El Salvador
El gobierno de Bukele perpetúa el estado de excepción

El Salvador lleva desde el 27 de marzo de 2022 con un  régimen de excepción que suspende las garantías constituciones del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.

Esta suspensión de garantías se produjo después de que la Mara Salvatrucha (13) asesinara a 87 personas entre el 26 y 27 de marzo de 2022, dando pie a la promulgación del estado de excepción.

El motivo de ese aumento repentino de los homicidios es una cuestión que se sabrá con certeza algún día. Desde la asunción a la presidencia del gobierno de Nayib Bukele (2019), los índices de personas muertas por las pandillas bajaron de manera significativa. Diversas fuentes periodísticas, entre ellas la de Carlos Martínez (periodista del diario digital El Faro), achacan  esta disminución a un pacto existente entre las maras y el gobierno. Este pacto se quebró, lo que produjo la reacción de la M-13 con el asesinato de las 87 personas mencionadas.

Este régimen de excepción ha sido prorrogado hasta nuestros días con el argumento de la lucha contra las pandillas, no hay visos de que vaya a finalizar, al menos hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales prevista para el 4 de febrero de 2024.

A lo largo de este más de año y medio de excepción, el gobierno, a través de la asamblea legislativa, ha reformado y aprobado nuevas leyes que endurecen las penas para las personas integrantes de las pandillas, cercena el derecho a la legítima defensa, impone una autentica ley mordaza y establece un marco de inseguridad jurídica que desmoviliza a la sociedad civil.

El 30 de marzo de 2022 se reformó el código penal, estableciendo penas de cárcel de 40 a 45 años de edad para los cabecillas de las pandillas, así como bajando la edad penal a partir de los 12 años. Esto ha conducido a que más de 1.000 niños, hayan sido enviados a prisión preventiva.

Se otorga a las fuerzas de seguridad la capacidad de arrestar y presentar cargos a discreción, se consagra como delito cualquier comunicación que dé cuenta de algo relacionado con las pandillas, en la práctica se establece la ley mordaza. Basta afirmar que la persona pertenece a una pandilla para que pueda ser detenida.

El pasado 26 de julio de 2023 el Congreso aprobó la reforma a la ley contra el crimen organizado cuyo objetivo principal es aumentar las penas para los cabecillas de las pandillas (45 a 60 años) y para la realización de procesos penales por estructuras delictivas, lo que anula los procedimientos individuales; otorgar poderes investigativos a la Policía Nacional Civil (PNC) pese a que esto corresponde a la Fiscalía General de la República.

Contra esta reforma se han pronunciado diversas instituciones como la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, que alertó sobre la reciente reforma a la ley contra el crimen organizado aprobada por la asamblea legislativa.

Las medidas impulsadas por el gobierno suponen una sistemática violación a los derechos humanos y una afectación a derechos básicos como los de asociación y presunción de inocencia.

En mayo de 2023, Naciones Unidas manifestó su preocupación, ya que como consecuencia del régimen de excepción el poder judicial ya implementaba de facto juicios masivos, teniendo los defensores  entre  4 y 5 minutos para presentar los casos de 400 a 500 personas, lo que en la práctica significa una indefensión absoluta.

Hoy la vulneración de los derechos humanos que está suponiendo la aplicación del estado de excepción, como viene denunciando desde hace tiempo diversos organismos internacionales de derechos humanos, no está encontrando de momento un amplio eco en la población.

Cabe señalar también el amplio consenso entre la población con las medidas impuestas por el gobierno, apoyo que nace del cansancio por la situación de sometimiento y falta de presencia del Estado en la mayoría del país. Las extorsiones, los asesinatos, las violaciones, el control territorial de las maras, era una situación con la que convivía gran parte de la población salvadoreña, principalmente los sectores populares.

Además, el gobierno ha podido mantener el estado de excepción y llevar a cabo las reformas mencionadas, al contar con todo los poderes del Estado, controla el poder ejecutivo, legislativo y  judicial, gracias a la destitución en mayo de 2021, de los jueces de la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como del titular de  la Fiscalía General de la nación.

Desde el establecimiento del estado de excepción más de 70.000 personas han sido detenidas, acusadas de pertenece a diversas pandillas que actúan en el país, aunque el propio  gobierno salvadoreño acepta que hay personas detenidas erróneamente que no han cometido ninguna ilegalidad.  Las organizaciones de derechos humanos  cifran en miles de personas las detenidas arbitrariamente con el objetivo de control social y amedrantamiento de la población en general.

Estas detenciones indiscriminadas han  dado pie a numerosas violaciones de derechos humanos, tal como concluye Human Rights Watch en su informe sobre la situación de El Salvador de diciembre de 2022 titulado Podemos detener a quién queramos (violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción), donde afirma que bajo el régimen de excepción, hay constantes violaciones de los derechos humanos, detecciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos en prisión.

En la actualidad hay más de 160  muertes verificadas desde el 27 de marzo de 2022 al 26 de mayo de 2023, producidas bajo custodia del gobierno según la Fundación salvadoreña Cristosal.

Estas medidas se han complementado con la construcción de la cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo en una zona rural cerca de Tecoluca. La cárcel tiene una capacidad para 40.000 personas. En la actualidad, en una operación bien publicitada por la prensa mundial, 2.000 mareros fueron trasladados como si fueran ganado a dicha prisión.

Este accionar indiscriminado por parte del Estado ha producido un debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Una confesión de una persona sobre otra puede ser aceptada como prueba válida sin ningún otro comprobante, lo que acentúa el miedo a levantar la voz por temor a que la puedan considerar como parte integrante de una pandilla

A este debilitamiento han contribuido diversas leyes o reformas planteadas en la asamblea legislativa encaminadas a un control de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de información. Cabe destacar dentro de estas reformas, la Ley de agentes extranjeros presentada en noviembre de 2022, en la que se requiere que las personas  y organizaciones que directa o indirectamente reciban fondos del extranjero, así como quienes trabajen  bajo el “control” de personas en el extranjero o representen sus intereses, se registren como agentes extranjeros. Conforme a esta ley, su incumplimiento sería punible con multas y la cancelación de la personería jurídica.

Esta ley pretende imponer un gravamen de un 40%  a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación que el gobierno considere que están participando en política o alterando el orden  y la estabilidad del país.

Después de que varios gobiernos extranjeros criticaran el proyecto de Ley y la embajada alemana manifestara que estaba estudiando suspender los programas humanitarios en el país. El gobierno de Bukele, anunció que pospondría la votación.

La aprobación de la ley y su aplicación significaría el fin de la cooperación internacional al desarrollo, así como los programas de ayuda humanitaria. El fin último de esta ley es perseguir las voces críticas con el gobierno.

Cabe señalar también que en diciembre de 2021, la asamblea legislativa modificó la ley especial contras los delitos informáticos y conexos, que tipifica nuevos delitos en términos amplios e imprecisos. Por ejemplo, una de las reformas penaliza el uso de la tecnología para obtener o distribuir información “confidencial” una disposición que se presta fácilmente a un uso indebido contra periodistas u organizaciones de la sociedad civil. Esto ha llevado que al día de hoy el diario digital El Faro haya trasladado su estructura administrativa y legal a Costa Rica, al menos 22 empleados del diario fueron infectados con el virus Pegasus, el software de espionaje de una empresa israelita.

La falta de controles independientes, permite que a pesar de estar expresamente prohibido constitucionalmente, el presidente Bukele se presente a la reelección en febrero de 2024.

Hoy se cierne un futuro incierto sobre El Salvador, las medidas adoptadas contra las pandillas, tienen beneficios a corto plazo, pero no ataja el problema central que ha llevado a muchos niños, niñas y jóvenes a integrarse en estas bandas delincuenciales, las condiciones económicas de la población, que conlleva una deserción escolar temprana, baja escolarización, empleos precarios y de poca calidad.

Según la última encuesta de hogares realizada por el gobierno salvadoreño, casi un tercio de la población salvadoreña vivía en pobreza en 2022, cifra que supera la registrada en los últimos cuatro años, por lo que no cabe duda que el estado de excepción, si bien es innegable que ha aliviado la tensión social de la población salvadoreña, no ha ido acompañado de medidas sociales profundas que den respuesta a los severos índices de pobreza, cuya solución es la clave para la desaparición de la violencia en El Salvador.

Artículo elaborado para el proyecto  “Trazando hojas de ruta de solidaridad y apoyo” financiado por la AEXCID- Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, en la convocatoria de proyectos Educación para la Ciudadanía Global del año 2022