Ecología
La crisis ambiental y climática: Las pandemias olvidadas por el Estado salvadoreño

La COVID-19 ha puesto de manifiesto la negligente gestión pública y su incapacidad para garantizar los derechos humanos fundamentales para el desarrollo de la vida.
Botoncillo El Salvador
Manglar el Botoncillo, Garita Palmera, Ahuachapán, El Salvador. Carolina Amaya
Ecofeminista salvadoreña, integrante de la ONG ecologista UNES.
18 mar 2021 11:01

Estamos en un punto sin retorno. Nadie esperaba un cambio tan radical en la vida de los seres humanos y, por qué no decirlo, del planeta entero. Una amenaza que parece sacada de un libro o película de ciencia ficción. Se avecinaba de una forma inesperada, casi invisible, deambulando en el aire, un microorganismo que nos haría darnos cuenta de que no siempre estamos preparados para la respuesta de nuestros actos.

La crisis de la COVID-19, avivó momentáneamente la falsa ilusión de decrecimiento, generando esperanzas fugaces de enfriar el planeta y contener los escenarios científicos de aumento de temperaturas drásticos para el presente siglo. Lejos de ello, ahora es evidente que el cambio climático continuó su implacable marcha durante el 2020, año que está en camino de ser uno de los tres años más cálidos desde que se iniciaron las mediciones. La década de 2011 a 2020 será la más cálida de la que se tiene registro y los seis años más cálidos son los registrados desde 2015[1].

La alteración al sistema climático, dada por la contaminación desproporcionada de la atmósfera por los países industrializados, ha pasado la factura a una sociedad empobrecida y altamente dependiente del clima como la de El Salvador. De forma recurrente el país, se ha visto afectado por el aumento e intensidad de los desastres; con pérdidas y daños durante siete años ininterrumpidos (2009- 2016): Tres por inundación, cuatro por sequía, totalizando más de $1.600 millones en pérdidas, ($230 millones anuales (1,3 % del PIB) y obligando en este periodo a declarar, por primera vez en la historia de El Salvador, Emergencia Hídrica para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Las reducciones acumuladas de precipitaciones llegaron hasta el 2018, con disminuciones del 40 % y una bajada de hasta cuatro metros en los mantos acuíferos, debido al decrecimiento sostenido de los niveles del líquido en el suelo salvadoreño, sobre todo en la zona oriental del país[2]. La última factura de esta la crisis, la han pagado casi 30.000 familias (casi 150.000 personas) afectadas y 27 fallecidos por la tormenta Amanda de mayo 2020[3].

Y es que el estado del bien hídrico en el país es preocupante, tanto por los niveles de saneamiento como de acceso a este derecho. Solo en los meses previos a la llegada del SARS-COV-2, el país enfrentaba una crisis hídrica con afectaciones a 2.1 millones de personas, pese a que la precipitación histórica anual ha oscilado entre 1,526 a 2,341 mm/año, siendo el promedio multianual de la serie comprendida entre 1965 y 2012 de 1,785 mm/año. Sin embargo, de esta cantidad (que debería ser suficiente para abastecer la demanda de agua para los diferentes usos) solo el 11 % se infiltra hacia los acuíferos, mientras que el 89 % restante se pierde en evapotranspiración (66 %) y escorrentía (22 %); como consecuencia de la salvaje deforestación a la que ha sido sometido el país. El Salvador solo dispone del 13,9 % de bosques en relación con la superficie nacional; situándolo como el más bajo de la región, según datos de 2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en adelante MARN).

Pero los datos mencionados, no han sido revisados, mucho menos agendados, por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Al contrario, y en cumplimiento a su Plan Cuscatlán, ha ordenado a su Ministro de Medio Ambiente la agilización de los permisos ambientales que se encuentran en gestión: “Tiene 100 días para resolver todos los trámites pendientes de estudios e impacto ambiental”. El mandato presidencial, más bien es un cheque en blanco a los criminales ambientales que abusan de una institucionalidad débil y un Estado complaciente. A manera de ejemplo: en el caso de destrucción de patrimonio cultural Tacushcalco, por parte de la empresa urbanística Fénix S.A. de C.V, no se activaron nunca de manera adecuada y oportuna los procedimientos mandatados en la Ley de Medio Ambiente o en la de Protección al Patrimonio Cultural. En casos documentados por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), sobre la sobreexplotación de las aguas por la industria cañera; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) otorga permisos para la explotación del agua, pero no da ningún tipo de seguimiento, ni establece restricciones en las cantidades de agua a ser extraídas, dejando cuenca abajo sin este vital líquido a miles de personas. Poblaciones enteras que viven de la agricultura de subsistencia o ecosistemas vitales como los manglares, que necesitan de un gradiente equilibrado de agua salada y dulce para garantizar hábitat de la biodiversidad marino costera.

La carrera por favorecer al empresariado y corporaciones llega al extremo que en plena cuarentena obligatoria, el  Gobierno salvadoreño lanzó a consulta pública el proyecto Central Hidroeléctrica Nahuizalco II en el río Sensunapán, sumando con ello 8 represas en una cuenca catalogada como “Zona prioritaria 1”, por ser la única con estrés hídrico alto en el país, siendo su tasa de demanda 58.2 mil metros cúbicos, frente a la disponibilidad de 31.2 mil metros cúbicos (Plan Nacional Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2017).

Los pueblos indígenas del territorio mencionado, desde hace más de 15 años resisten a esta represa, logrando que, en 2013, el Gobierno no otorgara el permiso por los daños ambientales y culturales. A pesar del riesgo de contagio del COVID, en julio de 2020, entregaron más de mil quinientas cartas de oposición a la octava represa aún con las dificultades que representó la movilización durante la pandemia.

Estos proyectos, como las represas o la explotación y privación del agua por la industria cañera, tienden a expandir las desigualdades hacia las mujeres, ya que menos del 60 % de personas en áreas rurales cuentan con conexión domiciliar y el resto consiguen agua a través de pozos artesanales, de ríos, lagos y recolectando agua lluvia (MARN, 2017). En efecto, el almacenamiento del vital líquido constituye una actividad en la que dedican de promedio 39 minutos diarios, siendo las mujeres, quienes tienen que asumir esta hetero norma del cuidado doméstico, y con ello enfrentar las crecientes dificultades para acceder a fuentes de agua o garantizar la alimentación familiar. Asimismo, se ha constatado que el incremento de enfermedades y el deterioro de la salud colectiva como consecuencia de la contaminación de los ecosistemas provoca una necesidad creciente de cuidados en la población, cuya responsabilidad es atribuida a las mujeres.

Los escenarios de disponibilidad hídrica para el Salvador, según el MARN, no son nada alentadores. Se prevé una reducción para el 2050 del 40 % y para el 2100 del 82 %. Con un aumento poblacional, la demanda de agua podría crecer casi un 300 % para el año 2050 (sin cambio climático) y más del 400 % bajo el escenario realista mencionado.

La respuesta internacional a la crisis, se sustenta en el Acuerdo de París (Cumbre de las Partes para el Cambio Climático COP 2015), cuyo objetivo principal es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 ºC por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 ºC. Este pacto de voluntades, se aleja cada vez más de lo que según la ciencia se necesita: las personas expertas ya han advertido que estamos lejos de los 2 ºC, mucho más del 1,5 ºC; incluso si el Acuerdo de París se cumple, con las primeras Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INCD por sus siglas en inglés), llegamos a los 2,9 ºC, y si todo sigue igual llegaremos al 3,5 ºC, siendo imposible concretizar la adaptación como medida alternativa propuesta.

Desde las expresiones ecologistas de El Salvador, reivindicamos la urgencia de mirar hacia abajo, pasar de las alternativas de escritorio hacia las del territorio, espacios donde se gestan las verdaderas soluciones a las crisis. Los pueblos del mundo, merecemos justicia y dignidad, este anhelo es posible con la unidad planetaria.

[1] https://bit.ly/3bgHsWU

[2] https://historico.elsalvador.com/historico/510150/fao-el-salvador-el-pais-mas-afectado-por-la-sequia-en-c-a.html

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-06-08%20TS%20Amanda%20Cristobal%20Snapshot%20%28ESP%29.pdf

Sobre este blog
El Blog de Pueblos - Es una apuesta por la solidaridad que ofrece una mirada crítica sobre las diferentes realidades sociales, políticas, económicas y culturales del mundo.Queremos visibilizar la diversidad de colectivos y movimientos sociales del Estado Español y de otras partes del mundo, así como sus luchas, sobre todo en aquellos lugares y momentos históricos donde la voz y la palabra son negadas. Este Blog, impulsado por la asociación Paz con Dignidad, es un instrumento de comunicación para fortalecer e impulsar nexos entre organizaciones del Norte y del Sur que trabajan en procesos de transformación social.
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