Crecen un 2,3% las condenas por violencia de género en el primer trimestre de 2018

Durante el primer trimestre de 2018, los órganos judiciales españoles han dictado un total de 12.975 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,5% (8.892) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 2,3 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, cuando fueron un 66,2% del total.

Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 84,1%, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 81%. Un 58% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

Menos denuncias y menos víctimas

Un total de 37.829 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 39.586 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2018, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las denuncias presentadas registran una disminución del 2,3% con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 40.509. Asimismo, disminuyó en un 0,5% el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2017 fue de 38.018.

Entre enero y marzo, 26.283 de las víctimas eran españolas (un 69,5%) y 11.546, extranjeras (un 30,5%). Casi un 68% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: el incremento de las medidas judiciales tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, y de manera notoria las órdenes de protección concedidas, que llegan casi al 69% del total de órdenes solicitadas.

Menos solicitudes y más concesiones de órdenes de protección

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.455 órdenes de protección en los órganos judiciales, disminuyendo así la cifra de 10.690 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.
Un total de 9.104 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone una disminución del 3,54% respecto al primer trimestre de 2017, cuando se solicitaron 9.438 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 68,7% de las órdenes de protección solicitadas (6.254 adoptadas frente a 9.104 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un incremento de un punto respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 67,7% de las órdenes de protección solicitadas.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.410 (un 70 %) correspondieron a mujeres españolas y 2.694, a extranjeras. 258 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 3% del total.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.351), se acordaron 1.047, un 77% (cinco puntos más que en el año anterior). En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas. Un dos por ciento de las solicitudes se referían a mujeres menores de edad.

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.984 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así la cifra de 3.851 medidas adoptadas el año anterior.
De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.137) y de prestación de alimentos (1.409). En 298 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 206 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 14.881, de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.758 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 5.513 casos. Se adoptaron asimismo 350 medidas privativas de libertad.