Tribuna
Infeliz aniversario

Siete años de una reforma constitucional profundamente antisocial

Coordinador Federal Izquierda Unida

Responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida


publicado
2018-08-23 07:00

Se cumplen ya siete años de una alevosa reforma constitucional que, con el necesario concurso del PSOE en el gobierno y el PP en la oposición, modificó el  artículo 135 de la Constitución Española introduciendo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. Que el acuerdo entre los dos pilares del régimen se gestara en el mes de agosto no fue un tema menor. Antes bien, respondió a la consecución de un objetivo profundamente ideológico que era introducir al máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico estrictas limitaciones a las finanzas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado social.

Para completar esta reforma, profundamente antisocial, no debemos dejar de reseñar que la misma se puso en marcha, no debido a un clamor popular sino al dictado de gobiernos e instituciones extranjeras no refrendadas democráticamente por nuestra ciudadanía. Tranquilizar a los mercados era lo que buscaba Rodríguez Zapatero y para eso no dudó en ceder a las presiones de la canciller alemana Ángela Merkel, el presidente francés Nicolás Sarkozy, y a las del propio Banco Central Europeo que condicionaron a esa reforma dar respaldo de la deuda española.

Tranquilizar a los mercados era lo que buscaba Rodríguez Zapatero y para eso no dudó en ceder a Merkel, Sarkozy y al BCE

No ha sido inane que la modificación constitucional incluya en el apartado 3 del artículo 135 que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta. Eso atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Y los resultados, desgraciadamente dan la razón a quienes, como Izquierda Unida, nos opusimos frontalmente a la misma, porque el Estado español, que ha tardado diez años en recuperar los niveles de PIB per cápita existentes en 2007, ha perdido 1,7 millones de empleos con respecto al inicio de la crisis y el 28 % de las personas viven ahora en riesgo de pobreza o exclusión social. Y lo peor no es lo que ha ocurrido ya en el pasado sino que esos altos índices de desigualdad que acompañan a la pobreza, la exclusión social y la precariedad, pretenden que se instalen de forma permanente como una “característica estructural” de nuestra sociedad. Eso sí, la deuda pública ha pasado de 744.000 millones de euros a 1,14 billones de euros, es decir, casi 400.000 millones de euros de deuda adicional que han permitido financiar todo tipo de rescates al sector privado olvidando a las y los de siempre.

Y es en ese plano en el que hay que situar la contestación que el Gobierno del PSOE ha dado al documento propuesto por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos sobre los objetivos de déficit, deuda y techo de gasto para los presupuestos de 2019. Porque, aun reconociendo el ejecutivo de Pedro Sánchez los perversos efectos que han tenido las políticas económicas austericidas, siguen manteniendo los principios de las mismas y la senda marcada previamente por el PP que planifica una disminución del gasto público sobre el PIB al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. No estuvieron a la altura de las necesidades expresadas por la mayoría social hace siete años cuando decidieron subordinar los intereses generales a los de las minorías privilegiadas y no lo están ahora si no actúan de manera decidida sobre los pilares en los que asentaron las políticas nefastas que tanto daño han causado.

No estuvieron a la altura hace siete años y no lo están ahora si no actúan sobre los pilares en los que asentaron estas políticas nefastas

Dejar atrás el pasado no es solo cambiar la posición de sumisión a los dictados de la Comisión Europea que llevó a la modificación constitucional y a posponer los intereses generales a los de las élites de este país. Ha llegado la hora de dedicar recursos económicos a blindar políticas públicas como las de educación, sanidad, pensiones o atención a la dependencia y enterrar definitivamente los regates dialécticos.

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La modificación del artículo 135 de la Constitución Española pactada por Zapatero y Rajoy un día de agosto hace siete años afecta a muchos ámbitos de la vida cotidiana de la gran mayoría de la ciudadanía.

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2 Comentarios
#22089 16:12 24/8/2018

Desde la social demócrata IU defendiste el genocidio Libio.Tu no eres izquierda, niño pijo.

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#22234 23:46 28/8/2018

Garzón a no me representa políticamente por su tibieza y su vuelo raso (o ralo) ideológicamente; pero es honesto. Y Sánchez Mato es ejemplar desde todo punto de vista. Por lo demás el rollete falsificado de Libia para descalificar ya huele. El tono y a menudo el fondo de los comentarios de los nazbol estalopardos y los neonazis y terceristas son cada vez más indistinguibles.

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