Ecologismo
Ya van veinte

Manuel Esteban Páez Terán, pronombre, elle, alias Tortuguita, se ha convertido en la primera persona defensora del medio ambiente asesinada por la policía estadounidense. Páez Terán participaba en una protesta contra la construcción de un centro de entrenamiento para las fuerzas de seguridad de Atlanta. Dicha infraestructura estaba proyectada en un bosque público. Las movilizaciones para proteger el bosque comenzaron a finales del año 2021. Lo que le ocurrió a Manuel no es un hecho aislado. En lo que va de año, solo un mes, han sido asesinadas al menos otras dieciocho personas defensoras del medio ambiente, si nos centramos exclusivamente en el continente americano. Los asesinatos, sin embargo, solo muestran una parte de la problemática, cuya cara menos mediática es un sistemático contexto de criminalización, hostigamiento y persecución. 

Tortuguita formaba parte del movimiento de defensa del bosque Stop Cop City/ Defend Atlanta Forest. El 18 de enero, la policía encontró su cuerpo sin vida en una tienda de campaña en la zona de la protesta. Las autoridades de Atlanta han manifestado que el activista disparó primero a un oficial, y que las fuerzas de seguridad respondieron. Días antes de su asesinato, media docena de personas defensoras del medio ambiente fueron arrestadas y acusadas de “terrorismo doméstico”. Siete activistas más fueron arrestadas bajo los mismos cargos según The Guardian, el día en que la policía mató a Tortuguita.

The Guardian ha informado también que, según las propias fuentes policiales de Atlanta, no existen imágenes del incidente recogidas en las cámaras corporales de los policías envueltos en el tiroteo. El periódico, además, ha recogido el testimonio de los activistas presentes durante los hechos, que recalcan que la policía estatal podría haber recibido un disparo de otro oficial o incluso de su propia arma. Mientras tanto, activistas locales y familiares de Manuel están estudiando emprender las acciones legales pertinentes a la gravedad de los hechos. 

Ecologistas en Acción ha notificado a la Embajada de Estados Unidos su profunda preocupación por la gravedad de los hechos y exige una investigación imparcial y exhaustiva sobre su asesinato, que no involucre a las agencias federales o a las fuerzas del orden vinculadas a la muerte del activista. La gran mayoría de los ataques registrados contra  personas defensoras de los derechos humanos quedan impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontan las investigaciones y los juicios.

Pero el de Manuel Esteban Páez Terán no es un caso aislado. Solo en lo que va de año, en Honduras han sido asesinadas cuatro personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El 7 de enero los defensores del río Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados a las puertas de su comunidad. Este hecho se produce en medio de un conflicto de varios años frente a la explotación de una mina de óxido de hierro por parte de la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek. Unos días más tarde, el 18 de enero, en la misma región hondureña fue asesinado el defensor José Omar Cruz Tomé, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, perteneciente a la Plataforma Agraria. Junto a él, fue asesinado también su suegro, Andy Martínez Murillo. El último caso que ha saltado a la luz en el país centroamericano es el del defensor Ricardo Arnaúl Montero, integrante del equipo de resguardo del sector Río Gama en el territorio recuperado “Secundino Torres” y miembro activo del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, que fue asesinado el 28 de enero.

En el resto de la región la situación para quienes defienden los bienes comunes naturales no es mejor. En México durante el primer mes del año se han reportado cuatro asesinatos y dos desapariciones forzadas contra defensores del medio ambiente. El 1 de enero el defensor de los derechos del pueblo Ñomndaa, Remigio de la Cruz fue asesinado en su domicilio en Guerrero. El 13 de enero, en Michoacán, los comuneros nahuas Isaúl Nemecio, Miguel Estrada y Rolando Magno, integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria de Aquila eran también asesinados. El mes se cierra en México con la desaparición forzada de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, que continúan desaparecidos desde el 15 de enero.

El recuento no cesa. En Colombia, la organización Indepaz ha registrado el asesinato de 8 personas defensoras y líderes sociales en diferentes regiones del país durante el primer mes del año. En Brasil, dos personas del pueblo indígena Guajajara han sido asesinadas en el lapso de una semana.  Las cifras no son exhaustivas pero dan una idea del alarmante contexto global: defender los ríos, los bosques y la tierra significa arriesgar la vida en muchas partes del planeta.

Sin duda, nos encontramos ante una serie de patrones comunes que se refleja en todos los casos. En un modelo económico global que antepone los intereses corporativos al cuidado de los ecosistemas, la connivencia entre gobiernos, fuerzas armadas y grandes empresas, así como la impunidad frente a las agresiones, son los factores que se repiten cíclicamente. Ante este alarmante escenario, la sociedad civil organizada exige que se lleven a cabo investigaciones independientes que permitan juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes. Organizaciones de derechos humanos a nivel internacional reclaman que se garantice la protección de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, tal y como exige el sistema internacional de derechos humanos. En este contexto de emergencia ecosocial sin precedentes, quienes están en la primera línea de la defensa del territorio están defendiendo los derechos del conjunto del planeta.