Salud mental
El continuo olvido institucional del suicidio

Este pasado 10 de septiembre se conmemoró el 20 aniversario del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esta iniciativa, auspiciada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se desarrolla desde 2003 para no sólo recordar a quienes se han visto afectados o afectadas por el suicidio, sino para demostrar que es posible su prevención.

España sigue sin un plan de prevención ante el aumento de los suicidios

Lis Gaibar

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Salud mental

Salud mental España sigue sin un plan de prevención ante el aumento de los suicidios

Lis Gaibar

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Colectivos y profesionales de la salud impulsan un manifiesto conjunto para exigir al Estado la creación de una estrategia nacional para enfrentar “la primera causa externa de mortalidad en España”.

Salud mental Marta Carmona: “Para que la gente no se suicide tiene que vivir en un medio menos hostil”

La jornada de este año tenía como eslogan “Crear esperanza a través de la acción”, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró que la presentación de este lema “refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este urgente problema de salud pública. Todos nosotros (familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos) podemos tomar medidas para prevenir el suicidio”.

De los relevantes gestos de 2022 y 2021, que ponían cierta mesura al paralizante alarmismo pandémico de 2020, se está retornando a una situación en la que el suicidio tiene una presencia cada vez menor en la agenda pública

Sin embargo, en España, en lo relativo a cobertura mediática y declaraciones institucionales, se está retornando progresivamente al silencio público en torno al suicidio. De los relevantes gestos de 2022 y 2021, que ponían cierta mesura al paralizante alarmismo pandémico de 2020, se está retornando a una situación en la que el suicidio tiene una presencia cada vez menor en la agenda pública. Si bien es verdad que la sensibilidad periodística parece que ha mejorado a este respecto, por lo menos a nivel de la superficie informativa y bajo coordinados esfuerzos tanto con el Ministerio de Sanidad (guía para medios) como entre entidades (guía “En mis zapatos”), aún hacen falta notorias acciones por parte tanto de los grandes medios de comunicación como por parte de las administraciones públicas y los cargos institucionales.

Un nítido ejemplo de esta falta de implicación ha sido la pérdida de seguimiento y promoción pública de “Hagamos un Plan”, iniciativa impulsada por el Teléfono de la Esperanza y suscrita por más de 33 entidades entre las que se encuentran colegios de psicólogos y asociaciones profesionales de bomberos, grupos de supervivientes y entes del Tercer Sector como Mensajeros de la Paz o la Fundación ANAR. Si bien numerosos medios se han hecho eco de la demanda social de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, el cual España carece en comparación con otros países del Norte global y que la OMS recomienda encarecidamente, el 10 de septiembre de 2023 la lectura de este manifiesto quedó relegado a espacios de carácter eminentemente asociativo o instituciones de pequeño o mediano tamaño.

Y es que este evento tiene como contraste cómo en 2022 se desarrollaron unas jornadas para la prevención del suicidio hospedadas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Si bien se obvió del encuentro el bochornoso cruce de acusaciones entre los grandes partidos representados, en el cual se competía verbalmente para adjudicarse el mérito de la preocupación gubernamental, pasada o presente, de la prevención del suicidio, la verdad es que de ese encuentro salieron muchas fotos, un buen manifiesto y un apoyo público de figuras clave.

¿Dónde están las declaraciones públicas e institucionales de compromiso con la prevención del suicidio? ¿Qué ha sido del Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y covid-19 con más de 100 millones de euros anunciados?

Sin embargo, en 2023 el panorama es distinto. Las fotos son mínimas, si bien el manifiesto ha cogido fuerza y el apoyo de las figuras clave han aumentado, tal y como ha sido el ejemplo del concierto benéfico en el WiZink Center, “Agarra la vida”, con una Rozalén muy implicada, además de otros artistas como El Langui, Ismael Serrano o Nena Daconte. Pero, ¿dónde están las declaraciones públicas e institucionales de compromiso con la prevención del suicidio? ¿Qué ha sido del Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19 con más de 100 millones de euros anunciados entre los que se contemplan partidas para atender a una “emergencia de salud pública” de primer orden como el suicidio?

Si bien el 4 de febrero de 2022 se anunció la creación de la Línea 024 de atención a la conducta suicida, ésta estuvo más de tres meses sin funcionar hasta su puesta en marcha el 9 de mayo de 2022. Ahora, el Ministerio de Sanidad presenta con orgullo el creciente número de llamadas que recibe en lacónicas notas de prensa, pero desvela poco más acerca de la naturaleza o el tipo de asistencia prestada, además de la eficacia del seguimiento tras más de un año en funcionamiento. Y es triste decirlo, con tanto esfuerzo de por medio, muy necesario y demandado socialmente, pero el 024 no es una medida activa de prevención del suicidio, sino un parche a la intervención temprana, además externalizada en la Cruz Roja.

La prevención del suicidio requiere de campañas no sólo entusiastas, sino continuas y perseverantes en sus objetivos, con una evaluación de sus resultados y una rendición de cuentas

La prevención del suicidio requiere de campañas no sólo entusiastas, sino continuas y perseverantes en sus objetivos, con una evaluación de sus resultados y una rendición de cuentas, ante tanto profesionales como ante la sociedad. Asimismo, si en España faltan políticas de prevención e intervención, esta última prácticamente reducida al ámbito hospitalario y a la sobrecargada Atención Primaria, la postvención, es decir, la atención después del suicidio a familiares, allegados/as y supervivientes, es entre escasa y ausente. Y así lo señalan asociaciones profesionales como Aidatu (Euskadi) y La Niña Amarilla (País Valencià), entre otras de supervivientes y/o afectados/as (Besarkada, Desprès del Suïcidi, Stop Suicidios, Color a la Vida, Ubuntu, etcétera).

Esto se observa en cómo esos grupos de supervivientes y los grupos de apoyo mutuo constituidos en espacios híbridos como la Red AIPIS-FAeDS (Madrid), la Asociación Alhelí (Andalucía) y otras entidades que cuentan con asesoramiento de redes especializadas como Papageno, revelan un casi ausente apoyo público, donde la atención psicológica corre a cuenta de las propias asociaciones salvo con contadas excepciones entre las que se encuentran Málaga, Barcelona y otros municipios de menor tamaño.

Con todo, la atención al suicidio, tanto comunicacional como asistencial, es mínima y corre peligro de perder importancia. En estos días de negociaciones de investidura se abordan temas importantes en relación con el trabajo, los derechos sociales, la conciliación, los cuidados, el cambio climático, etcétera, pero nada se dice sobre la principal causa de muerte externa en España, con 4.097 casos confirmados por el INE en su última estadística (provisional) para 2022.

Si bien detrás de cada cifra hay una vida, a la que habría que sumar las tentativas no registradas (entre 10 y 20 por cada muerte) y los supervivientes (en torno a cuatro a seis personas se ven afectadas por cada muerte por suicidio), es en base a los números cómo se plantean y diseñan las políticas públicas. En este sentido, cabe insistir que se hable de suicidio, pero no cada 10 de septiembre o 19 de noviembre (Día Internacional del Superviviente del Suicidio), sino de forma continua y, sobre todo, responsable.

Las administraciones públicas y sus administradores no pueden obviar una realidad de presión permanente, independientemente de sus vaivenes estadísticos o de la influencia de crisis económicas o pandemias, no siempre probada. Esto implica tomar medidas reales que no sólo tengan en cuenta a los supervivientes y asociaciones profesionales, que demandan un Plan no sólo de mínimos, sino que se olvida a los propios servicios públicos que lidian con su realidad día a día y que carecen del adecuado apoyo y formación.