Universidad
Los estudiantes de universidades catalanas deben pagar un 60% más que hace diez años por un curso de grado

El sistema de horquillas que pretende desmantelar el Ministerio de Universidades ha conllevado a que, durante años, los universitarios hayan tenido que asumir el pago de matrículas más o menos altas en función de la comunidad autónoma en la que cursen sus estudios post obligatorios. La medida, que empezó a implantarse en el año 2012/2013, sumada a los recortes en educación, llevó a que, especialmente en algunas comunidades, las universidades ingresaran cada vez más dinero mediante los pagos del alumnado y cada vez menos a través de la inversión de las administraciones públicas. Aunque algunas comunidades autónomas han disminuido los precios de las matrículas de grado o máster en los últimos años, el coste que debe asumir el estudiante se sitúa todavía muy lejos de los niveles de antes de la crisis. 

El catalán Observatori del Sistema Universitari (OSU), una plataforma que desde 2011 documenta y analiza la situación de estas instituciones, ya publicó recientemente una comparación entre comunidades autónomas de los importes públicos de las matrículas en grados, másteres y doctorados durante el curso 2019/2020. Entre las principales conclusiones, en el caso de los grados las comunidades de Madrid y La Rioja registraban precios máximos de primeras matrículas notablemente más elevados que territorios como Andalucía o Galiza, pero es en Catalunya donde se observan los precios más altos: un curso de grado en el presente año académico puede llegar a costarle al estudiante 2.372 euros, y un máster habilitante —necesarios para poder ejercer en determinadas carreras— casi 2.500 euros más.

Un estudiante universitario en Catalunya paga hasta el triple que uno en Andalucía

Lis Gaibar

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Un estudiante universitario en Catalunya paga hasta el triple que uno en Andalucía

Lis Gaibar

El Consejo de Ministros de la semana pasada sentó las bases para eliminar un sistema de horquillas que ha generado sustanciales desigualdades en las matrículas universitarias según la comunidad autónoma en la que se estudie. En la actualidad, un estudiante de grado en Madrid puede pagar más del doble que uno en Andalucía y el precio máximo de la matrícula en Catalunya se acerca al triple de la de Galiza.

Catalunya: la más cara

Además de recoger los precios máximos y mínimos de los estudios superiores en las diferentes comunidades autónomas, el Observatori del Sistema Universitario ha publicado recientemente un informe en el que plasma la evolución de los precios públicos en la primera matrícula —el factor multiplicador en segundas y posteriores matriculaciones, es decir, cuando se suspende la asignatura, aumenta todavía más este importe— en grado, másteres y doctorados de las universidades catalanas. Aunque desde el año 2001, momento en el que aprobó la Ley Orgánica de Universidades, los precios públicos no han dejado de aumentar, la subida notable se produce en el año 2011 y sobre todo en el 2012, periodo coincidente con la reforma que introdujo el mencionado sistema de horquillas. 

Vera Sacristán, investigadora en el OSU, explica que cuando se creó el observatorio el equipo que lo integraba detectó que existía un interés generalizado por el tema de los precios de estudiar en la universidad, con lo que se lanzaron a investigarlo. Justo cuando iba a ver la luz este primer informe del organismo, salió el decreto ley que introducía el sistema de horquillas y se apresuraron a redactar un apartado tratando de estimar qué implicaciones podía tener esa modificación. En base al texto de ley, calcularon un hipotético incremento de precio máximo en universidades catalanas que, sin embargo, resultóalgo mayor. 

Desde 2001 el precio mínimo de un curso de grado (o ciclo) ha aumentado un 76% en Catalunya, casi un 90% el precio máximo

“El Decreto ley decía cuáles eran los márgenes de precios en función del coste del servicio”, explica Sacristán, quien narra que en el OSU hicieron la proyección analizando la estimación, en las distintas universidades, del servicio docente (en proporción a los gastos de cada institución) y cuánto podía atribuirse a investigación y docencia. “Acabó subiendo más de lo que nosotros calculamos, ya que la Generalitat consideró que el límite que tenía era más alto” puesto que, por ejemplo, incluyó en el cálculo del coste todas las retribuciones del personal —independientemente de si se dedicaban a investigación o a docencia—, o el de laboratorios, también los de investigación. Era una interpretación mucho más amplia que la que hicieron en otras comunidades, en parte porque el texto estaba redactado “de una forma bastante imprecisa” y no se concretaba exactamente a qué hacía referencia el “coste de servicio” que permitía aplicar el sistema de horquillas.

Los precios de lo másteres también se han triplicado desde el año 2000, y aquellos que han pasado de la experimentalidad mínima a máster no habilitante también sufrieron un incremento

De hecho, en el reciente estudio, el OSU presenta los datos tanto en euros corrientes como en euros constantes —siendo esta última la metodología más útil para comparar precios en periodos diferentes, ya que son corregidos mediante el factor de la inflación— y, aun acogiéndose a esta última metodología (que se traduce en resultados menos alarmantes), de la comparativa se concluye que, desde 2001 el precio mínimo de un curso de grado (o ciclo) ha aumentado un 76% en Catalunya, casi un 90% el precio máximo; y que, desde 2010, los precios de las matrículas se han visto incrementados, descontando la inflación, en un 57%.

Todos estos importes no incluyen la tasa de matriculación que establece la Generalitat y las tasas propias de las universidades —unos 70 euros anuales cada una en 2017, según los datos registrados en el OSU— ni la tasa de expedición de título una vez concluida la carrera, que ronda los 220 euros.

Los precios de lo másteres también se han triplicado desde el año 2000, y aquellos que hayan pasado de nivel de experimentalidad mínima a máster no habilitante también sufrieron un incremento de precio: “A partir de 2012, el precio más bajo de un máster es más elevado del que entonces suponía el mayor importe”, resume Sacristán. En Catalunya, el precio de estos estudios comenzó dependiendo de su nivel de experimentalidad, pero luego pasaron a calificarse según si habilitan o no para el ejercicio de una profesión, como es el caso de la abogacía, muchas ingenierías o trabajar como docente de secundaria. En la investigación Por qué precios tan distintos (2017), el OSU ya advertía de que solo Castilla La Mancha aplica los mismos precios a los estudios de grado y de máster (habilitante o no) y recordaba que “la igualdad de precios entre grado y máster es práctica habitual en el resto de países europeos”.

El incremento de tasas universitarias no es una práctica exclusiva en Catalunya. Aunque en 2009 “la financiación pública ya era muy dispar entre las comunidades autónomas y no guardaba relación con el número de estudiantes ni la riqueza de cada territorio”, tal y como apuntaba el Observatori en 2018, entre 2009 a 2015 la disminución de la financiación pública por estudiante (una vez descontada la inflación) fue del 24%, y el aumento de los ingresos por precios públicos por estudiante, del 37%.

El incremento del importe de las matrículas no sirvió para compensar el descenso de inversión pública: “Una disminución del 24% supone eliminar una cuarta parte de la financiación pública, es mucho”, recuerda Sacristán, “y la bajada de inversión en algunas comunidades fue muy notable”. La inversión en universidades catalanas cayó en ese periodo por encima de la media (32%), pero la cifra se superó en las comunidades de Madrid (33%), valenciana (37%) y Castilla La Mancha (38%), unos datos que situaban a España en los últimos puestos de la UE en financiación pública en universidades y muy por encima en proporción de ingresos por matrículas universitarias.

Si el análisis de datos se enfoca en financiación pública por estudiante —en algunas universidades sí se redujo el número de personas matriculadas—, Catalunya se coloca a la cabeza con una disminución del 35%, lo que supone más de una tercera parte de reducción. El estudio comparativo entre 2009 y 2015 colocaba al territorio como el que tenía un porcentaje más bajo de financiación pública sobre el total de sus ingresos (60%), pasando de ser la quinta comunidad con mayor financiación pública a ocupar el número 15, y convirtiéndose también en el que presentó un mayor incremento de ingresos por tasas y precios (68%).

Según los últimos datos del Ministerio de Universidades, la tendencia se mantuvo durante los últimos años: Catalunya registró el importe más bajo de financiación pública por estudiante en 2016, aunque en 2017 la Comunidad de Madrid la superó ligeramente. Aunque los ingresos por precios públicos por estudiante disminuyeron levemente entre 2016 y 2017 en Catalunya, la comunidad sigue superando con creces a las autonomías que presentan los siguientes precios más elevados —2.190 euros por estudiante frente a los 1.538 de Castilla y León o 1.531 de Madrid— en este apartado.

horquillas, Experimentalidad y otros condicionantes

Existe una cuestión relevante en toda esta variación de precios que los expertos acostumbran a señalar: el tema de los niveles de experimentalidad. Esta categorización de los estudios ya existía antes del derogado “decreto Wert” que establecía el sistema de horquillas, pero fue a partir de 2012 cuando implicó una variación considerable entre los importes de diferentes carreras.

El nivel de experimentalidad implica que, por ejemplo, carreras como medicina o ingenierías sean más caras que las de la rama de humanidades. El problema, explica Vera Sacristán, es que esta división “se aplica de forma muy distinta: puedes encontrar la misma carrera en niveles de experimentalidad distintos en comunidades distintas”. “No hay nada que regule eso, de hecho la Generalitat ha movido de nivel de experimentalidad algunas carreras, todas las ingenierías saltaron de un nivel a otro en un determinado año”, añade.

El estudiantado de clase social más desfavorecida tiende a elegir los estudios por motivos más finalistas que los hijos e hijas de clases acomodadas

Esta investigadora lo ejemplifica con el caso de aquellas titulaciones que oscilan entre un nivel y otro según la comunidad, y recuerda que algunas autonomías aplican un único precio a todas las carreras —Andalucía— mientras otras han llegado a tener hasta seis niveles de experimentalidad. “Hay diferencias no justificadas de una forma explícita, en el sentido de que no está escrito en ningún sitio por qué una comunidad autónoma necesita los niveles de experimentalidad que sea, en base a qué asigna a cada carrera un nivel de experimentalidad ni cuánto es el coste de servicio”, señala Sacristán.

La cuestión de la experimentalidad no es banal. Investigadores como Helena Troiano han analizado en varias ocasiones cómo el estudiantado de clase social más desfavorecida tiende a elegir los estudios por motivos más finalistas que los hijos e hijas de clases acomodadas, que sí escogen más en función a sus gustos. También entra en juego el factor de percepción de “dificultad” de la carrera: “Cuando había carreras cortas y largas, escogían más las cortas que las largas, por 'asegurar', independientemente de que luego siguieran estudiando”, resume Sacristán.

Universalidad en la universidad: el reto que deberá afrontar el ministro Castells

Lis Gaibar

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El prestigioso sociólogo Manuel Castells se erige como cabeza visible de la educación superior en un contexto en el que las principales demandas estudiantiles continúan vigentes: mayor financiación pública, reducción de tasas y becas más justas para que la universidad sea accesible a todo el mundo. 

El asunto de la experimentalidad es algo que también contempla abordar el Ministerio de Universidades, pero hay desconocimiento acerca de cómo se va a hacer: “Lo que sabemos por ahora es que la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) tiene que establecer unos límites, que la ley ha quedado redactada en términos que todavía se refieren al coste de servicio —algo que ya dijimos en su momento que no estaba suficientemente bien definido— y que la intención es conseguir este año un acuerdo del precio máximo en primeras matrículas de grado”, resume Sacristán.

Se refiere, en este punto, al factor multiplicador en los importes en las matrículas cuando se suspende una asignatura —un valor que también varía entre comunidades—, una cuestión que la investigadora considera importante: “Eso se crea por motivos de eficiencia del sistema: si tú tienes un sistema que en su mayor parte está financiado por el dinero de los contribuyentes, tienes que hacer algo para que sea eficiente”. Hasta ahí, valora la profesora, todo parece objetivamente razonable, pero en el OSU, en base al análisis de otros sistemas universitarios de Europa, “no tenemos tan claro que la forma de hacerlo eficiente sea la penalización económica al estudiante”.

En otros países, explica, existen otras alternativas enfocadas a conseguir que el estudiante no repita: la penalización, en lugar de económica, suele ser académica (a través de diferente estrategias) e incluso en aquellos países que optan por la económica la ejecutan de otra forma (de manera más global), dando “mucho más margen al estudiante”. Varios movimientos se muestran contrarios al factor multiplicador económico, argumentando que implica que quien tenga dinero puede sacarse la carrera y quien no, no.

A raíz de un estudio que comparaba los diferentes sistemas universitarios de Europa, alguien preguntó al OSU cómo podía haber diferencias tan grandes entre los países. Sacristán retoma la reflexión de entonces: “Intentamos explicar que había tres tipos de países: los que consideran que la inversión en universidad, mandar a jóvenes a estudiar, es algo que beneficia a toda la sociedad (tanto los que cursan estudios como que no), por lo que vale la pena invertir en ello”, enumera, explicando que son países en los que se paga un salario al estudiante. “En el otro extremo, están los que priorizan el rédito individual del estudio, pues consideran que las personas que van a la universidad van a obtener un beneficio personal de ello (mejor sueldo, tipo de trabajo...)” y por eso es la persona la que tiene que invertir. En este tipo de sistemas, los precios de matrículas son altos y no se dan becas. Ambos planteamientos, mantiene la investigadora, tienen razón en el sentido de que están fundamentados, pero la clave está en qué prioriza el país.

Y entre medias, termina Sacristán, están los países que intentan seguir el primer modelo, “los que creen en la universidad como un beneficio común, pero no tienen la capacidad, o lo que sea, para hacerlo”. Esos, explica, hacen mezclas: precios relativamente bajos, no dan becas salarios pero sí aportan algún tipo de ayuda, hacen reducciones a las familias que tienen hijos estudiando, dan ayudas o apoyos indirectos... “España como global estaba en este grupo, y se ha ido desplazando hacia el grupo de precios más altos. Eso mismo se reproduce entre comunidades autónomas: hay quien ha optado más por un modelo y quien ha optado por otro”. concluye.