Análisis
Acuerdo Venezuela-EEUU: petróleo al servicio de la geopolítica imperial

El pasado viernes 28 de agosto, el Gobierno de Donald Trump y el actual Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, anunciaron un acuerdo petrolero que pone a disposición de EEUU 17 campos petrolíferos venezolanos. En el nuevo clima de eufemística cooperación diplomática entre los dos países que se ha generado tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, no sorprendió que ambos países dieran un paso más en el control estadounidense de los recursos venezolanos, pero sí causó resquemor, tanto entre filas chavistas como opositoras, saber que EEUU explotará el 20% de las reservas petroleras venezolanas sin haberse producido un debate o consulta previa.

Ante la ausencia inicial de cualquier documento, surgieron las especulaciones, lo que llevó a que tanto la presidenta encargada como la Casa Blanca, salieran a ofrecer más detalles. Pero, como en el anuncio de otras decisiones políticas en los meses precedentes, las versiones de ambas administraciones difieren. Mientras EEUU habla del “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” que consagrará la seguridad energética estadounidense, Delcy Rodríguez pone el acento en el “renacimiento económico del país”, el mantenimiento de la soberanía sobre el petróleo y la justificación de la cooperación con el país agresor, a fin de lograr la inversión y producción necesaria para el bienestar del pueblo venezolano.

La necesidad de presentar los acuerdos, también este, como mutuamente beneficioso para ambas partes no puede ocultar las condiciones asimétricas en que se ha dado, por no hablar de la coerción a la que están sometidas las autoridades venezolanas

La diferencia de perspectivas forma parte del relato que cada gobierno quiere posicionar en una guerra de propaganda cruzada que se viene produciendo desde el 3 de enero. Dada la naturaleza antagónica de los actores, cada uno debe justificar ante sus bases el pragmatismo y una colaboración sui géneris. Sin duda, el “doblepensar”, la falta de claridad y de transparencia, así como actuaciones que van contra lo esperado, son parte del nuevo momento en las relaciones entre EEUU y Venezuela. La necesidad de presentar los acuerdos, también este, como mutuamente beneficioso para ambas partes no puede ocultar las condiciones asimétricas en que se ha dado, por no hablar de la coerción a la que están sometidas las autoridades venezolanas, a pesar de sus contradictorios discursos de autoafirmación soberana. En todo caso, pese al inexistente debate político previo, y a los pocos detalles que han trascendido, la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez refrendó el acuerdo con la abstención de los diputados opositores.

Petróleo venezolano al servicio del imperio

A pesar de la opacidad, poco a poco van saliendo algunos datos que muestran la magnitud, profundidad e impacto geopolítico del acuerdo petrolero. Sea un contrato por 100 o por 25 años, los 17 campos petrolíferos concesionados tienen reservas de 65.000 millones de barriles de petróleo, equivalentes al 85% de las reservas estadounidenses, calculadas en 74.000 millones de barriles. Esto llevaría a EEUU a, prácticamente, duplicar sus provisiones en un contexto de inestabilidad energética por la guerra Rusia-Ucrania y la guerra contra Irán, tercer país en reservas del mundo, cuyo control del estrecho de Ormuz ha trastocado el mercado y disparado los precios de la gasolina, un tema muy sensible para el electorado estadounidense a meses de las midterm.

Por su parte, Venezuela, que ostenta las principales reservas petroleras probadas del mundo con 303.000 millones de barriles, facilita a EEUU la explotación de la quinta parte de ellas a cambio de una inversión privada de más de 100.000 millones de dólares y 200.000 millones de dólares en regalías. Esto ayudará a la reconstrucción post-terremoto en Venezuela, calculada en 20.000 millones de dólares y a que la industria petrolera venezolana se recupere del impacto de años de medidas coercitivas unilaterales que redujeron su producción al mínimo.

La Casa Blanca pretende financiar sus guerras y afianzarse en la carrera por el control del petróleo y los recursos estratégicos frente a China. El complejo militar industrial se frota ya las manos

Pero el acuerdo también contribuirá a que EEUU se posicione mejor frente a otros competidores geopolíticos. Según la ficha informativa publicada por la Casa Blanca el 31 de agosto, el “dominio energético” de EEUU no tendrá costo para los ciudadanos estadounidenses al producirse a través de una empresa intermediaria venezolana, la North American Blue Energy Partners (NABEP), que proporcionará a la potencia la garantía de adquirir petróleo barato. Generosamente, NABEP ha ofrecido al Departamento de Guerra el 35% de sus acciones, lo que explica que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sea uno de los dos firmantes del acuerdo, junto al secretario de Estado, Marco Rubio. El Departamento de Estado, por su parte, podrá comprar el 20% de la producción actual y futura de NABEP a costo de producción. Con ello, la Casa Blanca pretende financiar sus guerras y afianzarse en la carrera por el control del petróleo y los recursos estratégicos frente a China. El complejo militar industrial se frota ya las manos.

La NABEP se convertirá en la segunda mayor empresa petrolera mundial de propiedad privada. A su mando está Alejandro Betancourt, cuyo historial de causas abiertas por fraude fiscal en diversos países no ha impedido que Marco Rubio le otorgue su aval. Betancourt ejemplifica a las burguesías coloniales que retrató Frantz Fanon. Pondrá la empresa al servicio del Gobierno de EEUU, que tendrá derecho de veto en una junta directiva cuyos miembros deberán ser en su mayoría estadounidenses. La misma nacionalidad que tendrán sus auditores, abogados y asesores. Por si fuera poco, el acuerdo se regirá bajo legislación estadounidense y estará sometido a sus tribunales.

El cambio en la política petrolera chavista

Más allá de los aspectos novedosos o de la complejidad financiera, resulta evidente el carácter neocolonial del acuerdo, enmarcado en el plan de tres fases de EEUU para Venezuela: estabilización, reconstrucción y transición democrática. El Estado venezolano ve reducida su renta, revirtiendo la política petrolera de Hugo Chávez quien, tras llegar a la Presidencia, articuló dentro de la OPEP un alza del precio del crudo que favoreciera a los países productores. Además, promulgó en 2001 una Ley Orgánica de Hidrocarburos que blindó el control estatal de la industria petrolera reservando más del 50% de la propiedad a PDVSA en la explotación de empresas mixtas. Dicha ley, entre otras, explican el golpe de Estado en su contra de abril de 2002. El fracaso del golpe llevó a otras estrategias como el lock out empresarial, con la colaboración de la corrupta burocracia sindical de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), y un paro petrolero que duró casi tres meses.

El control del petróleo a través de su explotación soberana ha sido central en el proyecto chavista. Renunciar a ello es dar la espalda a uno de los puntales, políticos y económicos, de la Revolución Bolivariana. Pero el actual contexto de una Venezuela intervenida en que EEUU se ha arrogado la potestad de disponer de los ingresos petroleros venezolanos promulgando la orden ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, en una muestra más de la extraterritorialidad legal estadounidense, da poco margen para la soberanía. De hecho, a esta orden le sucedió la modificación en Venezuela de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para dar mejores condiciones a la inversión extranjera. Este es el marco legal que rige las concesiones a NABEP.

El país que fue motor de una geopolítica contrahegemónica, que puso generosamente el petróleo a disposición de la integración económica y política de América Latina y el Caribe, ve hoy como su petróleo será usado para apuntalar la posición geopolítica de EEUU

La Venezuela actual no dispone libremente de sus ingresos petroleros, tampoco puede planificar su presupuesto sin supervisión estadounidense ni decidir sobre su política exterior, que está ahora alineada con los intereses estadounidenses. Sus márgenes de autonomía se han reducido drásticamente. El país que fue motor de una geopolítica contrahegemónica, que puso generosamente el petróleo a disposición de la integración económica y política de América Latina y el Caribe, que impulsó mecanismos de concertación Sur-Sur en lógica socialista a través del ALBA-TCP, y que cultivó estratégicas alianzas bilaterales con algunos de los principales retadores a la hegemonía estadounidense, ve hoy como su petróleo será usado para apuntalar la posición geopolítica de EEUU.

El despliegue de la Doctrina Donroe: el acuerdo en perspectiva geopolítica

Como parte de su peculiar política comunicativa en redes, el Departamento de Estado anunció en X que una empresa estadounidense iba a “tomar el control de algunos yacimientos petrolíferos venezolanos anteriormente operados por empresas chinas y rusas”. Este anuncio, aunque forme parte de la propaganda que también pone en segundo plano la ingente cantidad de dinero que necesitarán las empresas estadounidenses para explorar los denominados campos verdes, y los años que se tardará en aumentar la producción venezolana y obtener resultados, no deja de ser sintomático del objetivo geopolítico del acuerdo.

Además de hacer negocio con las reservas petroleras venezolanas, la principal energía del capitalismo fósil en el que todavía vivimos, los EEUU pretenden frenar su declive hegemónico aplicando en Venezuela la ya conocida como Doctrina Donroe. En ella se condensa una idea que han compartido todas las administraciones estadounidenses desde finales del siglo XIX hasta la fecha: la expulsión de los competidores geopolíticos del hemisferio occidental, considerado como su área exclusiva de expansión geoeconómica y geoestratégica. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de diciembre de 2025 lo dejó claro: “Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio”. El mensaje va dirigido principalmente a China, con quien EEUU se encuentra en una competición estratégica a pesar de la aparente distensión de las últimas visitas oficiales entre Trump y Xi Jinping.

Es una gran paradoja ver que son las propias autoridades provenientes del chavismo las que están desmontando el entramado legal que la Revolución Bolivariana armó para defender su soberanía, sus intereses y sus principios

Pero a la disputa geopolítica y al interés por revitalizar el sector energético y manufacturero estadounidense se suma un objetivo ideológico fundamental en el caso de Venezuela: quebrar su posición contrahegemónica acabando con el mal ejemplo del chavismo. El presente acuerdo ha permitido mostrar una cara no conocida de la oposición venezolana, un supuesto patriotismo para defender los recursos petroleros que, meses antes, prometían entregar a las mismas autoridades estadounidenses. Pero es una gran paradoja, digna del interregno del orden internacional que estamos presenciando donde proliferan las relaciones en lógica de geometría variable entre los países del Sur Global, ver que son las propias autoridades provenientes del chavismo las que están desmontando el entramado legal que la Revolución Bolivariana armó para defender su soberanía, sus intereses y sus principios.

A pesar de todas estas transformaciones increíbles, hay algo que se mantiene. Venezuela sigue siendo el laboratorio de vanguardia en las estrategias de intervención estadounidense, un modelo que se ha querido replicar, sin éxito, en Cuba e Irán. Secuestrar al presidente de Venezuela para imponer los intereses estadounidenses sometiendo a su Estado a la categoría de protectorado neocolonial, de la mano de una dirigencia tecnócrata surgida del propio chavismo, es un guion que no vimos venir a inicios de 2026. Resuenan las palabras de Fidel Castro cuando advirtió, en otro contexto y pensando en su país, que además de la acción de los enemigos externos, la Revolución podía también autodestruirse. En manos del pueblo chavista está evitar un escenario tal en Venezuela.