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El proyecto AMLO

El sistema político mexicano sufrió una fuerte sacudida el 1 de julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su nuevo partido MORENA lograron una contundente victoria electoral, obteniendo el 53 por 100 de los votos en una contienda a cuatro bandas, rematada por la consecución de una ventaja de treinta puntos sobre su contendiente más cercano. Fue, con mucho, el margen más amplio registrado desde la «transición a la democracia» del país efectuada a principios del milenio. Los partidos que habían dominado el campo político durante todo el periodo neoliberal fueron dejados en una situación lamentable. Hoy, los índices de aprobación del presidente se mantienen en el rango del 60 por 100, a pesar de una prensa implacablemente hostil, una pandemia mundial, la crisis económica que la acompaña y las presiones inflacionistas en curso. Las viejas rivalidades entre los partidos de la oposición han quedado archivadas, y en consecuencia el PRI, el PAN y el PRD se han visto obligados a unirse so pena de resignarse a perder toda posibilidad de triunfar en las urnas.

Las idiosincrasias de la presidencia populista de izquierda de AMLO le han enfrentado no sólo a la derecha neoliberal, sino también a la intelectualidad cosmopolita «progresista» y a los autónomos afines al neozapatismo. Estos grupos le han acusado indistintamente de «convertir el país en Venezuela», de propagar el «conservadurismo» y de actuar como «esbirro del capital». Sin embargo, a medida que su sexenio en el poder llega a su recta final, una mirada más atenta a la trayectoria de AMLO revela un cuadro mucho más complejo. Su proyecto global ha sido alejarse del neoliberalismo y acercarse a un modelo de capitalismo desarrollista-nacionalista. ¿Hasta qué punto lo ha conseguido y qué puede aprender la izquierda de la implementación de este proyecto?

Por regla general, las transiciones para abandonar el neoliberalismo deben tener lugar en el entorno estructural configurado por el propio neoliberalismo: la erosión de la clase obrera como agente político y el desmantelamiento de la capacidad estatal. De ello se deduce que la tarea histórica básica de la izquierda contemporánea es la reactivación de la política de clase y la relegitimación del Estado como actor social. Podemos, pues, evaluar el mandato de AMLO en función de tres criterios fundamentales: la reinstauración del clivaje de clase como organizador primario del campo político; el esfuerzo por reconcentrar el poder de un aparato estatal vaciado por décadas de gobernanza neoliberal; y la ruptura con un paradigma económico basado en la corrupción institucionalizada. Consideremos cada uno de estos criterios sucesivamente.

A los pocos meses de acceder a la presidencia, AMLO declaró la muerte del neoliberalismo mexicano. Se trató de una declaración audaz, más una aspiración que un hecho consumado

1. En mayo de 2020, cuando estallaron las primeras protestas de la derecha contra el gobierno de AMLO, un vídeo viral circuló por las redes sociales. Muestra a una multitud de manifestantes de clase alta participando en una marcha en automóvil en una importante avenida de Monterrey, Nuevo León. Desde la ventana de un autobús público, un pasajero anónimo comienza a arengar a los automovilistas: «¡Esto es lo que mueve a México!», dice. «Los trabajadores... ¡los trabajadores mueven a México!». Para muchos, la escena captó el regreso de la política de clase a la conciencia pública tras una larga ausencia.

A los pocos meses de acceder a la presidencia, AMLO declaró la muerte del neoliberalismo mexicano. Se trató de una declaración audaz, más una aspiración que un hecho consumado. Los primeros signos de su realización fueron retóricos. Anteriormente, el discurso político se centraba en la división entre una «sociedad civil» vagamente definida y el Estado. Los funcionarios públicos admitían cada vez más la necesidad de aumentar el «control ciudadano» sobre la «gobernanza». El antagonismo de clase casi había prácticamente desaparecido del discurso público dominante. Sin embargo, con AMLO resurgió bajo un disfraz laclauiano: como una confrontación entre «el pueblo» y «la elite» (fifís y machuchones, como él los llama burlonamente), definida esta última por su riqueza, su autoengaño meritocrático y su desdén por la cultura de la clase trabajadora.

Este cambio verbal fue acompañado por un marcado proceso de realineación de los partidos. En las elecciones de 2018, los votos de la clase trabajadora se dispersaron entre diferentes partidos, incluido el bloque neoliberal, mientras que AMLO disfrutó de una cierta ventaja entre los profesionales de clase media. En ese momento, el 48 por 100 de los votantes con título universitario apoyaron a los candidatos de MORENA al Congreso. En las elecciones de medio mandato de 2021, en cambio, esa cifra cayó al 33 por 100. Lo contrario ocurrió en el extremo inferior del nivel educativo: el 42 por 100 de las personas con sólo primaria votó por MORENA en 2018, mientras que el 55 por 100 lo hizo en 2021. Encuestas recientes muestran que quienes más apoyan a AMLO son los trabajadores comunes, el sector informal y los campesinos, mientras que sus opositores más vociferantes son los empresarios y los profesionales con educación universitaria. El fenómeno de la «izquierda brahmán», que caracteriza cada vez más los patrones de voto en Europa y Estados Unidos, se ha invertido evidentemente en México.

En 2021, a pesar de la crisis económica, el gasto social como porcentaje del gasto público total tocó su punto máximo en una década

¿A qué se debe este cambio? En los últimos cuatro años se ha producido una avalancha de reformas a favor de los trabajadores y trabajadoras. Por primera vez se han reconocido los derechos formales de las trabajadoras domésticas y se han eliminado las prácticas de contratación precarias. Como resultado, el año pasado se registró un aumento del 109 por 100 en el reparto de utilidades, esto es, de los pagos de participación en los beneficios a los que todos los trabajadores tienen derecho formalmente, pero que los empleadores podían eludir antes mediante la «externalización» de sus contrataciones. Con AMLO se ha simplificado considerablemente el proceso de creación de nuevos sindicatos, se han duplicado los días de vacaciones reglamentarios y se está tramitando legislación para establecer una semana laboral de cuarenta horas (frente a las 48 horas actuales). Su gobierno ha instituido el mayor aumento del salario mínimo aprobado en más de cuarenta años. Antes de la crisis económica que siguió al confinamiento de la Covid-19, el sector más pobre de la población vio aumentar sus ingresos el 24 por 100.

Estas arenas movedizas han dado lugar a la tímida reaparición de la clase trabajadora como actor político. Quizá la prueba más clara sea el levantamiento de los trabajadores de las maquiladoras en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, donde decenas de miles de empleados lanzaron las mayores huelgas salvajes de la historia del sector. Enardecidos por el aumento del salario mínimo, exigieron incrementos de otras prestaciones, negándose a aceptar los intentos de los empresarios de poner fin a las primas, dado el aumento de los salarios. El movimiento dio lugar a nuevos y exitosos esfuerzos de sindicalización y propulsó a una de sus líderes, Susana Terrazas, a ocupar un escaño en el Congreso en las listas de MORENA.

La decisión de AMLO de concentrarse en los programas sociales ha fortalecido aún más esta nueva política de clase. Las transferencias monetarias se han incrementado el 65 por 100 en cuanto a su rango de cobertura respecto a gobiernos anteriores. En 2021, a pesar de la crisis económica, el gasto social como porcentaje del gasto público total tocó su punto máximo en una década. Este modelo de políticas sociales opera bajo una lógica totalmente diferente a la neoliberal vigente anteriormente, alejándose del modelo de gestión en función de microobjetivos y de la imposición de la comprobación de medios para abogar por un modelo más universal. Aunque las transferencias monetarias siguen estando reservadas a amplios subgrupos sociales (mayores de 65 años, estudiantes, personas con diversidad funcional, etcétera.), las condiciones para acceder a ellas son mínimas. Los programas de bienestar social se han consagrado en la Constitución, consolidando su estatus de títulos legales a su disfrute más que de «limosnas», de derechos más que de caridad.

La pérdida de sectores de las clases medias en posesión de titulación académica de la base de apoyo de AMLO refleja la degradación simbólica de estas en la gran narrativa de la nación

En el otro lado del espectro político, los partidos desplazados por MORENA han formado una coalición, que proclama abiertamente su lealtad a las grandes empresas. Magnates como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, exjefe de la confederación patronal, han desempeñado un papel crucial en la financiación de la oposición y en la provisión de sus puntos de vista. Además de denunciar las leyes laborales de AMLO, el sector empresarial se ha resistido ferozmente a su nuevo modelo fiscal. Aunque el gobierno adopta en general una línea ortodoxa en cuestiones macroeconómicas, ha hecho un esfuerzo concertado para aumentar la capacidad de recaudación tributaria por parte del Estado, que históricamente ha estado por detrás de los promedios de la OCDE y de los vigentes en América Latina y el Caribe. Sin alterar la estructura tributaria actual, estas medidas coercitivas han tenido un importante impacto redistributivo. De acuerdo con las cifras oficiales, el gobierno aumentó la recaudación de impuestos pagados por los más ricos del país más del 200 por 100. (De ahí que el Financial Times describa a Raquel Buenrostro, exsecretaria de la Administración Tributaria de AMLO y actual secretaria de Economía, como una «dama de hierro», que usa el «látigo en lo referido a los impuestos que deben pagar las multinacionales»).

Al mismo tiempo, la pérdida de sectores de las clases medias en posesión de titulación académica de la base de apoyo de AMLO refleja la degradación simbólica de estas en la gran narrativa de la nación, que el presidente ha ido construyendo en sus conferencias de prensa diarias. Mientras que en gobiernos anteriores, un gabinete repleto de figuras de la elite dotadas de credenciales universitarias era sinónimo de respetabilidad y autoridad, los llamamientos a la «experiencia» se consideran ahora vacías estratagemas de marketing político. Los ministros son alabados por «estar cerca de la gente», no por sus títulos y reconocimientos.

AMLO ha sido criticado en círculos socialmente progresistas, predominantemente compuestos por clases con credenciales académicas, por su falta de interés en promover el derecho al matrimonio homosexual o al aborto. AMLO se ha negado a adoptar una postura sobre estos temas, proponiendo en su lugar que se sometan a referéndum popular; sin embargo, esto es en gran medida un punto discutible ahora que se han producido avances significativos en estas cuestiones a escala estatal (curiosamente, los avances más significativos se han producido en las zonas donde MORENA controla el poder legislativo local).

El presidente también tropezó en su respuesta al combativo movimiento feminista surgido en 2019 para impugnar la persistencia del feminicidio en México. Desde el principio, AMLO pareció más interesado en «desenmascararlo» como una campaña orquestada por la derecha (que de hecho ha intentado apropiarse del levantamiento) que en escuchar sus demandas. Ha criticado las tácticas de acción directa de las recientes movilizaciones y elogiado la labor de las cuidadoras, lo cual ha sido considerado por muchos y muchas como un claro ejemplo de condescendencia masculina. Aunque AMLO se ha apegado a una estricta política de paridad de género en la selección de su gabinete, las detractoras feministas comprensiblemente ven su presidencia como insuficientemente preocupada por las jerarquías de género del país.

2. Una de las principales prioridades del gobierno de AMLO ha sido revertir el proceso de vaciamiento del Estado. Este proceso ha tomado varias formas. En primer lugar, se ha impulsado la recentralización de las funciones gubernamentales, que habían sido subcontratadas a empresas privadas y semiprivadas. Se ha suprimido la subcontratación de los servicios públicos a fin de reintegrarlos en instituciones públicas centralizadas. El gobierno también se ha deshecho de los fideicomisos, que administraban los fondos públicos de forma opaca y muy discrecional, y los ha incluido entre las competencias de los Ministerios correspondientes.

Este programa se ha visto respaldado por una serie de «megaproyectos» de infraestructuras dirigidos por el Estado, por la cancelación de otros proyectos privados, como el aeropuerto de Texcoco, y por la expropiación pública de partes de los ferrocarriles. Los proyectos de construcción emblemáticos de AMLO incluyen el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya alrededor de la península de Yucatán, un corredor de transporte, que conectará el Golfo de México con el Océano Pacífico, un proyecto de construcción de carreteras rurales y un importante plan de reforestación. Con estos proyectos se pretende crear empleo mediante obras públicas y rechazar la fracasada doctrina del laissez-faire.

La soberanía energética ha sido objeto de especial atención por parte del gobierno de AMLO, que ha tratado de renovar la capacidad productiva de la empresa petrolera estatal, PEMEX, y de convertirla en un motor de crecimiento. También ha trabajado para frenar, aunque sea modestamente, el poder de las empresas mineras extranjeras. Una nueva Ley de Hidrocarburos abre la posibilidad de revocar los permisos a las empresas privadas que cometan determinadas infracciones, mientras que la Ley de la Industria Eléctrica pretende aumentar la potencia generada por la CFE, la empresa eléctrica estatal, limitando el requisito de que compre electricidad al sector privado. Ambas medidas pretenden mejorar la posición relativa del sector público y hacer retroceder la ola de reformas neoliberales. El gobierno reafirmó recientemente este compromiso con la compra de trece centrales eléctricas propiedad de la empresa energética Iberdrola.

El prolongado periodo de atrofia del Estado que precedió al mandato de AMLO ha obstaculizado inevitablemente algunas de sus políticas más ambiciosas. El Estado aún no ha superado su dependencia de las asociaciones público-privadas. Se ha visto obligado a utilizar la infraestructura administrativa del Banco Azteca, propiedad del magnate de los medios de comunicación Ricardo Salinas Pliego, para aplicar sus programas de transferencia de efectivo. Aunque existe un plan para que los bancos públicos asuman estas responsabilidades, la transición ha sido lenta. El proyecto de infraestructuras estrella de AMLO, el tren de Yucatán, es propiedad del Estado, pero incluirá componentes público-privados. Los servicios públicos externalizados, como las escuelas infantiles, se han cerrado con la intención de desprivatizarlos, pero no todos han sido sustituidos, lo que significa que los ciudadanos deben utilizar vales estatales para adquirir servicios esenciales en el mercado privado. Al carecer de una verdadera capacidad administrativa, AMLO se ha vuelto cada vez más dependiente de los militares para construir y operar muchos de sus proyectos de infraestructura.

La necesidad de recuperar el poder del Estado también es evidente en la persistencia de la grave violencia relacionada con los cárteles de la droga, un problema que llevó a AMLO a crear una nueva Guardia Nacional, compuesta por miembros del ejército (y nuevos reclutas adicionales), reentrenados para realizar labores policiales. Los críticos afirman que esto representa la militarización de la vida pública. También señalan el uso que hace AMLO del aparato represivo a lo largo de la frontera sur del país, donde las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica suelen ser recibidas con la fuerza. Estas acciones son, en gran medida, una capitulación ante la perenne exigencia de Estados Unidos (antes y después de Trump) de que México detenga el flujo de solicitantes de asilo. Al igual que sus predecesores, AMLO ha aceptado tales restricciones a la soberanía nacional, tal vez porque ello puede utilizarse como palanca en las negociaciones con su vecino del norte. Ha dedicado una energía considerable a impedir que las caravanas lleguen a Estados Unidos mediante el ofrecimiento de visados de trabajo mexicanos, la petición de un «Plan Marshall para Centroamérica» y la negligencia en la consideración de la brutal represión policial. Su actuación en este ámbito solo pueden calificarse de pésima, aunque una excepción importante fue su negativa a consentir el intento de Trump de declarar a México «tercer país seguro», lo cual habría impedido a la práctica totalidad de los refugiados centroamericanos solicitar asilo en Estados Unidos.

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De la guerra contra el narco a la “guerra contra nosotros”

Inés Giménez Delgado

México

De la guerra contra el narco a la “guerra contra nosotros”

Inés Giménez Delgado

El estrepitoso fracaso de la Guerra contra el Narco –con 152.000 personas muertas, 32.000 desaparecidas y 310.000 desplazadas– no ha impedido que el Gobierno de Peña Nieto apruebe la contestada Ley de Seguridad Interior, que legaliza la militarización del país.

3. En su discurso de toma de posesión como presidente de diciembre de 2018, AMLO afirmó que «el rasgo distintivo del neoliberalismo es la corrupción». El neoliberalismo, en su opinión, no consiste sólo en la contracción del Estado, sino en su instrumentalización al servicio del mercado. Este proceso ha transformado a México en una especie de economía rentista a la inversa en la cual una red de empresas privadas desvía dinero de las arcas públicas a través de una serie de mecanismos legales e ilegales: privatizaciones, subcontratación, venta de servicios sobrevalorados y creación de empresas fantasma diseñadas para aprovechar los contratos públicos y las oportunidades de evasión fiscal.

La crítica de izquierda a AMLO ha sido monopolizada en gran medida por la intelectualidad «progresista», que a su vez ha sido absorbida por el bloque opositor dominado por las elites

La noción del neoliberalismo como economía política de la corrupción ha informado los objetivos del gasto público de AMLO. El concepto insignia de su gobierno es contraintuitivo: austeridad republicana. En la práctica, ello significa la reorganización y recentralización del gasto público con el objetivo de «recortar desde arriba». Dado que el neoliberalismo mexicano forjó amplios vínculos entre el Estado y la empresa privada, la austeridad se considera como un instrumento pertinente para romper esas conexiones y deshacerse de las empresas parasitarias, cuyos beneficios dependen de la generosidad del gobierno.

A largo plazo, la estricta adhesión a la austeridad republicana puede dificultar, si no imposibilitar, la creación de un sólido sistema de bienestar social. Sin embargo, por el momento, ha conseguido relegitimar al Estado tras décadas de amiguismo y clientelismo. Los temores de que ello provocara despidos masivos se han disipado. Además del gasto a gran escala realizado en obras públicas y transferencias monetarias, sectores como la ciencia, la educación y la sanidad han visto aumentados sus presupuestos, aunque sea mínimamente. El problema más urgente derivado de la restricción fiscal de AMLO es que socava los argumentos a favor de una reforma fiscal de envergadura, ya que implica que la izquierda puede alcanzar sus objetivos únicamente a través de un gasto más eficiente: reequilibrar las cuentas en lugar de redistribuir la riqueza.

En teoría, los críticos de izquierda de AMLO podrían reconocer sus avances y, al mismo tiempo, hacer una crítica sólida de su política de género, sus políticas fronterizas y sus programas de austeridad. Sin embargo, en la práctica, han perdido la oportunidad de construir una alternativa seria a MORENA. Hasta ahora, la crítica de izquierda a AMLO ha sido monopolizada en gran medida por la intelectualidad «progresista», que a su vez ha sido absorbida por el bloque opositor dominado por las elites. El movimiento autónomo, entretanto, sigue sin estar interesado en capturar el poder del Estado. Hace tiempo que abandonó este terreno y se centró en oponerse a los proyectos desarrollistas, obteniendo al respecto escasos resultados.

Cualquier evaluación de AMLO y MORENA debe reconocer las dificultades de reiniciar un Estado del bienestar con un aparato administrativo ruinoso y de revigorizar a una clase trabajadora que ha sido prácticamente derrotada como agente colectivo. El actual gobierno está, por supuesto, afligido por muchas más incertidumbres y contradicciones, las cuales van más allá del alcance de este breve texto. ¿Hasta qué punto es viable el neodesarrollismo en el contexto de la crisis climática actual? ¿Puede la fiscalidad progresiva tener éxito en un entorno de crecimiento estancado? ¿Con qué rapidez puede un país desprenderse de la inversión extranjera? Estas son preguntas para la izquierda de todo el mundo. Cualesquiera que sean los defectos de las respuestas de AMLO, su intento de romper con el neoliberalismo no puede eludirse fácilmente.