Crisis energética
Gentrificación energética y centros de datos

Los fondos buitre y los centros de datos tienen algo en común: ambos generan gentrificación.

Los últimos meses han hecho de la transición a un sistema cien por cien renovable, si cabe, un proceso aún más urgente. Al imperativo climático de frenar la catástrofe ecológica se ha sumado el imperativo moral y geopolítico de abandonar unos combustibles fósiles que financian a oligarcas y señores de la guerra. Ante esto, la transición energética que necesitamos tiene tres condiciones indispensables, las tres retrasadas, como veremos, por dinámicas similares a la de la especulación inmobiliaria: reducir nuestro consumo energético, electrificar nuestra economía y producir nuestra electricidad de forma renovable.

Esto se debe a que nuestras principales fuentes renovables, las turbinas eólicas y las placas solares, pueden producir electricidad, pero no combustibles —a excepción de técnicas aún poco eficientes, como el hidrógeno verde, o ambientalmente conflictivas, como los biocombustibles a gran escala—. Sin embargo, tres cuartas partes de la energía que consumimos toman forma de combustibles: gasolina, queroseno, gas natural... Por tanto, resulta fundamental electrificar tantos de estos procesos como sea técnicamente posible y poder alimentarlos con energías renovables: buses eléctricos, bombas de calor, aerotermia o procesos industriales electrificados, entre otros. Eso hace que, incluso en un escenario deseable y necesario de decrecimiento energético, la electricidad que consumamos aumente.

Para ello, necesitamos una infraestructura que sea capaz de absorber la demanda que acompaña a este proceso de electrificación. Esta, sin embargo, se está viendo afectada por la introducción de industrias electrointensivas, como los centros de datos, que pugnan por los mismos recursos que la transición energética, desde el acaparamiento de la electricidad renovable hasta la saturación de la red eléctrica. Al aceptar incorporaciones a la red de proyectos de miles de megavatios a un ritmo mucho mayor del que crece nuestra infraestructura, los centros de datos limitan a otros sectores e industrias de la región. Ya sea porque se encuentren con la red llena o por un aumento de la factura de la luz —debido a la quema de una mayor cantidad de gas para suplir la demanda general—, estos proyectos pueden desplazarse a otros territorios o, en el peor de los casos, desistir en sus objetivos de electrificación.

Así lo denuncia el colectivo marsellés Le nuage était sous nos pieds («La nube estaba bajo nuestros pies»). En esta ciudad francesa, la calidad del aire se ha visto afectada por las emisiones de los buques afincados en el astillero. Sin embargo, la instalación de cinco centros de datos ha impedido la electrificación del muelle, al acaparar buena parte del suministro eléctrico de la ciudad. Del mismo modo, denuncian, la empresa pública de transporte tuvo que «mendigar» a los centros de datos un poco de potencia para poder crear una línea de bus eléctrico. En Marsella hay instalados 96 MW de centros de datos. En la provincia de Zaragoza hay proyectados 7.392 MW.

Esto no tiene únicamente implicaciones ecológicas, sino también implicaciones económicas sobre las regiones que alojan estas instalaciones. Sirva de ejemplo el caso de Cariñena, provincia de Zaragoza, donde la retirada de un centro de datos de Box2Bit (filial de Capital Energy) permitió la hasta entonces obstaculizada ampliación de una nave logística, con la creación de 90 empleos directos más que la infra­­estructura digital. En palabras de Pedro Arrojo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en su informe “El nexo entre el agua y la energía”:

Ante la creciente alarma, los nuevos centros de datos se están trasladando a países que siguen ofreciendo agua y energía, a menudo subvencionados con fondos públicos, donde se están priorizando abastecer a estos centros de energías alternativas que, en un principio, estaban destinadas a la transición energética en otros sectores. [...] Desde el punto de vista social, la prioridad que se da a esas empresas y las tarifas energéticas de que se benefician, producen asimetrías injustas respecto a otros sectores que generan más puestos de trabajo y que merecen una atención preferente.

Este desplazamiento recuerda al mercado de la vivienda y el modo en que fondos de inversión y grandes inmobiliarias, al acaparar pisos e incluso edificios enteros, adquieren el poder político y económico de subir el precio de los alquileres, y expulsar a los vecinos de menor renta de sus barrios. Los pisos turísticos son a la vivienda digna lo que los centros de datos a la descarbonización. Este es el motivo por el que autores como Frans Libertson o Julia Velkova han acuñado el término de «gentrificación energética».

Ante esto, debemos preguntarnos: ¿qué funciones sociales debemos priorizar cuando la demanda de un bien esencial para la vida, como las viviendas o la infraestructura eléctrica, supera su oferta? En el caso de la vivienda, esto pasa por priorizar el uso de los hogares como viviendas dignas frente a sus usos especulativos y financieros. En el caso de la infraestructura eléctrica, por priorizar la descarbonización y los usos energéticos necesarios para vidas dignas.

Pero el parecido con la vivienda no se limita a la lógica de expulsión: tienen, además, los mismos promotores. Sirva de ejemplo el centro de datos de Blackstone en Calatorao o el de Azora en Villamayor de Gállego, ambos en la provincia de Zaragoza. Del mismo modo que en la vivienda, el negocio de estos fondos se caracteriza por la falta de transparencia y la complicidad de los distintos gobiernos regionales.

La falta de transparencia de estos centros, tanto en el consumo de recursos como en lo que ocurre dentro de sus servidores, impide conocer realmente cuál es su función social. Es cierto que parte de lo que es Internet sucede dentro de ellos y que parte de Internet resulta útil para construir conexiones y compartir conocimientos: leer este artículo es buena prueba de ello. Pero estos fines tan nobles no son la causa de la proliferación descontrolada de centros de datos. A día de hoy, estos centros de hiperescala se ven impulsados por una burbuja financiera que se infla diariamente con unas expectativas de digitalización que superan, incluso, las expectativas globales de producción de procesadores.

El tipo de Internet que sostiene esta burbuja es el de los algoritmos adictivos, las criptomonedas, las tecnologías bélicas o la pornografía deepfake, entre otros. Un internet democrático, comunitario y decrecentista, del que podamos decir que cumple realmente una función social, sólo es posible sobre una infraestructura pública que difunda a qué iniciativas se están dedicando los recursos y que no persiga un constante incremento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento. Esta infraestructura no estará exenta de conflictos —colaboración público-privada, desarrollo de infraestructuras para fines privados, su potencial privatización y mercantilización—, y requerirá otro artículo para pensar en qué internet queremos; pero dirigida por criterios de interés social y medioambiental, solo necesitaría una ínfima cantidad de los centros de datos que a día de hoy se proyectan y, al mismo tiempo, daría lugar a sociedades más justas y democráticas que las que representan las grandes tecnológicas.

De la misma forma, y parafraseando a aquel expresidente, la complicidad de los gobiernos regionales no es cosa menor, dicho de otro modo, es cosa mayor. Los recursos públicos invertidos en la red eléctrica se están dilapidando en grandes centros de datos impulsados por figuras de excepción y privilegios administrativos, como la declaración de interés general en Aragón. Estas figuras se basan en términos indeterminados que dejan la última palabra en la voluntad política del gobierno que haya, concentrando las decisiones sobre los recursos públicos en las opacas conversaciones entre las grandes corporaciones extranjeras y los gobiernos autonómicos.

Frente a esto, debemos reclamar una reestructuración democrática de la toma de decisiones sobre la producción y el uso de nuestros recursos energéticos. Es decir, la transición energética requiere la democratización del debate acerca de nuestros usos de la energía y, especialmente, sobre sus usos más extractivos. La gobernanza energética en un proyecto de descarbonización debe incorporar a más agentes sociales en los órganos de decisión, como sindicatos, organizaciones ecologistas, movimientos vecinales… y someter sus decisiones a escrutinio público. Si cada tonelada de dióxido de carbono que emitimos es un crimen contra todas las formas de vida de este planeta, debemos poder decidir por cada gramo de emisión que salga de nuestras manos.

Concluyamos con esto: muchas de las urgencias ecológicas son también oportunidades sociales. La descarbonización es, al mismo tiempo que una urgencia inaplazable, una oportunidad fundamental para planificar el tipo de industrias que queremos en nuestros territorios. Por ello, y del mismo modo que se exige la paralización de las operaciones de los fondos de inversión y el cambio en el régimen de propiedad de las viviendas, debemos exigir una moratoria a la instalación de centros de datos de hiperescala y el diseño de una infraestructura pública alternativa a la de las grandes tecnológicas y fondos de inversión. Por supuesto, necesitamos construir y disfrutar nuevas y mejores vidas con un menor consumo de recursos que nos sitúen dentro de los límites de nuestro hogar planetario. Pero para reaprender a habitar la tierra, no nos hacen falta caseros.