Tribuna
En defensa de un sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo municipalista

Las políticas públicas de cooperación al desarrollo españolas ofrecen una oportunidad internacionalista de progreso en un mundo muy interconectado como es el actual. Pero para que éstas tengan impacto, hay que superar la visión economicista, vertical y asistencialista de las tres últimas décadas y sobrevivir al impacto que tendrá la reducción de ingresos públicos en los presupuestos estatales. Para evitar que las políticas de Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) españolas colapsen de nuevo como en 2013, hay que repensar el sistema y transformarlo de una forma ágil, eficaz y resiliente, y con un amplio soporte social.

Este sistema ha perdido fuelle y se ha ido desdibujando por varios factores, como los recortes o la precarización, pero también por un terrible desconocimiento institucional del impulso ciudadano inicial y del potencial de un sistema descentralizado. El sistema español es fruto de los compromisos multilaterales, pero sobre todo del compromiso real, a pesar del poco dinero disponible, de brigadistas, personal médico y docentes que, allá por los años ochenta, iban a sus ayuntamientos a pedir dinero para las luchas de liberación en América Central o el Sáhara. Tal fue su capacidad de influencia que, todavía hoy, los municipios y las redes paradiplomáticas les disputan la representación exterior a embajadores y ministros españoles, cosa impensable en los países de nuestro entorno.

Esta cooperación directa debería ir más allá del impulso solidario ciudadano, dando prioridad al intercambio de conocimiento en políticas públicas municipales

¿Qué hacer para recuperar el fuelle de esos años y transformar el sistema de cooperación? Trasladar este ADN municipalista de la cooperación española a las políticas públicas, y hacerlo desarrollando un sistema bilateral propio, como han hecho otros países como Francia o Suecia.

Un sistema bilateral propio es el que establece líneas de cooperación directa entre un país en desarrollo y un país donante. En España, estas ayudas son residuales porque la apuesta política ha sido financiar a los grandes actores internacionales. Esta priorización ha creado un sistema desconectado del impulso ciudadano municipalista que le dio origen. Para recuperarlo, este sistema propio debería desarrollarse desde los municipios y, debido a las restricciones presupuestarias municipales actuales, desde sus confederaciones, así como desde las grandes ciudades, que tienen la capacidad presupuestaria suficiente. Esta cooperación directa debería ir más allá del impulso solidario ciudadano, dando prioridad al intercambio de conocimiento en políticas públicas municipales y enfocando los proyectos a las líneas estratégicas de las ciudades y regiones. Estos proyectos ciudad-ciudad, como los que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona, se basan en una relación de asociación entre ciudades socias e iguales, que comparten experiencias y las ponen al servicio de la ciudadanía.

Ningún ministerio sabe cómo poner en marcha un servicio de recogida de basura o la primera atención a las mujeres maltratadas, en cambio los municipios están especializados en el desarrollo y ejecución de estos servicios

Es obvio que no todos los municipios tienen las capacidades técnicas y presupuestarias de Barcelona, pero es posible ser creativos. A modo de ejemplo: en las últimas décadas la comarca del Bages (Cataluña) ha hecho un esfuerzo por reinventarse en el ámbito de la enología y el enoturismo. Quizás esta experiencia de región podría ser extrapolable a otros territorios del mundo que, por sus características climáticas y geográficas, tengan un potencial parecido. Para este tipo de cooperación, el papel de las entidades supramunicipales –como el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament– es esencial, no sólo para unir esfuerzos y acompañar, sino también para tomar la iniciativa de la mano de entidades del sector que están especializadas en estas asociaciones estratégicas, como por ejemplo MedCities.

Basar este sistema bilateral en el municipalismo no requeriría de un cambio de paradigma ni de la creación de estructuras nuevas, sino de recuperar un punto de vista que se perdió en la institucionalización estatal de la solidaridad. Incluso la implicación de la sociedad civil estaría asegurada a través de los consejos municipales de cooperación, que son espacios de relación entre los ayuntamientos y las organizaciones, donde se favorece el intercambio de información, debate y participación de la ciudadanía en las políticas públicas municipales. Lo que sí requeriría es definir mejor un par de puntos: cuáles son los temas claves en los que incidir e impactar –que principalmente deberían ser aquellos de competencia municipal–, y cuál es el rol de las federaciones de municipios –que deberían ceder protagonismo y convertirse en facilitadores experimentados y con iniciativa–. Y, por supuesto, también requeriría redistribuir parte de los fondos destinados a la cooperación multilateral, a la bilateral. Por ejemplo, creando líneas de financiación directa a los municipios por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, abriendo así una doble vía de financiación municipal: los fondos propios y los estatales. Ningún ministerio ni comunidad autónoma sabe cómo poner en marcha un servicio de recogida de basura o la primera atención a las mujeres maltratadas, pero en cambio los municipios están especializados en el desarrollo y ejecución de estos servicios, y muy a menudo con recursos escasos. Y esta capacidad de creatividad, adaptación y resiliencia es una capacidad global de todas las ciudades.

Pero incluso si todos estos cambios se producen, hay un factor clave imprescindible que debe acontecer a la vez si se quiere evitar que el sistema de CID colapse y volvamos a años de oscuridad: ganar el relato en la calle. Sant Boi de Llobregat (Barcelona), con su campaña “Yo doy la cara por la cooperación y la solidaridad”, nos mostró la fuerza que tiene este factor, porque consiguió mantener el compromiso ciudadano con la cooperación y, por tanto, el mandato político del 0,7%, incluso durante los años más oscuros de la crisis. Y es que, para defender la cooperación internacional, no sirve sólo la ética, los valores morales, los grandes conceptos y sus infinitas abreviaciones. La clave del éxito pasa por un cambio de relato que vincule estas políticas públicas con la ciudadanía a través de la empatía, tejiendo historias que relacionen las migraciones y el extractivismo del Sur con la precariedad laboral y la crisis de la vivienda del Norte. Al fin y al cabo, son sólo distintas aristas de un mismo problema de injusticia global.