La Ley Mordaza a juicio

El juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres ha decidido este lunes 9 de abril aplazar el juicio contra Pedro Cordero, acusado junto con Alicia Gómez de vulnerar la llamada Ley Mordaza en un pleno del Ayuntamiento de Cáceres, mientras se abordaba una moción sobre los contratos del Plan de Empleo Social.

El 17 de diciembre de 2015, durante un pleno del Ayuntamiento de Cáceres, los dos acusados preguntaron lo que muchas personas piensan de quienes ejercen el gobierno, ya sea municipal, autonómico o estatal. “¿Cómo pueden dormir?”, soltaron, una pregunta en la que se subyace otra: “¿Cómo duermen sabiendo que las normativas y leyes que aprueban dejan a familias enteras en la calle, en el umbral de la pobreza o en la pobreza misma? ¿Cómo duermen sabiendo que hay otra forma de hacer las cosas, más social, más racional, más cuidadosa y más centrada en el bien común?”.

El magistrado propuso el acuerdo al abogado defensor y al Abogado del Estado para posponer el juicio a la espera de la decisión del Constitucional

En marzo ya había tenido lugar el juicio a Alicia Gómez en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres. El abogado de ambos, Crescencio Canelo, quedó sorprendido cuando el magistrado Manuel Pérez Barroso le sugirió que solicitara la suspensión hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, que está siendo sometida a revisión, algo que se prevé que no sucederá hasta mediados de 2019.

Este 9 de abril, el proceso fue más breve si cabe. En el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, el magistrado Jesús Luis Ramírez Díaz propuso un acuerdo al abogado defensor y al abogado del Estado para posponer el juicio a la espera de la decisión del Constitucional. El abogado Canelo se ha mostrado positivo ante la situación, ya que se prevé un cambio a mejor en la Ley y así se lo explico al grupo de unas 40 personas que se acercaron para mostrar su solidaridad con Pedro Cordero.

El Defensor del Pueblo también ha expresado su desacuerdo

Actualmente, el artículo 36.1, que tipifica como infracción grave “la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos”, la que se le aplica en el caso de Alicia y Pedro, incluye desde la participación en manifestaciones no comunicadas hasta las asambleas de más de 20 personas en la calle.

Pedro Cordero se ha mostrado con ánimo positivo ya que, según ha declarado a El Salto, “una vez derogado, no se puede acusar a nadie usando una norma que no está en vigor, y mi caso se archivaría”.

Desde diferentes grupos parlamentarios, se han realizado enmiendas a la Ley. Desde Ciudadanos se han presentado más de cien, y desde Unidos Podemos 65 enmiendas que buscan cambiar la filosofía de la ley “dejando de hablar de seguridad pública para hablar sobre libertades civiles”.

En aquella ocasión, el juez decretó la absolución y expuso que los cargos por injurias no tenían base ya que los políticos con responsabilidades de gobierno tienen que soportar las críticas dirigidas a su labor

El Defensor del Pueblo también ha expresado su desacuerdo. Y desde Europa y Naciones Unidas se presiona para su derogación porque socava derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a manifestarse.

Hace cuatro años, también en Cáceres, en noviembre de 2014 tuvo lugar un juicio similar, aunque con una normativa distinta, cuando se juzgó a seis personas por un escrache realizado a las puertas de la vivienda de Carlos Floriano, que en aquel entonces era vicesecretario de Organización del PP.

La acusación era por una presunta falta de coacciones, injurias, calumnias y amenazas. En aquella ocasión, y con la Ley en la mano, el juez decretó la absolución y expuso que los cargos por injurias no tenían base ya que los políticos con responsabilidades de gobierno tienen que soportar las críticas dirigidas a su labor.  En aquel momento, se gritaba “culpable de la crisis” y “no son suicidios, son asesinatos”.