Serbia
En primera línea de la lucha de Serbia por la justicia de la vivienda

La privatización del sistema de agentes judiciales en Serbia ha dado lugar a un aumento de los desalojos: se ha formado una nueva organización para luchar por la justicia en materia de vivienda.

Activistas por el derecho a la vivienda en Serbia
Protesta por el derecho a la vivienda en Serbia. Foto Peoples Dispatch
Traducción: Pilar Gurriarán

publicado
2019-11-04 06:26

En una fría mañana de otoño de 2017, un grupo de vecinos, familiares y activistas por la vivienda se unen a una convocatoria de una familia en apuros. Están encerrados en su apartamento, enfrentados por dos matones y un abogado que representan a un hombre que dice ser el nuevo propietario de la casa. Un agente judicial está de pie a un lado, esperando que la familia firme un papel renunciando a su reclamo sobre la propiedad. Diez policías están esperando fuera de la puerta y en el patio, impidiendo que un grupo de activistas por la vivienda entre por el hueco de la escalera.

La familia se había endeudado hace unos años, pero desde entonces se las han arreglado para pagar el préstamo. El tribunal ignoró este hecho, procedió a la ejecución hipotecaria y el agente judicial subastó su piso con un valor estimado de 90.000 euros por sólo 25.000 euros.

Pasan seis horas, el dueño de la casa se desmaya, cae al suelo y sufre un ataque epiléptico que dura dos horas. Su esposa lucha para evitar que los dos hombres voluminosos se lo lleven. Los activistas llaman a una ambulancia, pero la policía —cansada, agitada, pero aun así siguiendo órdenes— no deja entrar a los médicos. Bajo un aluvión de insultos, amenazas y persuasión, ceden y los dejan pasar. Aprovechando la oportunidad, los activistas se escabullen entre los cansados oficiales y entran en el piso.

Desde que se introdujo el sistema de agentes judiciales privados y su amplio poder para llevar a cabo ejecuciones hipotecarias, el ataque constante contra los inquilinos y su derecho a la vivienda ha dejado a muchos en un estado de temor constante

Veinte personas están ahora ocupando el piso exigiendo que el agente judicial y la policía se vayan. También el abogado. Parece que el asedio ha terminado. Dos horas después, alguien llama a la puerta. El abogado del nuevo propietario, escoltado por matones encapuchados con porras y barras de metal, ha regresado para terminar el desalojo. Al ver que la gente sigue dentro del piso, se van después de un breve intercambio de amenazas.

La familia sigue viviendo en su apartamento; el desalojo ha quedado en suspenso mientras luchan en los tribunales por el derecho a su vivienda.

Su historia es compartida por muchos otros: familias, pensionistas, madres solteras, trabajadores, refugiados y veteranos de guerra que luchan contra los desalojos en Serbia. En los últimos ocho años, desde que se introdujo el sistema de agentes judiciales privados y su amplio poder para llevar a cabo ejecuciones hipotecarias, el ataque constante contra los inquilinos y su derecho a la vivienda ha dejado a muchos en un estado de temor constante.

La represión del derecho a la vivienda no ha quedado sin respuesta. Los actos individuales de resistencia condujeron a la formación de un movimiento nacional y una organización que está a la vanguardia de la lucha por la justicia en la vivienda: El Techo (The Roof).

Raíces de la epidemia del desalojo

Antes de la desintegración de Yugoslavia, más del 50% de todas las viviendas eran “viviendas sociales”, proporcionadas a través de las cotizaciones mensuales de los trabajadores. A principios de la década de 1990, la necesidad de llenar las arcas del Estado para financiar a los militares durante la guerra yugoslava llevó a la decisión de permitir que las empresas públicas y las instituciones estatales vendieran pisos sociales.

El fondo de vivienda fue abolido y todas las formas de vivienda estatal y cooperativa dejaron de existir. Como resultado de esta “transición”, Serbia tiene hoy en día un alto porcentaje de propiedad de la vivienda —el 98,3% es de propiedad privada—, pero los propietarios son en su mayoría pobres y tienen dificultades para pagar los costes de mantenimiento y las facturas de los servicios públicos.

El hogar dejó de ser un lugar de refugio de las dificultades de la vida y se convirtió en otro campo de batalla de la lucha de clases

Los que se negaron a —o perdieron— la oportunidad de invertir en este bien inmueble recién privatizado pasaron problemas en el mercado de la vivienda que se desarrolló a principios del nuevo milenio. Despojados de los ahorros de toda la vida por la inflación y el desempleo, muchos se vieron obligados a obtener préstamos de bancos especuladores, en su mayoría extranjeros, y a comprar sus casas a inversores privados poco fiables que a veces vendían los mismos apartamentos —por lo general inacabados— varias veces.

El sector de la construcción autogestionado y de propiedad estatal se enfrentó a las mismas sombrías perspectivas económicas que otros sectores durante la transición al capitalismo. Gigantes de la construcción como Trudbenik y Komgrap, que proporcionaban pisos de alta calidad a gran escala, fueron privatizados y luego quebraron.

Más de 800.000 refugiados, principalmente serbios y romaníes, huyeron de los Estados vecinos a Serbia durante las guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo. Desde que el Estado dejó de invertir en vivienda social, muchos de los refugiados siguen viviendo en centros de vivienda colectiva improvisados. Bajo estas circunstancias, el hogar dejó de ser un lugar de refugio de las dificultades de la vida y se convirtió en otro campo de batalla de la lucha de clases.

Acelerar la muerte de la clase obrera

Para tener acceso al crédito en Serbia, los activos totales de una persona deben proporcionarse como aval. En muchos casos esto significa su hogar. En un país de mano de obra no regulada y mal pagada, donde el 25% de la población vive al borde de la pobreza y el 7,2% vive en la pobreza extrema, las casas y apartamentos de propiedad privada son a menudo los únicos activos disponibles para su confiscación.

La epidemia de desahucios comenzó con la privatización del protocolo de desalojo en 2011. A través de cambios legislativos, el Estado introdujo a los agentes judiciales privados como una supuesta solución al problema de la “ejecución ineficaz” de los veredictos de los tribunales, algo que antes hacían los agentes judiciales públicos. Esta reforma fue adoptada por el gobierno del gobernante Partido Demócrata de centro-derecha bajo la presión de la Unión Europea. 

Mientras que la narrativa diseñada para el público en general era que los agentes judiciales privados proporcionarían a los trabajadores una forma rápida de cobrar sus salarios, la realidad no cumplió esta promesa. 

En lugar de que los trabajadores de las fábricas privatizadas y arruinadas pudiesen reclamar sus salarios de despido, la ley solo aceleró la muerte de la ya empobrecida clase obrera. La justicia se hizo accesible solo a aquellos que podían pagar los honorarios del agente judicial. El nuevo sistema de aplicación de la ley proporcionó a los bancos, prestamistas, empresas de servicios públicos, corporaciones y magnates ricos una herramienta adicional para el despojo de los miembros pobres y endeudados de la sociedad. 

Los desalojos a menudo implican el traslado forzado de personas de sus hogares y comunidades, comportamientos agresivos frecuentes e intimidación por parte de los agentes judiciales, la policía y la seguridad privada

El diseño del nuevo sistema implica el interés personal del agente judicial en el proceso de ejecución. Dado que los agentes judiciales tienen el poder de decidir cómo se pagará la deuda, a menudo ocurre que deciden vender un piso incluso por una deuda relativamente pequeña. El agente judicial es el que estima el valor de la propiedad y también es el que la vende, manteniendo una comisión elevada.

Dado que sus servicios son caros, no son asequibles para la clase trabajadora. Los pisos y las casas se venden en subastas que a menudo se organizan en lugares oscuros y aislados. Las casas se venden a menudo a precios mucho más bajos que el valor de mercado estimado, y ha habido casos en los que los compradores han sido otros agentes judiciales, sus familiares o personas cercanas a ellos. Otros compradores son individuos ricos, bancos y prestamistas. 

La miseria de la gente no termina con la venta de sus pisos. El deudor está obligado a pagar la tasa de ejecución por haber sido expulsado de su propio piso. A finales de 2017, una madre soltera fue expulsada de un piso que compró pero que posteriormente perdió cuando fue restituido a un propietario anterior. Un agente judicial, que solo ese año recaudó 800.000 euros, les cobró 11.000 euros por el coste de sus “servicios” de ejecución. 

En Serbia, el Estado no tiene la obligación de proteger a los desalojados. Se ha abolido la institución de alojamiento de emergencia y no hay apoyo para la vivienda de las personas sin hogar

Los agentes judiciales cuentan con la asistencia de la policía o de empresas de seguridad privadas. Los desalojos a menudo implican el traslado forzado de personas de sus hogares y comunidades, comportamientos agresivos frecuentes e intimidación por parte de los agentes judiciales, la policía y la seguridad privada. En más de una ocasión, los trabajadores de los servicios sociales amenazaron a las madres con llevarse a sus hijos si no cumplían con las órdenes de desalojo. A finales de 2018, el perro de un hombre fue sacrificado en el acto cuando el agente judicial vino a evaluar su propiedad mientras el dueño no estaba en casa. 

En Serbia, el Estado no tiene la obligación de proteger a los desalojados. Se ha abolido la institución de alojamiento de emergencia y no hay apoyo para la vivienda de las personas sin hogar. 

Ejecución de la deuda

Con los cambios legislativos que entraron en vigor en 2016, los agentes judiciales privados fueron rebautizados como “agentes judiciales públicos” para ocultar la verdadera naturaleza de su trabajo. El control de los agentes judiciales se transfirió de los tribunales a los propios agentes judiciales; las denuncias de fraude e irregularidades se presentarán ahora a los que presuntamente las cometieron.

Este cártel de 215 “agentes judiciales públicos” estableció una estafa a través de la cual ejecutan despiadadamente las deudas con la ayuda de la policía. Además de actuar sobre las decisiones de los tribunales, los agentes judiciales también actúan sobre los llamados “documentos creíbles” de los acreedores, como las facturas de las empresas de servicios públicos o de telefonía y las deudas con los bancos, sin necesidad de veredictos judiciales previos. A principios de 2019, se encargó a los agentes judiciales la ejecución de más de 300.000 casos individuales de deuda en un país de seis millones de habitantes.

En Belgrado, más del 15% de sus casi 700.000 apartamentos están vacíos, mientras que en otras ciudades este número puede aumentar hasta el 20%

Hoy en día, el cumplimiento de los pagos de la deuda se ha convertido en algo prioritario: se puede hacer desde el amanecer hasta el anochecer, en condiciones meteorológicas extremas, durante las vacaciones y sin tener en cuenta la salud y la situación socioeconómica de las personas que son desalojadas. La gente a menudo pierde no solo sus casas, sino también sus muebles y reliquias familiares, que se subastan. Los agentes judiciales públicos también confiscan hasta dos tercios de los salarios y pensiones de los deudores. Ha habido casos de confiscación ilegal de prestaciones sociales y pensiones alimenticias.

La privatización del sistema de agentes judiciales, con el objetivo de desmantelar el llamado “lobby de deudores”, dio lugar a un nuevo estrato de la clase media que se está beneficiando del sistema de agentes judiciales: agentes judiciales, agentes de ventas y anfitriones de subastas, empresas de mudanzas, compradores en mejor situación económica, cerrajeros y empresas de seguridad privada. La aplicación de la deuda continúa incluso cuando se han identificado irregularidades o fraudes en la corte. Nada retrasa la rápida mano de la llamada justicia del estado capitalista.

Solo en 2017 se realizaron 3.736 embargos inmobiliarios, según la Cámara de Agentes judiciales, mientras que el diario Politika afirma que más de 3.000 familias han sido desalojadas de sus apartamentos en los últimos siete años. Las personas sin hogar se producen al mismo ritmo que nuevos bloques de viviendas.

En Belgrado, más del 15% de sus casi 700.000 apartamentos están vacíos, mientras que en otras ciudades este número puede aumentar hasta el 20%. Al mismo tiempo, Serbia es el campeón europeo en términos de viviendas superpobladas, con más de la mitad de los hogares clasificados como tales.

Creciente represión del movimiento de la vivienda

A principios de 2017, varias organizaciones e individuos de izquierda fundaron una organización por la justicia en la vivienda llamada El Techo (Združena akcija Krov nad glavom). A través de la organización comunitaria, el trabajo de promoción, la investigación, las campañas de concienciación, las protestas, las ocupaciones de bancos y más de un centenar de acciones contra los desahucios, la organización ha desempeñado un papel crucial en el cambio del paradigma ideológico: los desalojos ya no se consideran asuntos privados de las personas endeudadas, sino como el despojo ilegítimo de la gente común por parte de los ricos, a los que hay que resistirse.

Más y más personas que luchan con problemas de vivienda se están uniendo al movimiento. El objetivo principal de El Techo es luchar por una sociedad en la que nadie se quede sin hogar, una sociedad en la que el derecho a una vivienda esté garantizado.

La solidaridad y la autoorganización de la gente en las calles ha ido en aumento. Vecinos y compañeros de trabajo se están involucrando cada vez más en acciones contra el desalojo y el Estado está presionando al movimiento. En la actualidad, los miembros de la organización se enfrentan a más de 20 cargos penales individuales por obstrucción a la policía, cada uno de los cuales puede ser condenado a una pena de prisión de uno a tres años.

En abril de 2019, la policía detuvo a 17 activistas de El Techo que se reunieron en solidaridad con la familia Mandić en Novi Sad. La familia Mandić había invertido 40.000 euros en un proyecto de construcción conjunta con otra familia propietaria del terreno. Dieron el dinero por adelantado, sin un contrato escrito, contando con el acuerdo verbal. En lugar de honrar el acuerdo, los terratenientes cogieron el dinero y entablaron una demanda contra la familia Mandić. Sin pruebas escritas de que habían dado el dinero a los terratenientes, la familia perdió el caso y fueron desalojados de la casa a medio terminar.

Gracias a la presión de la resistencia organizada, los desalojos se han vuelto difíciles de ignorar

Otra detención masiva tuvo lugar en el verano de 2018, cuando la policía rodeó un edificio donde 22 refugiados de Kosovo, Bosnia y Croacia habían estado ocupando pisos vacíos durante los últimos diez años. El Comisariado para los Refugiados estaba decidido a desalojarlos. Los activistas cargaron contra la línea de la policía y lograron entrar al edificio y bloquear la entrada. Todos fueron detenidos y enviados a la comisaría. Gracias a los heroicos esfuerzos, que se televisaron, el desalojo fue cancelado y el Comisariado aceptó negociar.

El pasado mes de junio, dos activistas de El Techo fueron atacados y brutalmente golpeados en el campus universitario por dos hombres enmascarados. Los mismos hombres habían sido vistos pegando carteles de “Derecha Serbia” en el campus, un partido de la derecha que hace el trabajo sucio para el gobernante Partido Progresista Serbio.

Este ataque revela claramente el papel reaccionario de las diversas organizaciones de derecha que están bajo el control directo del gobierno. Sirven como una herramienta para tratar con personas que están luchando por una sociedad mejor y más justa. Este ataque es un ejemplo del aumento de la represión y de la determinación del Estado de criminalizar la solidaridad por todos los medios necesarios.

“Nadie sin hogar, un hogar para todos, ¡ahora!”

Después de dos años de intensas movilizaciones callejeras y luchas contra los desahucios, el Gobierno reaccionó a la creciente presión cambiando la Ley de Ejecución. La ley fue redactada con el apoyo de la UE, USAID y el Consejo de inversores extranjeros, pero sin la participación de El Techo y del público, sin debate público previo y rápidamente votada en el Parlamento durante el verano de 2019.

En lugar de abordar los agravios urgentes con el sistema actual de desalojos, el Estado criminalizó la solidaridad mediante la aplicación de multas y penas de prisión por “obstrucción al desahucio”. Cuando la ley entre en vigor, incluso la filmación de un procedimiento de desalojo será considerada como “obstrucción del proceso de desahucio” y puede llevarte a la cárcel. La ley también aumentó los costos de desalojo como una forma de disuadir a la gente de resistirse. Esta es una clara indicación de que el Estado defendió la protección de los intereses de los agentes judiciales y de los acreedores sin escrúpulos.

En junio de 2019, como un intento de presionar a los legisladores, el Techo organizó una protesta pública bajo el lema “Nadie sin hogar, un hogar para todos, ¡ahora!” El mitin comenzó con un minuto de silencio por Ljubica Stajić, que se había suicidado unos días antes prendiendo fuego a su apartamento.

Varios días después, activistas de El Techo protestaron ante la embajada de la Unión Europea en Serbia y exigieron una reunión con el jefe de la Delegación Europea, ya que las instituciones de la UE han estado apoyando la aplicación de la ley de ejecución. La Unión Europea elogió los resultados de los agentes judiciales en su informe sobre los progresos de Serbia en la integración en la Unión Europea, y financió y organizó en secreto las denominadas mesas redondas sobre la ley, que se cerraron para el público en general. La Delegación Europea evitó una reunión con activistas de El Techo en la que se planteó la cuestión de la responsabilidad de la UE en el proceso de aprobación de esta ley penal.

Gracias a la presión de la resistencia organizada, los desalojos se han vuelto difíciles de ignorar; en lugar de rendirse, cada vez más personas optan por defender sus hogares buscando ayuda en sus comunidades. La lucha se está extendiendo desde la capital a otras ciudades, pueblos y aldeas, y se vislumbra un nuevo movimiento nacional en favor del derecho a la vivienda.

Lo que ha cambiado en los últimos dos años es que los desposeídos ya no están abandonados a su suerte.

Ana Vilenica es una investigadora independiente, miembro de El Techo y del colectivo Radical Housing Journal.

Nemanja Pantović es estudiante de maestría en la facultad de Ciencias Políticas de Belgrado, miembro de El Tejado, comunista y miembro fundador del Museo de los Trabajadores “Trudbenik”.

roar magazine
Artículo original publicado en Roar Magazine traducido para El Salto por Pilar Gurriarán.

 


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1 Comentario
#42457 14:02 4/11/2019

La verdad no se da, sino se demuestra racionalmente (porque todos van a creerse el darla). La libertad no se promete, sino se lucha a incomodidades contra toda cadena (porque todos van a adaptarla a cadenas). La poesía no se siente con o para una retórica o valoración de línea abrigante-protectora, sino se ha de identificar con tu único sentir, a veces contra todo. La justicia no se espera, sino se busca; pues si tú la esperas, la esperas «de lo que hay establecido» con pasividad; y si la buscas, ya dejas de consentir infraestructuras injustas o corruptas, y así mucho luchas por encontrarla para dársela a los demás.
Nunca jamás la sociedad está no contaminada de todas las mentiras que ella misma crea; por lo tanto, la sociedad por sí misma nunca jamás da el bien, sino lo da seres excepcionales que se rebelan o que se contraponen (con un deber ético) a infinitas mentiras que se fortalecen más y más en la sociedad. José Repiso Moyano

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