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Perú después de Castillo

Si el autogolpe del exdictador peruano Alberto Fujimori perpetrado el 5 de abril de 1992 fue una tragedia para la democracia peruana, el intento de autogolpe de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022 fue poco más que una farsa. Mientras que el legado del primero perdura hasta nuestros días, el segundo se extinguió al cabo de unas horas. Tras el intento frustrado de disolver el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción» a la espera de la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias y de llevar a cabo una reforma radical del poder judicial, Castillo se dirigió a la embajada de México, donde presumiblemente pretendía solicitar asilo, siendo detenido por su propio equipo de seguridad mientras se encontraba en medio de un atasco. En un irónico giro del destino, Fujimori y Castillo están ahora detenidos en la misma cárcel.

No está del todo claro por qué Castillo actuó como lo hizo. Es cierto que se enfrentaba a un tercer proceso de destitución, pero como en anteriores intentos de destituirlo los votos simplemente no cuadraban. Puede que temiera que las investigaciones sobre su presunta corrupción supusieran un peligro inminente y decidió que era el momento del todo o nada. O tal vez pensó que clausurar el Congreso y convocar nuevas elecciones revitalizaría su apoyo popular. Si fue así, se equivocó. La maniobra fue condenada sin paliativos por la totalidad de las fuerzas y actores de la política y la sociedad peruanas, los ministros de su gabinete dimitieron y las fuerzas armadas se negaron a apoyarle.

La inestabilidad política se ha convertido en la norma en Perú. Desde 2016 el país ha tenido seis presidentes, ninguno de los cuales ha conseguido concluir su mandato íntegramente

En las elecciones de 2021 Castillo se aseguró una ajustada mayoría con la promesa de aumentar el gasto social y reformar el agotado modelo económico peruano. Su éxito fue enormemente simbólico: un maestro indígena y sindicalista de las empobrecidas tierras altas del país llegaba al poder cuando se celebraba el bicentenario del Perú. Hubo quien pensó que con Castillo en el poder las desigualdades profundamente arraigadas en el país podrían finalmente abordarse. Desde su toma de posesión, sin embargo, su presidencia ha sido un rotundo fracaso sin que haya logrado implementar grandes reformas políticas o económicas dignas de mención. La mayor parte de la culpa de ello recae en el Congreso y en los medios de comunicación, que no han cejado en sus intentos de derrocarle. Pero Castillo también tiene parte de responsabilidad en este desastre, dado que ha tomado una mala decisión tras otra, sobre todo en los nombramientos ministeriales, y ha permitido que su gobierno se viera empañado por la corrupción y la incompetencia.

Castillo asume el poder en Perú con promesas de cambio y escaso margen de actuación

Lucía Muñoz Miranda

América Latina

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Tras una larga espera de los resultados oficiales y en medio de un clima político convulso, el pueblo peruano por fin tiene a su presidente electo que tendrá que asumir el desafío de gobernar un país dividido.

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La principal división política de Perú gira en torno al enfrentamiento entre las fuerzas del fujimorismo y las del antifujimorismo. En 2021, quienes se oponían a la vuelta al poder del fujimorismo —un conglomerado electoral variado que abarcaba desde votantes indígenas rurales hasta liberales e izquierdistas urbanos— lograron derrotar a Keiko Fujimori, la hija del antiguo dictador. Sin embargo, los fujimoristas, concentrados en los centros urbanos más poblados, se negaron a reconocer el resultado electoral y prometieron impedir que Castillo gobernara. Durante el año siguiente, la división entre estos dos grupos provocó un conflicto constante entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La mayor parte de la oposición a Castillo provino de la derecha, pero también se le opusieron sectores de la izquierda, incluido Perú Libre, el partido nominalmente marxista que apoyó su candidatura electoral y luego lo expulsó por abandonar su programa social. En la atmósfera de agitación política resultante y ante la imposibilidad de acometer un proceso de reformas coherente, tanto el presidente como sus oponentes en el Congreso redujeron sus respectivos horizontes de acción y comenzaron a centrarse en la tarea básica de garantizar su supervivencia política. Las diferencias ideológicas quedaron subordinadas a los intentos de cada grupo de proteger su estatus y ampliar sus respectivas oportunidades de corrupción.

Ahora, eliminado Castillo de la escena, la vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada con escasa experiencia política, se ha convertido en la primera mujer presidente del país. De nuevo, el simbolismo es significativo: Perú es un país socialmente conservador en el que muchos de los cambios logrados por los movimientos feministas en los países vecinos están aún fuera de su alcance. Está por ver lo que significará su presidencia para los derechos de las mujeres. Su perfil público es menos tóxico que el de Castillo, pero inevitablemente Boluarte se enfrentará al mismo fuego cruzado por parte del Congreso y a idéntica hostilidad de los medios de comunicación y todo ello sin la legitimidad que confiere la victoria electoral. Es dudoso que pueda mantenerse en el cargo hasta que expire el mandato de Castillo en 2026. Para sobrevivir Boluarte tendrá que tender puentes con el electorado, sobre todo con quienes votaron a Castillo y ahora piden nuevas elecciones. Mucho dependerá del tipo de gabinete que forme y de las señales que envíe sobre cómo piensa gobernar. Boluarte ha expresado su intención de formar un gobierno de amplio espectro, si bien un gabinete tecnocrático, que pretenda apaciguar al Congreso, puede encontrarse con la resistencia de los votantes que auparon a Castillo la presidencia del país.

Durante los últimos años las fuerzas armadas se han abstenido de intervenir directamente en la esfera política, lo cual, sin embargo, puede cambiar, si figuras como Antauro Humala ganan mayor tracción. Antauro, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), cumplió condena en prisión por su participación en el fallido levantamiento militar de 2005. Ahora lidera un movimiento nacionalista llamado «etnocacerismo» (en referencia al héroe militar peruano y expresidente Andrés Avelino Cáceres), caracterizado por un sesgo paramilitar muy visible. Hasta el momento Antauro Humala ha conseguido el apoyo de algunas comunidades rurales y de soldados retirados, que pretende utilizar como plataforma de lanzamiento para su campaña presidencial de 2026. Si consigue presentarse como una alternativa al punto muerto trazado por el fujimorismo y el antifujimorismo, Perú podría ser testigo de la aparición de una nueva tendencia política singularmente peligrosa.

Por ahora, sin embargo, la presidencia de Boluarte probablemente ofrecerá más de lo mismo. La inestabilidad política se ha convertido en la norma en Perú. Desde 2016 el país ha tenido seis presidentes, ninguno de los cuales ha conseguido concluir su mandato íntegramente. Castillo propuso una nueva constitución para desafiar el modelo neoliberal del país, pero ni siquiera el establecimiento de una asamblea constituyente, que ahora es una perspectiva remota, resolvería esta crisis política sistémica. La destitución del presidente puede dar un respiro temporal al nuevo gobierno, pero las dinámicas que generan la inestabilidad política —partidos que funcionan como maquinarias cleptocráticas, poderes del Estado divididos, polarización entre el fujimorismo y sus opositores— persistirán.