Opinión
Las claves del pacto energético Washington-Caracas: entre la perplejidad y el sentido común

Buena parte de la izquierda internacional más militante tenía fuertes expectativas en una resistencia sin cuartel desde Venezuela ante los ataques más que esperados de Estados Unidos. Posiblemente creyeron con fe en la propaganda oficial de Caracas, que no tenía mayor sustento. Ante el pesimismo y las acusaciones de entreguismo a las nuevas autoridades que han decidido aliarse a Washington, vale recordar dos cosas. Primero, que muchas fuerzas del chavismo aún se mantienen activas en el territorio y sin sufrir bajas; segundo, que la situación de Estados Unidos es quizá tan incierta como la del país caribeño. Conclusión apresurada: cualquier cosa (aún) podría suceder.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El crujir de los surtidores de gasolina y sus altos precios, así como el desastre que ha causado el presidente Donald Trump en Irán y en toda la región, han hecho el mundo cada vez más impredecible y el talón de Aquiles del capitalismo sigue siendo el abastecimiento de hidrocarburos. Por su parte, el pueblo venezolano no tenía expectativas de inmolarse, mucho menos en nombre de la “moral revolucionaria”. Sobre todo cuando las declaraciones de sus aliados internacionales demostraron ser insuficientes para impedir el bloqueo total a las costas venezolanas, tal como ocurrió en diciembre del año pasado.  

¿Para qué nos sirve tener las reservas más grandes del mundo en petróleo si Washington ha prohibido a todos los países comprarlo y estos no han podido hacer nada más que aceptar su imposición? Este es el sentido común que recorre los nuevos discursos oficiales. Este acuerdo es una consecuencia de una nueva condición en la que Washington ha retomado el protagonismo y el dominio sobre América. Independientemente de los deseos, por ahora no hay fuerzas que puedan resistirse a esta nueva situación.

El contexto venezolano

La encrucijada energética que atraviesa Venezuela no comenzó con la agresión militar del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses bombardearon puntos estratégicos en Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro. La erosión del modelo petrolero estatal acumula más de una década de fragilidad estructural, marcada por crisis de gestión e inestabilidad directiva en Petróleos de Venezuela (PDVSA), con la judicialización sucesiva de cuatro de sus altos directivos en apenas cinco años, la irrupción del crudo de esquisto en el mercado internacional —que llevó a una bajada de precios—, y una severa recesión macroeconómica caracterizada por dinámicas hiperinflacionarias que produjo una emigración sin precedentes y el hambre y la precariedad como forma de vida, mientras nuevas clases altas exponían una nueva manera grosera de diferenciación social. El expresidente Nicolás Maduro se mantenía seguro en el poder, pero su legitimidad se disolvía, especialmente luego de su respuesta represiva ante los resultados de las presidenciales de 2024.

Buena parte de la izquierda internacional más militante tenía fuertes expectativas en una resistencia sin cuartel desde Venezuela ante los ataques más que esperados de Estados Unidos

A este complejo panorama se añadió el factor más asfixiante: el régimen de sanciones coercitivas unilaterales dictado por el Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) entre 2017 y 2019. Este bloqueo aceleró el desplome de la producción desde los 2,4 millones de barriles diarios en 2015 hasta pisos drásticos cercanos a los 350.000 en 2020, coincidiendo con la parálisis del comercio global durante la pandemia. 

La imposibilidad de comercializar el crudo en los circuitos formales —debido al sobrecumplimiento y al temor a las represalias de Washington de las corporaciones multinacionales, incluyendo las de países aliados a Caracas— forzó el desplazamiento de las operaciones hacia mercados secundarios e informales con descuentos de entre 20 y 30 dólares por barril. Esta dinámica mermó el margen de retorno fiscal y alcanzó una fase crítica hacia finales de 2025, cuando la Armada estadounidense comenzó a capturar y decomisar buques tanqueros de diversas banderas que transportaban crudo venezolano en aguas internacionales. Nadie pudo hacer nada ante semejante atropello.

Incluso, tras los acontecimientos de enero de 2026, la apertura del eje Washington-Caracas no ha derivado en un alivio sustancial para la población. A pesar de la reactivación paulatina de los flujos de exportación, la economía real no registra impactos redistributivos: la curva de extracción se mantiene acotada y los ingresos fiscales extraordinarios son reducidos, contradiciendo los discursos triunfalistas de Trump sobre los volúmenes obtenidos y el pretendido bienestar social en la nación caribeña. Pero la otra opción, la de resistir los embates guerreristas, no parece ser racional, al menos en esta parte del globo terráqueo. 

La urgencia del Norte: el contexto estadounidense

Al mismo tiempo, la economía estadounidense enfrenta tensiones estructurales ligadas al agotamiento de sus reservas estratégicas de petróleo, en sus mínimos históricos desde 1983, sumadas a la vulnerabilidad en la cadena de suministro provocada por la inestabilidad en Oriente Medio. La escalada bélica contra Irán promovida por la Casa Blanca —en abierta contradicción con sus propios documentos de seguridad nacional orientados al control prioritario del continente americano— ha generado una alta volatilidad internacional. El precio de los derivados se ha disparado en el mercado interno de EEUU: el galón (3,7 litros) de gasolina ha trepado por encima de los 4,50 dólares en la antesala de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre de 2026. 

El bloqueo en pasos marítimos neurálgicos como el estrecho de Ormuz, acompañado del riesgo en Bab el-Mandeb —colindante con Yemen— alteró la estabilidad del comercio energético planetario. Frente a este escenario, Washington recalculó su postura hacia Caracas para forzar un esquema de emergencia mediante licencias operativas. El objetivo de fondo es estabilizar el costo de los combustibles en su mercado doméstico, aplacar el malestar de los consumidores votantes y proyectar una imagen de seguridad energética en un contexto de alto riesgo geopolítico. 

Tras los acontecimientos de enero de 2026, la apertura del eje Washington-Caracas no ha derivado en un alivio sustancial para la población venezolana

En este contexto se enmarca el anuncio del Acuerdo Marco Energético Bilateral. La administración Trump asegura haber asumido la supervisión operativa sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en suelo venezolano sin costos directos para el contribuyente norteamericano. Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, matizó la narrativa de la Casa Blanca ratificando que la soberanía de los yacimientos sigue en manos del Estado. Precisó que el convenio contempla un horizonte de 25 años y proyecta elevar la producción por encima de los 1,5 millones de barriles diarios, atrayendo inversiones estimadas en 100.000 millones de dólares e ingresos proyectados para la nación superiores a 209.000 millones de dólares. 

Según lo expuesto por la representación venezolana, la renta neta por barril para el Estado se situaría en torno a los 19 dólares, bajo un escenario de cotización promedio de 65 dólares por unidad. No obstante, se mantiene la opacidad respecto a la distribución de las plusvalías restantes y la nómina de corporaciones operadoras. En lugar de la entrada masiva de las grandes multinacionales tradicionales, el formato acelerado sugiere la participación de operadoras independientes y firmas de mediano alcance. Esto puede ser considerado una entrega, pero si por los números vamos, una mucho mejor que la que se tenía con el esquema anterior con los aliados que aprovecharon las sanciones para comprar a menor costo, cobrarse la deuda y sin inversiones de envergadura, por no recordar las constantes y opacas entregas que proveían petróleo en contraposición a servicios no clarificados. 

Por supuesto, la alianza con Estados Unidos no es ingenua de parte de éste. Va a intentar por todos los medios debilitar al chavismo, hacerse con el petróleo, controlar el país, obtener información para entregar el país a sus reales aliados de la derecha. Pero por lo pronto, y allí se evidencia la fortaleza del chavismo, ha preferido no hacer tabula rasa sino, más bien, sentarse a negociar y con ello, dejar perplejos a quienes pensaron que una intervención militar traería la “democracia occidental” a Venezuela.    

Pese a la falta de transparencia en los mecanismos de auditoría y gestión de fondos del Acuerdo, diversos sectores locales perciben la medida con expectativas pragmáticas ante la urgente necesidad de capital para recomponer la infraestructura petrolera y, de manera prioritaria, frenar el colapso de la red eléctrica nacional que ya se traduce en decenas de protestas cotidianas, aún dispersas pero con creciente malestar.  

Reacomodos políticos y perplejidad ideológica

El pacto energético ha desarticulado los alineamientos tradicionales de la política local. El esquema clásico de polarización se encuentra fragmentado: facciones de ambos lados del espectro político coinciden tanto en cuestionar la retórica injerencista de la Casa Blanca como en avalar pragmáticamente las ventajas comerciales de la flexibilización. Sectores de la derecha conservadora que promovieron sistemáticamente la presión externa y la intervención de EEUU critican hoy duramente a Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio. En contraste, sectores del oficialismo con discurso antiimperialista justifican la validez del acuerdo en nombre de la sostenibilidad económica. 

Según lo expuesto por la representación venezolana, la renta neta por barril para el Estado se situaría en torno a los 19 dólares, bajo un escenario de cotización promedio de 65 dólares por unidad

En el ámbito productivo y social, diversos analistas convergen en que este esquema representa la vía más inmediata para oxigenar la industria y estabilizar el suministro eléctrico, en medio de una crisis de servicios que castiga a las regiones con prolongadas interrupciones diarias. 

A escala regional, el viraje venezolano envía una señal preocupante para las fuerzas progresistas latinoamericanas. Quien fuera el eje del ciclo soberanista de principios de siglo y poseedor de los mayores yacimientos del planeta deja al descubierto los reducidos márgenes de autonomía que conservan las economías de esta parte del mundo para sostener proyectos de resistencia ante las dinámicas de cercamiento geoeconómico del capital financiero.

Este acuerdo no representa una paz duradera ni un modelo de desarrollo perdurable, sino la adaptación de dos administraciones acorraladas por sus propios límites: un gobierno acosado que sacrifica margen soberano para sostener la operatividad básica del Estado ya colapsado, y un imperio que utiliza toda un acumulado tecno-militar para acorralar y negociar a su favor la extracción, y así intentar mitigar la inflación interna que amenaza su gobernabilidad. En un sistema-mundo convulso donde las certezas geoeconómicas se disuelven, este pacto no es una solución estructural, sino una tregua precaria sensible a los vaivenes de las urnas en el Norte y a las debilidades no resueltas en el Sur.

Finalmente Venezuela no ha sido Irán, y es que el pueblo venezolano nunca escogió serlo. En esta parte del mundo el poder estadounidense sigue desplegado sin atisbo de oposición y la inmolación no forma parte del imaginario, mucho menos con las fuerzas sociales y militares intactas y con una fragilidad interna por parte del adversario estadounidense. Aunque las negociaciones se piensen en el largo plazo, cualquier cosa podría pasar, en el Caribe o en el norte: nada está cantado.