Tribuna
¿El final del mayor caso de criminalización de la solidaridad en las fronteras? El juez decide

Kathrin Schmidt, Ulrich Tröder, Sascha Girke y Dariush Beigui son las cuatro personas acusadas. Las cuatro participaron en las misiones de rescate en el Mediterráneo Central con el iuventa entre 2016 y 2017. Hasta su confiscación en agosto de 2017 por las autoridades italianas, la tripulación del iuventa participó en el rescate de más de 23.000 personas. Hoy se enfrentan a 20 años de cárcel y a una multa de 15.000 euros por cada persona que rescataron. Los cargos, “ayuda e incitación a la migración no autorizada”. La fiscalía afirma que los rescates no se llevaron a cabo como respuesta a una situación de emergencia en el mar, y afirman tener pruebas que demuestran la colaboración con contrabandistas.

Hoy, 28 de febrero, ha empezado la última etapa de la audiencia preliminar del caso contra el iuventa, que incluye también entre los acusados a MSF y Save the Children. Este se considera el mayor caso de criminalización de la solidaridad en las fronteras en Europa. Los costes estimados hasta el fin de la investigación son tres millones de dinero público invertido. La fiscalía coordinó cinco organismos policiales diferentes, incluidas unidades antimafia y servicios de inteligencia. Solo la audiencia preliminar ha durado dos años, la más larga de la historia de la Corte de Trapani (Sicilia).

“El proceso contra la tripulación del iuventa sigue siendo una mancha oscura en Italia y en el compromiso de la UE con los derechos humanos. El caso debe cerrarse”

Tras los alegatos finales de la fiscalía y las abogadas de la defensa de las tres organizaciones durante los próximos días, el juez debe decidir el sábado si cierra el caso o el juicio principal debe empezar. Hasta ahora han sido muchas y diversas las voces que demandan el final de este juicio. Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, que ha enviado un miembro de su equipo para observar el juicio esta semana, publicaba un video el lunes exigiendo el cierre del caso: “Declarado abiertamente o no, restringir el espacio de solidaridad con los migrantes se ha convertido en una política de los sucesivos gobiernos italianos. Ha contribuido a hacer del Mediterráneo central la ruta migratoria más mortífera del mundo. El proceso contra la tripulación del iuventa sigue siendo una mancha oscura en Italia y en el compromiso de la UE con los derechos humanos. El caso debe cerrarse”.

La falta total de fundamento de las acusaciones es uno de los elementos destacados en este caso. Una investigación realizada en 2018 por el equipos de Arquitectura Forense de la Universidad Goldsmith de Londres refutó todas las acusaciones. Como explica Lorenzo Pezzani, director del equipo de investigación: “El objetivo de nuestra investigación forense era verificar las acusaciones de las autoridades italianas. Los resultados son claros: no hay pruebas de connivencia entre la tripulación del iuventa y los contrabandistas.”

Pero la existencia de “testigos oculares fiables y dignos de confianza” era un elemento único y definitorio del caso iuventa y la gran diferencia con respecto a las docenas de otros casos contra organizaciones de salvamento marítimo, todos los cuales nunca llegaron a juicio o fueron desestimados inmediatamente. A principios de febrero los dos testigos principales de la fiscalía testificaron en la Corte de Trapani. Floriana Ballestra y Pietro Gallo son dos expolicías que trabajaban en la empresa de seguridad del Vos Hestia, barco de rescate gestionado por Save The Children. Ambos fueron expulsados de la policía por fraude, mala praxis y difamación, información que la fiscalía tuvo a su disposición desde el principio de las investigaciones. Fueron ellos los que contactaron, sin éxito, a los servicios secretos italianos pocos días después de haberse embarcado por primera vez en el Vos Hestia. También contactaron poco después a Mateo Salvini, entonces europarlamentario por la Liga Norte, que respondió el mismo día. A partir de ahí, los expolicías actuaron como “espías secretos” para Salvini.

Justicia, memoria, dignidad y derechos para las personas migrantes gobierne quien gobierne

Irene Graíño Calaza

Análisis

Análisis Justicia, memoria, dignidad y derechos para las personas migrantes gobierne quien gobierne

Irene Graíño Calaza

La impunidad, la violencia, el racismo, la falta de acceso a derecho y las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes se perpetúan cada día en esta España.

La credibilidad de los testigos fue cuestionada por los abogados de la defensa. De hecho, la policía llegó a intervenir sus teléfonos para verificar sus declaraciones en las primeras fases de la investigación. Estos registros mostraron claramente sus motivos ocultos, ya que uno albergaba aspiraciones de reincorporarse al servicio policial, mientras que el otro aspiraba a un puesto de prestigio en el partido de extrema derecha y racista italiano Lega Norte. A pesar de las dudas evidentes sobre su credibilidad, la fiscalía los utilizó como pretexto para construir la mayor y más amplia investigación contra las organizaciones de salvamento marítimo. “El interrogatorio de los testigos de cargo, ordenado finalmente por el tribunal para verificar su credibilidad, confirmó la absoluta falta de pruebas de cargo. La terminación inmediata del proceso, que comenzó hace siete años, es la única opción aceptable en un Estado de Derecho”, afirmaba el abogado de la defensa Nicola Canestrini tras el interrogatorio.

Afortunadamente, en el caso iuventa también encontramos algunos elementos esperanzadores. El equipo de abogadas de la defensa cuestionó durante la audiencia preliminar la legitimidad de las leyes en las que se fundamenta la acusación. La abogada Francesca Cancellaro presentó una petición para que la directiva europea, el denominado Facilitators Package, y su transposición italiana, el artículo 12 de la ley de migración, sean examinadas en el Tribunal Europeo de Justicia. El documento, de 100 páginas, argumenta que las leyes sobre la “facilitación de la migración irregular”, que permiten a los estados europeos criminalizar a las personas migrantes y a aquellas en solidaridad, violan derechos fundamentales. El argumento principal es que las leyes actuales tienen un efecto disuasorio sobre las activistas y organizaciones humanitarias, y dado que muchos de los servicios ofrecidos cubren necesidades básicas, la reducción de sus actividades acaba teniendo fuertes impactos en las vidas de las personas migrantes.

Tras la ola de criminalización de las organizaciones de salvamento marítimo en Italia entre 2017 y 2018, en julio de 2018 no quedaba ningún barco de ONG operativo, conllevando un aumento de la tasa de mortalidad

Como ejemplo, tras la ola de criminalización de las organizaciones de salvamento marítimo en Italia entre 2017 y 2018, en julio de 2018 no quedaba ningún barco de ONG operativo, lo que conllevó un aumento de la tasa de mortalidad y un incremento de las expulsiones colectivas, principalmente a Libia. Si en 2017 murió una persona por cada 38 que llegaron a Europa desde Libia, en 2018 murió una de cada 14. Desde que se confiscó el iuventa en agosto de 2017, más de 200.000 personas han sido devueltas a la fuerza a Libia donde afrontan detención arbitraria, tortura, condiciones de reclusión crueles e inhumanas, violación y violencia sexual, extorsión, trabajo forzoso y homicidios ilegítimos.

Los últimos informes indican que en 2023 hay 1.897 personas migrantes detenidas en prisiones griegas acusadas de contrabando, y más de 1.000 personas en Italia. Hasta el momento las cifras agregadas para el estado español no son conocidas, pero casos recientes hicieron sonar la alarma y es posible que sean parecidas a los de nuestros vecinos del sur. La petición fue rechazada en el caso iuventa, pero aceptada pocas semanas después en otro caso de Cancellaro, por lo que su propuesta deberá ser discutida en el Tribunal Europeo de Justicia durante el próximo año.

La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes es una arista más de la guerra contra las personas migrantes en las fronteras exteriores e interiores de Europa. El hecho de que los responsables de las necropolíticas fronterizas queden sistemáticamente impunes, mientras se encarcela a miles de personas migrantes por el solo hecho de migrar, y se criminaliza a cientos de activistas por defender derechos fundamentales demuestra una vez más el carácter racista y colonial de Europa. La resistencia del iuventa se une a las múltiples y diversas luchas que enfrentan y desafían el orden colonial.