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Caso Carioca: 3.000 euros de multa para el ginecólogo que practicó un aborto forzoso a una prostituta

Durante muchos años se pintó un retrato de la ciudad de Lugo como si fuera un remanso de tranquilidad. Décadas de imagen dulcificada y silencios cómplices quedaron al descubierto con la Operación Carioca, la mayor trama de proxenetismo y explotación sexual del Estado, iniciada hace ya más de una década. Buena fe de ello dan las más de 400 víctimas y testimonios recogidos en 300 tomos de investigación donde figuran, entre espantosas declaraciones, los nombres de empresarios, policías, guardias civiles y responsables de extranjería relacionados con tráfico de influencias, falsedad documental, tráfico de drogas, explotación de mujeres o inducción al aborto.

Este último delito fue el centro de la última pieza resuelta y en la que estaban implicados José Manuel García Adán, cabeza de esta trama y gerente de los locales Queens y La Colina; Carlos Jesús Abuín, ginecólogo que practicó el aborto en su clínica ilegal; y Ricardo Luis Lago Torres, empresario lucense que dejó embarazada a A. P. El primero fue condenado a un año de prisión y pagará una indemnización de 1.000 euros a la familia de la víctima. El médico, que realizó la intervención sin anestesia y de manera clandestina al carecer de licencia, fue condenado a 3.000 euros de multa.

El tercero fue exculpado por la Audiencia Provincial de Lugo después de dejar embarazada a A. P. cuando la mujer tenía 18 años. La víctima y principal testigo de esta pieza falleció este verano. Lo que llevó a la acusación a llegar a un acuerdo de conformidad, por lo que será la madre quien reciba las indemnizaciones. El cuarto implicado, José Ramón Vázquez Río, inspector de la Policía Local que intercedió entre el empresario y el proxeneta, ni siquiera fue valorado por la Audiencia Provincial. La Fiscalía pidió desde el comienzo no continuar con la investigación contra él.

“El acuerdo es ridículo. Por todo lo que implica el caso que hay detrás. Nos indigna que el ginecólogo prácticamente haya sido absuelto: Jesús Abuín, amigo de García Adán, quien llama a Ricardo Lago después de consumarse el aborto para decirle que ya se podía ir tranquilo de vacaciones con su familia”, critica María, integrante de la plataforma Impunidade Carioca, que denuncia desde 2017 todo lo que rodea esta operación y sus resultados legales. 

El empresario que dejó embarazada a A. P. recibió la noticia de su aborto forzoso mientras jugaba al golf antes de irse de vacaciones

Iliana de la Cual, letrada del médico, dijo tras el acuerdo que la interrupción fue consentida por la víctima y que el aborto “fue practicado con tan solo un mes de embarazo”. Además, manifestó que su defendido lleva “padeciendo este procedimiento diez años” y que solo había incurrido “en no tener la licencia de la Xunta”. La acusación particular pedía seis años y seis meses de prisión, a los que habría que añadir tres años para García Adán y un incremento de la indemnización hasta 12.000 euros. De ahí la valoración que hace María de un capítulo más de una macrotrama dividida en mil partes. Un rompecabezas disuelto así, fragmento a fragmento, en los medios y en la opinión pública. Como un blíster de píldoras efervescentes.

María cuenta cómo Lago recibió, mientras jugaba al golf, la noticia del aborto practicado en condiciones insalubres, exenta de anestesia y en una clínica sin licencia en la que Abuín llevaba haciendo estas intervenciones desde hace décadas. “La víctima recordó en su día cómo la máquina con la que se lo hizo estaba estropeada. Se atascó y eso acabó por causarle una hemorragia un tiempo después. Le quedó parte de la placenta dentro. Y todo esto con el ginecólogo gritándole que era una ‘quejica’. Un aborto, además, que se practicó sin consentimiento”, añade María. A. P. quiso seguir adelante con el embarazo. La interrupción involuntaria y forzada del mismo la sumió en una profunda depresión.

LA ÚNICA SALIDA POSIBLE TRAS LA MUERTE DE LA VÍCTIMA

“Lo peor es que esta salida, pactada, era la única que tenía la madre de la víctima. No podía hacer otra cosa. Era un juicio muy difícil de llevar adelante sin la testigo principal. Posiblemente, correría el riesgo de quedar sin nada, de ahí la aceptación de un acuerdo que no es favorable, y que evidencia la lentitud de la justicia y la indefensión de la víctima”, añade la integrante de Impunidade Carioca, una plataforma que ya en sus primeros tiempos de existencia recibió como un jarro de agua fría la noticia del archivo de la pieza del club Liverpool. El dueño de este local fue imputado junto a cuatro guardias civiles por delitos de abuso sexual, prostitución coactiva y tráfico de influencias: “Fue un  batacazo enorme que ya nos puso sobre aviso del que iba a venir”.

Durante este tiempo, “la jueza Pilar de Lara hizo un ingente trabajo de investigación en la fase de instrucción. Pero la Fiscalía de Lugo, en la que en teoría habría que confiar para defender a las víctimas, está haciendo de ‘amiga’ de los implicados, con el perjuicio que esto supone para la justicia y para las mujeres. Lo que sucedió con De Lara —apartada del juzgado de instrucción número 1 de Lugo por ‘desatención’—  lo dice todo. El mensaje es “aquí no te metas, que vas a acabar mal”... a ella ya se lo dejaron claro”, denuncia María.

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Otro de los focos en los que se ha centrado Impunidade Carioca es en la dejadez institucional. “Tanto el Ayuntamiento de Lugo como la Xunta de Galicia pudieron presentarse como acusación popular. Si la Fiscalía no está defendiendo a las víctimas, alguien tiene que hacerlo. Ya sucedió en juicios como el de La Manada. Es más, en el caso de la Xunta, tiene tipificado el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual como violencia de género. Está dentro de sus competencias. Pero claro, esta operación implica a muchos estamentos…”.

Por unos o por otros motivos, la plataforma considera que la macrotrama se está reduciendo a la “cuestión de un proxeneta y sus colaboradores que cometían actos perversos a título individual”. A día de hoy, solo García Adán está cumpliendo condena y lo hace por un delito de violencia de género contra su pareja. 

La única “buena” noticia, según Impunidade Carioca: una depuración en la Guardia Civil de Lugo, que ahora realiza un trabajo más especializado en trata

Y, tras más de una década, ¿qué ha cambiado en relación a los problemas que puso en evidencia la Operación Carioca? “Nos consta que en la Guardia Civil se movió mucho el tema. Desde la Asociación Aliad Ultreia apuntan a un cambio radical en ese sentido. Ahora existe en este cuerpo una unidad de trabajo muy especializada en la materia. Incluso vienen operativos de Madrid que actúan de una manera muy profesional y cuidadosa. Es la única alegría que nos dio este proceso”, señala María.

Donde aún queda mucho por transformar, y no es fácil, es en la respuesta social de Lugo: “Viendo el nivel de movilización, nos damos cuenta de que hay vidas que valen más que otras, que hay mujeres que no sentimos tan nuestras, con las que hay una distancia y por las que no nos movilizamos. Queda claro que tenemos que hacer también un cuestionamento a nuestros propios marcos”. Marcos dentro de los que sigue existiendo, en la ciudad “tranquila”, prostitución y un nivel de negocio importante alrededor de la misma. “No ha cambiado nada para decir que tenemos un ayuntamiento libre de trata. Sigue sin haber medidas efectivas en un país que es uno de los grandes prostíbulos de Europa”, concluye la integrante de Impunidade Carioca.

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