Derecho a la vivienda
Salta la alarma del alquiler: último día para pedir la prórroga de dos años

A falta de una negociación de última hora, el real decreto ley que prorroga los contratos de alquiler durante dos años y limita los aumentos de precio al 2% será derogado el 28 de abril con los votos de Junts, PP, Vox y otras formaciones de la derecha parlamentaria. 

Todos los inquilinos cuyos alquileres finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, nada menos que 2,7 millones, tienen todavía unas horas para solicitar a sus caseros la aplicación de la norma. Si no lo hacen antes de que la medida decaiga, perderán esa posibilidad y podrían encontrarse con aumentos del alquiler de cerca del 50%, entre 2.000 y 4.000 euros anuales, según señaló el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. 

Los portales y agencias inmobiliarias, abogados vinculados a estos intereses y representantes de la derecha parlamentaria han hecho todo lo posible para limitar el alcance del real decreto mientras esté vigente y haya posibilidad de solicitarlo. El bulo más extendido ha sido que solo los contratos que finalizan entre el 22 de marzo y el 28 de abril de 2026 se pueden acoger a la medida. Desde los sindicatos de inquilinos, las organizaciones sociales, el Ministerio de Consumo y bufetes vinculados con el movimiento de vivienda sostienen que la norma afecta a todos los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027, siempre que se solicite en tiempo y forma. 

“Desde el punto de vista jurídico, las normas producen plenos efectos mientras están en vigor, lo que supone que si el contrato queda prorrogado por dos años porque el inquilino manda el burofax ahora, estando la norma vigente, ese efecto luego no puede anularse aunque la ley se derogue”, explicaba el abogado de CAES Javier Rubio en un consultorio de El Salto. 

La presión a los diputados también ha llegado a través de más de 110.000 cartas enviadas para que reconsideren su posición en una iniciativa impulsada por los sindicatos de inquilinos

A medida que avanza la cuenta atrás de la votación, crece la presión ciudadana y política para que los diputados de PP, Vox y Junts cambien su voto. Este domingo, un millar de personas se concentraba frente a la sede del PP en Madrid para emplazar a la formación de Alberto Núñez Feijóo a decidir si se posiciona “con la gente o con los especuladores”. La portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, señalaba en la calle Génova que el voto negativo del PP le “saldrá caro”.

La presión a los diputados también ha llegado a través de más de 110.000 cartas enviadas para que reconsideren su posición en una iniciativa impulsada por los sindicatos de inquilinos.

Con el mismo objetivo, el ministro Pablo Bustinduy dirigió una carta al PP en la que advertía que para cientos de miles de familias el aumento del alquiler “equivaldría a tener que abandonar su vivienda”, unas familias que “son de toda orientación y signo político”. 

La encuesta encargada por el Eurogrupo en el que participa Sumar y realizada por el Ateneo del Dato concluye que seis de cada diez votantes del PP y Vox apoyan la prórroga de los alquileres. Y tres de cada diez estarían dispuestos a repensar su voto si estos partidos la rechazan. Si PP, Vox y Junts tumban el real decreto, añadía Bustinduy, “estarán yendo en contra de sus propios votantes. Y no tengo la más mínima duda de que lo pagarán”.