Santander
La Libre se queda: defender lo común de la voracidad inmobiliaria

“Tener un espacio físico donde encontrarse sin necesidad de que el consumo, el trabajo asalariado o el ocio administrado medien en las relaciones es una realidad cada vez más escasa”, reflexiona Rut González, una de las personas que componen la asamblea que gestiona La Libre. Este centro social autogestionado y librería asociativa, que cuenta ya con 25 años de andadura, atraviesa hoy una situación crítica debido a la presión inmobiliaria que sacude Santander, como ya ocurre en otras ciudades del Estado. Ante la amenaza de venta del espacio, hasta entonces alquilado, y empujadas por una comunidad que ha dejado claro hasta qué punto considera imprescindible su existencia, han tenido que remangarse y poner en marcha una campaña de crowdfunding en Mi grano de arena con el lema “La libre se queda” en la que tienen puestas “todas las esperanzas”, reconoce González, para comprar el local sin que se convierta en un lastre inasumible.

González fue una de las fundadoras de este proyecto, al que define como un “hogar” porque “ha sido nacimiento y casa de muchos colectivos durante todos estos años”. Hoy sus palabras resuenan con una urgencia especial en un Santander que, asediado por el crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico, ve aumentar sin freno los precios de alquiler, tanto de viviendas como de locales comerciales. Esto ha puesto difícil la vida, en una ciudad en que es más fácil encontrar alojamiento turístico que una vivienda estable, y ya ha colocado en situación de riesgo a varios proyectos colectivos.

Según datos de Idealista, la oferta de alquiler se ha reducido a la mitad en la ciudad desde 2020, mientras que los precios han aumentado un 40%. En este escenario de capitalismo inmobiliario desbocado, donde los comercios de barrio se transforman en negocios impersonales orientados al consumo turístico, este oasis de resistencia ubicado en la Rampla de Sotileza, en pleno Cabildo de Arriba, recibía el pasado diciembre la noticia de que su espacio —rehabilitado mano a mano por la comunidad quince años atrás— salía a la venta. El margen de decisión era muy escaso: “La realidad nos atropelló, y no dio tiempo a meditarlo en absoluto”, explica Maria Loma, otras de las componentes de la asamblea.

Barrios convertiros en mercancía

El barrio se ha llenado de pisos turísticos, apartamentos, hostels y todo tipo de negocios destinados al alquiler temporal. Situado frente al Ayuntamiento, el Cabildo lleva años sometido a una intensa gentrificación, mediante una política de abandono que ha facilitado la compra de viviendas y locales a bajo precio por parte de constructoras y promotoras. La expectativa era clara: expulsar al vecindario original para convertirlo en una zona revalorizada, dada su situación céntrica. Y los planes empresariales de lucrarse parecen haberse acelerado al calor de la desregulación de las viviendas turísticas. Ahora construir o reformar para los turistas es el mantra general.

A ello se debe que el de la Libre no sea “un caso aislado”, apunta González, sino “un asunto bastante grave porque ya hay otros dos centros sociales con años de trayectoria, también en el centro de Santander, amenazados por cuestiones inmobiliarias”.

González se refiere a Eureka y Smolny, dos espacios autogestionados situados en la zona de Entrehuertas-Prado San Roque, barrios cada vez más atravesados por estas mismas dinámicas de gentrificación y especulación urbana.

La voracidad especulativa atropella los centros sociales

Eureka, centro cultural autogestionado con quince años de trayectoria, sufre actualmente la presión inmobiliaria en forma de una subida del alquiler del 122%, difícilmente asumible para el proyecto. Ubicado en San Simón, una zona sin interés inmobiliario hasta hace pocos años y abandonada por el Consistorio “al estilo del Cabildo”, señala Tamara García, integrante del colectivo que sostiene el espacio, el barrio ha experimentado recientemente un intenso proceso de transformación. “Todos los bares se están convirtiendo en franquicias y proliferan los edificios de apartamentos turísticos, lo que creemos que ha despertado el interés especulativo de la propiedad, que hasta ahora nunca nos había subido el precio”, explica García.

La presión rentista alimentada por las facilidades concedidas en Santander a los pisos turísticos expulsa no solo al vecindario, sino también a proyectos que, como Eureka, dinamizan el barrio sin criterios de lucro. Junto con Alega, la asociación LGTBIQ+ de Cantabria con la que comparten local, han decidido “tirar adelante” y asumir el nuevo alquiler, aunque para ello necesitan movilizar el apoyo de su comunidad, ya que la cifra mensual a pagar resulta muy elevada.

Como señala Yolanda Ceballos, integrante del recién creado Sindicato de Vivienda de Cantabria, “en el mercado de la vivienda de Santander no existe ningún tipo de regulación”

Para García, esta situación responde directamente a “las políticas del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria de dar vía libre a la especulación y a un turismo descontrolado que encarece la ciudad y hace que estos barrios pierdan su identidad”, además del “absoluto abandono y la falta de valoración de la labor de asociaciones y colectivos”.

A menos de un kilómetro de Eureka se encuentra Smolny, otro centro social con fuerte arraigo barrial al que ni siquiera se le ha dado la opción de asumir un alquiler más alto o comprar el local: directamente les obligan a marcharse en septiembre. “Creemos que lo que pretenden es hacer viviendas turísticas”, explica Ruth Rodríguez, secretaria de la asociación que lo gestiona, “de hecho, el antiguo local que teníamos es ahora otro apartamento turístico”.

En su caso, también se plantean comprar para evitar esta inestabilidad permanente, aunque eso implique abandonar el barrio y perder el vínculo construido durante años. “Vamos a tener que empezar de cero, pero no vemos otra solución”, comenta con tristeza.

“Fuera vecinos, dentro turistas”

La turistificación y el incremento constante de precios derivados de las viviendas turísticas atraviesan todas estas situaciones. Como señala Yolanda Ceballos, integrante del recién creado Sindicato de Vivienda de Cantabria, “en el mercado de la vivienda de Santander no existe ningún tipo de regulación”, motivo por el cual exigen una normativa autonómica que proteja al inquilinato y limite especialmente los pisos turísticos, responsables no solo de la subida de precios de venta y alquiler, sino también de la imposibilidad de encontrar vivienda —o local— estable en la capital.

Ya en 2019, los periodistas Óscar Allende y Guillem Ruisánchez apuntaban en su investigación Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente que la filosofía urbanística de las administraciones cántabras parece resumirse en una consigna: “fuera vecinos, dentro turistas”. Allí se definía ya la turistificación como la “última oleada de la gentrificación”.

Apoyo comunitario contra la especulación

En el caso de La Libre, la decisión de comprar el local surgió precisamente para evitar esta inestabilidad urbanística. “Se presentaba también el problema de que, en caso de trasladarnos a otro espacio de alquiler, nos viéramos en una situación similar en un futuro muy cercano”, explica José Bernal, otro de los integrantes de la asamblea librera.

El mismo día que la propiedad les comunicó que el local ya tenía compradoras, “nos contactaron personas vinculadas al entorno de La Libre proponiendo adelantar el dinero para la compra”, recuerda Loma, “y a los pocos días, en la asamblea abierta, salieron más personas con la misma idea”. Estas propuestas y los “infinitos mensajes” de apoyo recibidos les animaron a dar el paso: “Nos dieron la certeza de que La Libre es necesaria, y que hay mucho más respaldo social de lo que nunca hubiéramos imaginado, y esa certeza nos impulsó para el gran esfuerzo que está suponiendo hacernos con el local”, explica González.

La operación de compra ronda los 150.000 euros, una cantidad que para un espacio que funciona desde sus inicios sin un solo salario, con trabajo militante, y que, por coherencia política, renuncia a las subvenciones públicas, sería inasumible sin el sostén material y afectivo de su comunidad. Un apoyo que ha sido su garante estos 25 años y que ha permitido que se crearan de inmediato grupos de trabajo para apoyar la compra: de comunicación, de crowdfunding, de recogida de donaciones…    

María Loma, por cierto, quiere añadir un apoyo importante en estos años: “No nos podemos olvidar aquí del otro pilar que hace posible tener estanterías llenas de libros: la fuerte red de distribución alternativa que tenemos, a nivel estatal, desde hace varias décadas”. Se refiere concretamente a proyectos como Virus (Barcelona), Traficantes de Sueños (Madrid), DDT (Bilbo) y Cambalache (Oviéu) “que distribuyen sus libros en depósitos sin límite de tiempo, que se pagan cuando se venden, y muchas otras distribuidoras y editoriales más pequeñas: esto ha servido para la creación y financiación de multitud de proyectos de este tipo”.

Defender un lugar para lo común

Realizada la compra con el grueso del dinero —nada menos que 100.000 euros—adelantado por tres personas de la comunidad que han prestado sus ahorros, ahora viene la parte más difícil, que es devolver ese préstamo solidario lo antes posible. Lo que no se consiga mediante el crowdfunding puesto en marcha, activo hasta el 20 de junio, y en el que esperan contar con apoyos más allá de Cantabria, se convertirá en una pesada carga para el proyecto cuyos ingresos, que proceden de los libros en venta, han sido siempre muy justos.

Por ello, desde la asamblea y los grupos de trabajo se está haciendo un esfuerzo para recordar que existen distintas formas de arrimar el hombro. Por un lado, se puede recuperar una parte importante de las donaciones en el crowdfunding en la declaración de la renta —el 80% en los primeros 250 euros, en la página de Mi grano de arena está todo explicado—, aliviando el esfuerzo económico de quienes colaboren. Por otro, la resistencia también se está construyendo y celebrando en la calle: jam sessions, talleres, comidas veganas o actividades culturales convierten cada consumición en la barra de la Libre en un ladrillo más para sostener esta propiedad común.

Porque lo que está en juego no es únicamente la continuidad de un local. En una ciudad cada vez más subordinada a la rentabilidad turística e inmobiliaria, espacios como La Libre —centro social, librería asociativa, biblioteca colectiva, tienda gratix…— defienden la posibilidad misma de que existan formas de encuentro, pensamiento crítico y vida colectiva no gobernadas enteramente por la lógica del mercado.