El visto bueno al Tajo-Segura desata las críticas de Castilla-La Mancha y de los ecologistas

La comisión gestora del trasvase aprueba la cesión de 60 hm3 en tres meses.

Tajo Segura Orihuela
Tubos del sifón de Orihuela, en el post-trasvase Tajo-Segura. Foto: Joan Banjo.
4 abr 2018 14:13

Visto bueno de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura a una nueva inyección de agua proveniente de la cuenca castellano-manchega a la levantina, once meses después de que se autorizase la última. En concreto, el órgano ha aprobado un traspaso de 60 hm3 para los meses de abril, mayo y junio, a razón de 20 hm3 al mes.

La decisión está pendiente de la ratificación por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero nadie duda ya de que el trasvase es un hecho, ya que la ministra del área, Isabel García Tejerina, ha señalado que “todo lo que hay que hacer es cumplir la ley”, y actualmente se dan todas las condiciones pactadas en el Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura en 2013 —acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura— para que la cesión del preciado líquido sea un hecho.

El fallo no ha sentado nada bien en los círculos ecologistas. Equo, partido integrado en Unidos Podemos, lo ha criticado señalando que la decisión sigue “con la política de mala gestión de los recursos hídricos que viene practicando el PP, incluso sin saber cuál será la capacidad de embalse en junio”.

Actualmente los embalses de cabecera del canal que une las dos cuencas, Buendía y Entrepeñas, se encuentran al 15,8% y al 24,7% de su capacidad, y entre ambos suman 467 hm3, 67 más de los mínimos acordados para que se produzca cualquier tipo de trasvase, una cantidad que desde el gobierno de Castilla-La Mancha solicitan que se aumente a los a 510 hm3, al considerar que una capacidad de los embalses de cabecera al 16% no es suficiente y no garantiza “el principio de prioridad de la cuenca cedente”.

Problema estructural

Para el partido verde, la problemática de la escasez de agua en la región castellano-manchega es estructural y afecta a todas las cuencas, “incluyendo los embalses de cabecera del Tajo, que se están recuperando tímidamente de la sequía sufrida”. La portavoz regional de la formación, Lola del Olmo, ha señalado que “los pueblos ribereños volverán a sufrir la desidia de un Gobierno impasible a la desertificación de sus territorios”, tildando el trasvase de disparate que demuestra que “España está a años luz de una adecuada gestión hídrica”.

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción ha calificado el acuerdo de la Comisión de “inaceptable, injusto e irresponsable”. La confederación acusa a García Tejerina de “plegarse a los intereses económicos de la agroindustria levantina” y de condenar “a una agonía permanente al tramo medio del río Tajo”.

El colectivo recuerda que la ley no establece que sea obligatorio realizar trasvases superado el límite de los 400 hm3 en los embalses de cabecera, por lo que señala que “la ministra Isabel García Tejerina podría haber hecho uso de una responsabilidad política y ambiental que sin duda le falta”. Así, señalan que la decisión “pone en riesgo la satisfacción de las demandas de la propia cuenca del Tajo, anteponiendo las demandas sobredimensionadas y especulativas generadas en Murcia, Alicante y Almería”.

Castilla-La Mancha vs región mediterránea

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado de error el trasvase y pide un pacto social que priorice la cuenca cedente. “El Gobierno de España no está haciendo los deberes y pone en la mesa un trasvase al Segura como única medida para resolver un problema que es estructural y no coyuntural, y no se soluciona aprobando más trasvases”, ha expuesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

El consejero ha remarcado además que “aprobar tres trasvases seguidos cuando el agua acaba de superar una raya artificial que no indica absolutamente nada, pone de manifiesto que seguimos llevándonos el agua de una España enormemente seca a otro lugar donde puede obtenerse por desalación”. La decisión de la comisión gestora del Tajo-Segura provocó protestas en ciudades de la región, como fue el caso de las que se vivieron el martes en Talavera de la Reina y Toledo.

En el otro lado de la trinchera, el presidente valenciano Ximo Puig defendía el trasvase y recordaba que ya se dan las condiciones técnicas necesarias para que éste tenga lugar.

Asimismo, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja Murcia calificaba de “ajustado a la norma pero insuficiente” el acuerdo. Su secretario general, Alfonso Gálvez Caravaca, ha apuntado este miércoles: “No podemos continuar con esta incertidumbre y exigimos alternativas y soluciones definitivas para nuestro déficit hídrico. La gestión y distribución de los recursos hídricos en España permiten acabar con nuestra escasez y garantizar el futuro de nuestra agricultura”.

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