Análisis
De Magaluf a Ceuta: la instrumentalización política de la violencia sexual

La violencia sexual no adquiere el mismo significado político en todos los contextos ni todas las agresiones sirven para construir una amenaza sobre la población entre la que se producen. Basta con mirar lo que ocurre cada verano en algunos de los principales destinos turísticos del Estado.

Durante los tres primeros meses de 2025, el Ministerio del Interior registró siete delitos contra la libertad sexual en Calvià, el municipio mallorquín al que pertenece Magaluf. Entre abril y junio fueron 17 y entre julio y septiembre, 29. En Marbella, los registros pasaron de 21 durante el primer trimestre a 24 en el segundo y 41 en el tercero; en Benidorm, de diez a 18 y después a veinte; en Lloret de Mar, de siete a nueve y finalmente a 22. La curva no se limita a infracciones agrupadas bajo una categoría demasiado amplia para saber de qué estamos hablando: entre enero y septiembre hubo once agresiones sexuales con penetración en Calvià, 17 en Marbella, otras 17 en Benidorm y 21 en Lloret. Solo entre julio y septiembre se registraron tres en Calvià, nueve en Marbella, siete en Benidorm y trece en Lloret.

Los datos proceden de los balances trimestrales de criminalidad del Ministerio del Interior y requieren varias precauciones antes de extraer conclusiones. Son infracciones conocidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y no equivalen al conjunto de la violencia sexual que se produce, sometida además a una importante infradenuncia. Interior publica cifras acumuladas, por lo que los datos correspondientes a cada trimestre se obtienen restando los acumulados sucesivos, y los propios balances advierten de que se trata de datos pendientes de consolidación. Tampoco sabemos, a partir de estas estadísticas, quién cometió esos delitos, si era turista, residente, trabajador temporal o visitante nacional. Ni necesitamos saberlo.

La utilidad de estos datos no está en atribuir la violencia sexual al turismo, mucho menos en construir una supuesta peligrosidad de las personas extranjeras que pasan sus vacaciones en España. Está en observar otra cosa

La utilidad de estos datos no está en atribuir la violencia sexual al turismo, mucho menos en construir una supuesta peligrosidad de las personas extranjeras que pasan sus vacaciones en España. Está en observar otra cosa. Calvià, Marbella, Benidorm o Lloret de Mar son territorios atravesados cada año por una enorme movilidad de población, buena parte de ella internacional, y durante los meses de mayor intensidad turística registran cifras importantes de delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, esos datos no suelen utilizarse para elaborar una teoría sobre quienes llegan. No convierten al turista en una categoría criminológica ni sirven para cuestionar políticamente la legitimidad de su movilidad. Las agresiones sexuales no se proyectan sobre millones de personas que comparten con un eventual agresor una nacionalidad, una procedencia geográfica o simplemente la condición de visitantes.

En Ceuta está ocurriendo algo muy distinto. Desde el inicio de la crisis migratoria del pasado 30 de julio, la Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración. Nueve de las víctimas son menores de edad. Son cifras graves que exigen una respuesta institucional capaz de proteger a las víctimas, investigar cada agresión y exigir responsabilidades a quienes las hayan cometido, pero también una respuesta feminista que incorpore estas violencias a su agenda y sea capaz de interrogar las condiciones en las que se han producido.

Reconocerlo no obliga, sin embargo, a aceptar la operación política que se ha construido alrededor de ellas: convertir la violencia sexual en información sobre la población que acababa de cruzar la frontera y utilizarla para alimentar un debate sobre inmigración, seguridad y amenaza. Las agresiones han convivido durante semanas con el recurrente “¿dónde están las feministas?” y con discursos que han encontrado en los cuerpos de las víctimas un nuevo argumento para señalar a quienes llegan.

Los últimos datos conocidos hacen todavía más difícil sostener esa asociación. De los ocho presuntos autores identificados hasta el momento por la Fiscalía, cuatro son marroquíes, tres españoles y uno belga. La distribución no permite extraer ninguna conclusión estadística sobre nacionalidades, entre otras cosas porque hablamos de ocho personas y porque siguen existiendo agresiones cuyo autor no ha sido identificado. Pero sí permite formular una pregunta política: ¿por qué unas agresiones sexuales han podido ser presentadas como una consecuencia de la llegada de población migrante cuando los propios datos disponibles no permiten establecer esa correspondencia?

No se trata de averiguar dónde hubo “más” violencia ni de enfrentar a turistas y migrantes en una competición absurda por determinar qué población agrede más, sin de valorar qué hacemos política y mediáticamente con la violencia sexual 

Comparar directamente las cifras de Ceuta con las de Calvià, Marbella, Benidorm o Lloret sería metodológicamente tramposo. No hablamos de las mismas ventanas temporales, ni de poblaciones equivalentes, ni siquiera exactamente de las mismas categorías estadísticas. Tampoco conocemos toda la violencia sexual que no llegó a denunciarse en ninguno de esos territorios. No se trata, por tanto, de averiguar dónde hubo “más” violencia ni de enfrentar a turistas y migrantes en una competición absurda por determinar qué población agrede más. La comparación relevante se encuentra en otro lugar: en qué hacemos política y mediáticamente con la violencia sexual cuando aparece en contextos atravesados por movilidades humanas diferentes.

Porque el turismo también es movilidad internacional. Millones de personas atraviesan fronteras cada año para ocupar temporalmente territorios en los que no residen. La extranjería, sin embargo, no convierte por sí misma esa movilidad en sospechosa. La diferencia difícilmente puede comprenderse sin la estructura racial y colonial que históricamente ha ordenado quién puede desplazarse, desde dónde y bajo qué condiciones sin que su movimiento sea leído como una amenaza. La frontera no distribuye únicamente posibilidades jurídicas de entrada: distribuye legitimidad. Hay cuerpos cuya movilidad se desea, se promociona y se subvenciona, y cuerpos cuya movilidad se vigila, se externaliza, se devuelve y se convierte en problema de seguridad.

Pero el racismo no explica por sí solo toda la diferencia. También interviene la aporofobia. Quien llega como turista extranjero lo hace investido de capacidad de consumo. Paga alojamiento, restauración, transporte y ocio; su presencia genera indicadores económicos que administraciones y empresas utilizan para medir el éxito de una temporada. Los territorios turísticos compiten por atraerlo y destinan recursos a facilitar su llegada. Quien cruza una frontera empobrecido o necesitado de protección ocupa una posición radicalmente distinta. La nacionalidad importa, la racialización importa, pero también importa con qué recursos se llega y qué relación económica establece ese cuerpo en movimiento con el territorio que lo recibe. Raza y clase se cruzan así con una economía política que convierte unas movilidades en deseables y otras en amenazantes.

Esa relación económica ayuda también a comprender qué sucede cuando la violencia sexual aparece en destinos dependientes del turismo. Las investigadoras Columba Achilleos-Sarll y Nicola Pratt han analizado en International Affairs la economía política de la violencia sexual y de género en los destinos de turismo de fiesta. Su trabajo desarrolla el concepto de “burbuja turística” para estudiar espacios organizados alrededor de una industria que depende de mantener determinados territorios como lugares atractivos para el consumo y señala algo particularmente relevante para esta comparación: en economías fuertemente dependientes del turismo existen presiones para proteger la reputación del destino y preservar los ingresos que genera. La violencia sexual no desaparece, pero existe un interés económico en impedir que pase a definir el lugar.

No hace falta sostener que los 29 delitos contra la libertad sexual registrados entre julio y septiembre en Calvià fueran cometidos por turistas para observar el mecanismo. Precisamente porque no conocemos la identidad de sus autores, nadie utiliza esas cifras para preguntarse qué clase de personas estamos dejando entrar en Mallorca. Los 41 delitos registrados durante esos mismos tres meses en Marbella no producen una sospecha colectiva sobre la población que llega a la Costa del Sol. Las trece agresiones sexuales con penetración registradas en Lloret entre julio y septiembre no convierten el turismo internacional en una amenaza sexual para las mujeres. La violencia puede preocupar, investigarse y producir políticas de prevención sin que de ella se deduzca la peligrosidad de una población entera.

La capacidad para distinguir entre responsabilidad individual y pertenencia colectiva, por tanto, existe. Lo que cambia es sobre quién estamos dispuestas a aplicarla. Cuando un hombre español comete una agresión sexual, no entendemos que su nacionalidad explique el delito ni exigimos a los hombres españoles que respondan públicamente por él. Cuando se registra una agresión sexual en un destino saturado de visitantes extranjeros, no consideramos necesario investigar la nacionalidad de cada uno de los agresores para decidir si el turismo representa un peligro. Pero cuando el presunto autor es un hombre migrante, racializado y especialmente si es musulmán, su procedencia puede dejar de funcionar como un dato biográfico para convertirse en una explicación.

Sara R. Farris conceptualizó como “femonacionalismo” precisamente la convergencia entre discursos nacionalistas y xenófobos y determinadas apelaciones a los derechos de las mujeres. Su análisis muestra cómo la igualdad de género puede ser apropiada por proyectos políticos que presentan a los hombres musulmanes y migrantes como particularmente peligrosos para las mujeres occidentales, mientras construyen simultáneamente a Occidente como un espacio de igualdad amenazado desde fuera. No es necesario negar que un hombre migrante pueda ejercer violencia sexual para cuestionar ese dispositivo; hacerlo sería tan absurdo como negar que pueda ejercerla un hombre español. Lo que hay que interrogar es el desplazamiento mediante el cual la responsabilidad por una agresión deja de recaer exclusivamente sobre quien la comete y se extiende hacia el grupo racial, cultural o nacional al que pertenece.

Ese desplazamiento tiene una genealogía colonial. La protección de “nuestras mujeres” frente a los hombres racializados ha formado parte durante mucho tiempo de las tecnologías morales con las que Europa ha legitimado jerarquías, fronteras e intervenciones sobre otras poblaciones. El hombre no blanco aparece construido como portador de una sexualidad especialmente peligrosa; las mujeres se convierten entonces en territorio simbólico sobre el que demostrar la superioridad moral de quien dice protegerlas. La operación resulta particularmente eficaz porque parte de una violencia real. No necesita inventar la agresión: necesita seleccionar qué significado político le atribuye.

Por eso el “¿dónde están las feministas?” que ha acompañado a las agresiones de Ceuta merece ser analizado más allá de su evidente oportunismo. La pregunta no reclama simplemente atención para las víctimas. Si así fuera, la preocupación por la violencia sexual tendría continuidad cuando el agresor es español, cuando sucede dentro de la pareja, cuando ocurre en una discoteca de Magaluf o cuando quien la sufre es una trabajadora migrante. Lo que hace esa interpelación es exigir al feminismo que ratifique una interpretación previa: que la violencia ocurrida demuestra algo sobre la inmigración y que negarse a aceptar esa conclusión equivale a abandonar a las mujeres.

Ahí reside una de las trampas más eficaces del femonacionalismo. Obliga a escoger entre denunciar la violencia sexual y rechazar su instrumentalización racista, como si ambas posiciones fueran incompatibles. No lo son. Las 23 agresiones registradas en Ceuta importan por las 23 agresiones, no por la utilidad que puedan tener para defender una política migratoria. Las víctimas no necesitan que su experiencia se transforme en argumento fronterizo para que la violencia sufrida sea reconocida como intolerable. Tampoco las cuatro personas marroquíes identificadas como presuntas autoras hasta ahora representan a quienes atravesaron la frontera, del mismo modo que los tres españoles investigados no representan a la población española ni el ciudadano belga a quienes llegan desde Bélgica.

La comparación con los territorios turísticos permite precisamente hacer visible ese mecanismo sin construir una equivalencia falsa entre fenómenos muy diferentes. Una movilidad está atravesada por el privilegio de poder desplazarse para consumir; la otra, por la desigualdad global que empuja a desplazarse y por un régimen fronterizo que distribuye de manera profundamente desigual el derecho efectivo a hacerlo. Una genera rentabilidad y existe un entramado económico interesado en protegerla; la otra se ha convertido en materia prima de proyectos políticos que obtienen rentabilidad electoral de representarla como amenaza. En una, la extranjería puede desaparecer casi por completo de la explicación de la violencia. En la otra, puede terminar explicándolo todo.

Nada de esto obliga a minimizar una sola agresión sexual ocurrida en Ceuta. Una crítica feminista y antirracista que necesitara restar gravedad a esas violencias para combatir su instrumentalización estaría construida sobre una contradicción insostenible

Nada de esto obliga a minimizar una sola agresión sexual ocurrida en Ceuta. Una crítica feminista y antirracista que necesitara restar gravedad a esas violencias para combatir su instrumentalización estaría construida sobre una contradicción insostenible. Se trata justamente de tomarlas suficientemente en serio como para negarse a que los cuerpos de quienes las han sufrido sean utilizados como frontera. Denunciar una agresión sexual exige señalar al agresor, las condiciones que hicieron posible la violencia, las responsabilidades institucionales y las necesidades de quien la sufrió; no convertir la procedencia de un presunto autor en una teoría sobre cientos o miles de personas.

Los datos de Calvià, Marbella, Benidorm o Lloret no demuestran que los turistas ejerzan más violencia sexual que las personas migrantes, ni permiten saber siquiera qué proporción de esos delitos fue cometida por visitantes. No sirven para eso y utilizarlos de esa manera reproduciría exactamente la lógica que se pretende cuestionar. Sirven para mostrar algo diferente: somos perfectamente capaces de convivir con cifras importantes de violencia sexual en territorios atravesados por una enorme movilidad internacional sin convertir automáticamente esa violencia en una acusación contra quienes se desplazan hasta ellos. Cuando esa capacidad desaparece ante determinados cuerpos, conviene dejar de mirar el pasaporte del agresor como si contuviera la explicación y empezar a mirar las estructuras que deciden qué movilidades merecen ser recibidas y cuáles pueden ser convertidas en amenaza.