presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Informa El Salto Andalucía.

Las Illes Balears no han querido faltar a la cita del 8 de marzo. En Palma, 10.000 personas, según la Policía Nacional, han participado en la marcha. En la imagen, batucada en Mahón, donde unas 2.000 personas han secundado en la convocatoria. Informa La Directa.

Finaliza el acto central programado para terminar la manifestación unitaria del 8 de marzo en Madrid: “Somos las dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras formas de follar, de nuestras ciudades”, se escucha en el escenario.

     

Las fotos de una jornada en la que el movimiento feminista ha demostrado que sigue a pleno rendimiento.

Hasta aquí la cobertura de El Salto. Cientos de miles de mujeres han salido a las calles en toda España en un 8 de marzo marcado por el calendario —ha caído en domingo— y el temor al brote de coronavirus. Aún así, el movimiento sigue mostrando su fuerza y la jornada sigue en Chile, donde se está produciendo una marcha en la que participan ya más de un millón de personas. Sigue en El Salto para todo lo que da de sí este 8 de marzo. De momento, ya hemos publicado la crónica del día. Una fotogalería de Madrid y el resumen de la jornada en Bilbao. Gracias por apoyarnos con tu suscripción, es lo que hace posible despliegues como el de este 8 de marzo.