Guatemala
Guatemala, a dos años del ‘levantamiento de los bastones’

El 2 de octubre de 2023, varias autoridades tradicionales indígenas, encabezadas por los 48 cantones del municipio kiché de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá (maya-kaqchikel) y el Parlamento Xinca, iniciaban una movilización social con dos objetivos principales. El más sonado era que las autoridades de turno y sus aliados, conocidos como «pacto de corruptos», respetaran el resultado de las elecciones presidenciales. Las había ganado contra todo pronóstico un candidato ajeno a estos círculos de poder, que había hecho de la lucha contra la corrupción el eje central de su programa. El otro era la salida de la fiscal general del Estado Consuelo Porras, principal operadora del intento de invalidación de la elección. Los convocantes también la acusaban de entorpecer el ejercicio propio de la justicia en sus comunidades, en base al derecho consuetudinario maya.

A la movilización, que incluyó la ocupación permanente de los alrededores de la fiscalía general y el bloqueo reiterado de carreteras, se fueron sumando otros sectores de la sociedad civil ajenos al mundo indígena, como estudiantes, sindicatos y ciudadanos urbanos. Este paro nacional, como lo denominaron sus iniciadores, duró 106 días, hasta la consecución de uno de sus objetivos: la toma de posesión del nuevo presidente Bernardo Arévalo. No se logró en cambio la salida de la fiscal general. La funcionaria, que figura desde 2022 en la lista Engel de actores corruptos establecida por Estados Unidos, tampoco ha podido ser removida desde entonces por el nuevo mandatario, al no contar este con mayoría en el Congreso para ello.

Esta victoria a medias del paro nacional no dejaba de ser histórica, pues impedía una ruptura del orden constitucional que habría sido la primera desde el breve autogolpe de Estado del presidente Serrano Elías en 1993. Por otra parte, era la primera vez en la historia del país que otros actores, mestizos y en especial urbanos, aceptaban un liderazgo indígena en una lucha intersectorial. Este reconocimiento se hace patente en otro nombre que se dio a esta movilización: «el levantamiento de los bastones», en referencia a las varas de mando que suelen ostentar las autoridades tradicionales.

El mundo indígena, tradicionalmente marginado del escenario político a pesar de constituir aproximadamente la mitad de la población del país, parecía entonces haber alcanzado un nivel de popularidad e incidencia nunca visto antes. El investigador social Santiago Bastos, especialista del movimiento maya, hablaba en un artículo de finales de 2024 del «mayor logro político hasta ahora de las comunidades indígenas organizadas en el escenario nacional».

Algunos vieron en este éxito un posible trampolín hacia nuevos avances para los pueblos originarios. Pero a dos años del paro nacional, se constata que fue más bien su punto cúspide de movilización. A pesar de deberle en buena medida su toma de posesión, el presidente Arévalo nombró a muy pocos integrantes de la sociedad indígena en cargos de gobierno. Por lo tanto, no rompió con la dinámica estructural de marginación de los indígenas de los espacios de poder a nivel nacional. En el nivel departamental sí que Bernardo Arévalo nombró, entre los candidatos postulados por la sociedad civil, a nueve gobernadores indígenas (de un total de 22). Pero solo un par de estos habían jugado un papel en el levantamiento de los bastones.

Además, estos no están aprovechando estos espacios para defender las demandas históricas de sus organizaciones de origen, que se podrían resumir en la reactivación de los compromisos incluidos en el Acuerdo de paz sobre Identidad y derechos de los pueblos indígenas, el cual sigue en gran medida sin aplicarse a casi tres décadas de su entrada en vigencia, en 1996. El reconocimiento del carácter plurinacional del país aparece como una reivindicación central, por todo lo que implica en cuanto a fortalecimiento de elementos centrales de la sociedad indígena tales como sus lenguas o sus organizaciones tradicionales, así como las prácticas de estas en materia de justicia y de democracia local.

Desde su nombramiento en cargos públicos, los pocos operadores indígenas provenientes de las movilizaciones de 2023 se conforman en el mejor de los casos con buscar beneficios para sus comunidades de origen, esencialmente en forma de obras de infraestructura. Esto ha conllevado críticas por parte de otros sectores indígenas. Y dichas críticas reavivaron divisiones preexistentes, que habían quedado relegadas durante el paro nacional ante el consenso en torno a los dos objetivos del mismo.

La persistencia de divisiones internas

Uno de los temas de discordia interna a la sociedad civil organizada indígena gira precisamente en torno a la ocupación de cargos en el aparato estatal. Durante décadas el Estado fue visto como enemigo a evitar, especialmente cuando lo dirigían militares represores. Pero desde finales del siglo XX, se han vuelto mayoritarias las voces indígenas que consideran útil actuar desde las instituciones públicas. No obstante, no existe unanimidad al respecto: algunos siguen considerando que asumir cargos en el aparato estatal invalida la capacidad de incidencia.

Además, entre los indígenas que sí coinciden en la utilidad de ocupar espacios de poder, no existe unión. Los partidos de izquierda como la URNG (ex guerrilla marxista), Winaq (fundado por la premio Nobel de la paz maya-kiché Rigoberta Menchú) o el Movimiento de Liberación de los Pueblos (en vías de remodelación tras su cancelación por el Tribunal Supremo Electoral), que son los únicos en los que los indígenas son mayoritarios entre activistas y dirigentes, no logran los acuerdos que les permitirían convertirse en una verdadera opción electoral. Un veterano activista de uno de estos lamenta en privado esta situación. La atribuye al radicalismo de un grupo y a la prepotencia de otro, «que solo concibe una unión detrás de sus filas», sin por ello restar responsabilidades a su propio partido.

Llegar al poder será complicado incluso con esta unión. El principal obstáculo es sin duda la falta de recursos para hacer campaña, mientras los operadores políticos de la oligarquía gastan a mansalva y compran votos mediante regalos y promesas. No obstante, para varios de estos líderes, esta victoria electoral no solo es necesaria, sino que además se vuelve cada vez más urgente. Esta urgencia se debe a la conjugación de dos factores desfavorables a las poblaciones indígenas. Por un lado, sus problemas estructurales siguen sin resolverse; por otro, enfrentan nuevos desafíos que ponen en riesgo algunos de sus fundamentos.

En efecto, los avances en las problemáticas históricas vinculadas al subdesarrollo han sido tímidos. Las desigualdades (medidas por el Índice de Gini) fueron disminuyendo en la primera década del siglo XXI, pero no conocieron ninguna evolución favorable después. Y Guatemala sigue siendo hoy uno de los cinco países más desiguales de América. Peor aún, los niveles de pobreza no han conocido ninguna disminución en lo que va de siglo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 el 56% de los guatemaltecos vivía en situación de pobreza, e incluso el 16,2% en extrema pobreza. Estos datos se incrementan notablemente en las áreas rurales, en las que las proporciones de población indígena son superiores: el 66,4% de sus habitantes es pobre; el 24,4% sufre de extrema pobreza.

Las remesas: tortillas para hoy, ¿hambre para mañana?

Esto ocurre cuando en los últimos años ha aumentado de manera considerable la presencia de dinero en estas zonas. Este fenómeno se debe esencialmente a las remesas enviadas por la diáspora instalada en Estados Unidos. El dinero recibido ha estimulado principalmente dos sectores económicos: el comercio (al incrementar la capacidad de consumo) y la construcción. Se han multiplicado los negocios y, si bien los artículos de primera necesidad siguen siendo mayoría, han aparecido en zonas rurales tiendas de motos o de electrodomésticos, así como ferreterías.

De hecho, en los últimos quince años muchas comunidades han visto aumentar drásticamente su superficie construida, al llenarse de edificios de concreto y tejado-terraza de dos o más plantas, que sustituyen las tradicionales casas de adobe. Este impresionante boom inmobiliario, si bien ha dinamizado la economía local, no parece sostenible a largo plazo. Las necesidades de habitación serán cubiertas y el territorio también tiene sus límites, especialmente en el altiplano con su geografía muy accidentada. La desbordada oferta comercial tampoco parece del todo viable, pues muchísimos negocios ofrecen los mismos productos a una clientela que no es eternamente extensible.

Además, esta afluencia de divisas desconectadas de la economía nacional ha tenido otros efectos negativos. Uno ha sido la inflación. Por primera vez desde el año 2011, esta superó los 6% anuales tanto en 2022 como en 2023. Y su evolución fue distinta según los lugares y los productos, alcanzando máximos precisamente en estas regiones donde llegaban más divisas del exterior y en relación a productos de primera necesidad como los alimentos básicos. En primer lugar se encuentra el maíz, base de la alimentación de los guatemaltecos. Esta inflación ha aumentado los niveles de pobreza de las familias aún numerosas que no tienen a ningún migrante que les envíe dinero. Miguel Raymundo Ceto, especialista de la secretaría general de Planificación y Programación del Estado en el departamento del Quiché, lo asegura: «Aunque ya se hable poco del tema, la desnutrición sigue siendo un problema presente en prácticamente todo el territorio del país, y con niveles nunca vistos en algunas partes». Raymundo y otros observadores temen además un derrumbe de esta economía de transferencias si el presidente estadounidense Trump cumple con su promesa de expulsión masiva de migrantes indocumentados: «De momento no son tantas las extradiciones, pero en algunas comunidades ya se están notando efectos. Y si se generaliza la medida, se va a complicar mucho la situación».

La cultura maya bajo fuego cruzado

Además de las persistentes dificultades materiales, muchos activistas mayas temen más que nunca por el porvenir de su cultura. Algunos de los elementos que les preocupan están vinculados de hecho con la presencia de más dinero en las comunidades. Observan que cada vez más familias renuncian a cultivar ellas mismas su milpa y privilegian la compra de maíz. Esto, aunado al elevado crecimiento demográfico que aumenta la demanda, contribuye tanto al encarecimiento de este producto como a la pérdida de soberanía alimentaria. Es así como la cobertura de las necesidades nacionales es cada vez más dependiente de importaciones, en especial de un maíz mexicano producido con agroquímicos y con menos valor nutricional que las variedades criollas de Guatemala.

Para Salvador Quiacaín Sac, ex primer cargador del Consejo de Ancianos Maya-Tz’utujil de San Pedro La Laguna, este comportamiento no implica desarrollo, sino todo lo contrario: «Nos hacemos más pobres a nosotros mismos, porque ahora compramos lo que antes producíamos». Y le preocupan también las consecuencias culturales de estos cambios de hábito. Teme la pérdida de conocimientos que para él son al mismo tiempo fuente de autonomía y de identidad de los pueblos indígenas, como son sus técnicas de cultivo. También está preocupado por el arte de tejer, trasmitido durante siglos de generación en generación por las mujeres mayas. En efecto, los huipiles (blusas tradicionales, con colores y motivos distintos en cada municipio), tejidos y bordados a mano, sufren la competencia cada vez más fuerte de otros de fabricación industrial y mucho más baratos, que llevan los mismos motivos impresos.

Al igual que don Salvador, César Guarcax, del grupo artístico maya-kaqchikel Sotz’il, lamenta estos nuevos hábitos de consumo, que vuelven cada vez menos rentable la fabricación manual de los tejidos tradicionales. Para él, «es mejor tener solo uno o dos, y que sean auténticos y producidos en la comunidad, y no varios hechos en una fábrica a saber dónde. Esto no es valorar lo nuestro». Ambos temen incluso la desaparición de esta sabiduría ancestral, ya que cada vez menos jóvenes están interesadas en aprender un oficio que parece tener poco futuro.

En fin, las lenguas mayas sufren una neta pérdida de vivacidad, ante el aumento considerable en poco tiempo de la presencia del castellano en las comunidades. En efecto, en pocos años llegaron primero la electricidad y luego la telefonía móvil. Y donde antes solo llegaban unas pocas emisoras de radio, alguna de estas local y en lengua maya, ahora abundan los canales de televisión esencialmente en castellano (cuando no en inglés). Y las redes sociales se utilizan casi exclusivamente en español, incluso entre mayahablantes.

La escuela tiene mucho que ver con esta situación: la educación bilingüe prevista en los Acuerdos de Paz nunca se ha puesto en marcha. En el mejor de los casos, la lengua maya del lugar es enseñada como una asignatura más, al igual que el inglés. La lengua de enseñanza es sistemáticamente el castellano. Y este termina siendo el idioma más dominado por una juventud indígena que estudia cada vez más años. Un director de escuela recién jubilado constata preocupado que incluso en su aldea 100% indígena, «hay cada vez más niños que juegan en español en el patio y que casi no entienden kaqchikel». En zonas más urbanas las lenguas mayas gozan aún de peor salud, hasta el extremo de haber prácticamente desaparecido en la segunda ciudad del país, Quetzaltenango, a pesar de que la mitad de su población es de origen kiché.

Las represalias judiciales contra líderes: ¿rematar al «malherido»?

Los desafíos a los que se enfrentan los indígenas guatemaltecos son por consiguiente múltiples y complejos. Y a dos años del levantamiento de los bastones, no se vislumbra ninguna dinámica colectiva que permita hacerles frente. Para colmo, varios líderes de aquella movilización histórica han sufrido últimamente la represión de los miembros del llamado «pacto de corruptos» que siguen en puestos de poder. Dos líderes de Totonicapán, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, llevan desde el pasado mes de abril en prisión preventiva, acusados de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, sedición y terrorismo. Y el ex-vicealcalde indígena de Sololá Esteban Toc fue detenido el pasado 28 de agosto por los mismos motivos. Debido a cierta presión popular, alimentada por su delicado estado de salud que hacía que su vida corriera peligro si seguía detenido, su encarcelamiento fue conmutado en arresto domiciliario el 6 de septiembre. Pero estos tres líderes siguen pendiente de juicio.

«Aquí, se sigue criminalizando y encarcelando a los mosquitos, pero no se hace nada contra los elefantes, que son los que aplastan a los demás», suspira el anciano activista que lamenta las divisiones entre partidos de izquierda. Pero no pierde la esperanza de que se logre esta unión. Lo cree aún más factible que ve en estas divisiones «más luchas de egos personales que verdaderas discrepancias ideológicas. (…) He mencionado en varios encuentros que con estas divisiones, más allá de que nos restamos opciones a nosotros mismos, lo que hacemos es impedir que el pueblo llegue un día al poder. Diciendo esto, intento hacer que reaccionen los compañeros, al darse cuenta de que con estas actuaciones en realidad perjudicamos a los que decimos defender. Por el momento no ha tenido efecto este discurso, ni los intentos de algunos otros por unificar. A ver si lo logramos más adelante».