De la guerra contra el narco a la “guerra contra nosotros”

El Charco, Apatzingán, Ayotzinapa, Tlatlaya, Golochán, Noxtitlán, Aguas Blancas, Acteal, Tanhuato, Ayotzinapa… En la memoria colectiva de los pueblos mexicanos se van acumulando masacres, desapariciones y torturas derivadas de los estragos de la militarización y la supuesta guerra al crimen organizado, que algunos investigadores ya empiezan a llamar “la guerra contra nosotros”.

La mayoría de las agencias de la ONU, docenas de organizaciones de derechos humanos y cientos de miles de ciudadanos se pronunciaron en contra de la aprobación por parte del Senado de la República mexicana, con 71 votos a favor y 34 en contra, de la Ley de Seguridad Interior, que legaliza la actuación de las fuerzas armadas en la vida civil mexicana. El cabildeo y chantaje de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) había surtido efecto. Pocos días después, la ley fue sancionada por el ejecutivo en un tiempo record comparado con otras muchas normativas que permanecen estancadas en el patio de curules. “¿Un autogolpe militar?”, se preguntan algunos.

La ley de seguridad interior busca, según los propios diputados del PRI, “regularizar la situación de excepción que ha persistido en el país durante más de diez años”

La ley de seguridad interior busca, según los propios diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han votado a su favor “regularizar la situación de excepción que ha persistido en el país durante más de diez años”, a la vez que deja en manos de las fuerzas armadas tareas de seguridad pública que previamente correspondían a policías municipales o estatales. Asimismo, permite al Ejecutivo ordenar, por sí mismo o a petición de las entidades federativas, la intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Entre otros aspectos controvertidos de esta ley, destacan las cláusulas de confidencialidad en “temas sensibles a la seguridad”, falta de transparencia que, por otro lado, ya caracteriza a la actuación de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), opaca a los mecanismos civiles de justicia y rendición de cuentas.

Además, la vaguedad en la redacción de la Ley abre la puerta a que las Fuerzas Armadas intervengan las comunicaciones y recolecten información privada de cualquier persona, desplegando prácticas de espionaje contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, una práctica ya constante en los últimos años, como se reveló a principios de este año cuando varias personalidades públicas denunciaron la infección de sus teléfonos con el software espía Pegasus, comprado por el gobierno mexicano a una empresa israelí por 32 millones de dólares. El estado de excepción que faculta la actuación de las fuerzas armadas podrá disponerse hasta por un año en una o varias regiones del país “prorrogable si subsiste la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó”.

Uno de los aspectos más señalados por las organizaciones que se oponen a esta ley es el fracaso de las estrategias militaristas en la llamada lucha contra las drogas, inaugurada en México en diciembre de 2006, cuando el presidente panista Felipe Calderón envió efectivos militares a Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, la vía armada de lucha contra las drogas, que ha contado con impulso, respaldo y presupuestos aprobados por el Congreso de EE UU a través de la Iniciativa Mérida (símil del Plan Colombia de 1999 en la región andina), ha tenido un claro resultado: el aumento exponencial de la violencia y las violaciones a derechos humanos en el país.

En los últimos diez años, los miles de elementos del Ejército y la Marina desplegados y las operaciones regionales para controlar el territorio no sólo no han logrado disminuir la producción y tránsito de droga, sino que han dejado un saldo sangriento: 152.000 personas muertas, 32.000 desaparecidas y 310.000 desplazadas. Tortura, abuso de autoridad, delitos relacionados con violencia sexual, homicidio, extorsión y privación de la libertad son otros de los crímenes cometidos por fuerzas armadas que, como muestra el informe de WOLA Justicia olvidada, quedan en la impunidad. Según este documento, de acuerdo con estadísticas oficiales, entre 2012 y 2016 la PGR inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles, especialmente tortura y desaparición forzada. En el mismo periodo solo hay registro de 16 sentencias. Otros informes destacan las 12.408 quejas interpuestas al Ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Entre 2008 y 2011, el Ejército tuvo un saldo de 9,1 civiles muertos por cada civil herido, la policía federal 2,6 civiles muertos por cada herido y la Marina de 17,3 civiles muertos por cada herido

Otro hecho preocupante en la actuación del Ejército en México es su índice de letalidad, que mide la relación de “opositores” muertos frente a “opositores” heridos en un enfrentamiento armado. Entre 2008 y 2011, el Ejército tuvo un saldo de 9,1 civiles muertos por cada civil herido, la policía federal 2,6 civiles muertos por cada herido y la Marina de 17,3 civiles muertos por cada herido. A pesar del discurso menos beligerante de la administración Peña Nieto, en los hechos estos índices se mantuvieron muy similares de 2011 en adelante. ¿Cuáles son entonces las conclusiones lógicas de militarizar, todavía más, la seguridad pública?

En las entidades federativas históricamente militarizadas, como Guerrero, lo saben muy bien: dar carta blanca a la impunidad para los crímenes de Estado, suspender garantías constitucionales, generar un estado de excepción que instala el terror social y permite el control geoestratégico de recursos naturales, encubrir, silenciar. Como recuerdan en el CDHM/Tlachinollan, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tres sentencias en contra de México por casos relacionados con la jurisdicción militar: el relacionado con la desaparición forzada de Rosendo Radilla en la guerra sucia de los años, el relacionado con la violación sexual de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. 

En 2009, un joven indígena del pueblo nahua, Bonfilio Rubio Villegas, quien fue ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano en un retén militar, retenes cerca de los cuales suceden asaltos, ejecuciones sumarias, secuestros y desmembramientos, como da cuenta la crónica negra y roja de todos los días en la entidad.

Así lo muestra la impunidad de las fuerzas armadas en casos como los de Tlatlaya o en los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en cuya desaparición estuvieron implicados, por acción o por omisión, miembros del 27 batallón de infantería: las investigaciones requeridas por la justicia civil, nacional e internacional, por los estudiantes desaparecidos no pudieron acceder adecuadamente a los recintos militares que se encontraban en las inmediaciones.

El silogismo es claro. Frente a las afirmaciones y concepciones liberales de que de México es un “Estado fallido” que necesita un poder fuerte y centralizado, se hace necesario un examen más concienzudo. ¿A qué necesidades responde y a quién beneficia la cuartelización del país? ¿Podría ser la supuesta debilidad de instituciones civiles algo intencional? ¿Cómo se relaciona este despliegue militar con la contención y criminalización de la protesta social ante el continuo saqueo de recursos naturales (hidrocarburos, metales, agua, biodiversidad)? ¿En qué medida se está avanzando en la cooptación de instituciones civiles por el mando militar y en qué medida existe una complicidad de los poderes fácticos ante la contienda electoral de 2018? La usurpación de poder civil por las élites militares no puede traer sino más violencia, más opacidad y la (re)instalación de poderes dictatoriales, al servicio de intereses geoestratégicos imperiales.