Derecho a la vivienda
La moratoria del ‘escudo social’ no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios

La cifra de desahucios practicados en el tercer trimestre de este año ha descendido un 3,1% después de dos trimestres de crecimiento sostenido, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial. Con todo, los datos de desalojos continúan por debajo de los registrados antes de la pandemia. El resultado hubiera sido algo distinto sin la moratoria de desahucios aprobada en plena pandemia, cuyo fin está programado para el próximo 31 de diciembre.

Según el informe del Observatori Desca, presentado este 10 de diciembre, la aplicación de esta moratoria ha evitado 24.659 desahucios sobre un total de 100.021, uno de cada cuatro. Este informe recoge los datos entre 2021 y 2023 de diez comunidades autónomas, donde los datos eran más fiables, un conjunto territorial que supone el 70% de los desahucios. Este centro catalán por la defensa de los derechos humanos realiza una extrapolación al conjunto del Estado español durante los cuatro años de aplicación de la moratoria: con los datos disponibles, el total de desahucios paralizados por esta moratoria sería de 58.000, una proporción similar sobre el total de lanzamientos practicados.

El 75% de los desahucios no ha sido cubiertos por un “escudo social” que según afirmó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, había acabado con la “lacra de los desahucios”

El otro 75% de los desahucios producidos en estos cuatro años no ha sido cubiertos por un “escudo social” que según afirmó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, había acabado con la “lacra de los desahucios”.

El informe del Observatori Desca señala los límites de la aplicación de esta moratoria, que en teoría debería cubrir a todos los hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Pese a sus deficiencias, defienden la necesidad de que la moratoria se amplíe y se convierta en permanente. “Si la moratoria finaliza, todos estos procedimientos pasarían al sistema de intermediación prevista en la ley de vivienda”, un mecanismo que no está implementado en la mayoría de Comunidades Autónomas, dicen los autores del informe Impacto de la moratoria de los desahucios (2021-2023).

Pese a ser una medida “insuficiente”, dicen desde el Observatori, de no ser por esta moratoria, mejorada y prorrogada en diez ocasiones, la gráfica de los desahucios en España sería diferente: mostraría una “meseta”, un estancamiento, y no una línea descendente intercalada de subidas como las experimentadas en el primer trimestre de este año, cuando los desahucios practicados crecieron un 12,8% o en el segundo trimestre, cuando crecieron un 7,8%.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también demanda la renovación y la mejora de la moratoria de desahucios del “escudo social”, que finaliza el último día de este año. Aunque la medida fue planteada en plena pandemia, desde la PAH hablan de una nueva “epidemia” que sigue provocando más de cien desahucios al día “a pesar de tener una moratoria para evitarlos” y piden que la moratoria pase a ser “una medida estructural no limitada en el tiempo”. Además, demandan medidas para evitar el boicot de jueces que “optan por omitirla y tirar adelante con el desahucio”, así como paralizar los lanzamientos de forma indefinida hasta que la administración encuentre una vivienda digna. 

Desde la PAH denuncian como “abusivo” el sistema de compensación a propietarios que no pueden desahuciar: se les está pagando por un “problema que ellos mismos han causado”

Esta plataforma también denuncia el “abusivo” sistema de compensación a propietarios que no pueden ejecutar el desahucio de familias vulnerables, un mecanismo que implica un “desmesurado gasto público que beneficia a muchos grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos buitre”. La PAH pide “corresponsabilizar” a los grandes tenedores sobre un “problema que ellos mismos han creado”.

Un activista que trabaja a diario con hogares en situación de desahucio en PAH Vallekas cuenta a El Salto que la moratoria del Gobierno de coalición no ha hecho que aparezcan menos familias en las asambleas de la plataforma. “Lo que sí ha hecho es que aparezcan más tarde, cuando falta una semana, cuando ya poco se puede hacer. No ha reducido los desahucios, sino los Stop Desahucio”, dice. 

Esta judicialización y burocratización del proceso para evitar los desahucios, relata, es en ocasiones “contraproducente”: muchas familias “van metiendo papeles” en la Administración y confían en la efectividad de una moratoria que “en la mayoría de los casos no funciona”. Y esos desahucios se realizan sin cámaras, ni acciones de solidaridad en la puerta

“La gente pierde mucho el tiempo en servicios sociales, yendo a una ONG que te redacte el informe de vulnerabilidad, todo para que luego el juez coja y diga: ‘Ejecútese, esta ya no es una situación que se dé por el covid ni por la inflación ni por la guerra de Ucrania’”, apunta. Entre esos jueces, señala el papel de las audiencias provinciales que, en demasiadas ocasiones, terminan dando la razón a los propietarios y anulan sentencias que en primera instancia había parado el desahucio.

Quién se puede beneficiar de la moratoria de desahucios

Detrás del Real Decreto-ley 11/2020 y lo que se conoce popularmente como la moratoria de desahucios del “escudo social”, hay una serie de unos cambios en los procedimientos para ejecutar un lanzamiento que cubren, a discreción de la Justicia, determinados casos, apenas un 25% según este informe reciente.

En un inició, la moratoria protegía solo a los hogares que pudieran probar en Servicios Sociales que su vulnerabilidad social o económica se hubiera visto agravada por el covid y, luego de una reforma, también por los efectos de la guerra de Ucrania. Pese a los cambios que ha experimentado la norma, esta sigue manteniendo la necesidad de justificar “una pérdida sustancial de ingresos”, un hecho que ha sido utilizado por algunos juzgados para no aplicar la moratoria “discriminando precisamente a las personas que ya se encontraban en dicha situación con anterioridad a la pandemia o al procedimiento de desahucio”.

Esta moratoria antidesahucios es a veces “contraproducente”, dice un activista de PAH Vallekas: muchas familias confían en su efectividad y van “metiendo papeles” en la administración, pero “en la mayoría de los casos no funciona”

La razón principal por la que en el 75% de los casos no se aplica la moratoria es un redactado “deficiente” por parte del Gobierno, explican desde Observatori Desca. “En el texto no queda claro qué es vulnerabilidad y qué no”, dicen. Esta falta de claridad deja en manos de los jueces un amplio margen interpretativo con capacidad de decidir si la documentación presentada por Servicios Sociales es o no suficiente o “que pesa más el derecho a la propiedad que los derechos de la familia afectada”. La enorme “carga burocrática” de este proceso deja fuera también a muchas familias.

Pese a todo, desde el Observatori Desca consideran que la moratoria, aunque “insuficiente”, ha resultado “útil” y debería convertirse en indefinida y “ampliarse” para limitar la libertad interpretativa de los jueces y cubrir las casuísticas que quedan fuera, como es el caso de las vulnerabilidades de largo recorrido.