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La huelga de funcionarios de justicia de Galicia se enquista

El paro laboral de funcionarios de justicia en Galicia continúa sin visos de arreglarse tras más de dos meses de huelga y un conflicto que se arrastra desde octubre. 

Justicia en Lucha
Funcionarios de Justicia gallegos en huelga el miércoles 11 de abril en el Congreso Dani Gago

publicado
2018-04-14 06:00:00

La huelga de funcionarios de justicia de Galicia se alarga. Los sindicatos presentaron una solicitud para retomar las negociaciones interrumpidas, pero siguen sin respuesta por parte de la Xunta. La última reunión fue el 26 de marzo.

El conflicto comenzó el 3 de octubre. El Comité sindical presentó entonces un informe denunciando, por un lado, una situación de inferior retribución económica con respecto a otras comunidades a pesar de ser funcionarios del Estado y, por otro, una plantilla insuficiente para atender a las demandas. Las negociaciones avanzaron hasta que la Xunta cambió a los interlocutores a mediados de enero. La huelga comenzó el 7 de febrero. Y hasta hoy.

Las competencias de gestión están trasladas a la Xunta desde 1996, al igual en otras once comunidades autónomas. El presupuesto deviene de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) salvo el Complemento Autonómico Transitorio (CAT), denominación que varía en cada comunidad. En el momento de la transferencia de competencias, Galicia tenía a sus funcionarios en el término medio en la tabla, pero mientras otras comunidades fueron renovando sus acuerdos, Galicia se quedó a la cola. Comparando la retribución económica con Cantabria, de similar PIB, los funcionarios recibien 200 euros menos mensuales.

Los sindicatos reclaman la consolidación de plazas fijas que son cubiertas por interinos, así como la recuperación de 106 plazas perdidas en las Audiencias Provinciales desde 2012. Ese año la Dirección Xeral de Xustiza elaboró un plan de amortización por el cual esas plazas vacantes no volvían a salir a concurso, a pesar de que el Ministerio permitió solo diez. Tino Novoa, de CC OO Xustiza, afirma que "no hubo una inversión suficiente, y eso se refleja en cuestiones tales como el retraso" en la convocatoria de plazas.

El Ministerio hizo un plan de amortización de 106 plazas por el cual las que se fueran quedaron vacantes (por jubilación o lo que sea) no eran vueltas a cubrir porque las bloqueaban y no sacaban a concurso. La cosa es que el ministerio permitió solo 10. Por un lado, los sindicatos reclaman su recuperación o la creación de puestos de apoyo. Por otro, que implica tmb que vía PGE la Xunta está recibiendo fondos como si tuvieran esas plazas

En cuanto a la retribución económica, reclaman la eliminación de los descuentos salariales por incapacidad laboral temporal, que supone el 50 % en los tres primeros días y el 25 % en los siguientes —y que no sufren los otros estamentos con los que trabajan—, y el cobro del mismo salario que recibirían los titulares en las sustituciones de cuerpos superiores, además de la equiparación del CAT.

Negociaciones que no existen

Las negociaciones entre la Xunta y los sindicatos con mediación del Consello de Relacións Laborais avanzaban en todos los puntos. Pero a mediados de enero el Gobierno situó a la Consellería de Facenda al frente, regentada por Valeriano Martínez. Pablo Valeiras, portavoz del comité de huelga, denuncia que "las negociaciones como tal no existen. Llegan a la mesa, presentan una oferta, y si no la aceptamos se levantan. Así hasta que nos vuelven a llamar quince días más tarde".

Alfonso Rueda, número dos del Gobierno de Feijóo, que había estado presente en las primeras reuniones, dejó de ir a pesar de ser la cara visible de la Xunta en el conflicto. Fuentes sindicales apuntan a que Rueda, candidato a suceder a Feijóo en el Gobierno, habría perdido la batalla. Valeriano Martínez, alargando las negociaciones, estaría desgastando a Rueda. Uno de los posibles beneficiados de esta situación sería Francisco Conde, otro posible candidato que actualmente ocupa la Consellería de Economía, Emprego e Industria.

"Que migren"

"Si no están de acuerdo [con la oferta de la Xunta] que migren", exponía en febrero el director xeral de Función Pública, José María Barreiro. Entonces llegó la huelga, y se llegó al 95% de seguimiento, acorde a datos sindicales. Actualmente se encontrarían por encima del 80%, según las mismas fuentes. El comité denunció los servicios mínimos por considerarlos abusivos ante el Tribunal Superior de Xustiza, sin recibir respuesta alguna. Más tarde, la Xunta emitió un informe declarando que estos eran insuficientes. Tras ello el Tribunal mandó una directriz a través de la Secretaría de Gobierno aseverando que era necesario plantear un aumento. A mayores, el 4 de diciembre la Cámara aprobó una moción por la cual se instaba al Gobierno a resolver el problema, incluido el voto de la propia bancada popular, pero la Xunta no está cumpliendo el mandato parlamentario.

"Salvo causas excepcionales que vemos en derecho penal o de familia, la mayoría de juicios están sin celebrarse" explica Javier Villar, que colabora en los juzgados de A Parda de Pontevedra. En torno a 18.500 juicios ya han sido suspendidos. Varios juzgados de lo Social en Vigo están citando para finales de 2019. Novoa reclama que "la huelga no solo es un perjuicio para nosotros, sino para toda la ciudadanía. Pocas veces hemos visto en la administración un conflicto de estas características. Por ello, la Xunta debería sentarse a negociar".

Cuando termine la huelga habrá una sobrecarga de trabajo para todos los estamentos. Los abogados que ahora no tienen procesos tendrán una sobrecarga debido a los plazos computados. La fiscalía, cuyos procesos de gestión los llevan los funcionarios, se encuentra en una situación de cierta parálisis. Así todos los cuerpos.

Alfonso Rueda afirmó que la oferta del Gobierno "supondría más de 300 euros más al mes para cada trabajador". Los sindicatos afirman que, si eso fuese verdad, lo firmarían en el acto. Así, las centrales sindicales pidieron en la última reunión un aumento del CAT de 180 euros. La oferta por parte de la Administración fue de 135 euros para forenses, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio sin explicar los plazos en los que se revisaría la subida. Queda mucho por negociar.

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