Pedro Sánchez levanta el veto; Fernández Vara sigue vetando

El nuevo gobierno estatal ha levantado los polémicos vetos a la propuestas de leyes de la oposición que había realizado el anterior ejecutivo. Mientras, el gobierno extremeño sigue impidiendo que parte de las leyes de la oposición se debatan en el Parlamento.

Guillermo Fernández Vara (PSOE)
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional.
25 jun 2018 10:45

Tanto el gobierno estatal como los gobiernos autonómicos ostentan la prerrogativa de vetar iniciativas legislativas cuando afectan el equilibrio presupuestario de los Presupuestos Generales vigentes.

El prestigioso profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Lucas Arrimada, afirma sobre esta cuestión que “el veto es una medida excepcional, no un recurso normal en la vida institucional. Por ejemplo, y más allá de la abismal diferencia, es muy fuerte el contraste con Obama, que en tres años de gestión realizó solamente dos vetos”.

Asimismo, sigue argumentando que “un uso sistemático del veto implica una capacidad de neutralizar las políticas de la Legislatura, un órgano que debería ser el más democrático, inclusivo y plural. Sin duda, el veto así usado parece ser uno de los resabios antidemocráticos en los sistemas constitucionales”. Y concluye que “podemos afirmar que es el más antidemocrático de los procesos institucionales, porque (...) puede frenar, muchas veces sin razón alguna, una ley producto de un inclusivo, deliberativo, transversal y multipartidario proceso legislativo”.

Cuando el PSOE ha tenido mayoría en la Asamblea, apenas lo ha utilizado o directamente no ha vetado, y en la actual ha batido todos los récords 

Por tanto, esta capacidad de veto recogida para supuestos concretos y tasados, se convierte en un arma del poder ejecutivo de la que suele abusar con la intención de impedir el debate parlamentario y que puedan aprobarse leyes en contra de sus intereses. Este abuso del veto suele utilizarse sobre todo cuando el gobierno ostenta una minoría en la cámara parlamentaria y, por tanto, no tiene capacidad suficiente para rechazar la propuesta de ley en el trámite legislativo.

Este abuso antidemocrático cuando se está en minoría parlamentaria se corrobora cuando vemos que Rajoy no usó ese mecanismo durante su primer mandato, dado que su mayoría absoluta le permitía rechazar todas las iniciativas de la oposición, pero, sin embargo, en su último gobierno fue cuando más veces se ha utilizado el veto en el periodo democrático. A nivel extremeño ocurre lo mismo, cuando el PSOE ha tenido mayoría en la Asamblea, apenas lo ha utilizado o directamente no ha vetado, y en la actual ha batido todos los  récords.

SE LEVANTAN LOS VETOS A NIVEL ESTATAL

Con el Gobierno de Rajoy y con la complicidad de Ciudadanos, se produjeron 70 vetos, todo un récord en democracia, lo que generó un profundo malestar en la oposición acusando al gobierno y a Ciudadanos de producir un absoluto bloqueo a la capacidad legislativa del Congreso.

Pero esta situación cambia a raíz de dos hechos trascendentales: la famosa sentencia del Tribunal Constitucional (TC) , que pone freno a los vetos del Ejecutivo, y el cambio de Gobierno.

La sentencia de 12 de abril del TC, en palabras de la entonces portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, supuso un golpe muy duro para el gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos, que llevaba toda la legislatura aplicando vetos sistemáticos contra todas las proposiciones con las que no estaba de acuerdo el PP. 

El actual ejecutivo de Pedro Sánchez manifiesta en principio su voluntad de no ejercer la facultad de veto a las propuestas de ley

Y, por otro lado, con la llega del gobierno de Sánchez (parte de los argumentos que contiene la citada sentencia), todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, manifestaron levantar el veto a varias proposiciones de ley. Ciudadanos se ve obligado a rectificar su anterior posición y lo justifica con la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El actual ejecutivo de Pedro Sánchez manifiesta en principio su voluntad de no ejercer la facultad de veto a las propuestas de ley salvo en los casos imprescindibles y levanta los vetos del gobierno de Rajoy, con lo cual pasan a poder tramitarse las propuestas en el Congreso, devolviendo la potestad legislativa hurtada al cámara legislativa. De esto modo, además de las diecisiete proposiciones de ley de Unidos Podemos, también podrá tramitarse una propuesta presentada por el Partido Popular, más otras nuevas que se presentan.

EXTREMADURA, ÚNICO TERRITORIO DONDE CONTINÚAN LOS VETOS

En la actual legislatura, la Junta de Extremadura ha utilizado hasta en nueve ocasiones su capacidad de veto a propuestas de leyes presentadas por la oposición (8 de Podemos y 1 del PP), lo que constituye un récord, si tenemos en cuenta que en la pasada legislatura cuando gobernaba Monago vetaron cinco propuesta de leyes (3 del PSOE y 2 de IU) y en la séptima legislatura, con el PSOE en el poder, no hubo ningún veto. Como comentamos anteriormente, se demuestra que cuando el gobierno ostenta una minoría en la cámara legislativa abusa de la prerrogativa de veto para impedir el debate parlamentario y evitar que se aprueben leyes de la oposición.

Hace unas semanas, ya comentamos la sentencia del TC y la irregularidad de los vetos a las propuestas de leyes presentadas por la oposición en Extremadura.

[...] se ha vuelto a vetar otra más, en concreto la Propuesta de Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables

Desde entonces, se ha vuelto a vetar otra más, en concreto la Propuesta de Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables presentada por el grupo parlamentario de Podemos. Este veto, sin cabe, es el más sorprendente de todos, puesto que en la propia propuesta de ley se afirma que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2019 y el Consejo de Gobierno lo veta por “suponer aumento de gasto en los estados numéricos aprobados por la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018”.

Además, esa inconsistente argumentación entra en contradicción con lo planteado por la sentencia del TC, que afirma que los vetos deben hacerse de manera motivada, precisando las concretas partidas presupuestarias del presupuesto en vigor que se verían afectadas.

Por tanto, con este reciente veto ejercido por el Consejo de Gobierno el día 29 de mayo, Extremadura permanece como el único territorio, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas, donde se sigue ejerciendo el veto a las propuestas de ley de la oposición, y además entrando en clara contradicción tanto con los argumentos de la sentencia del TC como del nuevo proceder del gobierno de Sánchez.

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