Reservas naturales fluviales, el exiguo bastión de los ríos españoles

Ecologistas en Acción presenta una serie de propuestas para la mejora de las reservas naturales fluviales, 3.000 kilómetros de ríos del Estado español protegidos mediante una red creada en 2015 y calificada como “insuficiente” por la organización ambientalista.

Rio Montaña El Paular
El Alto Lozoya, en la Sierra de Guadarrama, es una de las áreas señaladas por Ecologistas en Acción como reserva natural fluvial que aún no ha sido declaradas. David Fernández

publicado
2018-07-10 13:08:00

Existen actualmente 189 reservas naturales fluviales (RNF) en el Estado español. 3.003 kilómetros de tramos singulares de ríos protegidos por la única figura legal del ordenamiento jurídico español que, tal como remarca Santiago Martín Barajas, del área de Aguas de Ecologistas en Acción, tipifica un curso de fluvial como un ecosistema natural.

Esta figura fue incluida en 2005 en la Ley de Aguas, a propuesta del grupo ecologista, aunque las primeras RNF no fueron declaradas hasta 2015. Es un ejemplo más de la “mentalidad ingenieril” —indica el ecologista además de ingeniero— que ha tratado a los ríos como simples canales de agua”. Otro ejemplo: “Actualmente la política hidráulica en España depende de la Dirección General del Agua, ¿sabes cómo se llamaba esa dirección hace 14 años? Dirección General de Obras Hidráulicas”.

Cantidad mínima

El catálogo de RNF es claramente insuficiente para los defensores del medio ambiente, dado que los 3.003 kilómetros son una cantidad mínima de la extensa red fluvial española, por lo que —demandan— el listado debería ser extendido en los últimos años. Según los ecologistas, “existen ríos o tramos de ríos en todas las demarcaciones hidrográficas que presentan nulas o escasas alteraciones y que tienen singularidades morfológicas destacables y únicas”.

Asimismo, hay territorios, como Canarias, que aún no han declarado ninguna RNF. Otros, como es el caso de Balears, no tienen actualmente ninguna reserva fluvial, aunque previsible su nuevo plan hidrológico tramitará en breve seis zonas protegidas. Por último, también hay comunidades autónomas donde hay decenas de reservas identificadas pero no declaradas. Es el caso de Andalucía, donde esta situación se da en 24 espacios fluviales de alto valor ecológico.

Además, en un escenario climático, donde el agua disponible en la península Ibérica se ha reducido un 20% en los últimos años, es previsible que la presión sobre estos ríos cada vez sea mayor. “Estamos en un carrera por declarar nuevas reservas, porque nos tememeos que aquellos tramos que no queden catalogados como reservas naturales fluviales serán destruidos”, expone Barajas, un catálogo que para el activista sería algo así como “el Arca de Noe de los ríos más conservados en nuestro país”.

Herramienta de protección

La organización ambientalista ha presentado en la mañana de este martes el documento Régimen Normativo de las Reservas Naturales Fluviales. Retos para su gestión , un compendio de toda la normativa fluvial en estos espacios que pretende ser una herramienta de trabajo para todo el personal encargado de la gestión y protección de las mismas de los deferentes organismos implicados, ya que, como señala el responsable de la campaña de Formación para la gestión y la conservación de las reservas naturales fluviales, Raúl Urquiaga, “uno de los objetivos es informar y educar al personal técnico de las reservas sobre o que significa esta figura”.

Durante la campaña, el colectivo ha realizado una quincena de talleres formativos en todo el Estado con responsables, técnicos y vigilantes de estas zonas, unas sesiones de las que han sacado algunas conclusiones para la mejora de la gestión de estos espacios.

Una de ellas es la necesidad de identificación nuevas reservas, “especialmente en aquellas con ríos de tipologías poco representadas y con mayor grado de amenaza, como es el caso los ríos estacionales, ramblas o ríos costeros", apuntan. “Llama la atención el caso del Ebro”, indica Urquiaga, “que solo tiene 25 reservas para una realidad fluvial como la Cuenca del Ebro, con los Pirineos, La Rioja, Burgos o la Sierra de la Demanda, zonas prácticamente inalteradas que deberían incorporar muchas propuestas más”. De hecho, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) ya hizo una propuesta para que dicha cuenca tuviese 1.500 kilómetros de RNF.

Reservas no declaradas

Pero los problemas no están solo en el norte. La cuenca del Guadalquivir solo tiene siete reservas declaradas, una cantidad muy escasa para una cuenca del tamaño de la del río andaluz. Un realidad que contrasta con la voluntad expresada por confederaciones como las del Júcar o el Segura de aumentar el listado de RNF en los nuevos planes hidrológico que deberán aprobarse en 2021.

En el interior peninsular también hay situaciones que han llamado la atención de los ecologistas.  En el Tajo, a pesar de ser la cuenca con más reservas, “en el último momento el Ministerio de Medio Ambiente anterior decidió sacar siete reservas identificadas en los planes hidrológicos sin ninguna justificación”, señala Urquiaga. “Entendemos que pesaron más algunos intereses que la voluntad de protección. En concreto el caso del Alto Alberche, en el que hay un proyecto de presa histórico que de vez en cuando a alguno le viene bien sacarlo de cajón”. Un caso similar, remarcan, al del río Sorbe, afluente del Henares en Guadalajara.

Por último, el trabajo de los ecologistas señala otra serie de mejoras para mejorar la gestión de las RNF. La necesidad de elaborar planes de gestión para todas las reservas fluviales, que deben contar con la participación de las entidades locales; la mejora de la coordinación ente las diferentes entidades que tiene competencias sobre estos espacios, o la identificación y declaración de reservas lacustres y subterráneas, tal como establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, son algunas de ellas.

Todo ello, remarcan, con “medios económicos y recursos suficientes para la gestión y vigilancia de las reservas naturales fluviales”, para lo cual proponen la dotación de partidas presupuestarias fijas en el Ministerio de Transición Ecológica.

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