Francesca Bria: “Los datos son una infraestructura pública más, como el agua, la electricidad o el transporte”

Francesca Bria (Roma, 1977), comisionada de Tecnología e innovación digital en el Ayuntamiento de Barcelona, trabaja desde 2016 con el equipo de Ada Colau para mejorar la protección de datos de la ciudadanía, fomentar la democracia participativa en el entorno digital y establecer un modelo de ciudad en el que las personas estén en el centro. Experta y asesora en políticas de estrategia digital, Bria es fundadora de Decode, una plataforma interdisciplinar europea que intenta devolver la soberanía digital a la ciudadanía ofreciendo las herramientas necesarias para que los ciudadanos puedan decidir qué información quieren mantener privada y qué información quieren que sea pública.

Se trata de salir de un modelo extractivista de datos —el que tenemos actualmente— en el que el acceso, el control y el uso de datos da ganancias a las grandes corporaciones a un modelo en el cual los datos sean considerados un bien común y solo se puedan usar en pro del beneficio público y las mejoras sociales. El control de los datos por parte de las empresas no solo erosiona el concepto de privacidad —lo que pone en peligro su seguridad—, sino que crea desigualdades económicas entre la población y va en detrimento de las instituciones y los servicios públicos.

En este contexto, Francesca Bria repiensa el concepto de “smart city” con el objetivo de poner la tecnología y los datos al servicio de la ciudadanía. Lo hace a través de tres ejes: la transformación digital, la innovación y el empoderamiento digitales.

¿Qué es la soberanía digital y por qué es importante?
La soberanía digital es la habilidad de la gente para determinar la dirección de las innovaciones tecnológicas y establecer sus propias prioridades. Esto significa salir del escenario actual del monopolio de las big tech, que tienen un poder de mercado ilimitado en estos momentos. Por un lado, hablamos de las empresas de Silicon Valley, en Estados Unidos, como Facebook, Amazon, Apple o Google, y, por otro, de las corporaciones tecnológicas chinas, que cada vez están más presentes en nuestro día a día, como Alibaba o Huawei. Estas compañías, todas combinadas, tienen un valor en el mercado de tres trillones de dólares, de los cuales un trillón se gestiona offshore, es decir, en paraísos fiscales. Los dividendos no se reinvierten en economía real ni se distribuye para crear nuevas riquezas o puestos de trabajo que puedan beneficiar a toda la población, sino que solo las compañías se enriquecen.

Cuando hablamos de recuperar la soberanía digital hablamos de recuperar independencia. Si miramos la situación, nos daremos cuenta de que Europa queda totalmente fuera del tablero de juego: no tenemos una industria tecnológica basada en Europa que haya demostrado que otro tipo de modelo tecnológico, algo que no sea la pura vigilancia capitalista, es posible. La gente no es consciente de los beneficios que estas big tech obtienen a partir de la observación y la monitorización de nuestro comportamiento. Europa debería demostrar que otro modelo, uno en el que los intereses de la gente estén en el centro y se respeten sus derechos, es posible.

¿Y en este contexto, cómo se puede trabajar desde las municipalidades para recuperar la soberanía digital?
La ciudadanía debería participar de manera democrática en establecer sus propias prioridades y decidir en qué dirección tiene que ir la revolución tecnológica. Tiene que haber más democratización de la inteligencia artificial y de la gestión de datos, ya que es un derecho del ciudadano asentar las bases del contrato tecnológico. Lo que estamos intentando hacer, a grandes rasgos, es intentar girar la tortilla y hacer trabajar la tecnología a favor de una vivienda más accesible, la movilidad sostenible o la transición energética, entre otros.

No queremos que la tecnología solo sirva para convertir la ciudad en un producto de marketing, sino que la queremos poner al servicio de la ciudadanía. Este enfoque de una ciudad para la ciudadanía parte de la base del incremento de la participación ciudadana en la toma de decisiones. La democratización tecnológica es uno de los pilares centrales del programa del Ayuntamiento de Barcelona y la agenda social de Ada Colau.

¿Qué iniciativas concretas se están llevando a cabo?
A través de diferentes proyectos y plataformas estamos trabajando para repensar las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno municipal, por eso hemos articulado un proceso participativo con un componente ético destacado y con una plataforma que es Barcelona Decidim, entre otras cosas. También estamos apostando por el código abierto y la publicación de datos anonimizados y encriptados para que se puedan visualizar con el objetivo de fomentar la transparencia.

Uno de los proyectos más importantes que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Barcelona es destinar el 80% del presupuesto destinado a tecnología a hacerla de acceso abierto. Por ejemplo, a todos los contratos que se generan desde el Ayuntamiento de Barcelona se les añade una cláusula relacionada con la soberanía digital. Eso quiere decir que si el Ayuntamiento firma un contrato público con Vodafone, cuando se termine el contrato, la compañía está obligada a retornar todos los datos recabados durante el ejercicio. Lo que hacemos con esos datos es anonimizarlos, encriptarlos y ponerlos a disposición de la ciudadanía. De esta manera, los desarrolladores o los periodistas de datos pueden tener acceso a toda esa información y poner en marcha propuestas al servicio de la ciudad.

Más poder para la gente significa menos poder para las instituciones. ¿Cómo se encuentra el equilibrio?
Más poder para la gente es menos poder para los burócratas. Hay que redefinir las instituciones y el poder, y desterrar la idea de que el poder trabaja para las élites. Las ciudades del futuro van en esa dirección: crear comunidades alrededor de los proyectos que se desarrollan desde los ayuntamientos para que la ciudadanía sepa que todos los procesos son transparentes. La soberanía digital es comprender que los datos son la materia prima de la economía digital. Y, para nosotros, los datos son una infraestructura pública más, como el agua, la electricidad o el transporte. Es por este motivo que creo firmemente que debería pertenecer a los ciudadanos y no a las grandes corporaciones. La encriptación es un derecho humano y, como vivimos en una sociedad digital, debería estar garantizada.

Usted es una de las fundadoras de Decode. ¿En qué consiste la iniciativa?
Decode es un proyecto que pretende descentralizar las infraestructuras de los datos mediante el blockchain y la encriptación para dar más seguridad a los datos con el objetivo de que no puedan ser manipulados por terceros. Finalmente, son los ciudadanos los que deciden qué información quieren mantener privada y qué información quieren que sea pública según las condiciones que ellos decidan.

¿Cómo por ejemplo?
Quizás los ciudadanos quieran mantener visible sus datos de movilidad para ayudar a que los ayuntamientos sepan de las necesidades de la ciudadanía, pero no quieren compartirlo con Uber. O quieren compartir sus datos médicos con su médico, pero no con las compañías aseguradoras. Ahora precisamente en Barcelona estamos llevando a cabo un proyecto piloto con Fab Lab Barcelona que se llama Smart Citizen que consiste en poner sensores en algunas casas para que la gente pueda medir la calidad del aire y los niveles de contaminación. Estos datos, sin embargo, no se compartirán con todo el mundo: solo con quien el ciudadano decida. Quizás se quieran compartir con la comunidad o con el Ayuntamiento, pero no con empresas privadas. Y esto es el futuro.

¿Cómo se comunica todo eso con una parte de la población que cree que la democracia es votar una vez cada cuatro años?
El objetivo de todas estas acciones es también fomentar una cultura democrática participativa y hacer que el ciudadano se implique en las decisiones que se toman en su ciudad. Y una de las alternativas es la participación democrática digital, que a la vez nos sirve para luchar contra el populismo de la extrema derecha.

Hay gente que está desencantada con sus gobernantes, que se ha quedado fuera del sistema económico, que no puede llegar a final de mes. Es importante para nosotros trabajar con toda esta gente, fomentar la democracia participativa entre ellos y abrir espacios para su emancipación política y para que haya justicia social y igualdad. Creo que la democracia participativa es la alternativa al populismo de la extrema derecha. Tenemos que reclamar un verdadero Estado del bienestar y hacerlo innovando: usado la tecnología y los datos para repensar los servicios que desde las municipalidades se quieren ofrecer para luego llevarlo al ámbito nacional y europeo.

Ahora están saliendo a la luz muchos escándalos como el robo de datos, la manipulación de datos en contexto electoral, como en Brasil o Estados Unidos, y es muy visible el poder que tienen todas estas corporaciones, por eso es importante proponer un modelo distinto de tecnología descentralizada y controlada por el usuario.

¿Cuáles son los escenarios que prevé para las ciudades del futuro? ¿Cuál sería para usted el escenario utópico y el distópico?
La gran batalla política consiste en la repolitización de la tecnología, es decir, la transformación de la economía, el poder global y la tecnología para proponer un nuevo modelo que pueda beneficiar a todos y no solo a unos cuantos, como pasa actualmente. El modelo distópico es lo que tenemos actualmente. La alternativa es un modelo de ciudad que ponga los derechos digitales de su ciudadanía en el centro y que democratice la tecnología.

Los datos son un bien común que deben ser propiedad de los ciudadanos. Mucha de la información de los ciudadanos que hoy en día circula libremente debería ser privada y no accesible a las compañías. Debería haber reglas y deberían proceder de la Unión Europea, que es la encargada de proponer un modelo alternativo a Silicon Valley o la vigilancia del modelo chino. Este último modelo controla los comportamientos sociales de la ciudadanía y establece un sistema de buen ciudadano/mal ciudadano a partir de sus consumos. Si eres un mal ciudadano, no puedes acceder a préstamos hipotecarios o acceder a otros servicios. Esto es un escenario distópico, pero ya está ocurriendo en China. En el futuro me gustaría ver un marco legal que preserve los derechos digitales en un contexto de Estado del bienestar con servicios públicos adaptados a la nueva era digital.

¿Se muestra optimista?
Sí, porque el peor escenario es el que tenemos ahora.