Vivienda
Las ayudas al alquiler se quedan cortas y no terminan de llegar
Los grandes bancos siguen sin firmar el convenio para distribuir los microcréditos del ICO para la familias más afectadas por la crisis social y sanitaria. Mientras, en la Comunidad de Madrid las ayudas directas al alquiler se agotan en la primera semana.
Organizaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos denuncian que las medidas de apoyo al alquiler que ha lanzado el Gobierno de coalición no están llegando a quienes las necesitan.
Los microcréditos avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) chocan con los grandes bancos, que hasta ahora se han negado a firmar el convenio y siguen negociando las condiciones de implementación de la medida. Y las ayudas directas al alquiler —gestionadas por las comunidades autónomas y que no deben ser devueltas— en algunas ciudades se han agotado en la primera semana de lanzamiento. Por distintas razones, ninguna de las familias con problemas para pagar el alquiler por la crisis del covid-19 ha podido acceder a las ayudas. Según una encuesta reciente de la organización de consumidores OCU, el 9% de los españoles considera difícil o imposible pagar el alquiler.
Una semana después de que se habilitaran los cauces oficiales para solicitar las ayudas directas al alquiler, la Comunidad de Madrid anunció que ya había agotado el presupuesto asignado por el Gobierno central
En la Comunidad de Madrid, una semana después de que se habilitaran los cauces oficiales para solicitar las ayudas directas al alquiler, el Gobierno regional anunció que ya había agotado el presupuesto asignado por el Ejecutivo central. A fecha de 20 de mayo había recibido 3.071 solicitudes, 200 personas más de las que podrían atender, según un comunicado oficial.
El consejero madrileño de Vivienda y Administración Local, David Pérez, calcula que el presupuesto asignado serviría para cubrir “apenas un 10% de las necesidades reales”. Para atender las 60.000 solicitudes que esperan recibir, la Comunidad demanda 150 millones de euros adicionales. La aceptación de solicitudes se realizará, advierten, por riguroso orden de inscripción: “Cuando el crédito disponible esté agotado, las solicitudes recibidas con posterioridad serán resueltas desfavorablemente”.
Las ayudas directas al alquiler son una de las medidas sociales anunciadas por el Gobierno a finales de marzo y que pueden alcanzar hasta 900 euros por mes, hasta un máximo de seis mensualidades. Estas ayudas se pueden solicitar desde el pasado 11 de mayo hasta el 30 de septiembre.
Los sindicatos de inquilinos consideran estas ayudas —que no conllevan como tantas otras del “escudo social” el endeudamiento de las familias más vulnerables— como un avance frente a los microcréditos. Sin embargo, indican, no dejan de ser “solo una medida paliativa”, ya que el Estado asume los precios de burbuja en una “transferencia de dinero público directa a los bolsillos de los rentistas y del lobby inmobiliario”.
Los sindicatos de inquilinos denuncian que estas ayudas dejan fuera a “una gran mayoría de familias” y reproducen “la lógica excluyente de la administración: utilizar la burocracia como un tapón que impida el acceso a los más pobres”
Desde estos sindicatos señalan que estas ayudas dejan fuera a “una gran mayoría de familias”. Muchas de ellas, sobre todo si viven en Madrid o Barcelona, deben pagar alquileres superiores a esa cifra, y muchas otras no pueden acceder a ellas por unos trámites burocráticos que “excluyen a las personas con menos recursos, por ejemplo aquellas que se encuentran residiendo en situación irregular, inquilinos que no se hayan podido empadronar por algún motivo en su actual residencia, o inquilinos que no tengan un contrato por escrito y realicen su pago en metálico”.
Además, el hecho de que estos trámites tengan que repetirse cada mes generan “una tensión añadida a las personas afectadas” y reproducen “la lógica excluyente de la administración: utilizar la burocracia como un tapón que impida el acceso a los más pobres”.
Por estas razones, estos sindicatos llevan ya casi dos meses en una huelga de alquileres en la que están participando más de 16.000 personas, organizadas en más de 80 comités de huelga.
Coronavirus
Los mil obstáculos para acceder a las ayudas de vivienda
Asociaciones de consumidores y el movimiento por la vivienda denuncian que el “escudo social” frente al covid19 no está funcionando como debería. La burocracia, las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento, la brecha digital y unos requisitos “excesivos”, según denuncian, hacen que buena parte de las personas que las necesitan no puedan acceder a las ayudas.
El tapón de los grandes bancos
Más allá de los límites de presupuesto y las trabas burocráticas que limitan el alcance de estas ayudas, la apertura del proceso de solicitudes está chocando con los intereses de los grandes bancos, que hasta ahora no han aceptado tramitar estas medidas. Dos meses después de que hayan sido aprobadas todavía no hay acuerdo entre las grandes entidades y el ICO sobre las condiciones en las que estos bancos tendrán que hacer llegar el dinero a las familias que lo necesiten.
Según cuenta a El Salto Fernando Bardena, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, hasta ahora la gente que ha tramitado tanto los microcréditos como las ayudas directas no han recibido nada. Desde hace dos semanas, comenta, los bancos ya han recibido los protocolos, pero “todavía no se las han concedido a nadie”. Otro problema añadido, continúa, es que muchos solicitantes se encontrarán previsiblemente con la negativa del banco: “Aunque cumplan los requisitos del Real Decreto, las restricciones que hay en relación a gente que tiene otro crédito, entre otras circunstancias, abre una casuística que va a hacer que echen para atrás muchas de esas peticiones”. Unas ayudas, recuerda Bardena, que van directamente al arrendador sin pasar por las familias.
El 90% de la banca sigue sin firmar el convenio con Estado para distribuir los microcréditos para las familias que no puedan pagar el alquiler. Hasta ahora solo lo han hecho pequeñas cajas. Ninguno de los grandes bancos se ha adherido todavía
La organización de consumidores OCU señalaba el 26 de mayo que son pocas las entidades financieras que se han adherido al convenio con el ICO para conceder los microcréditos. Hasta ahora, solo lo han hecho pequeños bancos, como es el caso de Cajamar, Caja Ontinyent, Caja Pollença, Laboral Kutxa, Bankoa, Abanca, Unicaja y Liberbank. Además, según denuncian, “muchos de ellos solo ofrecen la posibilidad a sus clientes y, dentro de ellos, solo a quienes ya llevan tiempo con la entidad”.
Algo que contradice el convenio firmado con el ICO, donde se establece que “deberían conceder esos préstamos a cualquier inquilino que cumpla las condiciones exigidas por la normativa”, precisa OCU. En la práctica, los bancos “no tienen prisa por conceder dinero a quienes tienen dificultades de pago, por mucho aval del ICO que pueda existir”.
En el caso de los grandes, ninguno ha firmado todavía. Según publicaba El Confidencial, el 90% de la banca sigue negociando con el ICO la “letra pequeña” y no ha suscrito todavía el convenio. Sin embargo, las ayudas, que tienen carácter retroactivo, podrán pedirse de todas formas para que sean aplicadas desde el pasado 1 de abril.
Relacionadas
La semana política
Colchones y suelos
Fomento anuncia un plan para poner suelo público a disposición del sector privado a coste cero. Ada Colau ofrece 1.200 euros mensuales a los propietarios de pisos turísticos para solucionar temporalmente la necesidad de familias vulnerables. El sector de la inversión inmobiliaria no se inmuta con la crisis, convencido de que nadie va a tocar sus privilegios.
Vivienda
Demanda del Sindicato de Inquilinas contra Blackstone, el gigante de los 250.000 millones de euros
El Sindicato de Inquilinas presenta una demanda contra las cláusulas abusivas que la mayor compañía inmobiliaria del planeta, Blackstone, incluye en los contratos de decenas de familias en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Coronavirus
El Gobierno prorroga un “escudo social” que deja fuera a decenas de miles de familias
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) exige un Real Decreto que “homologue las situaciones de vulnerabilidad” para no marginar a las familias que ya vivían en situaciones precarias antes de la crisis del covid-19, que proteja a las personas sin papeles y a las que han tenido que ocupar pisos de bancos o fondos buitre.
Estas son las consecuencias de un Gobierno que dice ser de izquierdas, pero sus medidas se han centrado en, por la fuerza, disminuir, en unos casos, o eliminar por completo, en otros, los ingresos de la clase trabajadora. No contentos con eso, lo siguiente que han hecho ha sido asegurar los ingresos de los rentistas y de las multimillonarias energéticas. Si alguien de la clase trabajadora tenía ahorros, se le ha forzado a perderlos todos, pagando alquileres a rentistas y suministros a energéticas. Si no tenía ahorros -algo muy normal con los sueldos de este país y el precio de los alquileres, ya insostenibles antes de la crisis, que este Gobierno, ni siquiera en una situación como esta, no se ha atrevido a tocar- la única opción que le han dejado es endeudamiento (y casi ni eso, porque los ICO al alquiler dos meses después, siguen sin estar disponibles). Endeudar a alguien sin recursos para pagar a millonarios. Y encima haciendo el ingreso directamente al rentista. Endeudas a un pobre para inyectarlo directamente en la cuenta bancaria de otra persona sin importar la situación económica de ésta. ¿Por qué no se ha puesto filtro a los rentistas? ¿Por qué tienen que cobrar TODOS sí o sí, aunque no les haga falta, hasta el punto de quitarle la comida a otra persona? Criminales. Lo que están haciendo es un crimen, no tiene otro nombre.
Destacadas
Coronavirus
Decenas de trabajadores siguen acudiendo a su centro de trabajo sin saber que allí se originó el rebrote de Madrid
Especulación urbanística
Un fondo buitre anida en el centro de Vigo
El fondo norteamericano Autonomy Capital, del que es fundador el ex directivo de Lehman Brothers, Robert Gibbins, compró la deuda del proyecto del Barrio do Cura en 2018. Ahora los vecinos y vecinas piden no ser abandonados ante la especulación urbanística e quiere garantizar su derecho a la vivienda frente a una posible expropiación del gobierno local.
Crisis económica
Estados Unidos y China, en rumbo de colisión
La construcción de China como enemigo es la apuesta política de Donald Trump para su reelección en noviembre. Los movimientos en inteligencia militar dibujan el rastro de una escalada del conflicto desde su faceta comercial y mediática.
Enfoques
Afectos y fragilidad: diario de la pandemia
Una íntima crónica fotográfica desde Guayaquil, Ecuador.
La semana política
Colchones y suelos
Fomento anuncia un plan para poner suelo público a disposición del sector privado a coste cero. Ada Colau ofrece 1.200 euros mensuales a los propietarios de pisos turísticos para solucionar temporalmente la necesidad de familias vulnerables. El sector de la inversión inmobiliaria no se inmuta con la crisis, convencido de que nadie va a tocar sus privilegios.
Últimas
Elecciones 12 de julio (País Vasco y Galicia)
El Gobierno vasco impide votar a al menos 200 personas en las elecciones del domingo
Tanto si presentan síntomas activos como si se encuentran asintomáticas, las 200 personas que actualmente tienen covid-19 no podrán acudir a los colegios electorales el 12 de julio. Los contactos estrechos de los positivos, otras 500 personas, deberán ir con la papeleta desde casa, si es que la tienen.
Urbanismo
El hotel de cala San Pedro recibe un dictamen ambiental negativo
Contigo empezó todo
Los españoles antifascistas presos de la Inglaterra antifascista
En 1945, 226 presos españoles que habían pasado por campos de concentración en Francia acabaron siendo acusados por las autoridades británicas de colaborar con los nazis.
Sanidad
Médicos MIR del País Valencià irán a la huelga desde el 21 de julio
El colectivo de Médicos Internos Residentes (MIR) de los servicios públicos sanitarios valencianos anuncia huelga indefinida a partir del 21 de julio.