Tribuna
Frente al chantaje de la moderación, abordar la inflación desde una posición de clase

Hace unos años, cuando la inflación empezó a dispararse, economistas, políticos y opinadores de la patronal alzaron la voz: hasta que la inflación se controlara, su carga debía “repartirse”: las subidas salariales debían “moderarse” y mantenerse por debajo del IPC, pues los beneficios peligraban y la situación corría el riesgo de descontrolarse. Se alertó contra los peligros de la “inflación de segunda ronda”, y contra el riesgo de generar una espiral inflacionista que desestabilizase toda la economía. En aquel momento, los grandes sindicatos de concertación aceptaron tácitamente este chantaje, y aunque discursivamente quisieron mostrarse combativos (recordemos esa campaña de «salario o conflicto» que pronto cayó en el olvido), renunciaron a luchar para garantizar el poder adquisitivo.

Cuatro años después, los mercados energéticos y las rutas logísticas globales vuelven a tensionarse debido a las ambiciones imperialistas de EEUU e Israel, y el fantasma de la inflación retorna a la arena pública.

La inflación es un fenómeno complejo, que puede tener distintos efectos. Sin embargo, si no se hace nada por evitarlo, puede convertirse en una herramienta indirecta de devaluación salarial. La inflación reduce el poder adquisitivo de los salarios y, paralelamente, disminuye el peso de los costes laborales respecto a los ingresos de las empresas, aumentando sus márgenes y sus beneficios.

Además, la inflación es esquiva y silenciosa. Si un empresario reduce los salarios un 5%, provocará indignación y protestas entre la plantilla. Sin embargo, si todas las empresas suben los precios un 5%, la pérdida de poder adquisitivo es la misma, pero no se genera la misma oposición, pues el salario que recibimos parece no haber cambiado, y nos es más difícil localizar un responsable directo.

No sólo ha caído el número de trabajadores y trabajadoras con cláusulas de garantía salarial, sino que también han retrocedido las cláusulas en sí mismas

Tradicionalmente los trabajadores y trabajadoras nos hemos defendido de la inflación impulsando cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos. Éstas obligan a las empresas a garantizar el poder adquisitivo ante el aumento de precios, actualizando regularmente los salarios al nivel del IPC. Sin embargo, en las últimas décadas la prevalencia de este tipo de cláusulas ha disminuido drásticamente. Mientras que en el año 2000 más del 65% de los trabajadores con convenio contaban con cláusulas de este tipo, en 2021, cuando comenzó la inflación, eran únicamente el 13%. Y aunque desde entonces el porcentaje de personas con estas cláusulas ha aumentado, actualmente se sitúa en torno al 34%.

Además, no sólo ha caído el número de trabajadores y trabajadoras con cláusulas de garantía salarial, sino que también han retrocedido las cláusulas en sí mismas. Hace años, una parte importante de los convenios incluían revisiones retroactivas, pero en la actualidad la mayoría de los convenios se limitan a actualizar los salarios de acuerdo al IPC, ignorando el salario real perdido hasta el momento de la revisión.

Entre 2021 y 2024, las empresas consiguieron beneficios récord y aumentaron los márgenes un 6%, mientras que los salarios por hora caían. El shock externo que favoreció el aumento de precios acabó siendo absorbido por los trabajadores y trabajadoras, y las empresas aprovecharon la situación para mejorar su posición en el conflicto distributivo frente al trabajo.

En un contexto de aumento del empleo y de los márgenes, debemos luchar por subidas salariales que igualen o superen la inflación. Y si a la patronal le preocupan los efectos de segunda ronda, que contenga los precios

Esta vez hay que evitar que ocurra lo mismo. Los sindicatos y movimientos sociales debemos poner sobre la mesa una posición propia sobre la inflación que no se subordine a los intereses del capital, huyendo de los discursos que parten de la “responsabilidad” y del supuesto “interés común” de la patronal y las personas trabajadoras. En un contexto de aumento del empleo y de los márgenes, debemos luchar por subidas salariales que igualen o superen la inflación. Y si a la patronal le preocupan los efectos de segunda ronda, que contenga los precios y pague con sus dividendos el encarecimiento de la energía.

Además, los trabajadores y trabajadoras necesitamos recuperar las cláusulas de garantía salarial como herramienta defensiva que evite que la inflación funcione como una forma indirecta de devaluación de nuestros salarios. No será fácil. Habrá que pelearlas en cada convenio, arrancándoselas a las empresas y patronales mediante la organización y el conflicto. Sin embargo, es la forma más eficaz de resistir los efectos de la inflación. Si logramos poner esta cuestión encima de la mesa y convencer a las plantillas de su importancia, el límite estará en la relación de fuerzas que logremos construir, y en el futuro estaremos mejor preparados para evitar que el precio de la inflación volvamos a pagarlo los mismos.