Cinco años del “préstamo en condiciones favorables” que se convirtió en rescate

Era sábado cuando nos despertamos con la noticia. Habíamos oído muchos rumores. Había caído Grecia, Irlanda y Portugal. De Guindos seguía pronunciando frases como “el sistema financiero español es muy sólido” o “no vamos a necesitar un rescate como”… pon aquí el nombre de alguno de los países antes nombrados. Pero el 9 de junio de 2012, España pidió el rescate de su sector financiero o “un préstamo en condiciones muy favorables”, como el ministro de Economía insistía en llamarlo. Eran las dos de la madrugada cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaba su evaluación sobre las necesidades del sector financiero en la banca.

Con nocturnidad, un viernes por la noche, la Troika –Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el FMI– decidían que el sistema bancario español necesitaba que le inyectaran dinero y para ello abrieron una línea de crédito de 100.000 millones de euros, el 10% de nuestro PIB, que solo podría ser usado para ayudar a la banca. Los “hombres de negro”, como se conocía a los representantes de la Troika que tantas veces habíamos visto aterrizar en Grecia o Irlanda, ya tenían nuestra puerta totalmente abierta. El rescate había empezado y, al contrario de lo que defendía Mariano Rajoy, iba a costar mucho más de “ni un euro al contribuyente“.

Tras cinco años de aquella llamada de la Troika, la realidad difiere mucho de el optimismo del Partido Popular. Según el Tribunal de Cuentas, ya se han empleado 60.718 millones de euros de aquella línea de crédito. En abril de 2015, el que fuera subgobernador del Banco de España (BdE) y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, anunciaba que se daban por perdidos 40.300 millones de euros. La factura todavía no se ha cerrado. El Gobierno sigue confiando en la futura venta de su participación en Bankia y BMN. Al precio de cotización actual, esas dos ventas no llegarían a los 9.000 millones de euros de ingresos para las arcas públicas.

Por otro lado, los riesgos de que aumente son muchos. “Hay quien piensa que los rescates solo fueron a las cajas de ahorro pero el Banco Popular, al igual que otras entidades bancarias, se han beneficiado de créditos fiscales que en el caso de que quiebren, aunque no haya rescate, el Gobierno tendrá que pagar parte de esas facturas”, explica a El Salto Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda de la ciudad de Madrid.

En la cifra que manejan desde el Gobierno y el Tribunal de Cuentas se incluyen las ayudas concedidas por el FROB en 2010 por aquello que en aquel día llamaron “debilidades transitorias” de bancos que, según el mismo FROB, eran viables pero mejorarían con sus fusiones. A esas ayudas se suman una segunda fase marcada por los rescates de entidades en quiebra. En septiembre de 2011 se nacionalizan CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Unnim al no ser capaces de remontar el vuelo. La última fase, es la que cumple hoy 5 años. La Bankia de Rodrigo Rato toca fondo y necesita ser rescatada.

La fusión de cajas de ahorro lideradas por “el milagro español” Rodrigo Rato se había convertido en un “too big to fail” que sigue lastrando la economía española cinco años después. Y parece que lo seguirá haciendo viendo los niveles de endeudamiento que ha alcanzado el país debido en gran parte al rescate bancario.

Bankia ha recibido 22.424 millones de euros de inyección directa de capital. Casi el doble que la segunda entidad en ese ranking. Pero el Gobierno se resiste a hablar de esa cifra, ya que insisten en descontar el valor de su participación en la entidad pensando en una futura venta. Dicha liquidación parece que no llega ni que la participación de un 66% de la entidad que posee el Estado vaya a cubrir el coste de la inyección de capital.

El resto de entidades que ha necesitado inyección de capital público han sido Catalunya Banc en segundo lugar con 12.052 millones. Le sigue NCG Banco con 9.052, de los que ha recuperado 71 por la venta de acciones. Banco de Valencia necesitó 5.498 millones y fue vendido a precio de saldo a La Caixa. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) recibió 5.249 millones de euros y fue vendida al Sabadell por un euro. Este mismo banco también se quedó con el Banco Gallego después de que esta entidad recibiera 245 millones. Liberbank recibió ayudas por valor de 1.808. BMN, todavía en poder del Estado, costó al contribuyente 1.645 millones. La antigua Caja España-Duero, actualmente Ceiss recibió 1.129 con la intención de limpiar sus balances para que Unicaja la adquiera. Unnim recibió 953 millones antes de que se la quedara el BBVA mediante una subasta. Caja3 fue adquirida por Ibercaja después de recibir 407 millones. Banca Cívica también recibió 977 millones que fueron devueltos por La Caixa después de comprarlo.

El Estado ha inyectado 50.781 millones de euros en el banco malo que no contabilizan como ayudas a la banca

La cantidad de ayudas totales recibida por la banca es otro de los temas que genera una gran polémica y disenso. Mientras el BdE sólo contabiliza las ayudas directas de capital y las garantías, avales y esquemas de protección de activos (EPA) que el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) concedió para poder vender las entidades rescatas, desde otros sectores se incluyen otras ayudas indirectas al sector financiero. “Nos ha costado más de 60.000 millones, pero es que la suma total de las ayudas supera los 200.000 millones”, explica Sánchez Mato al incluir la adquisición de activos tóxicos a las entidades directamente por el Estado e indirectamente mediante la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB).

El “banco malo”, como fue bautizado la SAREB, está participada por el Estado en un 45%. Porcentaje justo para que no sea considerada una empresa pública. De ese modo se contabiliza como una inversión, en vez de un gato o ayuda, en la contabilidad del Estado.

Pero la realidad es que hemos inyectado 50.781 millones de euros en el banco malo. Dicha cantidad sirvió para limpiar de activos de dudoso cobro y valor a las entidades financieras. Hasta el momento, la SAREB solo ha dado pérdidas. Los bienes inmuebles que tenían algún valor, ya han sido vendidos en lotes a grandes fondos de inversión. Todos los expertos auguran más pérdidas, pero el Gobierno y el Tribunal de Cuentas se resisten a contabilizarlas.

¿Ha cambiado algo?

Dos días después de ver cómo uno de los mayores bancos del país, el Banco Popular, ha quebrado y ha tenido que ser intervenido por el BdE y vendido por un euro a petición del BCE, es bastante difícil afirmar que algo ha cambiado. “La estabilidad del sistema bancario sigue siendo muy débil, lo podemos ver con lo que está pasando con el Banco Popular”, argumenta Sánchez Mato.

Cinco años después, las entidades financieras siguen arrastrando una gran exposición al ladrillo y a créditos de dudoso cobro. Las entidades que recibieron ayudas no son capaces de devolverlas. El coeficiente de morosidad de la banca española se situaba en el 9,23% al comienzos de este año, sólo 1,12 puntos menos que un año antes y muy lejos de los coeficientes por debajo del 4% que se daban antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

El panorama bancario ha cambiado. Ahora el sistema financiero está en menos manos. En cuanto a regulación, más allá de “Códigos de buenas prácticas” no vinculantes, no ha aumentando de ninguna manera.

“Ha cambiado la percepción de la gente sobre que se esconde tras el negocio bancario. Ahora hay desconfianza sobre el sistema financiero, pero a nivel normativo, las promesas de regular y reinventar el sistema financiero global o aumentar los controles no se han cumplido”, explica Iolanda Fresnillo, activista de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y miembro de la cooperativa Ekona.

“Lo que si que hay es una mayor concentración de un sistema bancario que queda en pocas manos y unos cuantos ganadores. Bancos como el Santander, BBVA o La Caixa se han quedado entidades rescatadas con el dinero de todos por cuatro duros. Además, esos mismos bancos son a los que les estamos pagando las deudas -estatal, autonómica y municipal- que tuvimos que contraer para cubrir esos mismos rescates”, concluye Fresnillo.