Opinión
El incumplimiento del acuerdo ERC–PSC sobre la renta básica: una oportunidad perdida para pensar el futuro

En los próximos días, el Govern de Catalunya necesita el apoyo de ERC para aprobar los presupuestos de 2026. El principal escollo en las negociaciones se encuentra en el aumento de la recaudación fiscal para Catalunya que exige ERC, especialmente en la capacidad para recaudar el IRPF a través de la Agencia Tributaria de Catalunya. Evidentemente no es poca cosa lo que está en juego. Hay que recordar que los presupuestos actuales están prorrogados desde 2023, los últimos aprobados por el anterior gobierno de ERC.

Pero el acuerdo de ERC con el PSC para la investidura de Salvador Illa, firmado en agosto de 2024, incluía muchos puntos. Uno de ellos —que ERC puso sobre la mesa durante las negociaciones y que no le hizo ni pizca de gracia al PSC— fue el compromiso de llevar a cabo el plan piloto de renta básica universal que se diseñó a conciencia desde la anterior Oficina del Plan Piloto de Renta Básica. Conviene recordar que el PSC fue el verdugo del plan piloto en la pasada legislatura y que también quiso cerrar la Oficina del Plan Piloto, como aún se puede comprobar en su programa electoral de 2024.

Concretamente, el acuerdo PSC-ERC dice: “El Govern de la Generalitat de Catalunya quiere promover un debate público, informado, riguroso y con datos sobre la aplicación de una Renta Básica Universal en nuestro país. Por eso, la Oficina del Plan Piloto de la RBU continuará su labor de difusión de la Renta Básica Universal, y el Govern actualizará el plan piloto diseñado y evaluado por Ivalua, que ha contado, además, con el asesoramiento del Consejo Asesor para el diseño y organización del plan piloto para implementar la RBU, para adaptarlo al contexto social, económico y jurídico del momento en que se lleve a cabo su implementación durante la próxima legislatura”.

En la política pública contemporánea existen pocas propuestas tan debatidas —y tan poco estudiadas con rigor experimental— como la renta básica

Sin embargo, después de más un año y medio de Govern del PSC, no hay ninguna noticia acerca del Plan Piloto de la Renta Básica. Tampoco hay rastro de esa “labor de difusión de la Renta Básica”, ni de la actualización del plan piloto, ni de reuniones con su Consejo Asesor o su Comité Científico Internacional. Ambos comités fueron creados en la anterior legislatura y jugaron un papel importante en el diseño y el aval del proyecto.

En la política pública contemporánea existen pocas propuestas tan debatidas —y tan poco estudiadas con rigor experimental— como la renta básica. Por eso resulta especialmente preocupante que el acuerdo de investidura entre ERC y el PSC, que incluía el compromiso de impulsar un plan piloto de renta básica con el mismo rigor que el diseñado durante la anterior legislatura, esté quedando en la práctica incumplido.

No se trata únicamente de una promesa política incumplida. Se trata, sobre todo, de la pérdida de una oportunidad extraordinaria para generar conocimiento sólido sobre una política pública que cada vez gana más presencia en el debate internacional sobre desigualdad, seguridad económica y transformación del mercado de trabajo.

Un proyecto pionero que quedó en suspenso

Durante la legislatura anterior, el Govern de Catalunya impulsó el diseño de uno de los experimentos de renta básica más ambiciosos planteados tanto en Europa como en el resto del mundo. La Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal trabajó durante más de un año con equipos académicos, especialistas en evaluación de políticas públicas y expertos internacionales para preparar un experimento social de gran escala.

El diseño contemplaba una muestra representativa de cerca de 5.000 personas seleccionadas aleatoriamente, así como dos municipios enteros donde todos los residentes recibirían una renta básica individual, incondicional y suficiente durante un par de años. El objetivo no era únicamente evaluar impactos económicos, sino también estudiar, por un lado, los efectos sobre la salud mental, la participación laboral, la educación, la desigualdad de género, la cohesión social y la innovación económica, y, por el otro, los efectos sobre las administraciones públicas locales que todo ello generara. En otras palabras, se trataba de un experimento de política pública de una magnitud incluso superior a los grandes estudios internacionales realizados en países como Finlandia, Canadá, India o los Estados Unidos.

El valor del proyecto radicaba precisamente en su rigor metodológico. No era una propuesta ideológica sin evaluación, sino un intento de generar evidencia empírica robusta que permitiera responder a preguntas fundamentales: ¿reduce la pobreza de forma más eficiente que los sistemas de ayudas condicionadas? ¿afecta realmente a la participación en el mercado laboral? ¿mejora el bienestar y la capacidad de planificar la vida de las personas? ¿mejora el funcionamiento, las dinámicas internas y las respuestas que dan las administraciones públicas a la ciudadanía?

La evidencia internacional: ¿qué sabemos hasta ahora?

La discusión sobre la renta básica no se desarrolla en el vacío. En los últimos años se han realizado múltiples experimentos que nos permiten disponer ya de una nutrida base empírica.

Uno de los más conocidos es el experimento realizado en Finlandia entre 2017 y 2018. En este ensayo, 2.000 personas desempleadas seleccionadas aleatoriamente recibieron 560 euros mensuales de manera incondicional durante dos años, manteniendo el pago incluso si encontraban trabajo. Los resultados mostraron algo especialmente relevante: la renta básica no produjo una reducción significativa del empleo, desmontando uno de los argumentos más frecuentes de sus críticos. Sin embargo, sí se observaron efectos positivos en otras dimensiones clave del bienestar, como la mejora de la salud mental y física, la reducción del estrés, un aumento de la conciliación familiar y una ligera mejora de las perspectivas laborales de quienes participaron.

Experimentos interrumpidos y lecciones políticas

Finlandia no es un caso aislado. En Canadá, tras la victoria electoral de los conservadores en 2018, el experimento de renta básica iniciado en la provincia de Ontario en 2017 fue prematuramente interrumpido antes de que pudiera completarse su evaluación generando una inmensa frustración y un sentimiento de engaño generalizado.

Este patrón —experimentos prometedores cancelados antes de empezar o abruptamente interrumpidos por razones políticas— revela un problema recurrente en el debate sobre renta básica: la dificultad para sostener investigaciones a largo plazo en un entorno político polarizado generalmente liderado por fuerzas políticas contrarias a esta política.

Paradójicamente, esto refuerza el valor de los proyectos piloto. En contextos de fuerte desacuerdo ideológico, la investigación puede ofrecer un terreno común para el debate público razonado, respetuoso y contrastado. Sin embargo, aunque esto nos pueda parecer bastante razonable, representa una línea roja que algunos no están dispuestos a aceptar. ¿A qué se tiene miedo?

La renta básica en el contexto de las desigualdades contemporáneas

La creciente atención que recibe la renta básica no es casual. En las últimas décadas, múltiples estudios han documentado tendencias estructurales que presionan los sistemas tradicionales de bienestar: un aumento de la desigualdad de ingresos y patrimonio, una precarización de las trayectorias laborales, la expansión del trabajo temporal y autónomo y una automatización y digitalización en aumento de la economía. En este contexto, la renta básica aparece en el debate académico como una posible herramienta para garantizar un suelo universal de seguridad económica, complementando otros instrumentos del Estado del bienestar.

Catalunya y la oportunidad de liderar la investigación

El plan piloto catalán tenía el potencial de situar a Catalunya en la vanguardia internacional de la investigación sobre políticas redistributivas. Pocas regiones europeas habían planteado un experimento de esta escala con un diseño científico tan ambicioso que, además, tenía el potencial de informar y quizás mejorar otras políticas y programas ya existentes. Además, el piloto permitiría analizar efectos en un contexto institucional específico: una economía mediterránea con un sistema de bienestar descentralizado y un mercado laboral caracterizado por altas tasas de temporalidad.

Esto es crucial porque los efectos de las políticas sociales dependen profundamente del contexto institucional. La evidencia generada en Finlandia o Canadá no puede trasladarse automáticamente a otros países. Sin experimentos propios, el debate público se ve obligado a basarse en extrapolaciones imperfectas o, peor aún, en simples suposiciones. Necesitamos mejorar el debate sobre políticas públicas y esto solo se puede lograr con la obtención de evidencia que nos permita argumentar si una propuesta funciona o no, y en caso de (no) hacerlo, por qué motivos. Lo contrario nos lleva a dos errores. El primero es más quizás el más frecuente y acaso el más ingenuo: creer ciegamente que una política no funcionará fácilmente nos conduce a repetir los mismos errores del pasado. El segundo es peor aún por la deshonestidad política y el malgasto de fondos públicos que implica: insistir con viejas fórmulas a pesar saber que no funcionan. La calidad democrática de un país también se mide en estos términos.

Una cultura política poco acostumbrada a experimentar

El abandono del plan piloto también pone de manifiesto una debilidad estructural de la política pública española: la escasa tradición de experimentación. Mientras que en algunos países es relativamente habitual ensayar políticas sociales mediante programas piloto antes de su adopción generalizada, en España las reformas suelen implementarse —o descartarse— directamente en función de mayorías políticas.

Incluso quienes se oponen a la renta básica deberían tener interés en evaluarla rigurosamente

El plan piloto de renta básica representaba precisamente lo contrario: un intento de introducir una cultura de evaluación basada en la evidencia. Incluso quienes se oponen a la renta básica deberían tener interés en evaluarla rigurosamente. Un experimento bien diseñado puede confirmar o refutar muchas de las hipótesis que circulan en el debate público.

Si la política resultara ineficaz o demasiado costosa, la evidencia empírica lo demostraría. Si, por el contrario, mostrara efectos positivos en reducción de pobreza, bienestar o estabilidad económica, existirían bases más sólidas para discutir su ampliación. En ambos casos, la sociedad ganaría conocimiento y, cómo decíamos antes, profundizaría en su calidad democrática e institucional.

Una oportunidad que no debería perderse

El incumplimiento del acuerdo ERC–PSC sobre el plan piloto de renta básica no debería interpretarse únicamente como un episodio más de la dinámica política. Representa una oportunidad perdida para avanzar en la investigación de una política pública que podría desempeñar un papel relevante en el futuro del Estado social.

En un momento histórico marcado por la incertidumbre económica, la transformación del trabajo y el aumento de las desigualdades, renunciar a experimentar con nuevas herramientas de protección social resulta difícil de justificar. Las sociedades que queremos no son las que temen debatir nuevas ideas, sino las que se atreven a someterlas a prueba con rigor, datos, evaluación y discusión pública.

Catalunya estuvo cerca de convertirse en uno de los principales laboratorios europeos. Abandonar ese camino no solo supone incumplir un acuerdo político, significa además renunciar a generar conocimiento útil para tomar mejores decisiones de modo colectivo y sosegado.

Porque, al final, la cuestión no es si la renta básica gusta más o menos a unos u otros. Esto no es una cuestión de fe. La cuestión es mucho más simple y mucho más exigente para cualquier gobierno responsable: si una política puede ayudar a reducir la pobreza, las desigualdades y la inseguridad económica del futuro, lo mínimo que debería hacer un país es tomársela en serio y estudiarla rigurosamente.

Y hoy, en Catalunya, esa investigación sigue esperando.