RTVE
Martín Medem: “Desde 1975, todos los gobiernos han impedido que RTVE pueda ser un auténtico servicio público”

José Manuel Martín Medem (Madrid, 1952) acaba de publicar Cincuenta años contra RTVE (1975/2025). Del desastre del bipartidismo al decretazo del gobierno de coalición (Ediciones El Boletín, 2025), donde habla del desmantelamiento de la radiotelevisión pública con conocimiento de causa.

Trabajó durante 20 años en Radio Nacional y otros diez en Televisión Española. En el ente público dirigió los informativos de Radio 3 y fue jefe de Información del Canal 24 Horas, además de presidente del Comité de Empresa de RNE en Madrid y miembro del Comité General Intercentros de RTVE.

En 1994 entró a formar parte del Consejo de Administración del Ente, del que salió en 2007 tras las medidas de reducción de plantilla del gobierno de Rodríguez Zapatero, momento en el que escribió La agonía de TVE. O cómo se destruye la televisión pública (El Viejo Topo, 2007). Posteriormente ha sido miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas y director de Mundo Obrero.

En este ensayo, que ya se encuentra a la venta y se presentará el próximo 24 de octubre en la Librería Sin Tarima de Madrid, hace repaso de la trayectoria de RTVE en democracia, pero sobre todo de su última etapa en la misma, de nuevo en el Consejo de Administración, entre 2021 y 2024.

Allí vivió el baile de presidentes a raíz de las polémicas con la externalización de la programación de TVE, el fichaje de Broncano o el Real-Decreto ley 5/2024, que cambió el gobierno de la Corporación otorgando plenos poderes a la presidencia y ninguno al consejo nombrado por el Congreso.

¿Por qué ha decidido escribir este libro?
Me parecía que había que contar cómo, desde 1975, en los últimos 50 años, todos los gobiernos han impedido que Radio Televisión Española pueda ser un auténtico servicio público. Por eso también el libro tiene dos partes. Una historia general, que arranca con la UCD, en la Transición, y otra más en detalle de mi última etapa en el Consejo de Administración, nombrado entonces por Unidas Podemos, que llega hasta 2024, cuando se impone este decretazo que impone un presidente, José Pablo López, que es casi un administrador único, con un consejo sin competencias.

PP y PSOE siempre se han puesto de acuerdo. Al PP le encanta el texto de la Ley Audiovisual de 2022 porque deja en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas tener o no tener medios públicos, gestionarlos directamente o privatizarlos

Critica también la Ley de Comunicación Audiovisual, más allá de RTVE, como perjudicial para el ecosistema mediático del país.
Es el gran agujero negro del PSOE. Primero con la que aprobaron en 2010, gobernando Rodríguez Zapatero, y luego con la reforma de 2022, estando el gobierno de coalición con Unidas Podemos [UP votó en contra, pero salió adelante gracias al apoyo del PNV y la abstención del PP]. La primera era una especie de código de comercio para proteger a la iniciativa privada, reducir el tamaño del servicio público y bloquear las iniciativas sociales. Pero la de 2022 es mucho peor.

La ley de 2010 tenía que crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, un ente independiente que vigilaría el cumplimiento de la ley tanto del servicio público como de la privada. Con la normativa de 2022 es el gobierno el que ha asumido esa autoridad audiovisual. Es una anomalía en la Unión Europea.

PP y PSOE siempre se han puesto de acuerdo. Al PP le encanta el texto de la Ley Audiovisual de 2022 porque deja en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas tener o no tener medios públicos, gestionarlos directamente o privatizarlos. La actual normativa audiovisual no pasa de ser, como digo, un código de comercio a conveniencia del bipartidismo que protege determinados negocios e impide que RTVE sea un auténtico servicio público.

El problema es que ahora, cuando Sumar ha apoyado el decretazo de 2024, se ha unido a esa barbaridad. Y eso ocurre porque la izquierda no tiene política de comunicación. Ni la tuvo el PCE, ni IU, ni Podemos, ni ahora Sumar.

Afirma que cuando entra José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE, en 2021, al mismo tiempo que es usted nombrado consejero, era un presidente del gusto del PP.
No exactamente. Ese Consejo de Administración cuenta con cuatro consejeros del PSOE, tres del PP, dos de Unidas Podemos y otro del PNV. Se suponía que eran siete votos contra tres, reproduciendo la mayoría parlamentaria que apoyaba al gobierno de coalición de entonces. Pero Tornero empieza a ‘gobernar’ con los tres votos del PP, el del PNV y el de un tránsfuga del PSOE, Ramón Colom. A cambio de eso, le dio puestos importantes a los periodistas del PP. Incluso a un consejero, Jenaro Castro, le regala en 2022 un programa de entrevistas, Plano General, que todavía tiene.

Es la gran pelea que ha existido siempre en el seno del ente, desde la UCD y después con el felipismo o el PP. Los trabajadores resistiéndose a que se entregue la programación de Televisión Española a productoras externas que casi todas tienen al frente a amigos de uno u otro partido

A Tornero lo sigue Elena Sánchez de forma interina, que vive la polémica por el fichaje de David Broncano.
Eso fue más adelante, en 2024. En aquel momento destituimos desde el Consejo al actual presidente de RTVE, José Pablo López, del cargo que tenía entonces, director de contenidos. Había encabezado un amotinamiento de la alta dirección del ente contra Elena Sánchez, porque ella negaba a aumentar la participación de productoras privadas en los programas de Televisión Española. No solo en el de David Broncano, sino en general, aunque en ese caso concreto no quería firmarle un contrato blindado por tres años. Lo que discutimos en el que Consejo de Administración era que ese contrato se hiciese, pero como son todos los contratos: año a año según audiencia y que fuese coproducción, con participación del personal propio de la casa, no privatizando esa franja horaria.

Es la gran pelea que ha existido siempre en el seno del ente, desde la UCD y después con el felipismo o el PP. Los trabajadores resistiéndose a que se entregue la programación de Televisión Española a productoras externas que casi todas tienen al frente a amigos de uno u otro partido.

Luego vino el decretazo de octubre de 2024, que tenía dos objetivos: mantener el control de TVE, para que las productoras sigan teniendo negocio, y proteger informativamente al actual Gobierno de coalición. Antes el Consejo de Administración, con apenas 11 miembros, sin remuneración y sin dedicación exclusiva, tenía que aprobar los contratos con productoras externas uno a uno. Ahora hay 15 consejeros con sueldos y dedicación exclusiva pero el presidente tiene todo el poder para contratar. Una privatización en toda regla: si tú pones La 1 un día cualquiera, te encuentras que el 95% de la programación es externa.

Han creado una red de protección del gobierno de Pedro Sánchez, que empieza con ‘La hora de la 1’, continúa con Javier Ruiz, sigue con Jesús Cintora y ahora con el programa de Marta Filch y Gonzalo Miró

Excepto los informativos, que no se pueden privatizar por ley.
Pero se hacen pseudoinformativos que sí están en manos de productoras y se encubren con eso que llaman el infoentretenimiento. Han creado una red de protección del gobierno de Pedro Sánchez, que empieza con La hora de la 1, continúa con Javier Ruiz, sigue con Jesús Cintora y ahora con el programa de Marta Filch y Gonzalo Miró. Y a eso le sumas a Pepa Bueno en el informativo y el fichaje de Andreu Buenafuente. Supongo que argumentan que hay que parar la amenaza de un gobierno del PP con los fascistas de Vox, pero eso se puede hacer con un poco más de elegancia, ¿no?

Elena Sánchez también sale porque quiere acabar con los contratos con cláusulas secretas...
Sí, una de las que cosas en las que trabajé como consejero fue en cambiar la regulación que había. Existía una cláusula en algunos contratos con productoras externas que decía que el contenido del mismo se podía mantener en secreto durante su vigencia y después. Es decir, para siempre. Eso era una barbaridad. En ese consejo aprobamos que si existía causa para la confidencialidad, como estar compitiendo por los derechos de alguna retransmisión deportiva y no se podía hacer público la cantidad que pujábamos, se mantuviese durante un tiempo, pero solo eso. Tenía que decidir el Consejo caso por caso y nunca podía ser secreto de forma indefinida.

¿Y ese cambio sigue vigente?
No puedo saberlo. Mientras estuve en el Consejo de Administración, hasta finales de 2024, la cláusula de secreto había desaparecido. No sé si la han recuperado.

¿Qué información era la que querían mantener las empresas en secreto?
Habría que tener acceso a todos y hacer un análisis muy en profundidad para contestar bien a eso. La cuestión es que en muchos de esos contratos RTVE firmaba contra sus propios intereses. Por ejemplo, a la hora de decidir quién tiene los derechos de internacionalización, de reproducción, en qué medida se usan recursos internos de manera favorable a los beneficios de una empresa externa… Este problema lo han señalado algunos de los informes de la auditoría que hace la Administración General del Estado. Firmar ese tipo de cesiones podría tener responsabilidades penales, y por eso mucha gente quería el secreto.

Por ejemplo, en muchas series que se producen en explotación conjunta, luego el contrato permite a la productora estrenarla en una plataforma privada y desaparece del catálogo de RTVE. También está el caso de Máster Chef, que RTVE ha recibido varias multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por publicidad encubierta de productos que además sus beneficios van directos al programa.

¿Qué papel ha jugado en todo esto la izquierda?
Yolanda Díaz y el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, son los que negocian con el PSOE, por decir algo, y acuerdan que se hará lo que diga Pedro Sánchez. IU, dentro de Sumar, lo asume. No se han preocupado por el servicio público porque, insisto, ninguno tiene política de comunicación.

Podemos ha jugado otro papel, desde fuera. Apoyó el decretazo, pero porque la postura de Pablo Iglesias es que RTVE no tiene remedio, así que negocian para, al menos, tener visibilidad. Por eso la gente de Podemos tiene participación en las tertulias políticas de La 1 y en los programas de opinión. Sumar no ha hecho ni eso.

¿Y por qué?
Buena pregunta. Creo que les importa un pimiento. Siendo un tema de política de Estado, no les importa RTVE, así que la han entregado. Y dentro de Sumar, IU y el PC no tienen voz propia. Su problema es que necesitan estar en el Parlamento para poder tener diputados que obtengan fondos y que les permitan seguir existiendo, porque tienen una deuda brutal que no pueden asumir. Si rompen con Sumar, tienen que cerrar todas sus oficinas.

En España solo ha habido tres momentos en los que desde la izquierda se defendió el servicio público. El primero, lo cuento en el libro, es cuando en 1980 UCD y el PSOE deciden que el que gobierne controle la RTVE. Santiago Carrillo quería aceptar esa imposición del bipartidismo, y desde la agrupación del PCE en RTVE hicimos una denuncia de cómo aquella ley favorecía una televisión pública gubernamental y facilitaba la corrupción. Esa fue la primera rebelión.

Luego entre 1994 y 1996, mi primera vez en el Consejo de Administración, conseguimos parar el Plan Estratégico del director general de ese momento, Jordi García Candau, que quería gubernamentalizar más todavía RTVE, a reducir su presupuesto, a aumentar la entrada de la producción externa y a reducir la plantilla. Fue posible detenerlo gracias a los votos de la IU de Julio Anguita.

Y el tercer momento es cuando Pablo Iglesias negocia con Sánchez la democratización de RTVE en 2018. Sánchez mintió sobre lo que le había prometido y con un truco parlamentario, dos votos que se perdieron de los parlamentarios del PSOE, impuso la administradora única, Rosa María Mateo, que iba a ser para tres meses y estuvo tres años.

Cuando gobierna el PP, es que manipula el PP, y cuando gobierna el PSOE, es que manipula el PSOE. Si de la pública se aprovechan mis amigos, entonces me callo. Si son los otros, protesto. Llevamos así 50 años

¿Y qué podemos esperar de aquí al futuro?
Está muy claro. Habrá un gobierno del PP apoyado por Vox y harán un decretazo, igual que el que ha hecho el gobierno de coalición, pero al revés. Harán un decretazo como el que hizo Díaz Ayuso en Telemadrid para apropiarse de RTVE.

Nadie entra, ni va a entrar, en el procedimiento, en los mecanismos. Cuando gobierna el PP, es que manipula el PP, y cuando gobierna el PSOE, es que manipula el PSOE. Si de la pública se aprovechan mis amigos, entonces me callo. Si son los otros, protesto. Llevamos así 50 años.

¿No hay escapatoria de ese bucle?
El problema es que mientras el bipartidismo ha controlado RTVE, las peores iniciativas siempre han venido del PSOE. El PP lo único que tenía que hacer era profundizar y empeorar lo que ya había hecho el PSOE. Así hizo Aznar después del felipismo y así hizo Rajoy después de Zapatero.

Con lo cual, realmente del PSOE no se puede esperar una auténtica defensa de RTVE. La derecha querría hacerla desaparecer. Y la izquierda no tiene política de comunicación.

Entonces, ¿quién va a defender a RTVE? Los trabajadores, pero los trabajadores están fastidiados. Ahora mismo se está haciendo una especie de ERE encubierto en el que, con la excusa de renovar cargos, sobre todo en Radio Nacional, se ha contratado todo de fuera. Es como si les estuvieran diciendo a muchos veteranos que lo mejor es que se jubilen anticipadamente, que se vayan, porque en la Casa no tienen futuro profesional. Se contrata a gente externa para labores para las que están perfectamente capacitados los profesionales que ya hay dentro.