Derecho a la vivienda
El “peor estreno” de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

Lo debería ser una buena noticia, la recuperación del Ministerio de Vivienda —en la pasada legislatura era una Secretaría dentro de Movilidad y Agenda Urbana— no ha tardado en aguarse por las primeras declaraciones de la ministra, Isabel Rodríguez. La que fuera responsable de Política Territorial hasta hace poco defendió la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda, pero también “proteger” y dar “esperanza” a los pequeños propietarios. Según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la ministra no ha podido tener “peor estreno”. Desde esta organización ya tienen apodo para esta política tradicionalmente vinculada con el PSOE castellano: “Ministra de Segunda Vivienda”.

“Yo quiero tener también un mensaje de tranquilidad y esperanza, de sensibilidad, con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas”, declaraba el 21 de noviembre en su primer discurso.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid ya tienen apodo para esta política tradicionalmente vinculada con el PSOE castellano: “Ministra de Segunda Vivienda”

La polémica vino acompañada por la difusión de la declaración del patrimonio de Rodríguez, que incluye ingresos en 2022 por 5.130 euros por rentas del alquiler, una condición que no es rara en el PSOE: más de 50 diputados del partido entran en esa categoría que la ministra de Vivienda afirmaba que había que proteger. De hecho, el PSOE tiene más caseros entre sus filas que cualquier otro partido. “No es por aquí. Esto es seguir alimentando el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos”, critica Íñigo Errejón, portavoz de Más País. 

Según Jaime Palomera, investigador de la cooperativa La Hidra y del Sindicato de Llogaters de Catalunya, el Gobierno se ha estrenado “difundiendo el mito de que hay muchos rentistas que complementan su pensión con el alquiler y están desprotegidos”. Según el informe ¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros? recientemente publicado por La Hidra, apenas el 5,8% de las personas adultas tienen vivienda en alquiler.

El segundo mito a derribar, continúa, es la imagen de la persona mayor que vive gracias al alquiler de la segunda vivienda: “El mercado del alquiler está en manos de caseros que tienen dos o más viviendas alquiladas”. Para colmo, la mayoría de hogares que tienen renta en alquiler son los de mayor renta, aquellos que ganan una media de 40.300 euros al año. “Los inquilinos, en cambio, tienen una renta mediana de 18.460 euros al año”, continúa Palomera. Incluso si se les quitara a los caseros los ingresos por alquiler seguirían siendo los de mayor renta, afirma este investigador. Pero sí, existe esa figura de la que habla la ministra de Vivienda, aquellos caseros en situación precaria, pero solo representan un 6% de los caseros, un 0,6% de la población total.

Apenas el 5,8% de las personas adultas tienen vivienda en alquiler y los caseros vulnerables representan apenas un 0,6% de la población adulta, según un reciente informe de La Hidra

Estos datos, afirman desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, chocan con la situación precaria de los arrendatarios. “No tiene ningún sentido centrar las políticas públicas de vivienda en proteger a ese 0,6% de la población que son ‘rentistas vulnerables’ mientras una parte cada vez mayor de la sociedad no tenemos acceso a un lugar digno, estable y seguro al que llamar hogar”, afirman.

El principal problema de estas declaraciones, afinan desde el Sindicato, es que “no parecen tener otro propósito que seguir postergando los compromisos de este gobierno” tanto los adoptados en campaña como los que se derivan de los compromisos de la Ley de Vivienda y otras promesas gubernamentales.

Cinco meses después de su aprobación, la enorme mayoría de Ley de Vivienda no se ha podido comenzar a aplicar, señalan, Además de la violación sistemática de la prohibición de que las inmobiliarias cobren honorarios a los inquilinos, el Gobierno todavía no ha destrabado la aplicación de la regulación de los precios en el único territorio que ha mostrado interés en ello, Catalunya. 

Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

El Sindicato de Inquilinos de Madrid y Facua denuncian que la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro está cobrando honorarios a los inquilinos, algo prohibido expresamente por la Ley de Vivienda, vigente desde abril.

El Gobierno tampoco ha avanzado nada en una propuesta para regular los alquileres turísticos y de temporada, que se han convertido en la vía de escape para los caseros que no quieren aplicar la ley de alquileres estatal, que obliga a alquileres de cinco años en el caso de pequeños propietarios y siete en el caso de grandes tenedores, o de futuros e hipotéticos topes en el caso de que se aplique la regulación de alquileres.

La Ley de Vivienda establecía un plazo de seis meses después de su aprobación para constituir un grupo de trabajo para “avanzar en una propuesta normativa” para regularlos. Con el plazo vencido este 26 de noviembre, no hay noticias de esa comisión. De hecho, la regulación de los alquileres de temporada, que han crecido hasta un 40% en el último año, no forma parte del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar. “Cada vez más inquilinas quedan a merced del chantaje de unos caseros que evitan sin consecuencias las limitaciones a la actualización anual de la renta”, dicen.