Tribuna
Las derechas desempolvan la motosierra y preparan el recorte de las pensiones y los servicios públicos

Lo que acaba de decir José María Figaredo, portavoz económico de Vox, es muy serio. Y muy peligroso. No tanto por la solvencia de sus argumentos —a este presunto economista, orador mejorable y señorito ejemplar no le preocupa hacer bien las cuentas— sino porque sus ideas pueden convertirse en políticas de gobierno después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y, sobre todo, porque el Partido Popular ya ha demostrado que, cuando tiene ocasión, no le tiembla la mano para sacar la motosierra contra las pensiones y los servicios públicos. Lo hizo durante los gobiernos de Mariano Rajoy, con los recortes en sanidad, educación y dependencia y con una reforma de las pensiones aprobada en 2013 que rompió su vinculación con el coste de la vida.

Su planteamiento era que la jubilación de la generación del baby boom debía financiarse fundamentalmente con las cotizaciones del momento, renunciando en la práctica a utilizar los recursos generales del Estado para garantizar su poder adquisitivo. El resultado fue un mecanismo que, mientras persistiera el desequilibrio financiero del sistema, condenaba las pensiones a subir apenas un 0,25% anual, con independencia de cuánto aumentasen los precios. Si aquel mecanismo hubiera seguido aplicándose desde 2022, las pensiones serían hoy aproximadamente un 17% inferiores a las que actualmente se cobran. Esa es la diferencia acumulada entre las revalorizaciones aprobadas durante estos cinco años y las que habrían resultado de aplicar el mínimo del 0,25% anual.

Afortunadamente, el Gobierno de coalición derogó aquella reforma en 2021 y recuperó por ley el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo. Y lo ha cumplido incluso en las circunstancias más difíciles. En 2023, cuando la inflación se había disparado tras la invasión rusa de Ucrania, las pensiones aumentaron un 8,5%. Defender el poder de compra de las personas mayores ha dejado así de ser una promesa electoral para convertirse en una obligación legal del Estado.

La propuesta de Figaredo supone romper uno de los acuerdos sociales más importantes de nuestra democracia: que las pensiones públicas son un derecho colectivo, sostenido mediante la solidaridad entre generaciones y entre personas con distinta capacidad económica

Conviene tener muy presente la fortaleza de esta respuesta del Gobierno de coalición, cuando Figaredo afirma que el sistema es un «zombi» y que está quebrado. Su injustificada reforma consiste en sustituir parcialmente el sistema de reparto por otro de capitalización individual. Es decir, retirar una parte de las cotizaciones de la caja común para depositarlas en cuentas individuales cuyos rendimientos dependerán de su inversión en los mercados financieros. La propuesta de Figaredo supone romper uno de los acuerdos sociales más importantes de nuestra democracia: que las pensiones públicas son un derecho colectivo, sostenido mediante la solidaridad entre generaciones y entre personas con distinta capacidad económica. El sistema de reparto ha sido una de las grandes conquistas civilizatorias del siglo XX.Contribuyó decisivamente a reducir la pobreza en la vejez, que hasta bien entrado el siglo pasado constituía uno de los grandes problemas sociales, y sigue siendo uno de los principales instrumentos de redistribución de la renta.

Gracias a él, la protección durante la jubilación no depende exclusivamente de cuánto haya podido ahorrar cada individuo a lo largo de su vida, sino de un compromiso colectivo que protege también a quienes han sufrido salarios bajos, desempleo, enfermedades o interrupciones laborales por responsabilidades familiares. Sustituir una parte de ese derecho por cuentas de capitalización no es una simple modificación financiera. Es cambiar la naturaleza del contrato social. En un sistema de capitalización individual, las desigualdades de la vida laboral se trasladan con mayor intensidad a la jubilación. Quien gana más puede acumular más y quien tiene carreras intermitentes, salarios bajos o períodos dedicados a los cuidados, acumula menos.

En el sistema de capitalización se disparan los riesgos, la pensión pasa a depender de los rendimientos de unos mercados financieros sometidos a crisis recurrentes

Adicionalmente, en el sistema de capitalización se disparan los riesgosa al depender ahora la pensión pasa a depender de los rendimientos de unos mercados financieros sometidos a crisis recurrentes. El trabajador deja de tener garantizada una prestación definida por normas públicas y se convierte, en parte, en inversor forzoso de sus propios ahorros. Si las bolsas suben, puede beneficiarse, pero si se hunden cuando se aproxima su jubilación, las pérdidas pueden condicionar el resto de su vida. La experiencia internacional debería bastar para desconfiar de semejante experimento.

Durante los años ochenta y noventa, al calor de la ofensiva neoliberal, numerosos países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones. Chile, bajo la dictadura de Pinochet, fue el laboratorio inicial, aunque paradójicamente las Fuerzas Armadas se mantuvieron en el sistema de reparto. Según una investigación publicada por la Organización Internacional del Trabajo en 2018, entre 1981 y 2014 treinta países emprendieron reformas privatizadoras y dieciocho terminaron revirtiéndolas total o parcialmente. El supuesto ahorro para el Estado es además falso: cuando los fondos privados atraviesan dificultades graves, aumenta la presión para que los poderes públicos intervengan y eviten que millones de personas pierdan sus ahorros. Se privatizan los rendimientos y las comisiones de gestión, pero una parte importante de los riesgos continúa socializada. Los que ganan son los gestores de fondos de pensiones -BlackRock, Vanguard, los bancos, …- y quienes pierden son las personas trabajadoras.

La principal enmienda al discurso de Figaredo es todavía más sencilla: las pensiones públicas españolas no están quebradas

Sin embargo, la principal enmienda al discurso de Figaredo es todavía más sencilla: las pensiones públicas españolas no están quebradas.Ni existe ninguna fatalidad económica que conduzca a su quiebra en el futuro. Es cierto que el envejecimiento de la población exigirá un esfuerzo adicional. La AIReF estima que el gasto público en pensiones aumentará alrededor de 3,4 puntos del PIB entre 2022 y 2050, cuando se alcance aproximadamente el máximo de la presión demográfica derivada de la jubilación de los baby boomers. Es un desafío importante, que exige aumentar los ingresos y sostener el crecimiento económico y del empleo. Pero es un esfuerzo asumible para una economía como la española muy bien posicionada en la transición verde -con una electricidad cada vez más limpia y barata- y en medio de una revolución digital que disparará la productividad del trabajo y que hará ganar centralidad a los servicios, donde nuestro país tiene claras ventajas.

Hay, además, una cuestión histórica que los defensores del recorte suelen omitir. Durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa, cuando España tenía una población mucho más joven, el sistema generó grandes superávits que, en lugar de acumularse en un fondo de reserva para financiar las futuras jubilaciones, contribuyeron a sufragar otras necesidades colectivas. Si los excedentes de aquella etapa se hubieran ahorrado e invertido sistemáticamente, hoy se dispondría de un importante patrimonio acumulado para financiar las pensiones. Varios análisis académicos han estimado que un fondo hipotético alimentado por los excedentes históricos habría alcanzado en 2004 un volumen equivalente al 34% del PIB.

No se puede aceptar, por tanto, que una generación financiara con su trabajo la modernización del país y que, cuando llega su jubilación, se le diga que cada cual debe arreglárselas con sus propios ahorros

A esto se añaden recursos de la Seguridad Social que, durante años, financiaron gastos que deberían haberse cubierto mediante impuestos generales, como complementos a mínimos y determinados gastos sanitarios. Entonces se decidió acertadamente no capitalizar esos excedentes sino emplearlos en construir un Estado social moderno. Se extendió la educación, se universalizó la asistencia sanitaria y se desarrollaron infraestructuras y servicios de los que hoy nos beneficiamos todos, especialmente las generaciones más jóvenes, que han recibido una sociedad incomparablemente más próspera y con más oportunidades que la de sus abuelos.

No se puede aceptar, por tanto, que una generación financiara con su trabajo la modernización del país y que, cuando llega su jubilación, se le diga que cada cual debe arreglárselas con sus propios ahorros. Eso es romper unilateralmente el acuerdo entre generaciones que constituye el fundamento del sistema de reparto. Para justificar esta operación, algunos llevan años intentando sustituir la lucha de clases por una lucha dentro de la propia clase trabajadora. Nos cuentan que los pensionistas les quitan los derechos a los jóvenes. Que mantener el poder adquisitivo de las pensiones es un privilegio insostenible. Como si quienes cobran pensiones modestas —casi el 60% de los jubilados perciben menos de 1.500 euros mensuales— fueran los responsables de las dificultades de emancipación de las nuevas generaciones.

Quienes verdaderamente están comprometiendo las oportunidades de los jóvenes no son sus abuelos. Son los propietarios que les exigen alquileres abusivos cada vez más alejados de los salarios

Pero quienes verdaderamente están comprometiendo las oportunidades de los jóvenes no son sus abuelos. Son los propietarios que les exigen alquileres abusivos cada vez más alejados de los salarios que se pagan en España. Son los empresarios que no remuneran las horas extraordinarias, que se resisten a trasladar las ganancias de productividad a los salarios o que aprovechan su poder de mercado para ensanchar sus precios y márgenes en la alimentación, la energía y otros bienes esenciales. Son también los grandes patrimonios que consiguen reducir su contribución fiscal mientras las rentas del trabajo sostienen una parte fundamental de los ingresos públicos. Enfrentar a trabajadores jóvenes con trabajadores jubilados es en lo que andan empeñados los “señoritos ejemplares” pues para ellos tiene una utilidad política evidente: desplazar el conflicto distributivo desde quienes concentran la renta y la riqueza hacia quienes dependen de su trabajo para vivir.

La segunda gran propuesta de Figaredo es la motosierra fiscal y de los servicios públicos. Vox plantea sustituir la estructura actual del IRPF por un sistema con un mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 euros y otro del 25% para las rentas superiores, eliminando deducciones y bonificaciones. En primer lugar, se trata de una reforma muy regresiva pues, aunque la existencia de un mínimo exento también beneficiaría a muchas rentas medias y bajas, las rentas altas serían las principales favorecidas gracias a la drástica reducción de los tipos marginales.

En segundo lugar, produciría una importante caída en los ingresos públicos: su propio portavoz reconoce una pérdida de recaudación de 46.000 millones de euros cada año. Pero el agujero sería aún mayor, pues Vox también propone rebajar el IVA general y el reducido, eliminar gravámenes sobre la energía e introducir nuevos beneficios fiscales. Figaredo sostiene que para financiar todo esto bastaría con eliminar las subvenciones superiores a 100.000 euros anuales. Pero no identifica qué programas concretos desaparecerían ni cuánto ahorrarían realmente sus recortes. Bajo la palabra «subvenciones» se agrupan ayudas a empresas, sectores productivos, investigación, formación, transición energética y numerosas actividades de interés general. Suprimirlas indiscriminadamente significa destruir inversiones, empleo y políticas públicas necesarias.

La primera ministra británica, Liz Truss, duró tres días en el cargo por proponer una reforma similar a la de Figaredo, como consecuencia de la respuesta de los mercados

A lo anterior habría que añadir, el alto riesgo de colapso de la deuda pública española en los mercados financieros de llevarse a cabo este importante recorte de los ingresos públicos. De hecho, la primera ministra británica, Liz Truss, duró tres días en el cargo por proponer una reforma similar a la de Figaredo, como consecuencia de la respuesta de los mercados. Y el ejemplo de Milei -vanguardia actual de la motosierra- debería servir también para escarmentar en cabeza ajena. Sus políticas han logrado un superávit en las cuentas públicas, pero a costa de rebajar un tercio el poder adquisitivo de las pensiones y eliminar la inversión pública, lo que promete dejar al país aún más descolgado del progreso; al tiempo que se han recortado los impuestos a los ricos.

La cuestión de fondo es que los impuestos no son dinero que desaparece de los bolsillos de la ciudadanía como pretende trasladar Vox: son hospitales, escuelas, la dependencia, becas y los servicios públicos que la ciudadanía recibe a cambio. El agujero fiscal y la reducción acelerada de la deuda pública que promueve Vox significan un Estado social más pequeño. Se debilitaría así la universalidad y la calidad de los servicios públicos. Quienes tengan ingresos suficientes podrán pagarse la sanidad privada, colegios privados, seguros y planes individuales de jubilación. Los demás dependeríamos de unos servicios públicos crecientemente deteriorados y de unas pensiones públicas progresivamente insuficientes. El resultado sería una sociedad más desigual y estratificada, donde la calidad de la educación, la atención sanitaria y la seguridad económica en la vejez dependerían cada vez más de la renta familiar. Lo que está en juego no es una discusión técnica sobre la mejor fórmula de actualización de las pensiones o sobre cuántos tramos debe tener el IRPF. Es mucho más profundo: es decidir si queremos seguir viviendo en una sociedad donde la seguridad económica, la educación, la salud y una vejez digna sean derechos de ciudadanía, o avanzar hacia otra que dependa fundamentalmente de una riqueza individual que no está distribuida de partida justamente, sino que hunde su origen en privilegios heredados.

La derecha ya utilizó una vez la crisis económica para recortar derechos que parecían consolidados. Es por ello que las declaraciones de Figaredo deben ser tomadas muy en serio ahora que vuelve a desempolvar la motosierra, con un programa que amenaza el corazón redistributivo de nuestra democracia y las bases materiales de nuestra convivencia. La respuesta requiere una movilización social y democrática oceánica, capaz de defender las conquistas colectivas frente a quienes pretenden desmantelarlas.