Venezuela
La izquierda parlamentaria acusa al Gobierno de tibieza ante el ataque de EEUU a Venezuela

Dos días después de la primera intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina en 36 años y el primer secuestro de un presidente de la historia en América del Sur, diversas voces, potencias y líderes políticos intentan dimensionar la consecuencias de unos hechos que han sacudido a la comunidad internacional.   

El presidente chino, Xi Jinping, declaraba este lunes 5 de enero, que el mundo “está atravesando un periodo de turbulencia y cambio” en el que “las acciones unilaterales y de intimidación están afectando gravemente el orden internacional”. El Gobierno chino, que condena sin matices la intervención, pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa. 

La ilegalidad de la acción militar llevada a cabo por EEUU ha sido confirmada por el fiscal fundador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien considera que el secuestro de Maduro supone un “crimen de agresión”, que, según el Estatuto de Roma, implica la “planificación, preparación, iniciación o ejecución de un acto de agresión” por parte de líderes políticos o militares. 

El Gobierno de España, en un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay lanzado el 4 de enero mostró su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional”. Unas acciones que violan la Carta de las Naciones Unidas y que constituyen “un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

Aunque no menciona ni una vez a Estados Unidos, la declaración supone un avance frente a la primera posición del Ministerio de Exteriores español, que había llamado a la “desescalada”, a la “moderación” y al respeto de la legalidad internacional.

Una evolución semejante experimentó el discurso del presidente Pedro Sánchez, que se limitaba a apelar a la “desescalada” y la “responsabilidad”. Después de una ola de críticas a su primer mensaje en redes sociales, en la tarde del 3 de enero, moduló hacia una postura más crítica, pero no menos ambigua: según escribía en X/Twitter, España “tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.

En el mensaje de Sánchez no queda claro qué es lo que no reconoce: si la intervención para secuestrar a Maduro o las intenciones de Trump de tomar el control de Venezuela y de sus recursos naturales. En la carta a la militancia del PSOE, lanzada el 4 de enero por la mañana, Sánchez utiliza la palabra “condena” por primera vez, aunque tampoco aparece ninguna referencia a Estados Unidos ni ningún tipo de posible consecuencia por las acciones militares que violan la Carta de las Naciones Unidas. 

La posición de la Unión Europea quedó fijada un día después del ataque con una declaración de la Alta Representante de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, apoyada por 26 Estados miembros. En la declaración, los países de la UE “recuerdan” que la legalidad internacional debe cumplirse, aunque “comparten la prioridad de combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas internacional”. En una rueda de prensa realizada el 5 de enero por la mañana, la Comisión Europea ha apostado por una “transición democrática” en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González.

La posición del Gobierno y la Unión Europea ha sido criticada por la izquierda parlamentaria. Para la líder de Podemos Irene Montero, la postura del Gobierno de España y la UE resulta “moralmente insoportable”, además de “imprudente”, ya que pone en peligro al resto del mundo. “No solo no menciona que el agresor es Estados Unidos sino que se habla de Venezuela justificando la agresión”, decía un vídeo el 4 de enero. Para la eurodiputada morada, “bombardear un país y secuestrar a su presidente es una agresión completamente ilegal que viola el derecho internacional. No solamente Europa y España deberían condenarlo, sino que deberían romper las relaciones con EEUU, empezando por la salida de la OTAN”.

La vicepresidenta y líder de Sumar Yolanda Díaz calificaba la agresión estadounidense como “un paso más en la destrucción del derecho internacional” y pedía que la UE  asumiera un “papel activo en la defensa de la soberanía del pueblo venezolano”. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, hablaba en un post en Bluesky sobre los cambios en el orden mundial, muy lejos de la retórica de la UE y el Ministerio de Exteriores: "Venezuela hoy da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias. Un mundo de siervos en el que nadie esté a salvo”.

Tanto Podemos y Sumar, como EH Bildu, ERC, BNG y Compromís han solicitado la comparecencia urgente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre la posición del Gobierno. Aunque esta comparecencia todavía no se ha producido, Albares ha calificado la intervención militar como un “precedente muy peligroso para el futuro” en una entrevista en la cadena SER. “No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte", declaró el ministro, quien afirmó que le “hubiera gustado un comunicado más duro de la UE”.