Derecho a la vivienda
Ocupación por necesidad

Eva García cierra la puerta de un golpe fuerte, al segundo intento: “Desde que entramos está así, hay que dar un portazo”. Hay dos cerraduras. Una, en la parte superior de la puerta, es funcional. De la otra, en la parte inferior, falta una parte, junto con un pedazo del marco de la puerta. “Ese trozo saltó al abrir el piso, al primer intento”, relata. Dentro el ambiente es oscuro y de un intenso tono azulado.
Tras perder una ayuda de la Generalitat, tuvo que elegir entre “mantener” a su hijo “o pagar el alquiler”. Al tercer intento de desahucio, en julio de 2017, quedó en la calle y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la ayudó a obtener una alternativa habitacional: ocupar una vivienda propiedad de Norvet S.L., una gran empresa acusada de mobbing inmobiliario. “Para sacar a una madre y su hijo de su casa, toda la calle se llenó de furgones de los Mossos, no pudimos pararlo”, recuerda García.

El edificio, en la calle Aragó de Barcelona, es visible a más de 500 metros. Una gran lona azul cubre toda la fachada y lo destaca sobre los demás inmuebles de la avenida. García tomó la decisión de ocupar en el edificio porque, asegura, la administración no le daba soluciones a un problema “que ellos generaron”.

Antes de los primeros impagos que llevaron al desahucio recibía una ayuda que, sumado al dinero de trabajos temporales, le permitía pagar el alquiler. Sin embargo, los Servicios Sociales, tras comprobar que tenía pareja con trabajo, “aunque” no eran “pareja de hecho ni nada”, le retiró la ayuda. Aún con el sueldo de la expareja, no pudieron pagar y llegó el desahucio. “La alternativa que me daban los Servicios Sociales eran 3 días de albergue prorrogables y separarme de mi hijo”, sentencia.

Carlos Macías, uno de los ‘veteranos’ de la PAH de Barcelona, asegura que los problemas habitacionales han cambiado su naturaleza. Cuando nació la plataforma, durante la crisis económica, la mayoría de los casos eran por impago de la hipoteca. Ahora “cada vez son más los casos por no poder pagar el alquiler”, relata Macías.

El precio del alquiler sube en todo el Estado, pero es en las grandes ciudades donde es más notorio. Según el portal Idealista, el precio de alquiler medio en Barcelona es de 18,6 euros/m2, es decir, un 19,8% más alto que en 2007, antes de estallar la crisis económica. Macías señala, además, la relación entre la subida de los alquileres, la especulación inmobiliaria y el ‘mobbing’. “Hay empresas, como Norvet, que compran bloques enteros y acosan a los vecinos para expulsarlos y hacer negocio”, asegura.

García tiene como únicas vistas andamios y la lona desde hace meses, aunque se plantea recortarla con un cuchillo. Así “correrá más el aire” y “no será todo azul”. Tiene 30 años y vive con su hijo, de 10. Asegura que, antes incluso de que llegaran y se instalaran los andamios, “el acoso de la empresa ya era habitual”. Desde la llegada de García al edifico se han instalado seis unidades familiares más con ayuda de la PAH, cuatro con trabajo regular, pero que “no pueden hacer frente a la subida de los alquileres”.

García cuenta que uno de los ejemplos de acoso presente desde hace meses es de los que más desapercibidos pasan: “Desde finales de octubre carecemos de portería, servicios de limpieza y de mantenimiento. El ascensor no para de dar problemas. Cuando falle habrá gente mayor que no podrá salir de casa”. García cuenta cómo la portera hizo el papel de “chivata” para Norvet: “Le prometieron, sin firmar nada, trabajo en otro edificio de la inmobiliaria y alojamiento si pasaba un año aquí vigilándonos. Tras una acción en la sede de Norvet de la que no avisó, cuatro meses después de la oferta, la despidieron”. Señala, además, como los operarios que instalaron los andamios y la lona “tenían instrucciones” de insultarlos y tirarles “cosas” para complicar su estancia.

Tres días

Al llegar García a la vivienda en julio de 2017 no había mobiliario. “Lo único que quedaban eran los armaritos de la cocina y sin tiradores”. Decidió que su hijo no debía pasar por eso y tardó un mes en recogerlo de casa de su madre: “Las primeras noches dormía en el suelo, sobre una esterilla. Compañeros de la PAH me traían comida y me ayudaron a hacer guardia las primeras 72 horas. Había mucha tensión”, relata. Durante los primeros tres días de ocupación, la policía, si ve, a su juicio, indicios suficientes, puede desalojar una vivienda sin autorización judicial.

Poco a poco, con ayuda de la plataforma, madre, amigos y algún trabajo esporádico, arregló el piso. Todos los muebles y electrodomésticos son de segunda mano, aunque hay uno que adquirirlo le causó especial ilusión. “El calentador de agua lo compré por el móvil. 60 euros. Tuve que cargar con él un buen rato y acabé con un dolor de brazos horrible, pero es una gozada”, cuenta emocionada. Desde julio hasta enero, durante seis meses, si querían ducharse con agua caliente debían calentarla en ollas y cargarlas hasta la cocina. “Los días con prisas, sin tiempo para calentar el agua, me despejaba en un momento”, bromea García.

El 24 de noviembre de 2017, el Ajuntament de Barcelona suspendió las obras en el edifico. Desde agosto Norvet inició obras en las viviendas vacías y publicó en su web la nueva oferta de viviendas. La más barata se ofrece a 230.000 euros. El Consistorio clausura las obras porque, supuestamente, la inmobiliaria camufló una obra integral del edificio, que obliga a realojar a todos los inquilinos durante los trabajos, como 25 obras menores. Además, recibía denuncias de corte de suministros sin previo aviso, un elemento conocido del mobbing inmobiliario. Desde entonces, García ve la situación algo más tranquila y dedica más tiempo a “intentar normalizar” su “situación, a hacer vida”.

Entre la tarjeta de crédito que el Ajuntament le proporciona para la manutención de su hijo —con 100 euros— y trabajos no regulados de limpieza, García puede sustentarse a ella y a su hijo. Si surge algún imprevisto, además, asegura que “entre amigos” o su “ex-pareja se soluciona”. Sin embargo prefiere encontrar otro trabajo más estable y menos perjudicial para su salud. “Cuando tenía seis años me atropelló un coche. Desde entonces tengo tres hernias discales en la espalda. Hay veces que, al volver de algún servicio, tengo que estar horas tumbada para calmar el dolor, pero nos hace falta el dinero”, cuenta García.

El lunes 5 de febrero, tras un período tranquilo, el ambiente en el edifico vuelve a ser tenso. Durante la mañana, unos operarios han quitado los contadores y cortado el agua a seis familias. Las tres viviendas del entresuelo, además, tienen goteras e incluso algún trozo de techo caído. “Alguien ha abierto las puertas antiokupa de los pisos de arriba, ha desconectado la alarma, ha abierto o roto las tuberías y ha vuelto a cerrar”, cuenta Cristina, una de las vecinas con agujeros en el techo. Son los bomberos quienes cortan el suministro a los pisos con puertas antiokupación e impiden que caiga más agua a los vecinos. La Guardia Urbana, que acudió al edificio a las 18h —6 horas después de la llamada de los vecinos— dice que estas situaciones “no son algo particular de Barcelona, sucede en todo el Estado” y que aún no pueden “concretar” si ha sido la inmobiliaria o una persona ajena a ella.

Lucía Delgado, una de las portavoces de la PAH y amiga de varios residentes en el edificio, no cree que sea personal ajeno a la inmobiliaria. “Si pueden entrar en los pisos con puerta antiokupa y volver a cerrar, alguna facilidad tenían”, sentencia.

Al día siguiente, ante la atenta mirada de los vecinos, tres operarios, un trabajador de seguridad privada y un representante de Norvet aparecen para “arreglar” los desperfectos en los pisos que causaron las goteras. El representante, con traje, guía a los operarios. Tras una de las imponentes puertas entrecerradas, responde sobre quién ha podido entrar a los pisos dada la seguridad: “No tengo nada que decir”, dice mientras termina de cerrar.

“Cambio radical”

García está, desde la visita de los operarios, más tensa. “Otra vez de batallitas”, se lamenta. Los vecinos del edifico están a la espera de que el Ajuntament negocie con Norvet y la empresa de aguas para restablecer el suministro lo antes posible. “Eso sí, yo no pienso quedarme semanas sin agua, ya me buscaré la vida”, anuncia García.

Todos los vecinos tienen una idea común sobre el origen del problema. “Parece que trabajan en una ciudad para ricos y turistas”, dice Pilar, también residente en el edificio. A Pilar, además, le sigue cobrando Norvet el alquiler, aunque eso parece no evitar los problemas.

Durante las reuniones con el Punt d’Assessorament Energètic y representantes del Ajuntament para restablecer el agua, García aprovecha para recordar qué es lo que busca: “Una vivienda con alquiler social, acorde a mis ingresos. No quiero tener que preocuparme por problemas que no ocasiono yo y que puedan llevar a quitarme la tutela de mi hijo. Soy capaz. Quiero independencia”.

Eva García cree que “los fondos buitres como Norvet no deberían poder adquirir vivienda”. “Debería adquirirla el Ayuntamiento para ampliar la vivienda pública”. Mientras lidia con Norvet —que debe retirar los andamios dada la paralización de las obras—, el trabajo y su actividad en la PAH, García sigue con los arreglos en su piso. Por fin, con ayuda de un amigo, recorta la lona azul. El ambiente ya no es tan oscuro y el sol entra durante toda la tarde, aunque todavía hay un ligero tono azulado. Un mes después, además, la empresa debe quitar los andamios o será sancionada. Mientras la Mesa d’Emergència no le asigne una vivienda social o Norvet una alternativa habitacional, García encuentra motivos de alegría en sus avances: “Tenemos frigorífico, cocina, sofá… Ahora hasta nos llega la luz del sol. El cambio es radical”.