Un máster en estafas

Esta historia, como mucho de lo que ha pasado por aquí últimamente, empieza con una reunión y un solar lleno de grúas. La reunión tiene lugar en una ciudad del norte de Italia, a finales de junio de 1999. En ella están los veintinueve ministros de Educación de la Unión Europea, además de todos sus asesores y secretarios.

En realidad la reunión solo es una formalidad para los telediarios de la noche, lo importante ha sucedido antes y tiene mucho más que ver con presiones, negociaciones, acuerdos e intereses, pero empezaremos esta historia en el momento en que saltan los flashes de las cámaras.

La burbuja inmobiliaria acaba de comenzar. Su desarrollo discurrirá paralelo al proceso de reforma universitaria, sin que parezca que haya mucha relación entre los dos fenómenos

Los ministros de Educación de la Unión Europea acaban de firmar la Declaración de Bolonia, que establece un plazo de diez años para la implantación de una reforma universitaria que se acabará conociendo como el Plan Bolonia. Todos sonríen y se aprietan las manos.

En el solar lleno de grúas también hay muchas sonrisas. La burbuja inmobiliaria acaba de comenzar y tiene por delante diez años de crecimiento salvaje. Su desarrollo discurrirá paralelo al proceso de reforma universitaria, sin que parezca que haya mucha relación entre los dos fenómenos. Pero solo lo parece. En 2007 la burbuja estalla llevándose por delante el negocio hipotecario de la banca y dejando un paro del 26%. Aunque todavía tiene margen, ese mismo año, el Gobierno decide aprobar el marco normativo que hace posible la implantación del Plan Bolonia en España. De repente, nuestra historia acaba de encajar.

Hipotecas, burbuja inmobiliaria y paro

Uno de los cambios más importantes que introducía el Plan Bolonia era la uniformización de los títulos universitarios, que pasaban a ser grados de cuatro años de duración. Estos grados se completaban con un máster de un año que, en teoría, servía para especializarse en un área concreta. Pero esto era solo sobre el papel. En realidad, el máster cumplía otras funciones que explican mucho mejor la promoción intensiva de la que han sido objeto estos últimos años.
La primera de ellas era la introducción de la financiarización en la universidad pública.

El elevado precio de los másters, que pueden alcanzar fácilmente los 5.000 o 6.000 euros anuales de matrícula, hace que muchos estudiantes recurran a préstamos bancarios para poder pagarlos. En un momento de crisis del modelo de negocio basado en endeudar a todo el mundo durante cincuenta años, como era el 2007, a la banca debió de parecerle buena idea la posibilidad de endeudar a la mayor cantidad de estudiantes posible, aunque fuese por una cantidad más pequeña.

Para salvar las reticencias iniciales a esta práctica, que hasta entonces era ajena al sistema educativo español, el Estado se puso manos a la obra. Ese mismo año, el gobierno de Zapatero presentó una línea de crédito destinada a financiar el estudio de másters y doctorados a través de préstamos promocionados por el Ministerio de Educación y el ICO y que se canalizaban a través de entidades bancarias como el Santander y el Banco Popular.

La promoción a través de instituciones públicas de los préstamos permitió que estos se presentasen casi como una beca, cuando en realidad solo era un crédito como cualquier otro. Pero además, las condiciones con las que se promocionaron estos préstamos ni siquiera eran ciertas: la publicidad que se podía encontrar en las sucursales bancarias aseguraba que carecían de intereses, pero lo cierto es que los más de 15.000 estudiantes afectados por los Préstamos Renta han acabado pagando entre un 10 y un 22% de interés, como han denunciado los miembros de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad.

Otra de las funciones que cumplen los másters es la prolongación del tiempo de estudio. El recorrido formativo ya no se acaba con la finalización de la carrera, sino que se prolonga con la realización de uno o dos másters, o incluso con el doctorado. Según los datos del Ministerio de Educación, desde 2007 se ha incrementado en un 842% el número de estudiantes de máster.

Esta prolongación del tiempo de estudio ayuda a ocultar el elevado paro estructural del Estado español, que se producía ya durante la burbuja inmobiliaria pero que creció enormemente a partir de la crisis. Tener a los chavales entretenidos con algo siempre es mejor que dejarles inflar las listas del paro.

Pero además, en medio de la devastación generalizada que produjo la crisis, la prolongación del tiempo de estudio permitía mantener la ilusión de que tener un trabajo dependía de ti. Las condiciones materiales no importaban, solo tenías que esforzarte. Bastaba con estudiar idiomas, tener un máster, acumular horas de prácticas. El eslogan de los Préstamos Renta promocionados por el gobierno era claro: “Una oportunidad de futuro”.

Es tu culpa no tener trabajo

El discurso meritocrático sobre el acceso al empleo que acompañó a la promoción inicial de los másters se ha mantenido hasta la actualidad sin apenas cambios. Con un desempleo estructural enormemente alto que ha permanecido elevado incluso en plena euforia del ladrillo, parece difícil hacernos creer que el desempleo es culpa nuestra, pero lo cierto es que lo acaban logrando.

La mezcla de esperanza por mejorar nuestra situación y culpa por no haber hecho las cosas bien —debería haber estudiado otra carrera, debería saber más inglés, debería haberme apuntado a aquel curso de chino— nos acaba convenciendo de que somos los responsables de estar en el paro. Para solucionarlo, probamos a mejorar nuestra situación deambulando de curso en curso y de máster en máster, con la esperanza vaga de que esa línea de más que añadimos al currículum sea por fin lo que está buscando el jefe de recursos humanos.

Los grados, másters y doctorados se limitan a reproducir la clase social de la que venimos previamente, a pesar del discurso que repite que nos van a permitir ascender socialmente

Por supuesto, este discurso meritocrático necesita ir acompañado de grandes dosis de miedo para que sea plenamente efectivo. Nuestros enormes desembolsos económicos en formación no se explican solo porque tenemos esperanza de conseguir un trabajo o de mejorar el que tenemos, sino sobre todo por el miedo a quedarnos atrás. Tenemos miedo de ser el peor candidato, de tener el currículum con menos folios. Nos hacen creer que esa es la causa de nuestra situación, y el miedo nos lleva a aceptar condiciones laborales que harían sonrojar a un esclavista. Aceptamos trabajos no remunerados, pagos en visibilidad, contratos de prácticas, tarifas ridículas. Nuestro miedo es lógico, sabemos lo que pasa cuando las cosas van mal. Tampoco de esto tenemos la culpa.

El sistema de reproducción de clases

Los discursos que intentan culpabilizarnos de nuestra situación en el mercado laboral son difíciles de sostener cuando echamos un vistazo a algunos datos. Un estudio del año 2013 realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señalaba que solo el 10% de los empresarios tienen estudios superiores.

Pagado por el BBVA, el estudio concluía que lo que se necesitaba era más formación de la clase empresarial, pero nosotros podemos extraer otra conclusión bastante evidente: tu formación no determina el lugar que vas a ocupar en la sociedad. Ser empresario o acceder a puestos de dirección no depende de tu esfuerzo, sino de la clase social a la que pertenezcas. No hay una carrera profesional ascendente que te vaya a llevar a la cima a base de esfuerzo: la cima siempre va a estar ocupada por los mismos.

En este sentido, es interesante detenernos en un aspecto del sistema universitario que hasta ahora hemos pasado por alto deliberadamente: su papel en la reproducción de las clases sociales. Los grados, másters y doctorados se limitan a reproducir la clase social de la que venimos previamente, a pesar del discurso meritocrático que repite una y otra vez que nos van a permitir ascender socialmente.

Ese discurso solo sirve para que las clases medias mantengan la ilusión de que tienen por delante un camino de ascenso social, cuando lo cierto es que lo que les espera es un tipo de trabajo muy similar al de sus padres, aunque es posible que con peores condiciones y un sueldo menor.

En el caso de las clases más bajas, lo más probable es que ni siquiera accedan a la universidad. Según un macroestudio realizado por la Fundació Jaume Bofill y la Xarxa Vives d'Universitats —uno de los pocos de estas características que se han realizado en España debido a la negativa del gobierno de participar en el que elabora la Unión Europea—, solo tres de cada 10 estudiantes universitarios proceden de clase baja.

Esta mezcla de asunción de valores meritocráticos, aspiraciones de escalada social, esperanza en que la situación mejore y miedo por la certeza de que es muy posible que empeore nos hace sostener un sistema formativo que no cumple nada de lo que promete pero que genera un enorme volumen de negocio. El miedo a que empeoren nuestras condiciones nos hace aceptar discursos que nos perjudican incluso cuando tenemos la intuición —o directamente la certeza— de que estamos siendo estafados. La única forma de defendernos de ese miedo es, quizá, que seamos capaces de identificar de dónde procede y a quién beneficia.