Unión Europea
La agricultura europea: un campo de explotación de personas migrantes

El informe se llama “Esenciales pero invisibles y explotados”, y ha sido publicado hoy 5 de junio. Se trata de una investigación fruto de la colaboración entre el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y la organización Oxfam Intermón en la que documentan el marco de explotación de personas migrantes que supone el sector agrícola europeo.

“Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea”, afirma Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe. Basándose en las estadísticas, unas 2,4 millones de personas que trabajan en este sector serían migrantes, sin embargo, justamente la invisibilidad de estas y estos trabajadores apuntan a que los números reales sean mucho más altos. La vulneración de sus derechos laborales y humanos constituye, denuncian desde el equipo de investigación, algo sistemático, por lo que representa una parte estructural en la industria agrícola europea. 

Salarios inferiores al salario mínimo, discriminación salarial para las mujeres, se unen a un repertorio de violencias recurrentes contra quienes fueron denominadas “esenciales” durante la pandemia

Salarios inferiores al salario mínimo, discriminación salarial para las mujeres —como ilustraría el caso de las jornaleras en Huelva, o en Italia— se unen a un repertorio de violencias recurrentes contra quienes fueron denominadas como “esenciales” durante la pandemia sin que esto produjese una mejora en su situación. El abuso laboral y sexual, la intimidación ante el uso del derecho a huelga, son habituales en el sector, denuncia el informe. 

La situación administrativa es fundamental, quienes no cuentan con documentación o tienen solo permisos temporales se enfrentan a altas cuotas de precariedad, es el caso de los jornaleros que llegan a trabajar en Suecia por jornadas de 12 a 19 horas, seis días de la semana, apunta la investigación como el ejemplo más extremo. El trabajo a destajo como respuesta a la demanda del mercado, redunda en estas largas jornadas y en la autoexplotación de las trabajadoras y trabajadores. 

Las condiciones habitacionales constituyen también una forma de vulneración de derechos: alojamientos caros, en malas condiciones, aislados, junto a la instalación en asentamientos sin ningún tipo de servicio, o las situaciones de sinhogarismos, son un elemento presente en todos estos países. “La extrema precariedad de los alojamientos en los que estos trabajadores y trabajadoras residen revela la desidia por parte de empresarios y poderes públicos de hacerse cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado” asegura Yoan Molinero Gerbeau, otro de los autores del informe.

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Italia y España destacan en su falta de capacitación y medidas de protección adecuadas para las personas trabajadoras, lo que redunda en un alto número de accidentes, que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas migrantes empleadas en el sector.  Una situación agravada por el difícil acceso a los servicios de salud, que a veces significa directamente la exclusión sanitaria de estas trabajadoras por las dificultades para empadronarse.  

Frente a esta situación estructural, una nueva normativa de la Unión Europea sobre Debida Diligencia, obligaría a las empresas del sector a garantizar el respeto de los derechos humanos de las y los trabajadores, así como el medio ambiente, en toda cadena de valor, un marco destinado a facilitar el acceso a la justicia, la reparación para las personas cuyos derechos han sido vulnerados, y la rendición de cuentas de las empresas.

Desde Intermón Oxfam consideran  que esta nueva normativa sobre cadenas de suministro “podría poner fin a la explotación, si los países europeos la transponen e implementan correctamente”. Facilitar el acceso a permisos de residencia para aquellos trabajadores que se encuentran en situación irregular, garantizar el acceso a alojamientos que reúnan las condiciones de habitabilidad adecuada, o reforzar la condicionalidad social en la política agrícola común (PAC) son algunas de estas nuevas medidas que podrían cambiar esta situación de explotación y abuso estructural.