Yemayá Revista
El ébola se expande en medio del conflicto en la República Democrática del Congo

A principios de 2025, la República Democrática del Congo (RDC) ocupó algún titular —tampoco muchos— a causa de la escalada de violencia en un conflicto que ya hace más de tres décadas que perdura: el grupo armado M23 —Movimiento 23 de Marzo, con lazos históricos con Ruanda—, tomó el control de las ciudades de Goma y Bukavu, las respectivas capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provincias fronterizas con Uganda, Ruanda y Burundi. Aunque se destaca el M23, en Kivu operan más de un centenar de grupos armados. El origen de este conflicto se halla en una compleja red de factores. Entre ellos destacan el expolio de recursos minerales clave como el cobalto y el coltán, así como las tensiones relacionadas con la tenencia de la tierra o la reforma del sector de las fuerzas de seguridad, entre otros motivos. 

A los desplazamientos forzados, la violencia sexual contra mujeres y niñas como arma de guerra, la limitación de la movilidad o el empobrecimiento de la población, se le suma un factor más: un nuevo brote activo del ébola, causado por la cepa Bundibugyo. Los casos se concentran principalmente en la provincia de Ituri, también al este del país, pero ya se han extendido a Kivu Norte y Sur y también a Uganda, donde se han detectado casos vinculados epidemiológicamente al brote congoleño, tal como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta mediados de junio, las autoridades congoleñas han notificado 782 casos confirmados y 181 muertes, pero las cifras suben cada día.

La misma OMS declaró el 17 de mayo esta epidemia como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés), que se trata del nivel más alto de alerta sanitaria que puede emitir la OMS bajo el Reglamento Sanitario Internacional. La propia organización ha advertido de que la inseguridad, el conflicto armado y los desplazamientos dificultan la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y el acceso de los equipos sanitarios a las zonas afectadas. Pero para quienes viven en Kivu Norte y Kivu Sur, la crisis sanitaria no puede entenderse separada del conflicto.

“La guerra y el ébola son amenazas simultáneas”, afirma con contundencia Marie-Dolorose Masika, enfermera y coordinadora de FEPSI (Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale, por sus siglas en francés), una organización situada en Butembo, ciudad de Kivu Norte. Hace más de 20 años que trabaja con mujeres supervivientes de violencia sexual y de género, personas desplazadas y comunidades afectadas por el conflicto. Según explica, los desplazamientos provocados por la violencia facilitan la propagación de la enfermedad y, al mismo tiempo, exponen a las personas desplazadas a nuevas formas de explotación y abuso. FEPSI, además, cuenta con su propio hospital, con el objetivo de garantizar el acceso a una atención sanitaria de calidad para las personas vulnerabilizadas en el marco del conflicto.

“La guerra y el ébola son amenazas simultáneas”, afirma con contundencia Marie-Dolorose Masika, enfermera y coordinadora de FEPSI

La relación entre ambas crisis también es evidente para el doctor Espoir Fazili, médico congoleño —de Goma, capital de Kivu Norte— residente actualmente en Kampala, Uganda. “El conflicto armado provoca una reducción drástica del personal sanitario, la destrucción o el cierre de numerosas estructuras de salud y dificultades para acceder a medicamentos y atención médica”, explica. “Cuando una epidemia como el ébola llega a un sistema ya debilitado, tareas esenciales como el seguimiento de contactos, el aislamiento de casos o la vigilancia epidemiológica se vuelven extremadamente complejas”.

Salud en conflicto

Las consecuencias de la ocupación militar atraviesan todos los ámbitos de la vida cotidiana. Según Landry Maheshe, activista y defensor de derechos humanos residente en Goma, muchas familias han perdido sus fuentes de ingresos debido a saqueos, cierres de negocios y suspensión de salarios públicos. Los bancos permanecen cerrados y la actividad económica está profundamente alterada. “Además, desde que el M23 consolidó su control sobre la ciudad, la participación ciudadana se ha reducido drásticamente, y numerosos activistas han tenido que abandonar la región o limitar sus actividades”, explica.

Para el doctor Fazili, las comunidades más empobrecidas son también las que enfrentan mayores barreras para acceder a información y atención médica durante una epidemia. Es decir: el deterioro económico tiene efectos directos sobre la salud. “Las desigualdades ya existían antes, pero el ébola las hace mucho más visibles”, explica. Cuando una persona enferma debe ser aislada, la economía familiar puede colapsar, agravando la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Y la situación se vuelve aún más compleja en un contexto de desplazamientos masivos: las personas que huyen de la violencia suelen hacerlo sin información suficiente sobre los riesgos sanitarios ni acceso a medidas de prevención. “Una persona enferma puede atravesar varios pueblos o campamentos antes de ser identificada”, señala.

En Butembo, el hospital de FEPSI ha reforzado los controles de acceso, los protocolos de higiene y los sistemas de detección temprana. Sin embargo, la enfermera Masika insiste en que la respuesta sanitaria no puede desvincularse del contexto social y político. “La gestión de los movimientos de población es prácticamente imposible en zonas de guerra”, asegura. A ello se suma la convivencia en espacios hacinados, la falta de agua y saneamiento, y la imposibilidad de mantener medidas básicas de prevención.

Landry Maheshe coincide en que el aislamiento creciente de la región —debido a la toma de Goma y Bukavu por parte del M23—, agrava la emergencia. El cierre de aeropuertos, las restricciones fronterizas y las dificultades logísticas limitan la llegada de suministros y personal sanitario. “La comunidad de Kivu se encuentra aislada y abandonada”, dice. “La falta de una sensibilización eficaz genera desconfianza no solo hacia las medidas epidemiológicas, sino también hacia las autoridades sanitarias, que son nombradas y gestionadas por los rebeldes, quienes no han mostrado piedad alguna hacia la comunidad congoleña desde que tomaron el control de las zonas”.

Mujeres en la intersección de las emergencias

Si la guerra y la epidemia afectan a toda la población, sus impactos no se distribuyen de manera uniforme. En todas las conversaciones, las mujeres aparecen de forma recurrente como quienes sostienen los cuidados, la supervivencia familiar y las estrategias cotidianas para hacer frente a las crisis, pero también como quienes soportan una carga desproporcionada de violencia y exclusión.

“Las mujeres suelen verse obligadas a tomar decisiones imposibles”, explica el doctor Fazili. “Tienen que escoger entre respetar las medidas de prevención o encontrar cómo alimentar a sus familias”. Muchas han perdido sus hogares, sus medios de vida o familiares cercanos, y continúan siendo responsables del cuidado de hijos e hijas en condiciones extremadamente precarias, asegura.

El deterioro económico tiene efectos directos sobre la salud. “Las desigualdades ya existían antes, pero el ébola las hace mucho más visibles”, explica el doctor Fazili

Marie-Dolorose Masika observa esa realidad diariamente en el hospital de FEPSI. Las mujeres desplazadas que llegan al centro no suelen enfrentar un único problema. Sus historias están atravesadas simultáneamente por el conflicto, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la pobreza y las barreras de acceso a la atención sanitaria. “Algunas son víctimas de violencia sexual durante el trayecto hacia las zonas urbanas donde existen servicios médicos”, explica. 

Para Maheshe, esta vulnerabilidad no puede explicarse únicamente por la guerra. También está relacionada con estructuras sociales preexistentes que limitan los derechos y la autonomía de las mujeres. “Las costumbres y políticas educativas que menosprecian a las mujeres las vulnerabilizan y abren la puerta a todo tipo de violaciones de derechos”, sostiene. La violencia sexual continúa siendo una de las expresiones más constantes de esta realidad. Según el activista, existe actualmente un aumento de los casos en Kivu, impulsado tanto por la impunidad como por la ausencia de mecanismos efectivos de justicia. “Muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o porque consideran que no obtendrán protección”.

Además, el doctor Fazili advierte que las emergencias sanitarias tienden a invisibilizar las necesidades específicas de las supervivientes. “Muchas reciben atención para las consecuencias físicas inmediatas, pero los traumas psicológicos permanecen ocultos y sin tratar”. Cuando los escasos recursos sanitarios se concentran en responder al ébola, la atención integral a la violencia sexual y de género puede quedar relegada.

Resistir en la incertidumbre

La expansión del brote ha tenido también consecuencias regionales. Dado el contagio transfronterizo, Uganda ha impuesto restricciones y cierres temporales en varios pasos fronterizos con la RDC, tal como anunció el Ministerio de Salud de Uganda. Y estas restricciones no son anecdóticas: Uganda es el principal país de acogida de personas refugiadas en África —de hecho, en Uganda hay diversos campos de personas refugiadas, y la mayoría se ubican en la frontera con Kivu—. Según los datos más recientes de ACNUR y de la Oficina del Primer Ministro de Uganda, el país alberga ya más de dos millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo (2,02 millones a finales de mayo de 2026). La población refugiada procede principalmente de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo. Desde 2025, con la toma de control de Kivu por parte del M23, la población congoleña que huye de la violencia hasta Uganda ha crecido: desde enero de 2025, las llegadas acumuladas de personas congoleñas registradas en Uganda alcanzaron las 83.820, y el total de personas refugiadas y solicitantes de asilo congoleñas en Uganda ascendía a 657.223 personas en marzo de 2026. 

“Las mujeres suelen verse obligadas a tomar decisiones imposibles”, explica el doctor Fazili. “Tienen que escoger entre respetar las medidas de prevención o encontrar cómo alimentar a sus familias”

Sin embargo, el endurecimiento de los controles complica aún más las posibilidades de quienes intentan escapar de la violencia. “Las mujeres que buscan protección o atención médica se ven obligadas a recorrer distancias más largas para acceder a servicios”, explica la enfermera Masika. Esto retrasa los tratamientos y aumenta los riesgos asociados a la enfermedad.

Para Landry Maheshe, que se vio obligado a refugiarse en Uganda durante unos meses por amenazas constantes a causa de su labor como defensor de los derechos humanos, el cierre de las fronteras tiene, además, una dimensión profundamente política. “Goma y Bukavu se han convertido en una especie de prisión”, afirma. La posibilidad de huir, buscar refugio, o simplemente mantener redes económicas transfronterizas, se reduce cada vez más.

Pese a todo, tanto Marie-Dolorose Masika como Landry Maheshe y el doctor Fazili, coinciden en señalar que las comunidades continúan desarrollando estrategias de resistencia. Organizaciones locales como FEPSI mantienen servicios de salud y acompañamiento a mujeres supervivientes. Activistas y defensores de derechos humanos siguen documentando abusos, a menudo poniendo en riesgo su propia seguridad. Subrayan que la historia de Kivu no es únicamente la de una guerra persistente ni la de una epidemia. Es la historia de cómo distintas formas de violencia se superponen y se refuerzan mutuamente. Y también la de una población que continúa defendiendo sus derechos y su capacidad de decidir sobre su propio futuro.