Derecho a la vivienda
Bustinduy avanza con su plan para prohibir la publicidad de pisos turísticos ilegales

Nueve de cada diez viviendas turísticas son ilegales, y en algunas ciudades, como Madrid, casi 99 de cada 100. Con el precio de la vivienda disparado y con movilizaciones en Baleares, Canarias, Madrid, Cantabria, País Vasco, País Valencià y Catalunya por la masificación turística y diversos proyectos especulativos, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado la exploración de una nueva vía para reducir su impacto: la prohibición de la publicidad de los pisos turísticos ilegales.

Este 5 de junio, el Ministerio de Pablo Bustinduy ha anunciado el inicio de una investigación de la publicidad de viviendas turísticas sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Además, informan desde el Ministerio, se han enviado requerimientos de información a plataformas dedicadas a viviendas vacacionales sobre publicidad de pisos ofertados que no cuenten con autorización para ello en aplicación de la Ley General de Consumidores.

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Turismo

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Las movilizaciones contra los pisos turísticos, la masificación y un modelo enfocado al turismo que ha chocado con sus límites recorren todo el territorio español.

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Desde el Ministerio subrayan la responsabilidad de los intermediarios, “aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos”, que podrían estar incurriendo en “prácticas desleales en base al Artículo 47” de la Ley General de Consumidores. Estas empresas se exponen, según el Ministerio, a sanciones de hasta 100.000 euros, “cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”. Las posibilidades de sancionar a Airbnb y otras plataformas si continúan ofertando pisos sin licencia se está estudiando ahora mismo en el Ministerio.

“En este país se ha normalizado la proliferación de pisos turísticos ilegales. Si una vivienda no tiene licencia, no debería poder publicitarse”, decía Bustinduy en la red social X. Minutos después, la líder de su coalición, Yolanda Díaz, confirmaba la voluntad de investigar a los pisos turísticos ilegales y los intermediarios que los publicitan: “Nuestros barrios no pueden convertirse solo en lugares para el turismo y no para la vecindad”. Especialmente, declaró, cuando “la vivienda es el principal motor de desigualdad”.

Nueve de cada diez viviendas turísticas son ilegales, y en algunas ciudades, como Madrid, casi 99 de cada 100. Prohibir la publicidad de pisos turísticos sin licencia cambiaría por completo el sector

La apertura de una investigación a las plataformas de alquiler turístico, sector en el que Airbnb tiene una posición casi de monopolio, había sido anunciada a finales de mayo en una entrevista en La Vanguardia en la que el ministro anunciaba la voluntad de perseguir la publicidad de viviendas turísticas ilegales. 

“Tenemos constancia por distintas instituciones de que la inmensa mayoría de los pisos turísticos son ilegales, sin licencia, vamos a perseguir la publicidad online de estos establecimientos y específicamente su publicidad a través de plataformas de intermediarios. Si una vivienda no tiene licencia para su uso turístico, no puede ser publicitada como tal y no se puede intermediar”, decía Bustinduy. 

No es la primera vez que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, en manos de Sumar, intenta incidir en temas de vivienda, en un marco limitado por las competencia autonómicas y un Gobierno del PSOE poco dispuesto a enfrentarse con los medianos y grandes propietarios y los fondos de inversión. En febrero, este Ministerio inició los trámites para poder sancionar a las inmobiliarias que siguen cobrando los gastos de intermediación al inquilino, cuando la Ley de Vivienda lo prohíbe expresamente.

Mientras, el Ministerio de Vivienda no parece tener prisa. Ante la reciente crisis de los pisos turísticos, con gigantescas movilizaciones en los archipiélagos y tras reconocer la gravedad de la situación y que la excepcionalidad de la situación exigía una intervención del Gobierno central, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), solo ha propuesto un registro estatal de pisos turísticos para 2025.