Brasil
Feminismo y organización popular contra el desgobierno de Bolsonaro

Brasil es ya es el segundo país a escala global en casos confirmados de Covid-19, superando además la cifra de mil muertes diarias. Rebasamos la cifra de 50.000 personas fallecidas, y las proyecciones nos sitúan como el próximo epicentro de la pandemia. Todo ello en un contexto en el que el gobierno brasileño modifica las formas de contabilización y divulgación de datos, dificultando la coordinación nacional para el enfrentamiento de la pandemia.

Precisamente el movimiento de lucha por una salud pública, gratuita y universal ha sido muy fuerte en Brasil en los años 1980. Contribuyó notablemente al derrocamiento de la dictadura militar, así como a la instauración de un Sistema Único de Salud (SUS), cuyo reflejo es constitucional desde 1988. Hablamos del sistema de atención pública más grande del mundo, respondiendo ante el 80% de la población brasileña –el 67% de las personas negras– gracias a una fuerte capilaridad sustentada en los agentes comunitarios a lo largo y ancho del país. No obstante, el SUS ha mostrado históricamente sus carencias para asegurar el derecho a la salud de todos y todas, sufre un problema estructural de listas de espera, y sus recursos han sido progresivamente drenados a estructuras de la sanidad privada.

Si esta situación ya mostraba una evidente vulnerabilidad, dos acciones del gobierno Bolsonaro la agravaron. Por un lado, la suspensión del acuerdo con el Gobierno cubano, interrumpiendo así la actividad de 8.000 médicas y médicos. Por el otro, el impacto del techo de gasto presupuestario (la famosa Enmienda constitucional 95) ha retirado del SUS, hasta 2019, más de 20.000 millones de reales.

En este contexto se desarrolla la pandemia, siendo solo el 20% de las municipalidades las que cuentan con unidades de tratamiento intensivo. A su vez, las becas de médicos residentes se están retrasando, y es notable la ausencia de equipamientos de protección individual. El Congreso ha aprobado la liberación de recursos de emergencia para salud, pero solo un 27% del total ha sido gastado y/o contratado  escala federal, transfiriendo únicamente un 32% de dicha cantidad a estados y municipios. Todo ello, además, en el marco de un ejecutivo convulso, bajo creciente contestación social, pero que insiste en negar la realidad de la situación que atravesamos. Como muestra, un botón: desde el inicio de la pandemia se han sucedido tres ministros de salud, siendo el actual un militar sin experiencia alguna en el área.

Y es la militarización de los puestos de decisión la respuesta que se ofrece a los problemas que ellos mismos generan y agravan. En este sentido, la deforestación de la Amazonia en abril aumentó casi un 64% respecto a abril de 2019. El ministro del medio ambiente, Ricardo Salles, afirmó en una reunión pública que la pandemia es un excelente momento para “dejar pasar la manada”, flexibilizando normas y leyes ambientales. Asociaciones de empresas de diferentes sectores (agronegocio, frigoríficos, belleza, etc.) no dejaron pasar esta oportunidad y publicaron el día siguiente un anuncio en los principales periódicos apoyando al ministro con el título “En el medio ambiente, la burocracia también devasta”. Este proceso ha concluido otorgando poder a las fuerzas armadas sobre la deforestación ilegal en Amazonia. Este es por tanto el ejemplo de lo que hoy ocurre en Brasil: una salud pública muy vulnerable frente a una pandemia de enormes dimensiones, cuyo impacto el ejecutivo sigue negando; una ofensiva público-corporativa por desmantelar lo que aún resta de legalidad en defensa de los derechos colectivos; y la represión militar como respuesta al activismo de los movimientos y organizaciones sociales.

En este sentido, en Brasil coronavirus y militarización van estrechamente unidos. Esta última es parte del cotidiano tanto de los centros rurales como urbanos. Precisamente en Rio de Janeiro se ha intensificado en estos meses los casos de disparos en las comunidades, estando la policía implicada en el 36% de los mismos. De este modo, el asesinato de jóvenes negros como João Pedro, Iago César y Víctor Gomes, entre tantos otros, es analizado únicamente como un “efecto colateral”. Este tipo de operaciones policiales, además,  interrumpen la distribución de canastas básicas y los servicios de salud en las comunidades periféricas.

Frente a ello, el aislamiento social es la única posibilidad de contener el avance del Covid-19. Pero en Brasil no es nada fácil practicarlo. Además de las habitaciones donde conviven muchas personas y la falta de acceso a agua, el hambre aprieta. El Congreso aprobó un auxilio de emergencia con el valor de 600 reales por 3 meses a trabajadores informales, desempleados y microempresas individuales. En un mismo domicilio se puede llegar a dos auxilios y las mujeres responsables solas por sus familias pueden llegar a 1.200,00. Las agricultoras y agricultores familiares y empresas de la economía solidaria fueran excluidos.

Demandaron el auxilio 107 millones de personas, pero solo 59 millones obtuvieron la aprobación. El acceso se vehiculiza a través del registro en el Catastro Único, creado durante el gobierno de Dilma Roussef para incluir a las personas solicitantes de asistencia social. No obstante, no cubre a los “nuevos pobres” fruto del golpe parlamentario y del bolsonarismo, que precisan de acceso a internet para registrarse por medio de una aplicación móvil o vía web. Toda esta gente sufre un profundo desamparo, ya que además se usan los registros de marzo –cuando la pandemia no había afectado tan profundamente–, negando una realidad en la que 10 millones de personas han salido del mercado de trabajo entre abril y mayo, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

En definitiva, la militarización y el desgobierno frente al virus deben ser interpretados como acciones deliberadas con objetivos eugenistas. En este sentido, el presidente Bolsonaro ha pronunciado innumerables veces que es natural que las personas mueran, por lo que no hay nada que hacer. Cada inacción, confusión o declaración absurda es milimétricamente calculada, y se apoya en una base leal y muy activa, que realiza plantones en la calle, porta símbolos de la extrema derecha y enarbola sin tapujos la supremacía blanca.

Seguimos en resistencia

Nosotras las feministas no bajamos la guardia a la secuencia de ataques del bolsonarismo. Desde que fue elegido tras una campaña sórdida, llena de crímenes electorales, y solo con el 39% de los votos, no hemos cejado en el empeño de sacarlo de la presidencia. Movimientos y colectivos feministas realizamos acciones simbólicas y virtuales, que recuperan la trayectoria de luchas de las mujeres contra la violencia machista, la dictadura militar y las ofensivas conservadoras recientes, como el golpe parlamentario-jurídico-mediático contra Dilma Rousseff.

Actualmente hay un consenso entre toda la izquierda en torno a la consigna Fora Bolsonaro, que se extiende a las clases medias que realizan caceroladas en las ventanas. Fruto de este acuerdo ha sido la presentación de un nuevo pedido de impeachment al Congreso, que se suma a un proyecto de ley que define una propuesta de transición al vicepresidente. Fue en ese sentido que una coalición de organizaciones de la sociedad civil presentó una demanda de casación de la lista electoral al Tribuna Electoral.

Las movilizaciones, por su parte, retoman las calles por la democracia y contra el genocidio del pueblo negro. Son protagonizadas por las trabajadoras y trabajadores de servicios esenciales –como profesionales de salud y asistencia social–, de delivery, así como de  sectores diversos –jóvenes, hinchadas de futbol, etc. –  bajo agendas antifascistas y antirracistas. Las mujeres en lucha por democracia, sin duda alguna, también  se hacen presentes y expresan la resistencia a la violencia machista y al autoritarismo en todas sus formas, máxime al incrustado en el propio gobierno.

Pero son el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo sin Miedo –que reúnen movimientos del campo y de la ciudad, feministas, antirracistas, sindicales, estudiantiles y de jóvenes–, quienes organizan en las calles y redes sociales la resistencia contra Bolsonaro, bajo acciones de solidaridad y un programa alternativo. Impulsan de este modo una campaña en favor de una reforma fiscal que cobre impuestos a los beneficios empresariales, actualice los valores del impuesto territorial rural y regule el artículo de la Constitución que grava las grandes fortunas.

Los movimientos que integran estos frentes actualizan sus análisis y propuestas frente al actual contexto. El Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), por ejemplo,  presenta un plan de emergencia en base a su agenda por una  Reforma Agraria popular. Pretende así canjear las deudas corporativas con el Estado por la propiedad de las tierras donde se asientan las familias sin tierra, dando prioridad a las cercanas a centros urbanos, con el objetivo de ofrecer alimentos sanos en base a circuitos cortos. La Marcha Mundial de las Mujeres, por su parte, propone reorganizar la economía con el centro en la sustentabilidad de la vida, confrontar el poder de las corporaciones transnacionales y la combinación entre conservadurismo moral y neoliberalismo que organiza las acciones del gobierno y atraviesa la sociedad.

De manera complementaria, los movimientos sociales también están desarrollando acciones de solidaridad directa, con la distribución de canastas básicas, muchas de ellas con comida viva, alimentos in natura producidos de forma agroecológica por agricultoras familiares, de comunidades tradicionales de áreas de reforma agraria, comida preparada y jabón. Colectivos agroecológicos de mujeres también distribuyen plantas para infusiones y extractos que calman, mejoran la actividad respiratoria y cuidan de quien cuida. Con creatividad en la utilización de los aparatos de comunicación se mantiene la conexión entre las activistas que no tienen acceso a internet, cuentan con un acceso precario y a la señal de celular.  Los momentos de organizar y distribuir las canastas también son momentos de compartir como estamos, de afirmar la conexión y la resistencia.

En estos días la justicia ha desatado arrestos de aliados del presidente investigados por crímenes de corrupción, noticias falsas y asociación criminal. Puede que lleguen hasta  involucrar al presidente y a su familia, o quizá no sea sino una jugada de ajedrez para que este acelere las llamadas “reformas” de interés del mercado financiero y las corporaciones.

En todo caso, los movimientos sociales siguen confrontando al gobierno y su paradigma de muerte. Plantan las semillas de un después de Bolsonaro más allá de los cambios institucionales y de las elecciones. Son semillas que dan sentido y concreción a un paradigma de vida en cada territorio y en alianzas a lo largo del país, en la organización político, cultural y económica que se reinventa en estos momentos y que, desde la solidaridad, reinstaura la alegría y disuelve los miedos.

SOF Sempreviva Organização Feminista es una organización feminista brasileña que actúa en la formación feminista, construcción de movimiento, acompañamiento técnico-político de grupos de mujeres e investigación-acción. Es corresponsable por la coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil y Américas.