El TSJCV rechaza el recurso de Ribera Salud contra la reversión del modelo Alzira

La sección 5 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechaza los argumentos de la UTE Ribera Salud contra la reversión de la privatización del servicio en el departamento de Salud de la Ribera. Supone un varapalo judicial para la empresa que abandera el modelo de gestión público-privada a través del modelo Alzira, cuya gestión está tratando de recuperar la Generalitat.  

Sanidad Pública
Concentración en Madrid en defensa de la sanidad pública Álvaro Minguito

publicado
2017-11-30 13:20:00

Ribera Salud UTE, la empresa que administra el hospital de Alzira y abandera el modelo de gestión sanitaria público-privada, se resiste a la reversión de la concesión que pretende la Generalitat Valenciana, pero este jueves ha recibido un revés judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo número 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por la mercantil en el cual solicitaba la medida cautelar de suspensión de las resoluciones que acordaban no prorrogar el expediente de contratación, es decir, el fin de la privatización de la gestión hospitalaria del modelo Alzira.

La UTE asegura en su escrito de recurso que con el fin de la concesión “se producen daños a los trabajadores, ya que se produce una alteración de la estructura del personal, que se emplean a 1.800 trabajadores, todos ellos de reconocido prestigio”, y que pese al anteproyecto presentado por el Consell el pasado 17 de septiembre, el plan de reversión es “claramente insuficiente, y además inconstitucional”. Por su parte, la Generalitat se opone a los argumentos de la UTE y especifica que “según el contrato, lo que se acordó fue una duración de 15 años, con una posibilidad de prórroga por cinco más, pero necesitándose del mutuo acuerdo”.

“Según el contrato, lo que se acordó fue una duración de 15 años, con una posibilidad de prórroga por cinco más, pero necesitándose del mutuo acuerdo”

Además, en su recurso Ribera Salud advierte de que con la reversión del contrato “se desmantela la estructura creada por el concesionario, la extinción de un gran número de contratos de servicios y suministros, la pérdida del sistema de gestión organizativa pionero en España, paralización de 130 líneas de investigación, pérdida de plaza para más de mil alumnos, pérdida de actividad docente y caos por el traslado de las historias clínicas”, y señala que hay que “ponderar los intereses en conflicto”, pues si la medida es de protección del interés público no debería suponer un “quebranto económico para la Generalitat de 45.163.191 euros”, según indican.

Al respecto, los abogados de la Generalitat niegan los perjuicios a la estructura y garantizan que “la asistencia seguirá siendo atendida por el mismo personal, que los servicios sanitarios seguirán siendo dispensados en los mismos edificios e instalaciones”. Asi, la administración autonómica señala que no se va a producir “desmantelamiento alguno”, y que en cuanto a la “ponderación de intereses en conflicto, se indica que, a excepción de la pérdida del 'know how', el resto de perjuicios suponen, en realidad, lucro cesante”.

Y en lo referente a la pérdida de talento, la Generalitat recuerda que “el personal que presta los servicios en la actualidad lo seguirá haciendo, y en el supuesto de que se prolongara la permanencia del contratista, se estaría produciendo un enriquecimiento injusto, sin que existan perjuicios para terceros”.

Ante esto, el tribunal resuelve que no se producen “perjuicios de imposible o difícil reparación”, ni se acredita “la pérdida de puestos de trabajo” ni el “desmantelamiento de la estructura organizativa, en lo relativo a las empresas de suministros y de servicios, y en cuanto al sistema de gestión, es la Generalitat la que dispone de sistemas de gestión”.

El tribunal resuelve que no se producen “perjuicios de imposible o difícil reparación”, ni se acredita “la pérdida de puestos de trabajo”


Por último, respecto a la “ponderación de los intereses en juego”, la sala señala que “la parte pretende considerar que la medida solicitada -la reversión de la concesión- beneficia al interés público, pero, como señala la Generalitat en su escrito de oposición a la medida cautelar, la administración ya ha establecido un plan de trabajo para la reversión, ha incurrido ya en un considerable gasto público” para ello.

Así, el tribunal desestima la petición de la UTE de suspender la reversión como medida cautelar, si bien da un plazo de cinco días a la empresa para presentar un recurso de reposición a la resolución, que no es firme.

2 Comentarios
#3964 22:37 30/11/2017

Gracias, gracias gobierno Valenciano, gracias valencianos, gracias señor/a juez, gracias. Otro mundo es posible.

Responder
1
0
#3937 14:34 30/11/2017

?Es esta la UTE de King Amancio, el tratante de esclavos?

Responder
1
0

Destacadas

Pobreza
Pobreza y desigualdad todos los días del año
La pobreza infantil, la precariedad laboral y la desigualdad se afianzan en la proclamada recuperación
Multinacionales
De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos
En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales
Laboral
Sancionada y expedientada tras participar en el piquete de las trabajadoras de limpieza de Carrefour

Natacha Sánchez, representante de las trabajadoras del centro de Carrefour en Leganés, ha recibido una multa de 601 euros por desobediencia y falta de respeto a los Agentes.

Andalucía
Cuatro leyes que el adelanto electoral en Andalucía ha dejado en el cajón
Con la convocatoria de elecciones en Andalucía, algunas leyes que iban a ser previsiblemente aprobadas han sido aparcadas. Con ellas, quedan problemáticas que pretendían resolver y personas y colectivos que continúan reclamando unas soluciones que se alejan.
Laboral
Interinos: 10, 15 o 20 años trabajando en la Administración... y a la calle

El colectivo de interinos Temporales en Lucha exige que se convoquen concursos de méritos para regularizar en su puesto de trabajo a los 700.000 interinos de la Administración cuyas plazas están sacando a oferta pública. 

Recomendadas

Tecnología
HFT: los ordenadores que pueden hundir la bolsa en microsegundos

La High Frecuency Trader, o comercio de alta frecuencia, ha transformado el mundo de la especulación bursátil realizando compras y ventas de valores en millonésimas de segundo, pero también lo ha expuesto a nuevos peligros.

Finanzas éticas
320.000 personas en España confían en los seguros y finanzas éticas

Las cifras del sector de la banca y seguros éticos presentan en 2017 un incremento en el crédito, ahorro, capital social y una morosidad tres veces menor que la banca tradicional.

Airbnb
Los anfitriones de Airbnb en Barcelona demandan a la compañía por prácticas desleales

La asociación Acaba, formada por 102 anfitriones de Airbnb multados por anunciar su vivienda habitual, reclaman que la compañía estadounidense les reintegre el importe de las sanciones y que se prohíba la publicación de anuncios de viviendas turísticas sin habilitación.

Vivienda
Desobedecer la Ley de Arrendamientos para no ser expulsado de su hogar en Sant Antoni

Alpha y su familia han decidido seguir pagando el alquiler y negarse a abandonar su vivienda en la calle Floridablanca, 92, en Barcelona, tras finalizar su contrato de arrendamiento. Un centenar de personas han ocupado la sede del Instituto Francis, de los mismos propietarios, para forzar una reunión en la que buscar una solución para la familia.

Francia
Francia Insumisa califica de “operación de intimidación política” el registro de sus sedes

Agentes de la policía judicial inspeccionan el domicilio de Jean-Luc Mélenchon y realizan otros doce registros contra este movimiento de la izquierda francesa.