Derecho a la vivienda
El PSOE se niega a incluir en el escudo anticrisis las medidas de vivienda que demandan sus socios

El Gobierno no tiene previsto incluir las principales medidas que propone el movimiento de vivienda y sus socios parlamentarios en el escudo social que presentará este viernes para hacer frente a las primeras consecuencias de la guerra de Irán. Así lo dejó entrever el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes 17 de marzo.

Según sus declaraciones en rueda de prensa, las actuaciones del Gobierno se limitarán a medidas “proporcionadas” al impacto de la guerra en la economía, en rebajas fiscales y ayudas centradas en los principales afectados por el aumento del precio de los combustibles. “Esto no es como Ucrania”, subrayó.

No es para nada lo que demanda la plataforma “Ni un desahucio más”, formada por un centenar de organizaciones sociales y del movimiento de vivienda, que exige que en este escudo social debe incluirse la moratoria de los desahucios que protegía hasta finales del mes pasado a 70.000 familias, y una prórroga de los contratos que vencen este año para evitar una oleada de nuevos desahucios invisibles que podría afectar a más de medio millón de hogares. 

Para Sumar, esta prórroga de los alquileres es la “medida más importante” que se puede adoptar para mitigar el impacto de la guerra de Irán. “Sin vivienda no hay escudo social”, declaró la ministra de Sanidad, Mónica García, quien aseguró que desde su coalición seguirán presionando al PSOE para incluir estas medidas en el escudo social que se presentará el viernes. El resto de partidos de la coalición Sumar, así como Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han presionado en la misma dirección, sin mejores resultados por el momento.

El PSOE solo ha ofrecido reintroducir el tope del 2% a la actualización anual de los alquileres, una medida de reducido impacto, que dejaría desprotegidas a las 600.000 familias cuyo contrato finaliza este año y se enfrentan a subidas del 50%

El PSOE solo ha ofrecido, según la agencia EFE, reintroducir el tope del 2% a la actualización anual de los alquileres, una medida de reducido impacto, ya que la ley de vivienda ya recoge un límite que en febrero fue del 2,16%. Aunque este límite del 2% serviría para proteger a las renovaciones anuales de previsibles subidas del IPC, dejaría desprotegidas a las 600.000 familias cuyo contrato finaliza este año y corren el riesgo de enfrentarse a subidas del alquiler de más del 50%.

La moratoria de los desahucios, tal como la conocemos hasta ahora, está fuera de la negociación, aunque el PSOE estaría dispuesto a introducir una versión reducida y recortada que proteja solo a los hogares “supervulnerables”. La moratoria ya había sido recortada en la última negociación con Junts dejando fuera de la protección a las familias vulnerables que tengan caseros con menos de tres viviendas. 

“No se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”, decía la senadora de ERC Sara Bailac. El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, exigía en el Congreso este 18 de marzo una intervención decidida: “Le pedimos que se atreva a intervenir, y que no tenga miedo a lo que diga la derecha: la derecha interviene para favorecer los intereses de las élites que se forran con las guerras. A algunos le sonaran medidas extremas: sí, de extrema necesidad”. Desde Podemos, plantean un “plan anti Trump” más amplio que incluye bajar el precio del alquiler el 40%, prohibir el corte de suministros, nacionalizar Repsol, el control del precio de los alimentos o crear un supermercado público.