Medio ambiente
La pelea por la naturaleza urbana

El último informe del IPBES  -la mayor autoridad científica internacional en el análisis y evaluación del estado de la biodiversidad global y los servicios de los ecosistemas- afirma que el crecimiento de las zonas urbanas y la proliferación de infraestructuras es la segunda causa de destrucción de ecosistemas terrestres, solo por detrás de la expansión agrícola.

La ciudad contemporánea, al servicio de las actividades económicas, apenas deja espacio a los ecosistemas, pero este no es el único modelo urbano posible. Según el informe “Las ciudades frente a la crisis ecológica'', recientemente publicado por Ecologistas en Acción, para revertir este enfoque “debemos intensificar la protección de los recursos naturales, restaurar ambientalmente aquellos que se han degradado y crear nuevos espacios para completar tramas ecológicas”. Se trata en definitiva de “entender la ciudad como un sistema complejo en el que naturaleza, espacio construido y actividades humanas pueden complementarse y beneficiarse mutuamente.”

Sin embargo, pese a la retórica verde que impregna cada vez más los nuevos proyectos y operaciones urbanísticas en nuestros municipios, las políticas en cuanto a urbanismo no parecen haber cambiado sustancialmente desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo, y las áreas naturales urbanas continúan siendo sacrificadas a los intereses económicos privados.

En este artículo de hace unos meses en el que hablábamos de la importancia de los espacios naturales en el interior o en el entorno de las ciudades y de la lucha de parte de la ciudadanía por conservarlos, comenzamos un recorrido por algunos de estos lugares en disputa en distintos puntos de nuestra geografía.

Hoy continuamos nuestro periplo en busca de estos conflictos socioambientales urbanos, en los que asociaciones vecinales y grupos ecologistas se enfrentan a empresas y administraciones para defender el territorio de la expansión urbanística o la construcción de infraestructuras.

Bolintxu, el último valle natural de Bilbao

El Pagasarri es un macizo montañoso situado al sur de Bilbao, y parcialmente incluído en su término municipal, muy utilizado como espacio de recreo debido a su cercanía con la ciudad. En su vertiente norte se encuentra Bolintxu, un pequeño y emblemático valle surcado por un arroyo, que por sus características botánicas y geomorfológicas es refugio de numerosas especies de animales y plantas.

Aunque el Pagasarri es una zona natural, está afectado por numerosos impactos como un gaseoducto, numerosos tendidos eléctricos o la proximidad de un vertedero y una incineradora. A estas infraestructuras han venido a sumarse las obras de la autopista Variante Sur Metropolitana, conocida como Supersur y promovida por la Diputación Foral de Bizkaia, que atraviesan el valle de Bolintxu mediante un gran viaducto y que han generado en los últimos años un fuerte movimiento de oposición protagonizado por la plataforma Ampliación Supersur Ez!

La plataforma, integrada por Ekologistak Martxan, Autopista Errekalde Kanpora y asociaciones vecinales de los barrios cercanos, ha desarrollado desde 2018 una intensa actividad para intentar parar la construcción de una autopista que está suponiendo un importante impacto ambiental  con desmonte de laderas, eliminación de masas de bosque autóctono, impactos sobre las aguas superficiales y afecciones a la fauna.

En estos años, la plataforma ha organizado manifestaciones en Bilbao, marchas reivindicativas por Bolintxu y el Pagasarri, jornadas festivas, se ha reunido con representantes de los distintos partidos e incluso ha recurrido a los tribunales reclamando la paralización del proyecto por haber expirado el periodo de vigencia de la declaración de impacto ambiental.

A pesar de todo, la oposición vecinal y ecologista no ha podido con la Supersur. Las obras de los túneles han producido ya graves impactos ambientales sobre las laderas y el viaducto sobre Bolintxu se encuentra en fase de construcción. Sin embargo, la plataforma continúa activa contra esta infraestructura que consideran cara -calculan un coste de 47 millones de € por kilómetro- innecesaria y altamente impactante, y denuncian una campaña de “greenwashing” por parte de la Diputación Foral de Bizkaia que minimiza la afectación ambiental del proyecto.

También continúan realizando actividades de sensibilización y limpieza, y denunciando la gestión municipal del Pagasarri. Según Juan Pallarés de Ekologistak Martxan, “a pesar de que el Ayuntamiento de Bilbao aprobó en 2008 un Plan Especial del Pagasarri no ha puesto en marcha más del 30% de las medidas que incluye”. La última agresión a este espacio natural que denuncia la plataforma Ampliación Supersur Ez! es la instalación de tres nuevas áreas recreativas que irónicamente, forman parte de las medidas compensatorias por la construcción de la Supersur.

Terrenos ferroviarios. La Operación Chamartín

En las últimas décadas se han producido profundos cambios en la red ferroviaria que han supuesto la liberación de grandes extensiones de terreno en nuestras ciudades, la mayor parte en manos de la empresa pública Adif. Estas parcelas públicas constituyen una oportunidad para renaturalizar nuestros espacios urbanos y podrían contribuir a un nuevo enfoque de urbanismo que haga frente a la crisis ecológica, pero lo cierto es que muchas de ellas terminan siendo vendidas y formando parte de grandes operaciones urbanísticas.

Aunque este tipo de operaciones se producen en todo el territorio, y algunas han generado conflictos vecinales relevantes como en el caso de El Solarón, en Gijón, el paradigma es la madrileña Operación Nuevo Norte, más conocida como Operación Chamartín.

Esta megaoperación inmobiliaria afecta a más de un millón de metros cuadrados en el norte de la capital, en el entorno de la estación de Chamartín, mayoritariamente propiedad de Adif y distintas administraciones públicas. Fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en 2020 y ha contado con la oposición de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a la mayoría de asociaciones vecinales del ámbito afectado. Estas organizaciones la consideran “un negocio especulativo a costa del bien común, que contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la gestión urbana por parte de las administraciones públicas”.

Además, las organizaciones vecinales y ecologistas denuncian que con esta operación se desaprovechan las posibilidades que ofrece esta enorme cantidad de suelo para la creación de un corredor natural norte-sur entre la ciudad y el monte de El Pardo. Es especialmente llamativo que la mayor zona verde que contempla el megaproyecto urbanístico se plantee sobre una enorme losa de hormigón por encima las vías del tren, y no sobre terrenos naturales.

Para María Angeles Nieto, de Ecologistas en Acción, Madrid Nuevo Norte “establece una edificabilidad desmedida, sobre todo en uso terciario para oficinas que equivale a unas 20 torres del tamaño de los cinco rascacielos existentes en la prolongación de La Castellana y que producirá unos fuertes impactos medioambientales en toda la ciudad y en el espacio metropolitano”.

El inicio de la construcción de las primeras fases de Madrid Nuevo Norte se prevé para 2025 aunque el proyecto aún podría ser anulado si prospera algunos de los recursos contencioso administrativos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por distintos colectivos y particulares.

Lagunas de Ambroz. Vida después de la mina en Madrid

La minería a cielo abierto es una de las actividades humanas más impactantes sobre el territorio, sin embargo, en muchas ocasiones, el abandono de las explotaciones genera nuevos ecosistemas que pueden convertirse en oportunidades para la biodiversidad. Es el caso de las lagunas de Ambroz, un conjunto de humedales originados por el abandono de  una explotación minera en la parte más oriental del municipio de Madrid.

Tras doce años sin actividad extractiva, la zona se ha renaturalizado de forma natural y alberga importantes comunidades animales y vegetales. Es especialmente destacable la importancia de las lagunas y su entorno para las aves, de las que se han contabilizado más de 120 especies, algunas tan significativas como el avión zapador o el alcaudón real.

Lo más sorprendente es que toda esta biodiversidad se encuentra a apenas 500 metros de un par de estaciones de metro y a 270 de los edificios de viviendas. Las vecinas de San Blas-Canillejas y Vicálvaro, los barrios aledaños, fueron las primeras en llamar la atención sobre estos valores ambientales. Articuladas en la mesa de Medio Ambiente de San Blas Canillejas, presentaron ya en 2018 una propuesta de estudio y de protección de las lagunas de Ambroz que fue ratificada por unanimidad por los representantes locales en la junta de distrito. Chantal Dujardin, vecina y antigua integrante de la mesa explica que “nuestro objetivo era la puesta en valor  ambiental y social de este espacio”.

Posteriormente junto a otras organizaciones como SEO Birdlife, Ecologistas en Acción, WWF, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), GRAMA o la mesa de Medio ambiente de Vicálvaro, se formó el Grupo de Trabajo para el Estudio y Conservación de las Lagunas de Ambroz, que ha llevado a cabo múltiples actividades de divulgación, sensibilización, denuncia e incidencia política para tratar de conservar la zona como un espacio natural periurbano.

Las amenazas que pesan sobre las lagunas de Ambroz y su biodiversidad son muchas. Entre las más importantes están la posible reapertura de la explotación minera, la urbanización del ámbito, o los vertidos incontrolados en el entorno. Aunque en abril de 2021 el Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad una proposición para proteger las lagunas, una vez más no está nada claro que las distintas administraciones tengan una voluntad real de anteponer la conservación a la actividad económica en este lugar.