Tecnología
¡El Estado-nación ha muerto, larga vida a la Nación Emprendedora!

Uno de los síndromes que padecen nuestras sociedades, en plena transformación sistémica de sus estructuras económicas, es el desconcierto político. En buena parte de los países, los partidos tradicionales se enfrentan al enorme auge de oponentes ultraderechistas, quienes ofrecen redimir las políticas austericidas y el programa neoliberal de las últimas décadas al precio de volcar la ira con los estratos más débiles. La única reacción progresista parece abrazar retóricas y discursos optimistas con el futuro, lo cual se expresa en la esfera pública como una suerte de tecno-populismo que trata de mantener viva la vieja ideología del progreso.

En este contexto hemos de entender algunos encuentros simbólicos acaecidos durante el viaje al Foro Económico de Davos de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, donde se reunió con altos ejecutivos de tres de las empresas más poderosas del planeta: Microsoft, Facebook y Amazon. También la retahíla de pronunciamientos públicos y pseudo-políticas que emanan de su Ejecutiva bajo la cantinela de la “modernización tecnológica”.

Situar a España en cabeza de la revolución digital y establecer las políticas necesarias para atraer y promocionar el talento, en especial el de mujeres y jóvenes. Sin brechas digitales. Sobre ello he conversado en @Davos con @satyanadella, CEO de @Microsoft. #WEF19pic.twitter.com/caORfHGKcZ

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 de enero de 2019

Ahora bien, una cosa debe quedar clara, y más al hablar de un país periférico en la economía-mundo capitalista: si buena parte de los Estados carecen de poder o dinero para diseñar presupuestos verdaderamente sociales, ello es porque los recursos económicos se centralizan en dos guetos de poder estadounidenses: Wall Street y Silicon Valley.

Una larga historia de dependencia tecnológica

A día de hoy, muchos son quienes creen haber descubierto la tecnología como una herramienta para transformar el modelo productivo. No obstante, los planes en esta materia se remontan hasta ese momento de la historia española en que Felipe Gonzalez abrazó la política neoliberal como solución a los problemas económicos del país. Así lo reconocía en el prólogo de un libro coordinado por Manuel Castells llamado El desafío tecnológico (Alianza, 1986) que fue elaborado para el Gabinete de la Presidencia del Gobierno: “El reto de la renovación tecnológica es el último eslabón imprescindible para el éxito de todo el proceso de modernización”.

Pocas palabras tan ambivalentes como esta última. Por eso, para entender cuál su verdadero significado en la actualidad hemos de saber que la intervención político en el sector público desde los años 80 se ha basado en la adquisición externa de tecnologías mediante todo tipo de contratos, así como en la importación de bienes de equipo que la llevan incorporada; y no en una férrea defensa del I + D como motor social, una política industrial orientada a asegurar la importancia de las empresas estatales o una estrategia comercial diseñada para evitar que las multinacionales sean el canal privilegiado para la recepción de las nuevas tecnologías.

En efecto, la fuerte dependencia tecnológica que en la actualidad ha convertido a España en un mercado donde se comercializan productos o servicios extranjeros ya era una fuente de preocupación política en los años 60 y 70. Así lo muestran el Decreto datado del 21 de septiembre de 1973, la Orden del Ministerio de Industria de diciembre de ese mismo año para regular la transferencia tecnológica (ambas con poca o ninguna efectividad), el diseño de distintos planes sectoriales y también un Programa Especial de de Investigación y Desarrollo surgido en 1981.

Aunque el intento más decidido de aquel Gobierno neoliberal made in Spain se plasmó en la Ley de Ciencia del 14 de abril de 1988, la cual introdujo un Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Este último fue ampliamente desgranando y destripado por Miguel Sánchez Padron en La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990 (Icaria, 1991) mediante afirmaciones como las siguientes: “En la práctica se traduce en una aceleración de la política de transferencia de fondos al sector privado”, “la situación de España se asemeja más a la de algunos países semidesarrollados que a la de los países desarrollados,” “independientemente de la política que se aplique, el montante de la tecnología procedente del exterior [debido a la liberalización completa de la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas introducido con el Real Decreto 1750/1987] será importante a corto y medio plazo”. Desde luego, no se equivocaba.

El pozo de los deseos de la Agenda Digital

El problema es que detrás de la habitual retórica euroconformista, asentada sobre el dogma de la libertad del mercado, se encuentra la conversión de uno de los espacios comerciales más poderosos del planeta, la Unión Europea, en uno donde buena parte de sus actores pagan por productos o servicios basados en el conocimiento, indispensables para el funcionamiento eficiente y ordenado de los Estados comunitarios, es decir, de sus economías. Efectivamente, observamos que este emerge como una colonia de Estados Unidos, donde todo es privado, o de China, quienes se están haciendo rápidamente con los mercados del siglo veintiuno. Enfoquémoslo desde el punto de vista patrio.

La Agenda Digital para España fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2013, incrustándose conjuntamente en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con uno de los cometidos principales de “incrementar la participación de las empresas españolas en las iniciativas más relevantes del ámbito digital: Smart Cities, Cloud Computing, Big Data”.

Siendo claros: puede que “situar a España en la vanguardia de la innovación” quepa sobre el papel de los defensores de la economía digital, pero rara vez leeremos que este es un eufemismo para definir un régimen social llamado capitalismo con cuatro o cinco empresas de alta tecnología muy poderosas tratando de mantener la rentabilidad a largo plazo de sus inversores (habitualmente grandes fondos millonarios) o que estas tratan de sortear la competencia y asegurar la dependencia hacia sus servicios mediante todo tipo de estrategias gracias a la ventaja competitiva que les granjea la propiedad de nuestros datos.

De acuerdo a los informes de ganancias de los mayores proveedores de servicios de computación basados en Internet, las ventas de Google en un segmento que incluye a Google Cloud Platform ascendieron a 6.490 millones de dólares solo en el cuarto trimestre de 2018, un 31% más que el año anterior. Al mismo tiempo, los gastos en capital de esta empresa aumentaron en un 80%, hasta los 6.800 millones para adquirir nuevos centros de datos y hardware, lo cual no solo nos habla de que la demanda de servicios en la nube no deja de crecer rápidamente y que esta se concentra en manos reducidas, sino de que Google invierte sus ganancias en consolidar su posición, y por supuesto aislar a todo competidor pequeño o grande, en ese mercado de la nube en el que España cree poder tener cierto peso.

Y la compañía del Don’t be Evil no está sola en esta hazaña capitalista, como demuestran algunos datos publicados por Bloomberg. Amazon, líder de mercado en el alquiler de infraestructura de computación gracias a sus centros de datos, aumentó sus ingresos un 45% en el cuarto trimestre, manteniendo el mismo ritmo que el período anterior. Algo similar ocurrió con las ganancias en el mismo segmento, pero de Microsoft Azure, donde las ventas se incrementaron en un 76%. Por su lado, el gigante del comercio electrónico chino Alibaba también registró un crecimiento del 84% en su unidad de la nube. Por evitar confusiones ordoliberales: en estos mercados, y dada su enorme dependencia tecnológica, España solamente puede asumir un rol subalterno fomentando que sus start-up sean absorbidas en la cadena de producción global.

Mismamente, Alibaba —y no una empresa europea o española— es una de las corporaciones mejor colocadas para conquistar el mercado de las smart cities en todo el mundo: ha adquirido la compañía de microchips Hangzhou C-SKY Microsystems para afianzarse en el mercado de soluciones basadas en la nube a partir del Internet de las Cosas, tecnología clave para conectar las urbes contemporáneas; se ha aliado, junto a Huawei, con la plataforma de inteligencia artificial para smart cities de Nvidia para incorporar una herramienta de monitoreo inteligente que provee servicios locales y que, por ejemplo, encuentra personas perdidas; ha abierto centros de datos a lo largo y ancho de Asia, uno de los espacios comerciales con mayor crecimiento potencial, y también se ha asociado con otros enclaves urbanos para ofrecer servicios a problemas como la congestión del tráfico.

En resumen, la “normalización de ciudades inteligentes”, como recoge la Agenda Digital, significa crear ciudades en las que empresas extranjeras hacen negocio a costa de acabar con las economías locales y la prosperidad. Por otro lado, “situar a España como un destino atractivo para realizar inversiones en industrias de futuro”, quiere decir que las pequeñas o medianas empresas se convertirán en consumidoras de recursos de recopilación de datos y aprendizaje automático de empresas extranjeras. De este modo, diseñar una “I+D+i enfocada a las industrias de futuro” en la práctica se traduciría en poner sus centros de investigación al servicio de estos imperios, como ha hecho Alibaba con 120.000 desarrolladores, 2.700 institutos académicos y empresas de 77 países y regiones en un proyecto llamado Tianchi.

En última instancia, la “participación en proyectos de capital semilla y capital riesgo para apoyar el emprendimiento” y el “establecimiento de grupos de trabajo con el sector privado para desarrollar proyectos clave” con los que sueña esta agenda encontrará su aplicación practica en ofrecer ventajas económicas en las ciudades patrias para que sean escogidas como localización de empresas como Amazon, convirtiéndose el mercado español en una vía de entrada al europeo.

El 5G y Huawei, ¿compañero de viaje o enemigo nacional?

Por supuesto, para que se consoliden estas tendencias que convierten a España en un pequeño espacio periférico de la economía global es necesario, como bien señala la Agenda Digital, “romper la brecha digital que separa geográficamente al centro de la periferia” y “conseguir que la mayoría de población use internet”.

En palabras más claras: urge digitalizar y conectar la economía y la sociedad española a los dictados del capital global, quien se encuentra detrás del éxito buena parte de las empresas tecnológicas. Por ejemplo, el fondo Vision Fund de la empresa japonesa Soft Bank, que ha conseguido 45.000 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, tiene una participación importante en Alibaba (valorada en 132.000 millones de dólares, un 40% más que la capitalización de mercado de la propia SoftBank). Solo así se explica que España esté obligada a fomentar redes de acceso fijo ultrarrápida como las que tiene previsto introducir en el Plan Nacional 5G 2018-2020.

Imaginen esta redes de quinta generación (5G) como una infraestructura que en cuatro años permitirá multiplicar el tráfico de datos móviles por ocho, es decir, acelerará el libre flujo de información y será la pieza clave para la transformación hacia ciudades inteligentes, pues dichas redes permiten altas velocidades de datos, baja latencia, un uso eficiente del espectro y la coexistencia de diferentes tecnologías de red. Además, la incorporación en todo ello de la Inteligencia Artificial, cuyo desarrollo se concentra en los sectores tecnológicos chinos y estadounidense, será clave para tomar decisiones eficientes basadas en los datos masivos que generan la gran cantidad de dispositivos IoT conectados.

Uno de los principales motores en el desarrollo de 5G es Huawei, quien en 2018 realizó una inversión en Investigación y Desarrollo de 11.330 millones de dólares, según una lista hecha pública por la Comisión Europea. Una cifra mayor que la de Apple o Facebook, y solo superado por Alphabet o Microsoft. Principalmente, este es el motivo por el que posee el catálogo de soluciones de extremo a extremo para el despliegue de esta red más amplio del mercado y gracias a lo cual ha desplegado 10.000 estaciones base a lo largo del globo.

Resulta paradigmática la posición que ha tenido en todo ello España, cuya potencia industrial y tecnológica descansa sobre el sector de las telecomunicaciones. Su joya de la corona, la privatizada Telefónica, que entre enero y junio de 2018 registró beneficios netos por valor de 1.739 millones, y que se plantea vender sus centros de datos (única garantía de soberanía) para asegurar su rentabilidad, mantiene una estrecha relación con Huawei. Han realizado la primera videollamada internacional entre operadoras del grupo con 5G y firmaron un memorándum de entendimiento en Hong Kong en 2015. También, como prolegómenos de las redes de quinta generación, han expandido juntos las redes LTE en Bogotá, Monterrey y Río de Janeiro después de desarrollos iniciales en Munich; han conducido pruebas conjuntas para impulsar la conducción autónoma; creado un paquete de productos llamado Big Data as a Service (BDaaS); un laboratorio (Open Lab de NB-IoT) para impulsar el Internet de las Cosas y también han comenzado a ofrecer sus servicios de computación en la nube en Latinoamérica.

Por su lado, el Gobierno español, cuya relación simbiótica con el mayor operador de telecomunicaciones de España le ha llevado incluso a proponer una enmienda en Bruselas apodada “cláusula de Telefónica” para protegerla de tener que reducir sustancialmente sus altos precios, firmó un acuerdo entre ambas empresas para el desarrollo de la red 5G, la fibra óptica y otros servicios digitales durante la última visita de Estado a España de Xi Jinping.

Si bien esta jugada convierte a Telefonica en una suerte de embajadora hispana para el aterrizaje del imperio chino, pues se asegura de controlar el acceso a la infraestructura básica sobre la que se erige la economía digital, también abre las puertas de España a la total dependencia de China. “Somos el único fabricante que tiene toda la cadena necesaria para ofrecer una solución sobre 5G completa”, reconocía a Voz Populi un alto mandatario de Huawei, que ya posee en este país más de 30 antenas que usan Movistar, Vodafone y Orange, justamente cuando se cumplían 18 años desde su desembarco.

En resumen, el Gobierno español mantendrá su alianza con Estados Unidos en cuestiones clave de política internacional, como hemos visto con Venezuela, pero ahora existe un nuevo actor al que también debe postrarse. A efectos geopolíticos, Pedro Sánchez adopta una función estética de promoción empresarial similar a la de Felipe IV.

Telefónica, una empresa privatizada para garantizar la seguridad del Estado

El Plan Nacional 5G y el Plan Nacional de Territorios Inteligentes en el que se enmarcan esta y otras estrategias implican que las infraestructuras básicas para la comunicación sean privadas y empresas extranjeras conquisten el mercado digital español, salvo las honrosas excepciones que el Gobierno proteja. Y aunque este haya iniciado experiencias piloto con empresas privadas para la implantación de la tecnología 5G, así como los primeros despliegues de esta red mediante alianzas entre el gigante chino y los proveedores nacionales y regionales, existe una cuestión que debemos examinar con detalle a fin de evaluar el estado de nuestras democracias.

Para ello fijémonos en la reciente comparecencia en el Congreso de Francisco Polo, Secretario de Estado para el Avance Digital, donde defendió los Presupuestos Generales finalmente tumbados, los cuales elevaban un 10% el gasto en Agenda Digital: “Nada de esto [la infraestructura de telecomunicaciones sobre la que se construye la conectividad y la fibra 5G] puede ser posible sin ciberseguridad que aporte seguridad a empresas y ciudadanos, así como un entorno confiable para la innovación”.

La cuestión, por supuesto, radica en quién asegura la seguridad de los ciudadanos dado que, bajo un democracia liberal, esta función debe recaer en el Estado, y no en una empresa de telecomunicaciones o en un gigante tecnológico chino. Así, para responder de manera atinada a la pregunta que se hacían Máriam Martínez-Bascuñán, Daniel Gascón, María Ramírez y Pablo Simón durante una charla en la Fundación Telefonica (un espacio tecno-utópico al más puro estilo Singularity University), “¿está amenazada la democracia?”, fijémonos en una nota de prensa fechada el 30 de enero de 2019: “Telefónica ofrece su colaboración a Defensa para desarrollar sus infraestructuras tecnológicas”.

Ello quiere decir que no nos encontramos ante una “revolución tecnológica”, como tienden a asegurar los socioliberales que predican las sociedades abiertas como una tabla de salvación argumental para su naufragio teórico, sino más bien ante la necesidad de continuar con las lógicas capitalistas de creación de rentabilidad.

Recordemos que si el Estado moderno ha muerto, ello ha sido en parte porque los leviatanes corporativos (con mucho más poder) han firmado la paz con el Ministerio de Defensa, incluidas las Fuerzas Armadas, para mejorar sus capacidades militares. Así debemos entender otra frase: “La operadora [Telefónica] apuesta por poner a disposición del Departamento sus infraestructuras en territorio nacional y en zonas de operaciones para la consolidación de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D)”.

Estos movimientos se enmarcan en un Plan Estratégico CIS (PECIS) del Ministerio, aprobado en 2018, con un periodo de ejecución de seis años (2019-2024), que dota al Departamento, a los Ejércitos y a la Armada de las más modernas tecnologías. Además, este contrato establece que ello tenga lugar “bajo un autoridad operativa única”, es decir, una sola empresa protege las comunicaciones dentro del territorio español de las posibles injerencias externas. Digamos que, en una sociedad digital guiada por la actividad voraz e intercapitalista de los gigantes tecnológicos, este servicio es crucial. Por ello, para el mantenimiento de esta infraestructura se requiere de contratos millonarios. Concretamente, este Plan está presupuestado en 395 millones de euros.

Ahora bien, mucho antes de que este Gobierno se cobijara en Telefónica para navegar en la pleamar de la sociedad capitalista, la I3D ya fue señalada por el Ministerio de Defensa, entonces regentado por Pedro Morenés, como una “infraestructura crítica” que debía desarrollar esta empresa. Y mientras la ministra Dolores de Cospedal hablaba de “la guerra de la información” como “uno de los mayores retos para los sistemas de defensa”, una estrategia habitual durante la Guerra Fría para justificar que los presupuestos públicos se canalizaran hacia la industria privada, este Ministerio adjudicaba el lote de servicios e infraestructuras de datos de la I3D a Telefónica, Satlink, Hildesat y TRC por valor de 99 millones de euros.

De este modo, cuando los dirigentes socialistas señalan que “la ciberseguridad es fundamental para crear una sociedad más próspera y más libre, y una economía más fuerte y confiable”, como hizo Francisco Polo ante la reina Sofía durante el día de la Internet Segura, se refieren a espolear con presupuestos públicos a empresas privadas para que nos defiendan en un mundo multipolar marcado por guerras geopolíticas entre Estados Unidos y China, aunque con la amenaza rusa y de las noticas falsas como subterfugio mediático.

También en este contexto hemos de entender que “la ciberseguridad y las fake news que amenazan nuestras democracias” fueran los temas abordados por Pedro Sánchez en su reunión con Sheryl Sandberg, directora operativa de Facebook, durante el Foro de Davos. Añadamos que solo la figura más depurada, o posmoderna, del “estupido útil” puede pasar por alto los ataques que esta empresa ha cometido contra la democracia burguesa con la intención de maximizar sus ganancias.

De este modo, esos presupuestos que podrían ir a parar a servicios públicos, como sanidad y educación, se destinan a la defensa para que unas cuantas empresas amplíen su margen de beneficios. También, como hiciera Margarita Robles utilizando palabrería orwelliana sobre el desarrollo industrial, científico y tecnológico, se acaba señalando que el gasto en sistemas de armas y capacidades operativas es “gasto social”. Y sin que ninguno de esos politólogos de moda que se han apropiado del debate público mediante la producción intensiva de opiniones carentes de categorías económicas advirtiera sobre cómo los príncipes del siglo XXI ejercen la diplomacia y entienden la política.

En realidad, no es ningún secreto que el negocio de la ciberseguridad sea central para Telefónica, quien también cuenta con el beneplácito de Susana Diaz, y mucho menos que facturó casi 400 millones en 2018 gracias a que ofrecer servicios en esta materia a empresas (para lo cual ha establecido colaboración con Apple, al menos en lo referente al sector sanitario). Tampoco que “colabora con las Fuerzas y Agencias de Seguridad Nacional” para poner coto a un tipo de fraude de correo electrónico diseñado para robar las identidades de las personas o que haya invertido en la compañía española Blueliv (la cual ofrece tecnologías en la nube en el campo de la ciberseguridad) para aumentar su mercado, o que su CEO, José María Álvarez Pallete, inauguró la primera reunión del Security and Cybersecurity Advisory Council, un organismo cuyo objetivo es “reforzar la estrategia de seguridad digital y completa de la empresa”. Una tarea para la que contó con el apoyo de Javier Solana, antiguo Secretario General de la OTAN o Mike Roers, ex miembro del Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. Todo en el marco del grupo de ciberseguridad de la ERT, uno de los lobbies más poderosos de Bruselas, que ha influido fuertemente en la integración comunitaria representando a las grandes multinacionales y ha sido “una de las principales fuerzas motoras del Mercado Único”, como reconoció Jacques Delors (véase Europea, S.A, La influencia de las multinacionales en la construcción de la UE).

En estos entramados corporativos, la novedad es que Huawei tenga su hueco. En febrero de 2016 firmó un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con el Gobierno de España para impulsar la ciberseguridad en este país; en febrero de 2017, presentó un libro blanco sobre ciberseguridad en entornos de Internet de las Cosas llamado Hacia la creación de un mundo IoT fiable y gestionado; también ha puesto en marcha una competición llamada Cybersecurity Talent Challenge con el apoyo institucional del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) “para reforzar la apuesta de Huawei por promover la concienciación en ciberseguridad”.

Al respecto, el antiguo secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, hace apenas dos años tan solo sabía decir: “Estamos ante un desafío enorme que tenemos que afrontar, y si queremos abordarlo de manera efectiva, la colaboración entre agentes públicos y privados es nuestra mejor herramienta para hacerlo”. Los liberales del Partido Popular, tan sobrevalorados en la esfera pública como inflados los precios de los dispositivos de Apple.

El engaño de la Nación emprendedora: hacia la colonia digital

Sobre este intento por mantener la apariencia del Estado nación, pese a que las fuerzas económicas los hayan superado y las corporaciones tecnológicas adquieran sus funciones a cambio de un módico precio, podemos citar a dos ingenieros de ElevenPaths, una compañía de ciberseguridad de Telefónica liderada por el hacker del sistema Chema Alonso, para comenzar a entender qué forma adquirirá el Estado español en la economía global: “En 2019 existen dos mundos que van a converger, uno es el de la inteligencia artificial; y otro, el de la ciberseguridad”.

De un lado, existirá una economía digital securitizada, en la cual para 2024 las redes 4G y 5G cubrirán aproximadamente el 90% de la población, y el 40% respectivamente, como estimaba Accenture. Probablemente, Telefónica responda correctamente a la demanda de seguridad del Estado y las empresas con algunos servicios de datos que arriende a los imperios tecnológicos, como Amazon, Google o Microsoft.

De otro, estas tres corporaciones, junto a otras cuantas chinas, habrán desarrollados sus modelos de inteligencia artificial y venderán sus servicios en otros mercados europeos principales, en los cuales recordemos no existe ni una sola pequeña o mediana empresa española con capacidad suficiente para tener cierto espacio.

Así es que comprendemos la estrategia de España Nación Emprendedora (ENE) que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había incluido en sus Presupuestos Generales del Estado, diseñada por la Secretarií de “Avance Digital” (¡viva la ideología del progreso!), ostentada por Francisco Polo.

No debería asombrar que para el PSOE “innovación” signifique “privatización” de las infraestructuras básicas de la comunicación, base sobre las que se debieran levantar las sociedad democráticas, sino que a su izquierda llamen “innovar” a buscar una plataforma política para aglutinar a “fuerzas progresistas”.

En junio de 2017, el Presidente francés Emmanuel Macron propuso la creación de una nación start-up. Pocos meses después, la recaudación de fondos de capital riesgo para nuevas start-up aumentó hasta los 2.700 millones de dólares, en comparación con los 255 millones en 2014, según los datos de una firma de investigación gala. Esta cantidad fue mayor a las recaudadas en Alemania e Israel, que también tienen centros de tecnología de referencia, aunque ni por asomo similar a las inversiones relacionadas con tecnología en Gran Bretaña, que llegaron a 7.000 millones (más que en Francia, Alemania y Suecia juntas). Por otro lado, después de que la figura al frente del Eliseo convocara a 60 altos cargos de empresas tecnológicas durante un evento en París llamado “Inteligencia Artificial para la Humanidad”, estos anunciaron inversiones por 3.500 millones de euros y la creación de cerca de 2.200 empleos para los próximos cinco años. Concretamente, Facebook, con un laboratorio de inteligencia artificial instalado en París, prometió doblar su número y gastar 10 millones de euros en bienes de equipo. Por su lado, Google hizo una promesa similar, pero asegurando que destinaría 120 ingenieros para trabajar en el desarrollo de Chrome y YouTube.

La Agenda Digital del PSOE se ha debido de inspirar en todo ello y ha destinado tres millones de euros para la atracción de eventos —como pollos sin cabeza que organizan saraos endogámicos para que inversores con capital ansioso por circular dopen alguna que otra start-up patria—. Con mucha suerte, tal vez algunos CEO hipsters sigan el ejemplo del unicornio español Cabify y logren cierta riqueza antes de perder la partida contra sus competidoras extranjeras en el mercado de la movilidad.

Desde luego, no hace falta más que mirar a Pedro Sánchez para saber que la crisis política que han experimentado nuestras democracias se debe en buena medida a la tecnocratización de la vida pública y al menosprecio por la soberanía popular. La única opción del Gobierno, sea en Davos o en cualquier otro foro tecnopopulista, pasa por buscar ayuda en el campo empresarial, homenajear a empresas de nueva creación, aunque no tengan posibilidades de conquistar nuevos mercados, y hacer la genuflexión a Silicon Valley con frases como la siguiente: “Queremos posicionar a España como un mercado de la innovación, que facilite las llegadas de nuevo capital, atraiga talento especializado y ayude a las start-up españolas para que se conviertan en líderes digitales”.

¿Cómo? Los petimetres socialdemócratas dicen poder hacerlo con un plan de tecnologías digitales para invertir en Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las Cosas, ciberseguridad, supercomputación y 5G valorado en 60 millones de euros, según los Presupuestos Generales de 2019; mediante una nueva dotación de 2,5 millones para la creación de hubs de emprendimiento e innovación y creando lineas de prestamos para los sectores de contenidos digitales por valor de cinco millones de euros. Por poner un ejemplo, solo para la creación de una estrategia de Inteligencia Artificial, la infraestructura central para crear cualquier negocio en el futuro, Francia ha destinado 1.500 millones de euros. China, junto a otras muchas iniciativas, en torno a 150.000 millones. Canadá, Japón, Alemania y Reino Unido, por citar socios comerciales relevantes para España, también han impulsado estrategias propias con visiones bastante más ambiciosas, aunque probablemente inútiles.

Cuando Pedro Sánchez habla ante los líderes de Amazon Web Service (el brazo de computación en la nube de una compañía que en 2018 invirtió 22.600 millones de dólares en crear centros de datos y adquirir empresas) de que su proyecto “innovador” es “el desarrollo de política pública de servicios en la nube para la administración”, reivindica ante ellos la Start Up Nation y la digitalización de la economía, debemos pensar en las palabras de Evgeny Morozov: la “transformación digital” es el nuevo “ajuste estructural”. Y verlo en la perspectiva de la OCDE: “Tanto la administración pública como los servicios educativos y de salud son los sectores donde la adopción de análisis de datos podría tener el mayor impacto en el corto plazo”.

En resumen, la forma de apoyar a las start-up no es una Ley de fomento del ecosistema de Startup, sino un enfoque radicalmente nuevo al de las lógicas capitalistas de competencia y asegurarse que el uso de los datos no se encuentra sujeto a estas. En palabras de Morozov: “Los gobiernos deben involucrarse y enseñar a las empresas de tecnología que los datos que consideran de su propiedad solo les pertenecen a los ciudadanos. Las empresas deben ofrecer sus servicios pagando por este privilegio en proporción a su tamaño y ubicación; las pequeñas empresas locales tendrían que estar más protegidas ante los gigantes estadounidenses y chinos”.

Y, en efecto, eso no va modificarse con simples medidas antimonopolio, y mucho menos con impuestos irrisorios a las tecnológicas, como la tasa aprobada por el Gobierno de Sánchez (¡presentado por los dirigentes populares durante su último Gobierno como una medida capaz de gravar a Google y salvar las pensiones!).

Si el discurso de la soberanía tecnológica en Francia tiene un ingenuo cometido, hacerse con nuevos mercados a los que llega con varios años de retraso creyendo que acorta distancia con Alemania y Reino Unido, España debiera articular un modelo alternativo al de la Europa neoliberal. Por supuesto, nadie espera que la socialdemocracia se aventure en esa difícil aventura, pero resulta incompresible que las fuerzas a su izquierda no traten de aprovechar las brechas en el sistema económico y político.