Derecho a la vivienda
El Gobierno desaprovecha otra oportunidad para bajar los alquileres con el nuevo índice de actualización

Durante parte de 2022 y 2023 fue del 2% y en 2024 del 3%. La subida interanual que los caseros podían realizar dentro de un contrato vigente quedó fijado primero en el “escudo social” y luego en la ley de vivienda. Este 1 de enero ha entrado en vigor un nuevo índice, ahora sí, el definitivo a partir de ahora. Para los sindicatos de inquilinos, el resultado supone una pérdida de oportunidad para contener la subida de los alquileres y una nueva ayuda a los propietarios, en resumen, “una basura”, tal como lo definen en una guía lanzada estos días.

Este nuevo índice permitirá este año un aumento del 2,2% en unos alquileres que ya se ha convertido en impagables para amplias capas de la población, según denuncian desde estas organizaciones. El problema es doble, según critican. El principio de que los alquileres se tengan que actualizar cada año “solo tiene el sentido de garantizar los beneficios de los caseros”, dicen, mientras los arrendatarios cada año gastan más en el alquiler. El nuevo índice de actualización “solo agrava el problema”. 

El segundo inconveniente es que el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), a diferencia de los límites establecidos para los años anteriores, crece junto con la inflación con una enrevesada fórmula. Según los cálculos que ofrece el Sindicato de Inquilinas de Madrid con una inflación del 10%, la subida interanual de los alquileres sería del 6%. “La gran mayoría de las inquilinas volvemos a la total desprotección antes una posible subida de la inflación que nos afectará doblemente: en el coste general de la vida y en la vivienda”, señalan.

Para los sindicatos de inquilinos, el resultado supone una pérdida de oportunidad para contener la subida de los alquileres y una nueva ayuda a los propietarios

Se trata de un paso atrás, dicen, dado que el IRAV “protege mucho menos” que las medidas de las que se disponía desde el “escudo social” y los primeros dos años de ley de vivienda. Y no solo eso: este nuevo índice solo es válido para los contratos firmados después de mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. Todos los contactos firmados con antelación se rigen por las normas previas que permiten al casero en la mayoría de los casos repercutir toda la subida del IPC al inquilino, algo que implica “desproteger” a la mayoría de los hogares que viven de alquiler. “Una vez más, frente a la gran crisis de vivienda que vivimos optan por medidas absurdas que siguen manteniendo el beneficio de los caseros y el empobrecimiento de las vecinas!”, sostienen.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid llaman a mirar el contrato siempre que tu casero quiera subirte el precio del alquiler. La aplicación del IPC o el nuevo IRAV no es automática y depende de diversas cláusulas y en algunos casos “no permiten subidas”, advierten. También debes comprobar si te han comunicado la actualización correctamente y si el índice aplicado es correcto: “Si se equivocan, la subida que te piden no es válida”.