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Los Pakales, un nuevo cuerpo de seguridad que refuerza la militarización en México

“Van con todo su armamento, su traje es negro, van encapuchados, nada más distingues como un poco sus ojos, tienen una narrativa visual bastante intimidatoria, violenta. Su lema es ‘Vencer o morir’”, explica un periodista mexicano especializado en la temática que, por motivos de seguridad, prefiere permanecer en el anonimato. 

En Chiapas se ha instaurado un nuevo cuerpo de seguridad: la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), también conocida como los Pakales. Con esta nueva fuerza, el Estado mexicano repite su estrategia histórica de intentar frenar la violencia con más violencia. Un cuerpo más, según especialistas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en la ciudad chiapaneca de Tapachula: “Debe de haber como unos ocho cuerpos de seguridad. Está el Ejército Nacional, está la Marina, está la Fuerza Aérea, está la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Fronteriza, las patrullas antipandillas; y, ahora, los Pakales”. Aun así, como describen desde el Centro, las situaciones de violencia, las desapariciones y los asesinatos no descienden. “La militarización nunca va a ser la respuesta, porque no va a abordar las necesidades de la población; al contrario, lo que se ha visto en los territorios altamente militarizados es que las violaciones a derechos aumentan”. 

Pese al relato que dicta la memoria histórica del país, continuar promoviendo la militarización fue la principal promesa electoral de Eduardo Ramírez, elegido gobernador de Chiapas en diciembre de 2024 en representación de Morena, el partido de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

“La militarización nunca va a ser la respuesta, porque no va a abordar las necesidades de la población; al contrario, lo que se ha visto en los territorios altamente militarizados es que las violaciones a derechos aumentan”

En las pasadas elecciones, las más violentas de la historia de Chiapas, con al menos 18 candidatos atacados por el crimen organizado, la propuesta electoral estrella del candidato ganador fue la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, conformado por 710 elementos, 20 vehículos blindados, un helicóptero, armas de apoyo y dos embarcaciones Monster. Prometió, también, que los elementos de este nuevo cuerpo Pakal cobrarían un sueldo sustancialmente más alto que el de otras fuerzas de seguridad, aproximadamente un 40% más, con tal de evitar tendencias corruptas altamente instaurada entre las autoridades estatales y municipales.

En su presentación al pueblo chiapaneco, el mismo día de la toma de posesión del cargo por el nuevo gobernador, la sociedad pudo atisbar por las calles una nueva narrativa visual altamente violenta. 

Luis Alonso Abarca González, defensor de derechos y coordinador del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, con sede en San Cristóbal de las Casas, considera que este gesto fue vendido a la población desde el discurso de que Chiapas “ahora sí tiene un gobernador que va a combatir la delincuencia, que va a asumir su responsabilidad, que los Pakales van a garantizar que se acaben todos estos bloqueos de los cárteles que tienen en distintos puntos del estado, sobre todo en la frontera”. Y por un momento sí pareció que la delincuencia organizada se replegó y que había  cierta calma. “Nosotros decíamos: esperemos 15 días, un mes y vamos a ver”, explica este activista. Efectivamente, a los cien días de haberse conformado el grupo, comenzaron a destaparse situaciones de abuso y vulneraciones de derechos. 

A los cien días de haberse conformado los Pakales, comenzaron a destaparse situaciones de abuso y vulneraciones de derechos, con un modo de actuar similar al del crimen organizado

De hecho, diversos analistas equiparan su modo de actuar con el del crimen organizado. Sus procedimientos se fundamentan en la creación de miedo e intimidación entre la población. El miedo ha sido la forma en la que el crimen organizado ha controlado el territorio históricamente en distintos estados de México. “Mantener a la población atemorizada significa tenerla de tu parte”, relata Abarca González. “Incluso su logotipo te recuerda al de los sicarios, al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación: calaveras, alusiones a la muerte, una propaganda que parece más de un grupo de sicarios que de una fuerza policíaca”.

Existen, además, diversas evidencias de la mala praxis en las actuaciones este cuerpo. Se han reportado vídeos en los cuales los agentes golpean y encierran a personas sin previa identificación. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) denunció, el pasado 24 de abril de 2025 que los agentes de Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, junto con otras fuerzas, allanaron cuatro domicilios en San Pedro Cotzilnam sin orden judicial. En este proceso, se llevaron a dos hombres tsotsiles que permanecieron tres días desaparecidos, sin conocer el motivo de su detención. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó que el 4 de noviembre de 2025 fue detenido sin orden judicial y torturado Oscar Trinidad Carbajal, comerciante originario de Tapachula, mientras transitaba por las calles de su ciudad, por parte de las FRIP. Según el periodista entrevistado para este reportaje sobre el caso de Oscar, “algunos dicen que está involucrado en cosas, otros dicen que sencillamente es comerciante... Fuera como fuera, la manera en la que lo torturaron no está bien”.

La forma más común de tortura de los Pakales es el tableado. Como su nombre indica, consiste en dar golpes en la espalda y/o muslos a la víctima con una tabla de madera. Este método fue instaurado en México por el ya desarticulado cártel Los Zetas, famoso por su crueldad. Las evidencias sobre la vinculación de las FRIP con el crimen organizado se acumulan. En mayo de 2025, José Carlos Lemus Vidal, comandante de los Pakales en el municipio de La Concordia, fue destituido después de que uno de sus subordinados lo denunciara públicamente por presunta colusión con grupos criminales.

Además, la persona elegida para liderar este nuevo cuerpo fue Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, exmando de la Policía Federal, relacionado directamente con la masacre de 2015 en Tanhuato, Michoacán, donde se ejecutaron a 22 civiles con la presunta participación de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. El periodista chiapaneco ha relatado que “la población dice que ellos están trabajando para el crimen, muchos dicen que para Sinaloa, pero depende de cada municipio, porque ellos trabajan para los dos grupos".  

Patrones de violencia 

Chiapas es el estado más pobre de México y, en los últimos años, ha experimentado un aumento sustancial de los niveles de violencia y una militarización de la estrategia de ‘seguridad’. La violencia se instauró en este estado, históricamente seguro, a partir de 2020 y se agudizó en 2023. Entre 2020 y 2025, el estado acumuló al menos 3.231 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas registró entre 2000 y 2024 un total de 7.163 personas desaparecidas.

El principal motivo de estas cifras es el aumento de la tensión entre el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) en conflicto con el Cártel de Sinaloa, que ha dominado históricamente la zona y ha controlado las rutas de migrantes y el tráfico de mercancías, lícitas e ilícitas, así como los proyectos de expropiación de tierras para la construcción de proyectos industriales como el Tren Maya. Ambos grupos se han disputado con sangre cada municipio estratégico, con el CJNG incursionando en ciudades clave para su rival, como San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y los municipios fronterizos de Comalapa y Huehuetenango, en Guatemala.

“La narrativa dice que estamos en paz, pero es todo lo contrario. Si hubiera paz no habría desaparición, no habría tortura. Cuando dicen que hay que garantizar la paz, el Gobierno se debe comprometer”

A pesar de que la ‘Guerra contra el Narcotráfico’ comenzó en 2006, fue con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (Morena), cuando que consolidó la militarización en el país: en septiembre de 2022 se aprobó una ley que pone a la Guardia Nacional bajo mando de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y las Fuerzas Armadas asumieron más de 240 tareas adicionales ajenas a su función castrense. El presupuesto militar creció un 60,5% en términos reales entre 2007 y 2022, alcanzando 259.434 millones de pesos (12.000 millones de euros) en 2024. Pese a estos incrementos, los resultados son negativos en materia de derechos humanos: la Sedena acumula 2.284 quejas de violaciones de derechos; la Guardia Nacional, 1.917 y la Marina, 599. También ha sido ampliamente documentada por la sociedad civil la colaboración de los funcionarios militares con la delincuencia organizada. Las denuncias no solo señalan pasividad sino complicidad con las operaciones criminales. 

Pese a las denuncias y las evidencias mencionadas, y que siguen perpetuándose hasta día de hoy, el Gobierno federal y estatal siempre ha negado los actos de tortura de las FRIP y también su potencial vinculación con el crimen organizado. “La narrativa dice que estamos en paz, pero es todo lo contrario. Si hubiera paz no habría desaparición, no habría tortura. Cuando dicen que hay que garantizar la paz, el Gobierno se debe comprometer”, concluye el periodista chiapaneco.